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Tribunal Constitucional de España

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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 6655-2001, promovido por don Gerardo Nieto Brizuela, Letrado que asume su propia defensa, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Barallat López, contra el Acuerdo gubernativo de 19 de junio de 2001, dictado por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, por el que se impone sanción pecuniaria al recurrente al considerarle autor de una infracción disciplinaria consistente en faltar el respeto debido a los jueces (expediente disciplinario núm. 2-2001), y posteriores resoluciones que lo ratifican total o parcialmente (Acuerdo de 24 de julio de 2001, de la misma Sección, que desestimó el recurso de audiencia en justicia, y Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, manteniendo la calificación de la conducta, rebajó la sanción impuesta). Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 18 de diciembre de 2001 la Procuradora de los Tribunales doña Ana Barallat López, en nombre y representación de don Gerardo Nieto Brizuela, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento alegando vulneración del derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de defensa letrada [art. 20.1 a) en relación al art. 24.2 CE], y del derecho a la legalidad de las sanciones (art. 25.1 CE).

2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resolución del caso son los siguientes:

a) El recurrente en amparo, Letrado del Colegio de Abogados de Madrid, actuando en defensa de una sociedad mercantil en la vista de un recurso de apelación presentado en un juicio de menor cuantía, se refirió a la Sentencia de instancia que impugnaba afirmando que "en ella hay falsedades y barbaridades". Advertido que fue por el Presidente de la Sección ante la que se desarrollaba la vista el Letrado se mantuvo en tales afirmaciones, por lo que le fue retirado el uso de la palabra.

b) Incoado e instruido expediente disciplinario por dicha causa se resolvió mediante Acuerdo de la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, de 19 de junio de 2001, que, de acuerdo con el art. 450.1 LOPJ, acordó corregir disciplinariamente al Letrado aquí recurrente imponiéndole una multa de 250.000 pesetas. Al justificar su decisión el órgano judicial entendió que las expresiones proferidas por el Letrado en la vista de la apelación suponían, en cuanto a la palabra "falsedades", la imputación a la juzgadora de instancia de alguno de los delitos previstos en los arts. 390 y siguientes del Código penal, y, en cuanto a la palabra "barbaridades", un claro menosprecio o vejación innecesarias para el válido y normal ejercicio del derecho de defensa, por entender que se trataba de una expresión notablemente insultante, claramente irrespetuosa y vejatoria para la Juez de instancia, por lo que sobrepasaba el amplio derecho de crítica propio de la defensa en la apelación.

c) Contra al anterior Acuerdo presentó el demandante de amparo recurso de audiencia en justicia, que fue desestimado por la propia Sección mediante nuevo Acuerdo de 24 de julio de 2001 con razonamientos similares a los ya reseñados y abundante cita de jurisprudencia constitucional.

d) Interpuesto recurso de alzada el mismo fue estimado parcialmente por Acuerdo de 13 de noviembre de 2001 del Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que sustituyó la multa impuesta por otra de 150.000 pesetas, al entenderla más proporcionada. En dicho Acuerdo se declara que el Letrado recurrente "traspasó con sus expresiones ... los límites de la libertad de expresión, y además lo hizo de forma consciente, cuando consta que al utilizar sus palabras descalificadoras a la función judicial, fue advertido por el Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal, y lejos de reconsiderar su postura, optó por mantenerse en ella". Se añade que cuando "se utilizaron expresiones como 'falsedades y barbaridad' al referirse a la Sentencia que era objeto de apelación, no se estaba ejerciendo el legítimo derecho de impugnación frente a una resolución judicial desfavorable, sino que se estaba atacando, y de hecho se atacó el derecho al honor y al respeto que merece el autor de la sentencia".

3. En la demanda de amparo se alega, con cita de la STC 157/1996, de 15 de octubre, que las resoluciones impugnadas han vulnerado la libertad de expresión del recurrente en el ejercicio de la defensa letrada [art. 20.1 a) en relación al art. 24 CE], que se vincula también con el derecho a la tutela judicial efectiva. Sostiene el demandante que ya la decisión de privarle del uso de la palabra fue, en sí misma, una limitación indebida de la posibilidad de defender a su cliente (art. 437 LOPJ), sin que las expresiones por él utilizadas al defender el recurso de apelación puedan ser calificadas de injuriosas o insultantes, ni en sí mismas ni tampoco si se ponen en relación con el contexto de antecedentes que relata en su demanda, relativo a las vicisitudes procesales acaecidas durante la tramitación de la causa en primera instancia. Entiende, asimismo, que ha sido condenado fuera de los supuestos previstos en la ley (art. 449.1 LOPJ en relación con el art. 25 CE), pues las expresiones por él utilizadas se referían a la Sentencia impugnada, y no a su redactora, por lo que su condena significa una ampliación indebida de los supuestos tipificados en la ley.

4. Por providencia de 27 de enero de 2003 la Sección Tercera acordó poner de manifiesto al recurrente y al Ministerio Fiscal la posible carencia manifiesta de contenido de la pretensión de amparo, por lo que no estaría justificada una resolución de fondo en forma de Sentencia.

El traslado fue evacuado por el recurrente alegando que no concurre en el presente recurso la causa de inadmisión que le fue puesta de manifiesto por la Sección, reiterando los argumentos expresados en la demanda, con mayor concreción de las razones por las que entendía que en el procedimiento judicial de instancia y en la Sentencia recurrida se habían cometido graves irregularidades jurídicas en relación con su personación y proposición de prueba, luego no reflejadas en la Sentencia, por lo que, concluía, lo que la misma expresaba sobre la práctica de la prueba no era cierto.

En su escrito, presentado ante este Tribunal el 27 de febrero de 2003, el Fiscal, tras descartar la supuesta vulneración del derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones, propuso la inadmisión a trámite de la demanda al coincidir con los órganos judiciales en que, con las expresiones proferidas, el Letrado sobrepasó los límites del derecho a la libertad de expresión en ejercicio del derecho de defensa, pues dirigió innecesarias imputaciones descalificatorias a la autora de la resolución, la cuales han sido valoradas por los órganos judiciales en un correcto juicio de ponderación que les ha llevado, razonadamente, a afirmar la necesidad de la corrección disciplinaria impuesta.

5. Por providencia de 3 de abril de 2003 la Sala acordó admitir a trámite la demanda de amparo presentada y requerir a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso de alzada 14-2000 y del expediente disciplinario núm. 2-2001, interesándose asimismo el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso, con excepción del recurrente en amparo.

Recibidas las actuaciones, mediante providencia de fecha 11 de septiembre de 2003 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas al demandante y al Ministerio Fiscal, ex art. 52.1 LOTC, para que en el plazo común de veinte días presentaran las alegaciones que consideraran pertinentes.

6. En el escrito de alegaciones presentado el 8 de octubre de 2003 la representación del demandante reprodujo las vertidas en la demanda de amparo y en el escrito de alegaciones anterior, poniendo de nuevo el acento en ciertos datos de hecho relativos al proceso judicial previo (inadmisión de personación, proposición y práctica de prueba, contenido de la Sentencia de instancia) que justificaban su apreciación de haberse cometido graves irregularidades jurídicas y recoger la Sentencia impugnada datos que no se correspondían con la realidad.

El representante del Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 2 de octubre de 2003, solicitando la denegación del amparo. Tras reafirmar el contenido del escrito de alegaciones, por el que se propuso la inadmisión a trámite de la demanda por carencia manifiesta de contenido, aduce que no hay lesión del art. 25 CE por ser la interpretación cuestionada una correcta y razonada aplicación del tipo sancionatorio que incluye la valoración sobre la intencionalidad del recurrente. Igualmente carecería de trascendencia el hecho de haberse dictado el acuerdo sobre la solicitud de audiencia en justicia fuera del plazo previsto en la ley, pues el cumplimiento de los plazos procesales, tal y como se exige en la demanda, carece de cobertura constitucional.

En cuanto a la supuesta vulneración de la libertad de expresión del recurrente en el ejercicio de la asistencia letrada, con cita de la STC 117/2003, destaca que la atribución de 'falsedades y barbaridades' a la juzgadora de instancia supera la crítica tolerable en cuanto implica la atribución a su redactora de la comisión de un delito, ya que, pese a dirigirse contra la Sentencia impugnada, trascendían a su autora. Concluye coincidiendo con el razonamiento expuesto en las resoluciones impugnadas en el sentido de que, por su contenido, las expresiones utilizadas constituyen un exceso no protegido por la libertad de expresión del Letrado.

7. Por providencia de 15 de abril de 2004, se acordó señalar, para deliberación y fallo de la presente Sentencia, el día 19 siguiente.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso se dirige contra el Acuerdo gubernativo de 19 de junio de 2001, dictado por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, por el que se impuso al recurrente, como corrección disciplinaria, una sanción pecuniaria de 250.000 pesetas al considerar que en las alegaciones formuladas en la vista de un recurso de apelación civil había faltado al respeto debido de la Juez de Instancia. La corrección fue ratificada posteriormente (Acuerdo de 24 de julio de 2001, de la misma Sección, que desestimó el recurso de audiencia en justicia) y rebajada en su cuantía a la de 150.000 pesetas (Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que mantuvo la calificación de la conducta).

Según se recoge en los referidos Acuerdos, el recurrente en amparo, Letrado del Colegio de Abogados de Madrid, actuando en defensa de una sociedad mercantil en la vista de un recurso de apelación presentado en un juicio de menor cuantía, se refirió a la Sentencia de instancia que impugnaba afirmando que "en ella hay falsedades y barbaridades". Advertido que fue por el Presidente de la Sección ante la que se desarrollaba la vista, el Letrado se mantuvo en tales afirmaciones, por lo que le fue retirado el uso de la palabra.

En la demanda de amparo se alega que las resoluciones impugnadas le han condenado fuera de los supuestos previstos en la ley (art. 449.1 LOPJ en relación con el art. 25 CE), pues las expresiones por él utilizadas se referían a la Sentencia impugnada, y no a la Magistrada que la redactó, por lo que su condena significa una ampliación indebida de los supuestos tipificados en la ley, además de no haberse resuelto su recurso de audiencia en justicia en el plazo legal previsto. Entiende también que los citados Acuerdos han vulnerado la libertad de expresión del recurrente en el ejercicio de la defensa letrada [art. 20.1 a) en relación al art. 24 CE], que se vincula en la demanda con el derecho a la tutela judicial efectiva. Sostiene el demandante que la decisión de privarle del uso de la palabra fue ya, en sí misma, una limitación indebida de la posibilidad de defender a su cliente (art. 437 LOPJ), y que, además, las expresiones utilizadas al justificar su impugnación no pueden ser calificadas de injuriosas o insultantes, ni en sí mismas ni tampoco una vez puestas en relación con las vicisitudes procesales acaecidas en la instancia (inadmisión inicial de su personación, resoluciones sobre proposición y práctica de prueba y contenido de la Sentencia de instancia).

Por su parte el Ministerio Fiscal interesa la denegación del amparo al entender que no hay vulneración del art. 25 CE por cuanto la interpretación y aplicación al caso del art. 449 de la Ley Orgánica del Poder Judicial entonces vigente (en adelante LOPJ) constituye una correcta y razonada subsunción de la conducta en la previsión legal, operación que incluye la valoración sobre la intencionalidad del recurrente. Igualmente carecería de trascendencia el hecho de haberse dictado el Acuerdo sobre la solicitud de audiencia en justicia fuera del plazo previsto en la ley, pues el cumplimiento de los plazos procesales, tal y como se exige en la demanda, carece de cobertura constitucional. En cuanto a la supuesta vulneración de la libertad de expresión del recurrente en el ejercicio de la asistencia letrada coincide con los órganos judiciales al considerar que la atribución de "falsedades y barbaridades" a la juzgadora de instancia supera la crítica tolerable en cuanto implica la atribución a su redactora de la comisión de un delito, ya que, son expresiones que, pese a dirigirse contra la Sentencia impugnada trascienden a su redactora, por lo que las expresiones utilizadas constituyen un exceso no protegido por la libertad de expresión del Letrado.

2. Tal como ha quedado expuesto en los antecedentes de la Sentencia, el objeto de este proceso consiste en determinar si los Acuerdos que impusieron al demandante de amparo una corrección disciplinaria por falta de respeto debido a los Jueces y Tribunales [art. 450.1 b) LOPJ] vulneraron su derecho a la legalidad sancionatoria y su libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada [arts. 20.1 a) y 24.2 CE].

Cabe destacar que, en este caso, la aducida lesión del art. 25 CE coincide materialmente con la referida a la libertad de expresión pues, precisamente, la razón por la que el recurrente considera que ha sido sancionado fuera de los casos previstos en la ley es el hecho de hallarse su conducta protegida por la libertad de expresión. Dada dicha identidad, y descartada la relevancia constitucional, a estos efectos, del incumplimiento por parte de la Audiencia provincial del plazo legal previsto para resolver la petición de audiencia en justicia, que nada tiene que ver con el contenido del derecho fundamental alegado, centraremos nuestro análisis en la aducida lesión del art. 20.1 a) CE, puesto en relación con el 24.2 de la Norma fundamental en cuanto garantiza el libre ejercicio del derecho de defensa a través de la asistencia letrada.

La cuestión debe resolverse, de nuevo, acudiendo a la consolidada doctrina que sobre esta especial manifestación de la libertad de expresión ha ido sentando nuestro Tribunal, y que aparece sintetizada en el fundamento jurídico 2 de la reciente STC 117/2003, de 16 de junio, con remisión a las anteriores SSTC 205/1994, de 11 de julio, 157/1996, de 15 de octubre, 113/2000, de 5 de mayo, 184/2001, de 17 de septiembre, 226/2001, de 26 de noviembre, 79/2002, de 8 de abril, y 235/2002, de 9 de diciembre. En aquel fundamento jurídico, referido a la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de su modificación por Ley Orgánica 13/2003, de 24 octubre, se dice literalmente:

"En nuestra jurisprudencia se parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, posee una singular cualificación, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del art. 24 CE (STC 113/2000, de 5 de mayo, FJ 4). Consiste en una libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte (art. 24.2 CE), y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye (art. 117 CE). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar (STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 5).

Desde esta comprensión constitucional deben ser interpretados los arts. 448 y ss. LOPJ sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervienen en los mismos. Lo dispuesto en tales preceptos no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, 'que cooperan con la Administración de Justicia'' - según se indica en el epígrafe del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, sino que incide, también, sobre la función de defensa que les está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencia