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Tribunal Constitutionnel de L'Espagne

Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente, y don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Antonio Truyol Serra y don Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 397/1984, promovido por don Francisco García León, don Vicente González del Hoyo, don Antonio Castrejón Carrasco y don Claudio Carrera Saiz, representados por la Procuradora doña Elisa Hurtado Pérez y bajo la dirección del Abogado don Valentín Moreno Cubillo, contra la Sentencia dictada el 2 de mayo de 1984 por la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Burgos, en autos 181-184/1984, seguidos por los indicados señores contra la Empresa «Cerámicas Gala, Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad: habiendo intervenido el Ministerio Fiscal y siendo Ponente el Magistrado don Francisco Pera Verdaguer, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Doña Elisa Hurtado Pérez, Procuradora de los Tribunales, presentó en 28 de mayo de 1984 demanda de amparo, en nombre y representación de don Francisco García León, don Vicente González del Hoyo, don Antonio Castrejón y don Claudio Carrera Saiz, exponiendo como hechos que los demandantes, miembros del Comité de Empresa de «Cerámicas Gala, S. A.», asistieron el día 24 de noviembre de 1983 a una reunión formativa convocada por la Central sindical Unión General de Trabajadores (UGT), contando, a tal efecto, con la autorización de la Dirección de la Empresa para interrumpir la prestación de trabajo durante la jornada laboral, advirtiéndoles, no obstante, la Empresa que las horas empleadas en la reunión les serían descontadas de sus haberes mensuales, como así se hizo; pero entendiendo los actores que ese tiempo quedaba comprendido en el crédito horario que el art. 68 c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), atribuye a los representantes de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones de representación, formularon ante la jurisdicción laboral demandas en reclamación de cantidad, siguiéndose los correspondientes procesos que fueron acumulados y a cuyo término recayó Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Burgos de fecha 2 de mayo de 1984, desestimatoria de las demandas. La Sentencia se funda sustancialmente en la doctrina del Tribunal Central de Trabajo, de que el artículo 68 c) del ET confiere a los miembros del Comité de Empresa el crédito horario tan solo para realizar actividades de asistencia y representación en asuntos limitados al círculo de intereses de los trabajadores representados, no cubriendo por consiguiente aquellas otras actividades que ejercieran como miembros de un Sindicato.

Contra dicha Sentencia formulan su pretensión de amparo que fundan en la violación del art. 28.1 de la Constitución, entendiendo que la decisión del juzgador de no computar en el crédito horario el tiempo invertido por los demandantes de amparo en asistir a una reunión convocada por su Sindicato conculca la libertad sindical, contrariando no sólo la dinámica histórica y la realidad social, sino también el espíritu, finalidad e inclusive la propia literalidad de los textos legislativos. Mencionan los recurrentes, en primer lugar, la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de libertad sindical, señaladamente las Sentencias de 29 de noviembre de 1982, en que se declara que «el derecho constitucional de libertad sindical comprende no sólo el derecho de los individuos a fundar sindicatos y a afiliarse a los de su elección, sino asimismo el derecho a que los sindicatos fundados realicen las funciones que de ellos es dable esperar» y de 23 de noviembre de 1981, cuyo fundamento jurídico quinto señala que ««el desarrollo de la actividad inherente a la legítima actuación en el seno de la Empresa, para defender los intereses a cuyo fin se articulan las representaciones obreras, necesita de garantías frente a todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo del ejercicio de la libertad sindical». En segundo lugar, se refieren a los antecedentes legislativos del art. 68 c) ET, destacando la orientación jurisprudencial favorable a facilitar la función representativa, así como a considerar el derecho de los representantes sindicales a utilizar el crédito horario en su formación y capacitación por medio de reuniones o cursos convocados por los sindicatos. Finalmente aluden al Convenio núm. 135 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la Empresa, interpretado conforme a la Recomendación núm. 143 de dicha organización.

Expone la parte demandante que la resolución judicial impugnada, al excluir del contenido del crédito horario regulado en el art. 68 c) del ET, el tiempo dedicado a la formación sindical de los representantes obreros, vulnera el derecho a la libertad sindical, entorpeciendo y obstaculizando el ejercicio de las funciones representativas.

Los argumentos en que se sustenta la resolución impugnada y que se resuelven, según los demandantes, en una serie de artificiales direnciaciones -funciones representativas desarrolladas «en forma directa e inmediata» en favor de los representados o en «forma mediata», funciones «sindicales» o «propiamente de representación» y, en fin, funciones orientadas a la defensa de «intereses comunes de los trabajadores» representados- debilitan, en lugar de facilitar, el ejercicio de la actividad