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Tribunal Constitutionnel de L'Espagne

Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo- Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En los recursos de inconstitucionalidad núms. 525, 534 y 536/88, acumulados e interpuestos, respectivamente, por don Javier Varona Gómez-Acedo, Jefe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, en nombre y representación de éste, don Heriberto García Seijo, Letrado de la Junta de Galicia, en su representación y defensa, y por doña Imma Folchi i Bonafonte, Abogada de la Generalidad de Cataluña, en nombre y representación de su Consejo Ejecutivo; recursos promovidos contra los siguientes artículos de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones: a) arts. 26, apartados 1º, 2º y 5º; 31, apartado 1º; 36, apartado 1º y Disposición adicional sexta (núm. 525/88); b) arts. 26, 27, 28, 31, 33 y Disposición adicional sexta de la precitada Ley (núm. 534/88); y c) arts. 7, apartado 4º, párrafo final; 11; 25, apartado 6º; 26, apartados 2º y 5º e inciso final del apartado 6º; 28, apartado 4º; 31, apartado 1º; 36, apartado 2º, y Disposición adicional sexta de la referida Ley (núm. 536/88). Ha comparecido el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, y ha sido Ponente el Magistrado don Alvaro Rodríguez Bereijo, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 21 de marzo de 1988 y registrado en este Tribunal el día 23 siguiente con núm. 525/88, don Javier Varona Gómez-Acedo, Jefe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, en representación de éste, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los precitados preceptos de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones con fundamento en las siguientes alegaciones:

A) La Ley recurrida, a pesar de su encabezamiento y de que en su art. 1 invoca el art. 149.1.21 C.E., en su inciso "telecomunicaciones", como título competencial de cobertura, contiene una amplia regulación de los medios de comunicación social y, en concreto, de la radiodifusión sonora, aspectos que realmente encuentran acogida entre las materias establecidas en el art. 149.1.27 de la Norma fundamental. En este contexto, el art. 31.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias asume la competencia de: "desarrollo legislativo y de ejecución del régimen de radiodifusión y televisión, en los términos y casos establecidos en la Ley reguladora del Estatuto Jurídico de la Radio y de la Televisión, régimen de prensa y demás medios de comunicación social". Por consiguiente, aplicando lo dispuesto en el citado art. 149.1.27 C.E., corresponde al Estado únicamente dictar las normas básicas en esta materia, sin agotar toda la regulación posible. El propio Tribunal Constitucional ha delimitado el alcance de lo básico en materia de radiodifusión en las SSTC 10, 26 y 44/1982 y la propia Administración estatal ha aceptado esta delimitación en el Real Decreto 801/1986, de 2 de marzo, sobre traspaso de funciones en materia de medios de comunicación social a Canarias, disposición referida a radiodifusión en modulación de frecuencias.

B) El segundo motivo de inconstitucionalidad radica en el distinto tratamiento legal a efectos competenciales según que las emisiones se produzcan en una u otra frecuencia. La Ley reconoce competencias a las Comunidades Autónomas respecto de la radiodifusión emitida en ondas métricas con modulación de frecuencia, negándola en las emisiones realizadas en ondas larga y corta, servicios que el Estado se reserva según el art. 26.1 de la Ley recurrida. En onda media se excluye también (art. 26.2) la competencia autonómica, tanto mediante la modalidad de gestión directa como indirecta o a través de concesión. No existe fundamento constitucional o estatutario alguno para esta distinción. Podría pensarse que sólo las emisiones en frecuencia modulada tienen un alcance coincidente con el del territorio de una Comunidad Autónoma, mientras que las emitidas en otras ondas sobrepasan tales ámbitos. Pero esta afirmación "adolece de tanta inexactitud física como de heterodoxia jurídica": no puede sostenerse que las emisiones en frecuencia modulada no sobrepasen los límites territoriales de la Comunidad Autónoma en que se instalen, pues, en su inmensa mayoría, las emisiones se producen "en cadena" y su audición es perceptible en todo el territorio nacional; algo similar puede decirse de las emisoras que emitan en el borde territorial de una Comunidad Autónoma; y, por el contrario, es obvio que una emisión en onda media desde Canarias no sería audible en el territorio peninsular.

Con mayor relevancia, no puede afirmarse que la delimitación competencial en radiodifusión sonora se establezca en función del alcance de las emisiones. Cuando la Constitución ha querido en su art. 149.1 delimitar la competencia conforme al criterio de la territorialidad, lo ha hecho expresamente (v.gr. núms. 21 y 22), mas no ocurre así con el título del núm. 27. Y la STC 37/1981 admitió la eficacia extraterritorial de los actos de las Comunidades Autónomas. Es no menos cierto que la reserva de las bases en favor del Estado (atribución de frecuencia y potencia de las emisiones, normas técnicas de prestación del servicio, elaboración de un Plan nacional...) permite garantizar suficientemente el correcto uso de sus competencias por parte de las Comunidades Autónomas y el respeto a los Tratados internacionales, tanto en las emisiones en frecuencia modulada como en el resto.

Como conclusión, la Ley impugnada no puede regular extremos que no son básicos en el régimen de radiodifusión y tampoco es constitucionalmente posible limitar las competencias de la Comunidad Autónoma actora en función del alcance de las emisiones sonoras, es decir, de las ondas y frecuencias en que se realicen.

C) Esto sentado, el art. 26, apartados 1º, 2º y 5º de la Ley recurrida prevé un régimen de explotación de los servicios de radiodifusión por parte del Estado; y el art. 36.1 atribuye a la Administración del Estado la potestad sancionadora de las infracciones. Estas regulaciones no contemplan actividades básicas sino típicamente ejecutivas y, en consecuencia, contradicen el art. 149.1.27 C.E. y el art. 31.2 del Estatuto de Canarias. En particular, vulnera el Estatuto el art. 26.1 de la Ley que impide a la Comunidad Autónoma crear, regular y mantener su propia radio.

La Disposición adicional sexta de la Ley discutida se aleja también de lo que puede considerarse básico al regular pormenorizadamente los requisitos que deben reunir los concesionarios de un servicio público de radiodifusión; en la medida en que se pretende su aplicación a todo el territorio nacional, vacía la competencia autonómica.

En virtud de lo expuesto, se insta de este Tribunal que dicte Sentencia por la cual estime el presente recurso de inconstitucionalidad y declare inconstitucionales y, por tanto, nulos los arts. 26.1, 2 y 5; 31.1 y 36.1 y la Disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

2. Por providencia de 7 de abril de 1988, la entonces Sección Tercera del Pleno acordó: a) admitir a trámite el recurso; b) dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno por medio del Ministro de Justicia, con el fin de que se personaran en este procedimiento y formulasen las alegaciones que estimaran convenientes; c) publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado, para general conocimiento.

3. Mediante escrito registrado el 13 de abril de 1988, el Abogado del Estado solicitó la acumulación del presente recurso, núm. 525/88, al anterior con núm. 457/88, y a los núms. 534 y 536/88, dada la conexión de objeto existente entre todos ellos; así como pidió la concesión de un nuevo plazo de alegaciones.

4. El Presidente del Congreso de los Diputados, en escrito registrado el mismo día, comunicó el Acuerdo de la Mesa de no personarse en este procedimiento y poner a disposición del Tribunal Constitucional las actuaciones que pudiera precisar.

5. En escrito presentado el 21 de abril de 1988, la representación del Gobierno de Canarias adjuntó una certificación del Acuerdo impugnatorio de dicho órgano colegiado.

6. El Presidente del Senado, en escrito presentado en el Registro General el 25 de abril de 1988, se personó en el procedimiento y ofreció su colaboración a los efectos dispuestos en el art. 88.1 LOTC.

7. Don Heriberto García Seijo, Letrado de la Junta de Galicia y en nombre y representación de ésta, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 23 de marzo de 1988, interpuso recurso de inconstitucionalidad -registrado con núm. 534/88- frente a los arts. 26, 27, 28, 31, 33 y Disposición adicional sexta de la referida Ley, así como respecto de cualesquiera otros conexos con aquéllos. El recurso se funda en los siguientes razonamientos:

A) La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, según el párrafo 1º de su Preámbulo, responde a la necesidad de establecer "un marco jurídico básico" en el que se contemplen las diversas modalidades de telecomunicación, pero no se logra comprender qué papel reserva a las Comunidades Autónomas. La Ley (párrafo 1º del Preámbulo) configura a las telecomunicaciones como servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público, definiendo el dominio público radio eléctrico; al socaire de esta definición de servicio esencial, se predica la exclusiva titularidad estatal, afirmación que no resulta de recibo desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas. Así el art. 128.2 C.E. permite reservar por Ley al sector público servicios esenciales, pero no especifica su carácter nacional o regional; y es notoria la consideración plural de la organización territorial del Estado que consagra el art. 137 C.E.

Hechas estas precisiones, el art. 149.1.27 C.E. atribuye al Estado competencia para emanar normas básicas del régimen de la radio y la televisión sin perjuicio de las facultades de desarrollo y ejecución que correspondan a las Comunidades Autónomas. Es bien conocido que las normas básicas, según la jurisprudencia constitucional y la doctrina científica, no pueden abarcar la totalidad de la materia ni vaciar la competencia asumida en el art. 34 del Estatuto.

En materia de radiodifusión, las SSTC 26 y 44/1982 han reconocido la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar concesiones, interpretando el Estatuto de la Radio y la Televisión, Ley 4/1980, de 10 de enero, y sosteniendo que estamos ante un proceso compartido según el cual existe competencia estatal en todo aquello donde esté presente una exigencia de coordinación nacional e internacional: asignación de frecuencias y potencias, y disposiciones complementarias de carácter técnico; pero la competencia estatal no se extiende al otorgamiento de concesiones cuando éstas afecten al territorio de una Comunidad Autónoma.

El art. 34 del Estatuto de Galicia remite a la Ley estatal ("corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución... en los términos y casos establecidos en la Ley que regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión"), mas las SSTC 26/1982 y 248/1988 aclararon que dicha Ley no puede operar como una norma habilitante de competencias

B) El art. 26 de la Ley impugnada regula el régimen de los servicios de radiodifusión sonora, sus apartados 1º y 2º omiten toda referencia a las Comunidades Autónomas, y en el núm. 5º se les excluye del otorgamiento de concesiones por onda corta, larga y media. Sin embargo, el art. 34.1 del Estatuto de Autonomía no hace distinción alguna en cuanto a una y otra clase de ondas. Según el art. 2.4 del Estatuto de Radio y Televisión, la atribución de frecuencias y potencias, por la uniformidad de tratamiento que reclama, es competencia estatal, pero no sucede así en el campo de las concesiones. La Disposición adicional primera del citado Estatuto de la Radio y la Televisión no indica quién otorgará las concesiones, tan sólo aclara el extremo de la asignación de frecuencias y potencias. Por consiguiente, el otorgamiento de concesiones debe corresponder a las Comunidades Autónomas que hayan asumido la competencia en sus Estatutos de Autonomía, salvo supuestos de extraterritorialidad de la medida y tras la conveniente impugnación por parte del Estado; lo que no es de recibo es que, cautelarmente, se prive a las Comunidades Autónomas de competencias en ondas larga y media, ambas con efectos expansivos reducidos y carentes de cualquier riesgo de extraterritorialidad. En suma, el art. 26 de la Ley realiza una inadmisible redefinición de competencias, pues distingue donde no lo hacen ni la Constitución ni el Estatuto.

Finalmente, los apartados 4º y 6º del art. 26 acuden a "una planificación sui generis" sin audiencia ni intervención de las Comunidades Autónomas, método que no puede ser aceptado en el terreno de una competencia compartida. En concreto, el art. 26.6 atribuye al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones la aprobación de los correspondientes proyectos o propuestas técnicas de las instalaciones y la inspección de las mismas. Esta regulación no puede entenderse referida a la puesta en marcha de los servicios en su totalidad sin venir viciada de incompetencia.

El art. 27.1 de la Ley ("La Administración del Estado ejercerá las competencias en materia de telecomunicaciones que se establecen en la presente Ley y que se desarrollarán por vía reglamentaria") es también redefinidor de competencias, pues habilita al reglamento estatal. Y el apartado 2º del mismo artículo atribuye al Gobierno de la Nación la aprobación del Plan Nacional de Telecomunicaciones, afirmación que es inconstitucional en virtud de su conexión con el art. 28, puesto que las Comunidades Autónomas no participan en la elaboración de ese plan.

En el precitado art. 28, apartado 3º, se establece una "planificación integrada" de los servicios, que efectúa el mencionado Ministerio prescindiendo de las Comunidades Autónomas, el llamado "Plan Nacional de Telecomunicaciones". Ahora bien, por el mero expediente de incardinar nominalmente la "radiodifusión" en las "telecomunicaciones" no se subsume esa actividad en este otro título competencial.

El apartado 4º del art. 28 establece que en la elaboración del Plan Nacional de Telecomunicaciones colaborarán las entidades explotadoras de los servicios portadores, de los servicios finales de telecomunicación y de los servicios de difusión que dispongan de red propia; todas estas entidades deberán elaborar, someter a aprobación y ejecutar sus propios planes que desarrollen en parte el citado Plan; asímismo las inversiones que estas entidades realicen deberán ser autorizadas por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Este último extremo resulta invasor de las competencias autonómicas ex art. 34.1 del Estatuto.

El apartado 6º del mismo art. 28 se impugna por conexión con el art. 31; y el apartado 7º, puesto que atribuye a la Administración del Estado funciones respecto de las entidades concesionarias de los servicios finales de telecomunicación o de difusión que dispongan de red propia que corresponden a las Administraciones autonómicas.

Según el art. 31 de la ley, será competencia del indicado Ministerio tanto la aplicación del régimen sancionador como la inspección de los servicios, aparatos, estaciones y sistemas civiles de telecomunicaciones. Reconocida la competencia sustantiva autonómica, la potestad sancionadora y la facultad de inspección -claramente ejecutivas- deben seguir el camino de la competencia principal.

La pormenorizada regulación de las infracciones en el art. 33 de la Ley no deja campo alguno a la competencia autonómica, aunque hay que reconocer que el art. 149.1.1 C.E. permite al Estado establecer unas normas válidas para todo el territorio nacional e incluso un procedimiento sancionador que habrá de atenerse al administrativo común (art. 149.1.18 C.E.). Y no existe en el precepto impugnado cláusula limitativa alguna del estilo de la prevista en el art. 36.2 de la misma Ley.

La Disposición adicional sexta establece los requisitos para poder ser titular de una concesión de algún servicio público de radiodifusión sonora, con manifiesto olvido de que tal extremo se adentra en la competencia de las Comunidades Autónomas.

En virtud de lo expuesto, se suplica a este Tribunal que estime el recurso y declare la inconstitucionalidad y subsiguiente nulidad de los preceptos de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones que se indican en el encabezamiento de este antecedente.

8. Por providencia de 7 de abril de 1988, la Sección Cuarta del Pleno acordó: a) admitir a trámite el recurso promovido por la Junta de Galicia; b) dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34.1 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, con el fin de que formulasen en el plazo de quince días las alegaciones que estimaran procedentes; y c) publicar la incoación del recurso en el "Boletín Oficial del Estado", para general conocimiento.

9. Mediante escrito registrado el 13 de abril de 1988, el Abogado del Estado solicitó la acumulación del presente recurso (núm. 534/88) a los numerados 457, 525 y 536/88 e interpuestos por distintos ejecutivos autonómicos, dada la conexión temática existente entre todos ellos; así como instó la concesión de un nuevo plazo de alegaciones.

10. El Presidente del Congreso de los Diputados, en escrito registrado el mismo día, comunicó el Acuerdo de la Mesa de no personarse ni formular alegaciones, así como de poner a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar.

11. El Presidente del Senado, en escrito presentado en el Registro general el 25 de abril de 1988, se personó en el procedimiento en nombre y representación de la Cámara sin formular alegaciones y ofreció su colaboración en los términos del art. 88.1 LOTC.

12. Doña Imma Folchi i Bonafonte, Abogada de la Generalidad de Cataluña y en nombre y representación de su Consejo Ejecutivo, promovió recurso de inconstitucionalidad -registrado con núm. 536/88- frente a los siguientes artículos de la indicada Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones: art. 7.4, párrafo final; art. 11; art. 25, apartado 6º; art. 26, apartados 2º y 5º e inciso final del apartado 6º; art. 28.4; art. 31.1; art. 36.2 y Disposición adicional sexta. La demanda del recurso ofrece la fundamentación que a continuación se expone:

A) La ley impugnada restringe o elimina las competencias que sobre las materias de que se ocupa posee la Generalidad en virtud del art. 16 de su Estatuto. Y no es cierto -como dice el art. 1 de la Ley- que la regulación discutida se constriña a las "telecomunicaciones", título competencial del Estado contenido en el art. 149.1.21 C.E., puesto que se adentra también en la ordenación de la "radiodifusión". En efecto, la reserva al Estado de la materia de telecomunicación se hace con la técnica de la competencia exclusiva, pero ello no alcanza a los servicios de radiodifusión y televisión, materias que tienen un régimen competencial propio y que permiten a las Comunidades Autónomas competencias de desarrollo legislativo y ejecución.

Esta distinción de materias se reflejó en el plano normativo desde los albores de la instalación de emisoras de radiodifusión, concretamente, a partir de la Real Orden de 6 de junio de 1929 y del Decreto de 8 de diciembre de 1932; normas ratificadas en el Convenio de Lucerna de 19 de junio de 1933. Las emisoras de radiodifusión aparecen como un medio de comunicación social más y caracterizado por el instrumento utilizado: una emisión radioeléctrica. También en materia organizativa, la radiodifusión se desvinculó de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones (Ministerio del Interior), para adscribirse al Ministerio de Información y Turismo al igual que el resto de los medios de comunicación social, incluyendo el régimen de concesión de emisoras en gestión indirecta del servicio.

En la actualidad, lo cierto es que la radio y la televisión están unánimamente consideradas como medios de comunicación social, con perfiles distintos de la telecomunicación en general y que exigen un tratamiento legal diferenciado; tal y como enuncia la Constitución española (arts. 149.1.21 y 149.1.27) y desarrolla la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radiodifusión; un medio de comunicación social consistente en la producción y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a través de ondas o cables, destinadas mediata o inmediatamente al público en general o bien a un sector del mismo, con fines políticos, religiosos, culturales, informativos u otros.

Partiendo del distinto régimen competencial de una y otra materia, no resulta adecuado intentar regular "telecomunicación" y "radio y televisión" de manera que el tratamiento de una absorba el de las otras. El art. 16 del Estatuto de Cataluña asume para la Generalidad el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en el marco de las normas básicas y en los términos establecidos en el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión. Es ésta una competencia compartida como se reconoció en la STC 26/1982. Y aunque la remisión estatutaria a la Ley afecta fuertemente al alcance de la competencia autonómica, ello no obsta para admitir que el Estatuto garantiza un núcleo competencial mínimo que no puede quedar vaciado. Así la citada STC 26/1982 reconoció este aserto y negó al Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión el carácter de norma habilitante de competencia. Y es obvio que la competencia estatal para emanar bases no puede abarcar toda la regulación.

B) A la luz de este planteamiento general, está viciado de incompetencia el art. 26 de la Ley, porque al regular los servicios de radiodifusión sonora, circunscribe las facultades de explotación y de concesión de servicios de radiodifusión por parte de las Comunidades Autónomas al ámbito de las ondas métricas con modulación de frecuencia, excluyéndolas en ondas corta, larga y media. En cambio, el art. 16.3 del Estatuto de Cataluña no establece prohibición, limitación o exclusión alguna en función de las bandas de frecuencia utilizadas o de la onda de difusión empleada. En particular, es inconstitucional el art. 26.2 de la Ley, puesto que no permite la explotación de servicios de radiodifusión sonora en onda media por parte de las Comunidades Autónomas, pese a que el precepto permite la gestión indirecta de dicha modalidad de emisión a través de personas físicas o jurídicas concesionarias. No es fácil adivinar cuál puede haber sido el criterio competencial utilizado para establecer "tan original sistema" de distribución. En este sentido, es preciso tener presente que la definición de la radiodifusión sonora como medio de comunicación social no depende en absoluto de la técnica de propagación del sonido que se utilice. El art. 26 de la Ley introduce un inadmisible elemento delimitador de las competencias. Por el contrario, el art. 3 del Estatuto de Cataluña alude a la facultad de la Generalidad para "regular, crear y mantener su propia... radio", sin prejuzgar en qué modalidad; y no se alcanza a comprender por qué se prevé en la Ley la posibilidad sólo de ondas métricas con modulación de frecuencia. El ámbito de cobertura territorial en los servicios de radiodifusión en onda media puede coincidir y, de hecho, coincide con el territorio autonómico, no cabe pues argüir el carácter supracomunitario de la emisión. Y la intervención estatal, delimitando y asignando frecuencias y potencias, garantiza ya la debida compatibilidad radioeléctrica evitando perturbaciones; actuando dentro de estos parámetros, no se puede marginar a las Comunidades Autónomas.

El art. 26.5 de la Ley asevera que las concesiones para la gestión indirecta de los servicios de radiodifusión sonora se otorgarán por el Gobierno, excepción hecha de las ondas métricas con modulación de frecuencia que serán otorgadas por las Comunidades Autónomas con competencias en medios de comunicación social. Correlativamente, la Disposición adicional sexta reglamenta exhaustivamente los requisitos que deben reunir los titulares de una concesión, la duración de las concesiones y los criterios para su otorgamiento. Estas previsiones limitan hasta casi anular las competencias autonómicas. La reducción de las potestades autonómicas al otorgamiento de concesiones para las emisoras de F.M. carece de fundamento constitucional o estatutario; y tampoco encuentra apoyo en el Estatuto de la Radio y la Televisión. Además, las SSTC 26 y 44/1982 reconocieron que la concesión de emisoras de F.M. era una función ejecutiva de competencia autonómica en el marco de las normas básicas del Estado: admitida dicha competencia, no hay razón alguna para negarla respecto de las emisoras de onda media, pues continúa siendo una medida ejecutiva sin carácter básico. Debe, en suma, corresponder a la Generalidad el otorgamiento de concesiones de servicios de radiodifusión sonora siempre que las instalaciones emisoras esten ubicadas en Cataluña.

Son igualmente inconstitucionales las previsiones de los arts. 25.6 y 26.6 de la Ley, al atribuir exclusivamente al Gobierno la aprobación de los Reglamentos Técnicos y de Prestación de los Servicios, porque dichos reglamentos son normas de carácter concesional, según se desprende de la Disposición transitoria primera de la misma Ley.

Tampoco puede admitirse que la reseñada Disposición adicional sexta se aplique a la concesión de emisoras de F.M, puesto que en la STC 26/1982 se reconoció que caía en el seno de la competencia autonómica "la resolución de solicitudes de concesión de emisoras, el otorgamiento de concesiones de instalación y funcionamiento de las mismas, así como la regulación de los procedimientos de adjudicación".

Los arts. 7.4, 31 y 36.2 de la Ley ordenan el régimen de inspección e imposición de sanciones, atribuyendo al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (art. 7.4) las funciones de comprobación técnica de las emisiones, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales, etc... Paralelamente, el art. 31.1 declara que es competencia del citado Ministerio tanto la aplicación del régimen sancionador como la inspección de los servicios, aparatos, estaciones y "sistemas civiles de la telecomunicación"; aunque ya se ha dicho que la Ley se adentra en aspectos no sólo propios de la telecomunicación sino de la radiodifusión y televisión. Esta interpretación se corrobora con la lectura del art. 36.2 que únicamente deja a las Comunidades Autónomas facultades sancionadoras en servicios de ondas métricas con modulación de frecuencia. Este resultado no puede ser en modo alguno de recibo, porque produce un monopolio de las funciones inspectoras y sancionadoras -claramente ejecutivas- en manos del Estado; y tal situación no puede justificarse en el dato de que corresponda al Estado la gestión, con sus facultades inherentes de administración y control, del dominio público radioeléctrico. El Tribunal Constitucional, en su STC 77/1984, señaló que el dominio público no es un criterio utilizado por la Constitución o los Estatutos para delimitar competencias. Y ya es una garantía bastante para la gestión del dominio público radioeléctrico la técnica de la asignación de frecuencias y potencias. Tampoco cabe pensar que la competencia estatal a que se refieren los arts. 7.4 y 31.1 provenga de sus responsabilidades en el orden internacional, porque la función inspectora a que se refiere la STC 26/1982 es la previa a la prestación de un servicio de radiodifusión y prevista en el art. 26.6 de la Ley, que nada tiene que ver con la función inspectora ordinaria destinada a verificar el mantenimiento de los parámetros concesionales y a la imposición de sanciones. Sobre estos extremos, además, existe una normativa propia en Cataluña, que ya fue objeto de un pronunciamiento favorable por parte del Tribunal Constitucional: el Decreto 175/1980, de 3 de octubre. Es, en definitiva, compatible la inspección y control de las condiciones técnicas que lleve a cabo el Estado con el fin de velar por los Acuerdos internacionales, y la inspección ordinaria que incumbe a la Generalidad en su ámbito territorial, y no sólo para las emisoras de F.M.

El art. 28.4 de la Ley prevé la existencia de un Plan Nacional de Telecomunicación cuya elaboración corresponde al Estado sin que intervengan o participen las Comunidades Autónomas en su elaboración y aprobación, en cambio, se otorga participación a las distintas entidades privadas que realizan los servicios. Se margina, pues, a la Generalidad de la elaboración del Plan, aunque afecta a los servicios de radiodifusión que dispongan de red propia y dependan de la Generalidad, y sea evidente el interés autonómico en el tema. No deja de ser, por lo demás, paradójico que las entidades privadas explotadoras sin redes propias, en cambio, sí participen.

Las consecuencias de este art. 28.4 alcanzan también a las inversiones que se realicen en redes de telecomunicación, las cuales requieren de la autorización del Ministerio estatal correspondiente; a la vista de la definición de red de telecomunicación que en el art. 10 se hace, resulta que las inversiones que la Generalidad efectúe en la infraestructura de la red de sus propios servicios ("TV3" y "Catalunya Radio") deberán ser autorizadas por el Ministerio de Transportes. Una situación que carece de fundamento e introduce una inaceptable fórmula de control de las competencias estatutariamente asumidas.

De acuerdo con el art. 11 de la Ley, sólo tendrán la consideración de "servicios oficiales de telecomunicación" los establecidos por líneas, sistemas o redes oficiales, entendiéndose por tales las de titularidad de la Administración del Estado que presten servicio en exclusiva a órganos de la misma o a otras Administraciones públicas. La redacción dada a este precepto evidencia la limitación a que se sujeta a las Comunidades Autónomas, porque se las hace depender del ejercicio de infraestructuras ajenas. Jamás tendrán la consideración de "servicios oficiales de telecomunicación" los establecidos por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. Ello produce un resultado contrario a la previsión del art. 25.3 del Estatuto de Cataluña, según el cual la Generalidad ha de integrar en su organización los servicios correspondientes a fin de llevar a cabo las competencias que en el Estatuto se asumen; y que, asímismo, vulnera el deber de fidelidad que la Constitución impone y "que presupone la prohibición del abuso de derecho en el ejercicio de las competencias propias", de forma que no se impida el de las competencias ajenas.

De acuerdo con cuanto precede, se solicita que se estime el recurso y se declaren inconstitucionales y, por tanto, nulos los arts. 7.4, párrafo final; 11; 25, apartado 6º; 26, apartados 2º y 5º e inciso final del apartado 6º; 28.4; 31.1; y Disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

13. La Sección Tercera del Pleno, mediante providencia de 7 de abril de 1988, acordó: a) admitir a trámite el recurso; b) dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno por medio del Ministro de Justicia, con el fin de que se personaran en este procedimiento y formulasen las alegaciones que estimaran convenientes; c) publicar la incoación del recurso en el "Boletín Oficial del Estado", para general conocimiento.

14. Mediante escrito registrado el 13 de abril de 1988, el Abogado del Estado solicitó la acumulación del presente recurso, núm. 536/88, a los anteriores numerados 457, 525 y 534/88, dada la conexión de objeto existente entre todos ellos; así como como pidió la concesión de un nuevo plazo de alegaciones.

15. El Presidente del Senado, en escrito presentado en el Registro General el 25 de abril de 1988 y en la representación de la Cámara, se personó en el procedimiento y ofreció su colaboración a los efectos dispuestos en el art. 88.1 LOTC.

16. El Presidente del Congreso de los Diputados, en escrito registrado el 13 de abril de 1988, comunicó el Acuerdo de la Mesa de no personarse en este procedimiento y de poner a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar.

17. El Pleno del Tribunal Constitucional dispuso la acumulación de los recursos registrados con los núms. 525, 534 y 536 de 1988, interpuestos respectivamente por el Gobierno de Canarias, la Junta de Galicia y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña al registrado con el núm. 457/88 interpuesto por el Gobierno Vasco; así como conceder un nuevo plazo de alegaciones de 15 días al Abogado del Estado; todo ello en Auto de fecha 24 de mayo de 1988.

18. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta y por medio de escrito de alegaciones registrado el 15 de junio de 1988, manifestó su oposición a los recursos de inconstitucionalidad precedentes y planteados frente a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, solicitando la desestimación de dichos recursos en virtud de los siguientes razonamientos:

A) La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones pretende establecer por vez primera en España un marco jurídico básico en el que se contengan las líneas maestras a las que habrá de ajustarse la prestación de las diversas modalidades de telecomunicación (párrafo 1º del Preámbulo); para ello la Ley configura a las telecomunicaciones como servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público (art. 2.1); según el art. 2.1 la ordenación de las telecomunicaciones se inserta en el art. 149.1.21 C.E., un artículo que no ha sido impugnado por los recurrentes.

Este art. 149.1.21 C.E. atribuye al Estado competencia exclusiva respecto del "régimen general de comunicaciones", "telecomunicaciones", y "radiocomunicación". Unos títulos competenciales que conviene sean esclarecidos. El término "comunicaciones" tiene una cierta ambigüedad que no contribuye a aclarar el Diccionario de la Lengua Española, donde se recogen distintas acepciones, ni otros preceptos constitucionales [arts. 18.3 y 20.1.d)], ni los trabajos prelegislativos. Ante esta situación es necesario partir como postulado hermenéutico del dogma del "constituyente no reiterativo" y presumir que la Constitución no se repite al emplear términos distintos. Así "régimen general de las comunicaciones" es una cláusula que sirve para que el Estado diseñe un sistema general e integrado de todas las comunicaciones y que abarque los distintos sistemas parciales: el sistema postal, la red integrada de telecomunicaciones, el sistema de transportes, etc... De este modo entendida la competencia que nos ocupa, no se confundiría con ninguna otra. Respecto de los términos "telecomunicaciones" y "radiocomunicaciones", también empleados por el art. 149.1.21 C.E., vienen definidos en los núms. 3º y 5º del Anexo a la Ley: es "telecomunicación" toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; y es "radiocomunicación" toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas. Las definiciones transcritas proceden de la asunción por el Legislador español de preceptos contenidos en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi de 1982 y en el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones emanado por la Secretaría General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. De estas definiciones resulta que la radiocomunicación es un tipo especial de telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas o hertzianas. Tratando de encontrar un criterio de diferenciación entre telecomunicación y radiocomunicación, a los efectos previstos en el art. 149.1.21 C.E., cabría decir que telecomunicación significaría todas las comunicaciones menos la radiocomunicación que vendría segregada por su conexión con el título competencial dispuesto en el art. 149.1.27 C.E.. En consecuencia, mientras siete Comunidades Autónomas -y entre ellas las cuatro recurrentes- ostentan competencias en materia de medios de comunicación social, ninguna Comunidad Autónoma tiene la más mínima competencia en telecomunicación, que viene exclusivamente reservada al Estado.

B) Para deslindar la competencia exclusiva estatal sobre telecomunicaciones (art. 149.1.21 C.E.) de la competencia compartida sobre radio y otros medios de comunicación social (art. 149.1.27 C.E.) es preciso acudir a las SSTC 10/1982, 26/1982, 44/1982 y 21/1988. La STC 10/1982 resalta que la Ley estatal queda apoderada no sólo para establecer normas básicas, sino también para definir y condicionar las competencias autonómicas reservando al Estado distintas atribuciones; ello es así en virtud del juego conjunto del art. 149.1.27 C.E. y de las respectivas cláusulas estatutarias que se remiten a los términos establecidos en el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión; por consiguiente, la competencia autonómica en materia de radiodifusión no se extiende a todos los campos en que es posible un desarrollo legislativo de la normativa básica estatal ni a toda la función ejecutiva en la materia; la remisión que los Estatutos hacen a la Ley estatal permite mantener la titularidad y la gestión estatales de determinados medios de comunicación social dentro de la Comunidad Autónoma. Las SSTC 26 y 44/1982 atienden únicamente al título estatal del art. 149.1.27 C.E. para resolver los conflictos planteados, no obstante, la STC 44/82 puntualiza que es primordial la existencia de numerosos Acuerdos internacionales sobre telecomunicaciones que incumbe al Estado salvaguardar; la dimensión internacional del problema justifica la atribución al Estado de la competencia sobre asignación de frecuencias y potencias. Por otra parte, las SSTC 26 y 44/1982 realizan un "prudente y cauteloso" reconocimiento de las competencias autonómicas en materia de radiodifusión, y, conviene no olvidarlo, se refieren al problema concreto de la concesión de emisoras en F.M. teniendo como premisa la "antigua e inexpresiva" Disposición adicional primera del Estatuto de la Radio y la Televisión. Aparentemente, el Tribunal considera de manera exclusiva el título competencial del art. 149.1.27 C.E., acaso por el peso que en su razonamiento tuvo el citado Estatuto, pero -a juicio del Abogado del Estado- utiliza implícita o tácitamente otros dos títulos competenciales: las relaciones internacionales (art. 149.1.3) y las telecomunicaciones (art. 149.1.21). "Si no nos engañamos" -dice el Abogado del Estado-, todos los límites técnicos de las competencias autonómicas han de encuadrarse en el art. 149.1.21 C.E. Esta es "nuestra observación crítica fundamental" a las mencionadas Sentencias.

Dicho esto, para saber si una norma estatal incide sobre la radio y la televisión como "servicio de difusión" -la óptica del art. 149.1.21 C.E.- o como "medio de comunicación social" y de circulación de información -la perspectiva propia del art. 149.1.27 C.E.- habrá que estar a cuál sea la finalidad y alcance preferente de la norma adoptada. Habrá, sin embargo, res mixtae, materias que pueden ser relevantes tanto desde uno como desde otro punto de vista y que el Estado puede regular amparándose en uno u otro título competencial.

Hechas estas observaciones generales sobre los títulos competenciales del Estado dispuestos en los apartados 21 y 27 del art. 149.1 C.E., pueden examinarse ya los concretos preceptos impugnados.

C) El art. 11 de la Ley de Ordenación de la Telecomunicaciones precisa que "se consideran servicios oficiales de telecomunicación los establecidos por líneas, sistemas o redes oficiales, entendiéndose por tales las de titularidad de la Administración del Estado que presten servicio en exclusiva a órganos de la misma o a otras Administraciones públicas en las condiciones que se establezcan reglamentariamente". La Generalidad de Cataluña sostiene que este precepto priva a las Comunidades Autónomas de un importante instrumento para ejercer sus competencias, ya que no podrán ser redes oficiales de telecomunicación las pertenecientes a la Administración autonómica. Sin embargo, la definición transcrita permite perfectamente que puedan existir servicios autonómicos oficiales de telecomunicación, con tal de que las líneas, sistemas o redes que utilicen sean "de titularidad de la Administración del Estado". Es esta cláusula entrecomillada la que se reputa inconstitucional. Pero parece difícil sostener que, por el mero hecho de que las autoridades autonómicas hayan de confiar sus cartas al servicio estatal de Correos o usen el servicio telegráfico estatal -competencias exclusivas del Estado con arreglo al art. 149.1.21 C.E.- se perturbe el ejercicio de las competencias autonómicas que se valen del correo o del telégrafo como medios auxiliares. El argumento que refutamos contradice la esencia del Estado compuesto. Sólo si el art. 11 de la Ley llevara aparejada una restricción indebida al acceso de las Comunidades Autónomas a los servicios oficiales de comunicaciones el argumento impugnatorio valdría. Pero tal restricción no existe, porque el mencionado art. 11 expresamente prevé que los servicios oficiales de telecomunicaciones puedan prestar servicio a "otras Administraciones públicas" en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A la par, las Comunidades Autónomas podrán crear redes, en las condiciones que prevé la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, pero no serán redes oficiales en el sentido del art. 11. Tampoco puede aceptarse el argumento que la Generalidad efectúa basándose en el art. 25.3 del Estatuto, un precepto que manda la integración en la organización autonómica de los servicios correspondientes a fin de llevar a cabo las competencias que le atribuye el Estatuto. Nada de esto tiene que ver con nuestro asunto, porque la Generalidad carece de competencias en materia de comunicaciones. Una última advertencia es preciso hacer: el peso del factor "soberanía" en materia de telecomunicaciones, así el Preámbulo del Convenio Internacional de Nairobi reconoce el derecho soberano de cada país para reglamentar sus telecomunicaciones; mantener una red oficial de telecomunicaciones es una marque de souveraineté y, por el contrario, "autonomía no es soberanía"; y no es preciso encarecer la importancia estratégica y militar de la red oficial de telecomunicaciones.

D) La impugnación de mayor calado atiende a los arts. 25.6, 26 y Disposición adicional sexta de la Ley. Del conjunto de las impugnaciones resulta que ninguno de los recurrentes objeta la constitucionalidad del art. 26.3, un precepto redactado con absoluto respeto a la doctrina emanada en las SSTC 26 y 44/1982. Sentado ésto, el art. 26 contiene seis reglas aplicables a los servicios de radiodifusión. Las tes primeras reglas (núms. 1º, 2º y 3º) establecen el modo en que han de explotarse estos servicios por razón de sus diferencias técnicas basadas ya en la longitud de onda, ya en la modulación de frecuencia. El núm. 4º ordena que la implantación de los servicios se haga de acuerdo con los Planes Técnicos Nacionales. El núm. 5º atribuye la competencia para otorgar concesiones al Gobierno salvo en F.M. Y, finalmente, el núm. 6º establece un doble requisito previo al comienzo de la prestación de un servicio: la aprobación e inspección por el Ministerio correspondiente de los proyectos y propuestas técnicas de las instalaciones; y la aprobación de los Reglamentos Técnicos y de Prestación de los Servicios. La impugnación del art. 25.6 concuerda con la del referido art. 26.6. La Disposición adicional sexta comprende tres apartados: en el primero se regulan los requisitos para ser titular de una concesión; en el segundo se establecen los criterios y condiciones para el otorgamiento de tales condiciones; y en el tercero se determina que los titulares de radiodifusión sonora vendrán obligados a difundir gratuitamente ciertos comunicados y avisos de carácter oficial e interés público. Esta Disposición adicional eleva a rango legal algunos preceptos contenidos en disposiciones reglamentarias; por tanto, todas estas materias entran dentro de lo materialmente básico, al ser "la legislación vigente a que se remitía la Disposición adicional primera del Estatuto de la Radio y la Televisión". Ofrecida una panorámica de conjunto de esta impugnación, el enjuiciamiento de los concretos preceptos requiere de su análisis independiente.

a. Según las Comunidades Autónomas actoras, la materia que regula el art. 26.1 de la Ley no debe encuadrarse en el 149.1.21 C.E. sino en el art. 149.1.27, razón por la cual les corresponden facultades de desarrollo legislativo y ejecución; y, como segundo argumento, al no establecer diferencias ni la Constitución ni los Estatutos, las competencias autonómicas deben de abarcar también las emisiones en onda larga y corta. Estas argumentaciones son inaceptables. El art. 26.1 de la Ley plasma la decisión del Legislador de reservar al Estado la explotación del servicio de radiodifusión sonora en ondas cortas y largas. No hay en ello novedad alguna; lo hizo ya el Real Decreto 2.648/1978, de 27 de octubre, en sus arts. 2 y 3, que reservó al Estado la emisión en ondas largas de un programa nacional con especial atención a las áreas rurales, así como de programas en onda corta dirigidos al exterior; una normativa que sigue vigente con arreglo a la Disposición transitoria primera, 1, de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y que no responde a un capricho o a la voluntad de transgredir el orden de competencia.

En efecto, la cobertura de las emisiones en ondas cortas es muy extensa y los puntos que puede alcanzar muy lejanos al de emisión; por esta razón, el art. 4 del precitado Real Decreto reserva la radiodifusión en este tipo de ondas para los programas dirigidos al exterior; y "una emisora autonómica de onda corta se caracterizaría justamente por emitir para un ámbito de cobertura del que siempre estaría excluído su propio territorio".

Por lo que hace a las ondas largas, España tiene adjudicadas internacionalmente dos frecuencias con un máximo de cinco estaciones emisoras (Acuerdo Regional de radiodifusión en bandas de ondas hectométricas para las Regiones 1 y 3 y en bandas kilométricas para la Región 1, Ginebra, 1975; y art. 2 del citado Real Decreto 2.648/1978). Las dos frecuencias siguen sin utilizarse por la escasez de equipos capaces de sintonizar y recibir en esas bandas, y porque el tipo de propagación (onda de superficie) exige la instalación de centros emisores de gran potencia y muy costosos y, en lo que ahora interesa, de alcance territorial muy superior al de las Comunidades Autónomas actoras. Y la limitación a cinco emisoras para toda España, en virtud de Acuerdos internacionales, imposibilita toda planificación del servicio sobre la base del ámbito territorial de las Comunidades Autónomas.

Esta decisión legislativa que el art. 26.1 efectúa resulta amparable desde ambos títulos competenciales contenidos en los arts. 149.1.21 y 149.1.27 C.E.: el Estado es el único competente en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación; y, si se acude al segundo título, las Sentencias constitucionales recaídas permiten reservar al Estado la regulación dispuesta en los arts. 2 y 4 del Real Decreto 2.648/1978. No quiere decirse con esto que el art. 26.1 de la Ley regule un res mixta -en el sentido antes expuesto-, pues es preferente el título del art. 149.1.21 C.E., materia en la cual las Comunidades Autónomas no ostentan competencias. La reserva que el art. 26.1 de la Ley contempla se funda en la facultad del Estado de gestionar el dominio público radioeléctrico con sujeción a los Acuerdos internacionales, según dice el art. 7.1 de la Ley que no ha sido impugnado. En particular, la reserva referida a las ondas largas tiene en cuenta la escasez de frecuencias y, la de ondas cortas, su "implicación internacional derivada del modo en que se propagan".

b. De acuerdo con el art. 26.2 de la Ley, la radiodifusión sonora en ondas medias se convierte en un servicio cuya gestión corresponde al Estado ya sea directamente o indirectamente mediante concesión administrativa y a través de personas físicas o jurídicas. Las Comunidades Autónomas actoras discuten que se les excluya de una y otra cosa. No obstante, el precepto reseñado no excluye que las Comunidades Autónomas, o un ente público autonómico o una sociedad en cuyo capital participen aquellas, puedan ser concesionarios de este servicio -nótese que, en cambio, la Disposición adicional primera del Estatuto de la Radio y la Televisión se refería únicamente a "sociedades privadas"-. Exactamente igual que ocurre con el tercer canal de televisión. Y en uno y otro caso son radio y televisión "propias" en el sentido recogido en el art. 16.3 del Estatuto de Cataluña y en otros preceptos estatutarios análogos.

La radiodifusión sonora en ondas medias fue objeto de un plan anejo al Acuerdo Regional de Ginebra de 1975, cuya entrada en vigor hizo necesario dictar el mencionado Real Decreto 2.648/1978 que estableció en su art. 3º un plan técnico en el que, distinguiendo entre la península, Baleares, Ceuta y Melilla, de un lado, y Canarias del otro se asignaron frecuencias a Radio Nacional de España y Radio Cadena Española, así como a las empresas privadas, estableciéndose también un máximo de estaciones. La propagación en estas bandas se realiza fundamentalmente por onda de superficie, aunque una parte por onda de cielo la cual "cuando el grado de ionización de la ionosfera lo permite, es reflejada y vuelve a la tierra a muchos kilómetros más allá del alcance útil de la onda de superficie"; ésta es la explicación científica del mayor efecto interferente de unas emisoras de onda media en horas nocturnas: "durante estas horas la ionosfera refleja en mucha mayor medida la energía electromagnética radiada"; por esta razón es virtualmente obligado que las emisoras que comparten una misma frecuencia emitan un mismo programa en horas nocturnas. Hay en Europa una intensísima utilización de estas bandas de frecuencia, situación que impone severas restricciones a la planificación e impide satisfacer muchas demandas de frecuencias para los diferentes países. De este modo, el mencionado art. 3 del Real Decreto 2.648/1978 distribuyó las frecuencias disponibles. Esta descripción de la situación basta para comprender que es muy difícil, si no imposible, asignar o reservar frecuencias en onda media a las Comunidades Autónomas, incluso solamente a las siete que ostentan competencias en radiodifusión, a no ser que el Estado renunciara a sus propios servicios o se redujera la iniciativa privada a una posición marginal e irrelevante, y, por ello, lesiva de derechos fundamentales. Esta es la razón por la cual el acceso de las Comunidades Autónomas al servicio de radiodifusión en onda media tenga que hacerse como concesionarios estatales y en la medida en que la planificación técnica lo haga posible.

A la vista de lo expuesto, puede sostenerse la constitucionalidad del art. 26.2 de la Ley, que en buena parte consagra la situación existente, aunque permita en el futuro el acceso a concesiones a las Comunidades Autónomas. La decisión del Legislador de reservar al Estado la radiodifusión en ondas medias está basada en datos técnicos: el uso intensivo de frecuencias en Europa, los Acuerdos internacionales en la materia, la eliminación al máximo de riesgos de interferencia, el carácter escaso de las frecuencias que hace aconsejable una sóla autoridad planificadora y distribuidora, etc... La decisión plasmada en el citado art. 26.2 de la Ley puede encajarse en el título competencial del art. 149.1.21 C.E. Pero aún cuando utilizáramos el art. 149.1.27 C.E. como medida, el precepto legal examinado continuaría siendo irreprochable desde el punto de vista de las competencias, puesto que la cláusula "en los términos y casos establecidos en la Ley", que emplean los Estatutos, y la competencia para la fijación de bases, permiten al Legislador reservar al Estado la gestión directa del servicio y el otorgamiento de concesiones. Nada obliga a entender que las competencias atonómicas hayan de proyectarse necesariam