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1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 24 de junio de 1994 y registrado en este Tribunal el día 27 de ese mismo mes y año, el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estévez Rodríguez, en nombre y representación de don Guillermo Ginard Oliver, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de mayo de 1994, por la que se confirmaba en casación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, de 19 de febrero de 1993.

2. El recurso se basa en los siguientes hechos:

a) Con fecha de 19 de febrero de 1993, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó una Sentencia en la que condenaba al hoy demandante de amparo, como autor responsable de un delito de cohecho del art. 391 en relación con el art. 90 del Código Penal concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena de seis meses de arresto mayor, con sus correspondientes accesorias, y multa de 100.000.000 de pesetas, con arresto sustitutorio de cuatro meses en caso de impago.

b) Presentado recurso de casación contra la anterior resolución, fue confirmada en todos sus extremos por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1994, notificada al recurrente el día 1 de junio de ese mismo año.

3. La representación del recurrente estima que las Sentencias impugnadas han vulnerado su derecho a la legalidad penal, consagrado en el art. 25.1 C.E. En apoyo de dicha pretendida lesión, se argumenta en la demanda que, según la doctrina constantemente mantenida por el Tribunal Supremo en los últimos años, el delito de cohecho activo sancionado en el art. 391 C.P. no puede ponerse en relación con el delito de cohecho impropio descrito en el art. 390 C.P., especialmente si no ha tenido lugar la entrega de la dádiva o regalo prometidos La modificación de tal doctrina por la Sentencia de la Sala Segunda de 11 de mayo de 1994, al parecer sobre la base de lo acordado en un Pleno celebrado el día anterior, supone, por lo tanto, no sólo el abandono de ese línea jurisprudencial, sino una extensión analógica del tipo penal contenido en el citado art. 391, ya que la conducta que en el mismo se describe como prohibida consiste en «corromper» o «intentar corromper» a un funcionario público, no ajustándose en consecuencia a tal descripción la actuación llevada a cabo por el solicitante de amparo, al haberse limitado ésta a un ofrecimiento de una contraprestación económica a un concejal del Ayuntamiento de Calviá, integrado en el Grupo Socialista, para que abandonara dicho grupo y se integrara en el mixto, esto es, a una proposición de ejecución de un acto no prohibido legalmente que, si bien de ser aceptada implicaría para el destinatario de la misma una responsabilidad a título del art. 390 C.P., no tiene contrapartida punitiva en el ámbito del no funcionario oferente, al no implicar «corrupción» alguna. Por otra parte, el art. 390 C.P. exige para su aplicación la aceptación por el funcionario del regalo o dádiva ofrecidos, lo que no ha sucedido en este caso.

En consecuencia, se pide a este Tribunal que anule las Sentencias recurridas y que, entretanto, acuerde suspender la ejecución de las mismas.

4. La Sección Primera, en providencia de 3 de octubre de 1994, acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que, dentro de dicho plazo, alegasen lo que estimasen pertinente en relación con la posible carencia manifiesta de contenido en la demanda que justificase una decisión por parte de este Tribunal, de conformidad con lo prevenido en el art. 50.1 c) de la citada Ley Orgánica.

5. Por escrito que fue registrado en este Tribunal el 19 de octubre de 1994, el Fiscal interesó la inadmisión del recurso de amparo. Tras resumir los presupuestos fácticos de la demanda, considera el Ministerio Público que no se ha producido la alegada vulneración del derecho a la legalidad penal, ya que no cabe apreciar que se haya lesionado ninguna de las exigencias (lex scripta, lex previa y lex certa) que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, delimitan el principio de legalidad. La demanda, pues, no plantea sino un mero problema de subsunción típica, que no tiene encaje en el art. 25.1 C.E. al tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, atribuida e exclusiva al conocimiento de los Jueces y Tribunales ordinarios conforme a lo dispuesto en el art. 117.3 C.E. En realidad, continúa en sus alegaciones el Fiscal, tras el art. 25.1 C.E. se deja ver la sombra de la desigualdad en la aplicación de la ley; pero ni siquiera desde esta perspectiva la queja podría atenderse, ya que se ha producido un cambio de criterio razonado que no vulneraria el art. 14 C E.

El demandante dejó pasar el plazo concedido sin realizar nuevas alegaciones en torno al recurso de amparo.

1. . La cuestión planteada en el presente recurso de amparo se centra en determinar si las Sentencias impugnadas, que condenaron al solicitante de amparo como autor de un delito de cohecho del art. 391 en relación con el art. 390 C.P., han lesionado el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 C.E.), habida cuenta de que, hasta entonces, la conducta fáctica del condenado no se subsumía típicamente como lo hacen las resoluciones judiciales recurridas, pues era doctrina jurisprudencial consolidada estimar inaplicable el art. 391 en relación con el art. 390 C.P.

2. Debemos comenzar, pues, recordando, aunque sólo en lo que aquí es atinente, la doctrina de este Tribunal sobre las garantías de la Ley penal que se derivan del art. 25.1 C.E. De acuerdo con esta doctrina, el principio de legalidad penal en cuanto plasmación de diversos aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho estatal sancionador (SSTC 133/1987, 111/1993 y 53/1994, entre otras), se vincula especialmente con el imperio de la Ley como presupuesto de la intervención estatal en los bienes constitucionalmente protegidos de los ciudadanos, pero se conecta también con el derecho de los ciudadanos a la seguridad (art. 17.1 C.E.), así como con la interdicción de la arbitrariedad y el derecho a la objetividad e imparcialidad de los Tribunales que garantizan los arts. 24.2 y 117.1 de la Constitución, particularmente cuando éste declara que los Jueces y Magistrados están «sometidos únicamente al imperio de la Ley».

Consiguientemente, en el marco de un Estado de Derecho, el principio de legalidad penal reclama determinadas exigencias mínimas, a saber: la existencia de una Ley (lex scripta); que la Ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa); y que la Ley describa un supuesto de hecho determinado (lex certa). Configuración del principio de legalidad penal que, en lo que a nosotros ahora atañe, se traduce en la prohibición de la extensión analógica del Derecho penal al resolver sobre los limites de la interpretación de los preceptos legales del Código penal, lo que significa rechazar de plano la analogía como fuente creadora de delitos y penas, impidiendo así que el Juez invada ámbitos que sólo al legislador corresponde (SSTC 89/1983, 75/1984, 159/1986 y 133/1987, entre otras muchas).

Ahora bien, dicho esto, no puede soslayarse que este Tribunal también ha reseñado (SSTC 89/1983, 75/1984 y 111/1993; y ATC 483/1984) que el principio de legalidad criminal no es tan riguroso que reduzca al Juez a ser un mero ejecutor autómata de la Ley, actuando de forma tan mecánica que anule su libertad, cuando, en uso de ésta, ni se crean figuras delictivas, ni se aplican penas no previstas en el ordenamiento; máxime si se toma en consideración que no puede considerarse dicho principio vulnerado cuando la definición del tipo «incorpore conceptos cuya delimitación permite un margen de apreciación» (SSTC 62/1982 y 53/1994), como sucede en el presente caso. Así, pues, en aquellos supuestos en que el órgano judicial se limita a aplicar una norma penal en virtud de una de las posibles interpretaciones que la misma admite no se está, en puridad, sino ejercitando la facultad de interpretar y aplicar la Ley que el art. 117.3 de la Constitución atribuye en exclusiva a los Jueces y Tribunales ordinarios. Y, ciertamente, como tantas veces se ha reiterado, la tarea fiscalizadora del Tribunal Constitucional no puede llegar hasta aquí (por todas, SSTC 254/1988 y 111/1993).

3. Pues bien, en el caso que ahora enjuiciamos no cabe apreciar que se haya cruzado el umbral que separa lo que no constituye sino el ejercicio de la facultad que ostenta el Juez para valorar y subsumir las conductas juzgadas en las normas penales, manifestación de su competencia exclusiva para interpretar la legalidad ordinaria, de la extensión analógica de dichas normas, vedada por el principio de legalidad penal. Existiendo claramente la lex scripta, la lex certa y la lex previa, la Sentencia del Tribunal Supremo se limita interpretar razonadamente su texto, sin extensión analógica, para determinar la subsumibilidad de los hechos en el tipo legal.

En definitiva, determinar si el ofrecimiento de una dádiva a un funcionario para la consecución de un acto no prohibido legalmente se ajusta o no a la conducta que en el art. 391 del Código Penal se describe como prohibida, consistente en «corromper» o «intentar corromper» a un funcionario público, es una cuestión de mera interpretación de la legalidad ordinaria, que sólo a los jueces atañe.

Por lo demás, tiene razón el Ministerio Fiscal cuando apunta que, tras la alegada vulneración del art. 25.1 C.E., en realidad lo que se proyecta es la sombra de la desigualdad en la aplicación de la Ley, no invocada por el solicitante de amparo. Pero, aun así, tampoco podría prosperar la pretensión del actor, ya que la Sentencia del Tribunal Supremo fundamenta de un modo suficiente y razonable la modificación del criterio jurisprudencial anterior, lo que impide apreciar en el presente supuesto la existencia de un trato arbitrario, y por ende discriminatorio, lesivo del derecho garantizado en el art. 14 C.E. (SSTC 140/1992, 42/1993 y 192/1994, entre otras muchas).