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1. Doña Josefa Santiago Utrera, representada por el Procurador don Jesús Alfaro Matos, presentó demanda el día 15 de noviembre de 1983, que dice dirigir contra la Sentencia del Magistrado de Trabajo núm. 2 de Murcia, pronunciada el 18 de octubre de 1983, fundando la demanda en los siguientes hechos:

A) La actora, prestaba trabajo con el carácter de trabajadora discontinua, en la actividad de manipulado de tomate; con ocasión de su último cese, el 21 de junio de 1982, solicitó la prestación de desempleo, a la que no contestó el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y entendiendo denegada tal petición formuló demanda, de la que correspondió conocer al Magistrado de Trabajo núm. 2 de Murcia.

B) Seguido el proceso laboral por todos sus trámites concluyó por Sentencia de 18 de octubre de 1983, que desestimó la demanda porque la demandante no había cubierto el período mínimo de cotización exigido (ciento ochenta y un días), debido al específico sistema de cómputo de cotizaciones que se aplica a los trabajadores fijos discontinuos de la actividad de manipulado de tomate.

Con estos antecedentes y un estudio del sistema de cotización y las consecuencias a que conduce, sostiene la demandante que atenta contra el derecho de igualdad (art. 14 de la Constitución Española) al suponer un distinto tratamiento para los trabajadores fijos discontinuos en relación a los fijos ordinarios.

Pide la demandante que otorgándose el amparo, se anule la Sentencia impugnada, y devolviendo las actuaciones se disponga que el Magistrado de Trabajo pronuncie nueva Sentencia, pero excluyendo la aplicación de la interpretación en que apoya la que se recurre; o alternativamente este Tribunal Constitucional reconozca el derecho a la prestación solicitada de la jurisdicción laboral.

2. La demanda fue repartida a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y conociendo de la misma su Sección Tercera, en su reunión del día 11 de enero del presente año dispuso abrir el trámite de admisión del art. 50 de la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC), para que la actora y el Ministerio Fiscal pudieran hacer alegaciones en cuanto a la causa del 2 b) y, utilizando este trámite, han presentado alegaciones la demandante y el Ministerio Fiscal.

A) La demandante cree que la demanda tiene contenido constitucional, porque se invoca el art. 14 de la Constitución Española (C. E.) y se produce una discriminación entre los trabajadores, como la actora, fija y discontinua, y otros fijos y continuos, que califica de injustificada y perjudicial. Entiende que hay una igualdad fáctica, y, sin embargo, por aplicación de un régimen distinto de cotización, se llega a consecuencias que pueden ser distintas, respecto a obtener la prestación de desempleo. Tratándose, dice, de un mismo régimen de Seguridad Social, y siendo los trabajadores de igual categoría profesional, realizando el mismo número de días de trabajo y percibiendo igual retribución, y todo en la misma Empresa, reciben un distinto tratamiento de la Seguridad Social.

B) El Fiscal, después de una exposición de antecedentes para centrar el debate, recuerda que la interpretación de la legalidad ordinaria laboral corresponde a los órganos jurisdiccionales de dicho orden, salvo que violen garantías constitucionales, y desde este punto de partida dice el Ministerio Fiscal que el Magistrado de Trabajo ha interpretado y aplicado tal legalidad y ha valorado como adecuado el sistema establecido para el cómputo y a los efectos prestacionales de los trabajadores discontinuos y ha razonado la situación distinta en que se encuentran unos y otros trabajadores.

Considera que debe aplicarse la causa de inadmisión del art. 50.2 b) de la LOTC.

1. Alguna imprecisión en la demanda y hasta una defectuosa formulación, ha podido inducir a una confusión respecto al acto que se reputa lesivo para el derecho a la no discriminación que se proclama en el art. 14 de la C.E., y al origen de indicada lesión, dando lugar a dudas respecto a la subsunción del supuesto en el art. 43.1 de la LOTC, que recoge los casos de lesiones con origen en disposiciones o actos de la Administración, o en el art. 44.1 también de la LOTC, que se contrae a los que tienen su origen inmediato y directo en actos u omisiones de los órganos judiciales. Para desvanecer equívocos y preparar el sentido de esta decisión, es obligado decir que el contenido de la pretensión hecha valer ante el Magistrado de Trabajo, dirigida a obtener el reconocimiento de la prestación de desempleo, se configura arrancando de que la normativa reguladora de las prestaciones de desempleo en la actividad donde la demandante presta sus servicios, es al decir de la demandante, contraria al art. 14 de la C.E. La violación se imputa a esta normativa y derivadamente, a su aplicación, al no haber sido corregida por vías interpretativas, y si esto no fuera posible, por la inaplicación pura y simple de los preceptos, resolviendo mediante el recurso al régimen común la cuestión suscitada. El caso no es de una lesión con origen inmediato y directo en la Sentencia; el caso bien entendido es de una disposición o de un conjunto de disposiciones que habiendo sido aplicadas por el Magistrado de Trabajo para desestimar la demanda, confirmando así la presunta denegación de la petición hecha valer ante el INEM, se tachan de contrarias al art. 14 de la C.E., por la demandante. Desde este planteamiento, subsumible en el art. 43 de la LOTC, debe analizarse si prima facie, y a los solos efectos de la admisión, se detecta indiciariamente una posible violación constitucional, o si, por el contrario, ya desde ahora, es manifiesto que la demanda carece de contenido constitucional, que es una de las causas de inadmisión [art. 50.2 b) de la LOTC].

2. Un análisis del sistema de Seguridad Social en lo preciso para ilustrar la decisión que ahora tenemos que adoptar y, desde este análisis, una consideración de la pretensión de la demandante, descubre que sólo la duda de inconstitucionalidad de la normativa sobre cotización en cuanto a la relación régimen general-regímenes especiales, y el establecimiento de un sistema de cotización diferente del común, podría abrir la admisión del presente recurso. Pues bien, la existencia de un régimen general y de unos sistemas especiales dentro del ámbito complejo de la Seguridad Social, justificados éstos por las peculiaridades en el sector a los que se aplican, no comportan en una abstracta consideración calificaciones de inconstitucionalidad con base en discriminaciones por las circunstancias que en fórmula abierta establece el art. 14 de la C.E. Por lo que se refiere al sistema de cotización, es de tener en cuenta que es el adaptado al tipo de contrato y que responde a su contenido; y así el contrato de trabajo fijo discontinuo, contrato de duración indefinida, pero de trabajo que por sus características no es de prestación continuada, recibe en el régimen de cotización un tratamiento que se ha estimado adecuado a estas características. Que para la modalidad de trabajo continuo se establezca otro sistema de cotización no permite calificar a aquél de discriminatorio, como atentatorio a lo dispuesto en el art. 14 de la C.E. En la modalidad diferenciada de la prestación del trabajo, es donde está la causa de la distinta regulación, y no en la discriminación por circunstancias que desde lo que establece el mencionado art. 14 están proscritas.

Concurre el motivo de inadmisión del art. 50.2 b) de la LOTC.