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Tribunal Constitutionnel de L'Espagne

Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 8664-2005, promovido por don Carles Arnal Ibáñez, don Ramón Cardona Pla y don Joan Antoni Oltra Soler, representados por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Sandín Fernández y asistidos por la Abogada doña Mónica Oltra Jarque, contra tres acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas de fecha 26 de julio de 2005 y uno de fecha 15 de noviembre de 2005. Han intervenido la Mesa de las Cortes Valencianas, representada por su Letrado Mayor, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de noviembre de 2005 don José Antonio Sandín Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Carles Arnal Ibáñez, don Ramón Cardona Pla y don Joan Antoni Oltra Soler, Diputados del Grupo Parlamentario Esquerra Unida – Els Verds – Entesa Valenciana en las Cortes Valencianas interpuso recurso de amparo contra las resoluciones parlamentarias a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) Por escrito registrado el 6 de mayo de 2005 don Joan Antoni Oltra Soler, diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Unida – Els Verds – Entesa valenciana formuló ante la Mesa de las Cortes valencianas una pregunta dirigida al Consejero de Territorio y Vivienda, deseando contestación por escrito, y con el siguiente tenor:

“¿Qué razones justifican el nombramiento de don Hermenegildo Forquet como Jefe del Servicio de Coordinación Territorial en su Consejería? ¿Conocía la Consejería que este funcionario ocupaba cargos de administración en diferentes sociedades mercantiles relacionadas con tareas urbanísticas? Ante esta evidente colisión entre intereses privados y gestión pública, ¿qué medidas piensa adoptar la Consejería para evitar situaciones incompatibles en una correcta función pública?”.

b) Mediante resolución de 17 de mayo de 2004 la Mesa de las Cortes Valencianas acordó no admitir a trámite la pregunta número RE 28.825, formulada por el Diputado don Joan Antoni Oltra Soler del Grupo Parlamentario Esquerra Unida – Els Verds – Esquerra Valenciana (Entesa), por considerar, en aplicación del artículo 147.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, que su contenido se refería a persona física que no tiene trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma.

Presentado ante la Mesa de las Cortes recurso de reposición solicitando la reconsideración de dicha resolución, fue resuelto por otra de 26 de julio de 2005 que, recordando que corresponde a la Mesa la calificación de los escritos y documentos de índole parlamentaria y la decisión sobre su tramitación, y tras haber manifestado la Junta de Portavoces su parecer contrario, lo desestimó.

c) Por escrito registrado el 6 de mayo de 2005 don Ramón Cardona Pla, diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Unida – Els Verds – Entesa valenciana formuló ante la Mesa de las Cortes valencianas una pregunta dirigida al Consejero de Cultura, Educación y Deporte, deseando contestación por escrito, y con el siguiente tenor:

“¿Existía algún proyecto de excavación arqueológica o de seguimiento arqueológico de las obras del vial Cabanes-Oropesa del Mar, anterior al 20 de agosto de 2004? ¿Cuáles? ¿Con qué objeto? ¿Qué proyectos se han presentado después del 20 de agosto de 2004 respecto a excavaciones arqueológicas y/o seguimiento arqueológico de las obras del vial Cabanes-Oropesa del Mar y de su zona de afectación? ¿Cuáles se han aprobado? ¿Se ha presentado algún proyecto de excavación arqueológica de los yacimientos mencionados? ¿En qué fecha? ¿Por parte de quién? ¿Se ha aprobado? ¿A qué persona física o jurídica puso de manifiesto la Dirección General de Patrimonio Cultural, en fecha 20 de agosto de 2004, la necesidad de acometer actuaciones arqueológicas en la zona afectada por el vial Cabanes-Oropesa del Mar? ¿Desde qué fecha tiene conocimiento de la existencia de dichos yacimientos? ¿Se pidió algún proyecto de excavación y/o seguimiento arqueológico de las obras previo al 20 de agosto de 2004? ¿Cuál es la importancia arqueológica que puede tener la zona afectada por las obras del vial Cabanes-Oropesa del Mar?”.

d) Mediante Acuerdo de 17 de mayo de 2004 la Mesa de las Cortes Valencianas inadmitió también a trámite la pregunta número 28.819, formulada por el Diputado don Ramón Cardona Pla del Grupo Parlamentario Ezquerra Unida – Els Verds – Esquerra Valenciana (Entesa), por considerar, en aplicación del artículo 147.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, que su contenido se refería a persona que no tenía trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Presentado ante la Mesa de las Cortes recurso de reposición solicitando la reconsideración de dicha resolución, fue resuelto por otra de 26 de julio de 2005 que, recordando que corresponde a la Mesa la calificación de los escritos y documentos de índole parlamentaria y la decisión sobre su tramitación, y tras haber manifestado la Junta de Portavoces su parecer contrario, también lo desestimó.

e) Por escrito registrado el 6 de mayo de 2005, don Ramón Cardona Pla, diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-Entesa valenciana formuló ante la Mesa de las Cortes valencianas una pregunta dirigida al Consejo de Gobierno, deseando contestación por escrito, y con el siguiente tenor:

“Respecto a la sociedad Centro de Ocio Mundo Ilusión ¿Quién compone el Consejo de Administración de dicha empresa? ¿Qué cantidades se han previsto, y en qué concepto, para compensar la pertenencia al Consejo de Administración de dicha empresa? ¿Cuáles han sido los objetivos fundacionales de esta empresa y cuáles han sido las actividades desarrolladas, hasta ahora, por dicha sociedad? ¿Se ha producido algún cese y nombramiento en el Consejo de Administración de esta empresa desde su constitución?”.

f) Por Acuerdo de 17 de mayo de 2004, la Mesa de las Cortes Valencianas inadmitió también a trámite la pregunta número 28.823, formulada por el Diputado don Ramón Cardona Pla del Grupo Parlamentario Ezquerra Unida – Els Verds – Esquerra Valenciana (Entesa) por considerar, en aplicación del artículo 147.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, que su contenido se refería a persona que no tenía trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Presentado, igualmente, ante la Mesa de las Cortes recurso de reposición solicitando la reconsideración de dicha resolución, fue resuelto por otra de 26 de julio de 2005 que, recordando que corresponde a la Mesa la calificación de los escritos y documentos de índole parlamentaria y la decisión sobre su tramitación, y tras haber manifestado la Junta de Portavoces su parecer contrario, lo desestimó.

g) Por escrito registrado el 2 de agosto de 2005, don Carles Arnal i Ibáñez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Esquerra Unida – Els Verds – Entesa Valenciana, conforme al art. 162 RCV solicitó a la Mesa de las Cortes Valencianas la comparecencia ante el Pleno del Consejero de Territorio y Vivienda para explicar su posición ante la gran proliferación de proyectos urbanísticos presentados en los últimos meses en el País Valenciano y las implicaciones territoriales y medioambientales de este proceso.

h) Mediante escrito de 26 de septiembre de 2005, la Mesa de la Cámara comunicó al Grupo Parlamentario Entesa que la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas había acordado oponerse a la tramitación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Territorio y Vivienda para explicar su posición ante la gran proliferación de proyectos urbanísticos presentados en los últimos meses en el País Valenciano y las implicaciones territoriales y ambientales de este proceso, solicitada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida – Els Verds – Esquerra Valenciana (Entesa).

Interpuesto ante la Mesa de las Cortes recurso de reposición contra dicha resolución solicitando la reconsideración de la oposición y la admisión a trámite de la solicitud de comparecencia, fue desestimado por Acuerdo de 15 de noviembre de 2005 de la Mesa, en el que el órgano parlamentario, consultada la Junta de Portavoces, resolvió que “respecto de lo solicitado por el recurrente en su escrito RE 33457, la Mesa ha considerado no separarse del criterio fijado por la Junta de Sindics, más aún cuando consultada la Junta sobre el recurso por mayoría de los presentes se manifestó en contra de lo solicitado”.

3. En la demanda de amparo se alega con carácter principal la vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.2 CE) y del derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.1 CE). Complementariamente se invoca la lesión del derecho a no ser discriminado (art. 14 CE).

Se fundamenta la denuncia de tales violaciones en que la Mesa de las Cortes ha realizado, a juicio de los recurrentes, una interpretación errónea de los preceptos del Reglamento de las Cortes Valencianas (RCV) que regulan las preguntas parlamentarias. En concreto se considera que la Mesa ha realizado una interpretación extensiva e inconstitucional del art. 147.2 RCV. Este precepto establece las excepciones al derecho de los parlamentarios a presentar preguntas y literalmente dispone: “La Mesa no admitirá aquellas preguntas que sean de exclusivo interés personal por parte de quien las formula o aquéllas que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Asimismo, tampoco se admitirán las que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica”.

A juicio de los recurrentes la Mesa ha calificado sin trascendencia pública preguntas que estaban dirigidas al ejercicio del control de gobierno, incluidas las relativas al nombramiento de algunos cargos públicos. Consideran que con ello restringe de manera ilegítima su derecho a realizar preguntas (art. 146 RCV), que es independiente de la libertad de los miembros del Gobierno de contestar como deseen a las mismas.

Respecto a la petición de comparecencia del Consejero de Territorio y Vivienda, el art. 161 RCV reconoce a los grupos parlamentarios tal facultad, que no puede quedar sometida a la discrecionalidad de la Mesa, que la rechazó sin motivación alguna.

La demanda cita abundante jurisprudencia constitucional en respaldo de su pretensión, en especial invocan la STC 40/2003 respecto a la ilegitimidad de que las cámaras parlamentarias realicen un examen de oportunidad política de las iniciativas parlamentarias y la necesidad de una interpretación restrictiva de las normas que supongan una limitación de los derechos de los parlamentarios, que consideran directamente aplicable al asunto objeto del presente recurso de amparo. Del mismo modo traen también a colación la doctrina de este Tribunal respecto a que el rechazo arbitrario o inmotivado de las iniciativas parlamentarias lesiona directamente el derecho fundamental consagrado en el art. 23.2 CE.

Concluye la demanda instando el otorgamiento del amparo y que, en consecuencia, se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas y se reconozca el derecho contenido en el art. 23 CE, a fin de que se restablezca a los recurrentes en la integridad de su derecho y se declare la obligación de la Mesa de motivar sus decisiones y limitar el examen de los escritos presentados para su calificación a las cuestiones técnico formales.

4. Por providencia de 18 de diciembre de 2007 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del presente recurso de amparo, admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a las Cortes Valencianas a fin de que remitieran certificación o fotocopia de las actuaciones correspondientes a las decisiones y actos recurridos, debiendo previamente emplazarse, para que pudieran comparecer ante este Tribunal Constitucional, quienes hubieran sido parte en el procedimiento.

5. Mediante escrito del Letrado de las Cortes Valencianas, en representación de las mismas, ingresado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de febrero de 2008, la Mesa de las Cortes Valencianas se persona como parte demandada en el presente recurso.

Por diligencia de ordenación de 5 de junio de 2008 se acordó tener por personado y parte en el procedimiento, en la representación que ostenta, al Letrado de las Cortes Valencianas y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes y al Ministerio Fiscal por el plazo común de veinte días, dentro de los cuales pudieran presentar las alegaciones conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.

Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 15 de septiembre de 2008, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional puso de manifiesto que, siendo imprescindible para el despacho de las alegaciones recabadas la perfecta comprensión de la documentación acompañada, había comprobado que había sido aportada en lengua valenciana, por lo que en aplicación del art. 80 LOTC, interesaba que se reclamase por el Tribunal su traducción.

Por providencia de 18 de septiembre de 2008 de la Sala Segunda de este Tribunal, visto el contenido del escrito anterior, se acordó la suspensión del trámite de alegaciones del art. 52.1 LOTC y requerir a las Cortes Valencianas el envío de copia de las actuaciones en lengua castellana.

Recibida la documentación interesada, por providencia de 27 de octubre de 2008 se concedió a las partes personadas y el Ministerio Fiscal un nuevo plazo común de veinte días, dentro del cual podían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes o completar las ya formuladas.

6. El Letrado Mayor de las Cortes Valencianas, en representación de la Mesa de las Cortes Valencianas, formuló alegaciones mediante escrito ingresado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 22 de diciembre de 2008. En las mismas opone, en primer lugar, una objeción que califica como de orden procesal, relativa a que la demanda carece manifiestamente de contenido constitucional por deducirse contra unos actos a los que no cabe imputar la pretendida lesión del derecho fundamental, puesto que la Mesa actuó en ejercicio legítimo de sus competencias.

Entrando ya en el fondo, el Letrado Mayor expone que el derecho fundamental garantizado en el art. 23.2 CE es de configuración legal, de modo que compete a los Reglamentos parlamentarios fijar y ordenar los derechos y atribuciones de los parlamentarios. Aun así no todo acto parlamentario que infrinja la legalidad afecta al derecho fundamental. En esta ocasión está en juego el ejercicio por la Mesa de las Cortes Valencianas de las funciones de calificación y tramitación de los escritos que se le dirigen. Conforme a la STC 208/2003 el ejercicio de dicha función no puede suponer un juicio de mera oportunidad política, pero sí consistir en la verificación liminar de la conformidad a Derecho de la pretensión deducida, junto a un juicio de calificación sobre la idoneidad o procedencia del procedimiento parlamentario elegido.

Eso es, a juicio del Letrado Mayor de las Cortes Valencianas, lo que la Mesa realizó en esta ocasión. La licitud de no admitir a trámite una iniciativa de contenido manifiestamente contrario a Derecho ha sido ya admitida por la jurisprudencia constitucional. Así ha sucedido en su opinión en esta ocasión, en la que la Mesa determinó la existencia de causas de inadmisión por ser las iniciativas manifiestamente contrarias a Derecho (ATC 125/2005). En un caso por falta de trascendencia pública de las personas o entidades a las que se refieren las preguntas y en otro porque la Junta de Portavoces decidió no incluir el asunto en el orden del día. Junto a ello el escrito destaca el hecho de que el respeto a los derechos de los diputados se ha garantizado a través de la tramitación y sustanciación de otras iniciativas que han permitido en la Cámara el debate sobre las cuestiones materiales que se plantean en sus escritos. Con cita de los AATC 614/1988 y 6/1998, concluye que, a la vista de esas otras posibilidades, la inadmisión no afectó de manera relevante al derecho de los autores de las iniciativas ni al normal funcionamiento de la actividad parlamentaria. Respecto a la pregunta referida al nombramiento de un funcionario como jefe de Servicio, el escrito del Letrado Mayor considera que los recurrentes en amparo no han aportado ningún dato que acredite la trascendencia pública de esta persona. Respecto a las preguntas relativas a la afectación de unos yacimientos arqueológicos por la obra del vial Cabanes-Oropesa del Mar detalla ocasiones anteriores en las que los parlamentarios afectados pudieron preguntar sobre cuestiones similares, destaca entre ellas una pregunta realizada al Consejero de Infraestructuras y Transporte y dos proposiciones no de ley, firmadas por el mismo diputado ahora recurrente. Del mismo modo reseña también una serie de preguntas formuladas por el diputado don Ramón Cardona sobre el proyecto Mundo Ilusión y que sí le fueron admitidas a