Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, mediante escrito presentado en este Tribunal, el día 30 de abril de 1985, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1, 17, 18, 19, 20.a), 21, 22 y 31 de la Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Parlamento de Galicia, por la que se aprueba el Estatuto gallego del consumidor, haciendo invocación del art. 161.2 de la Constitución, a los efectos de la suspensión de los preceptos impugnados, así como de cuantas disposiciones o actos se hubieran dictado en ejecución de aquéllos.

2. La Sección Cuarta del Tribunal, en providencia de 16 de mayo de 1985, acordó admitir a trámite el recurso y, al haberse invocado por el Gobierno el art. 161.2 de la C.E., la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de la formalización, comunicándoselo a los Presidentes de la Junta y del Parlamento de Galicia, y la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia» para general conocimiento.

3. Por providencia de 25 de septiembre pasado, la Sección Cuarta acordó oir a las partes para que alegaran, en el plazo común de cinco días, lo que estimasen procedente sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión, por estar próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el art. 161.2 de la C.E. En el plazo concedido evacua el trámite el Abogado del Estado y el Presidente en funciones del Parlamento de Galicia, no efectuando alegación alguna la Junta de Galicia.

Para el Abogado del Estado procede la ratificación de la suspensión acordada de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, dada la incidencia directa y sobre amplísimos sectores de la actividad económica del «Derecho de consumo» y la trascendencia que para la preservación de los intereses nacionales alcanza el mantenimiento en este ámbito de la vigencia de las bases estatales frente a posibles ordenaciones autonómicas. Invoca, asimismo, el precedente que constituye el Auto de 23 de julio de 1982, en el procedimiento relativo a la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Parlamento Vasco, sobre el Estatuto del Consumidor. Por su parte la representación del Parlamento de Galicia manifiesta que no existe inconveniente en el mantenimiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Único. La suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de una Ley, disposición normativa o acto con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, efecto inmediato del recurso de inconstitucionalidad cuando es el Gobierno de la Nación el que interpone el recurso e invoca el art. 161.2 de la C.E. (art. 30 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), necesita de una consideración del Tribunal dentro del plazo de cinco meses desde que se produce tal efecto suspensivo, el cual, previa audiencia de las partes en el litigio, habrá de decidir lo procedente sobre tal medida cautelar, atendiendo al alcance de la suspensión y los posibles perjuicios que pudieran derivarse del mantenimiento o alzamiento de la misma.

La representación del Gobierno de la Nación, ha aludido a la relevancia de las situaciones que, con proyección sobre la práctica universalidad de los sectores económicos, podrían generarse al alzarse la suspensión de los preceptos de la Ley ahora impugnados, a lo que se añade la posición no contraria al mantenimiento de la suspensión mantenida por el Parlamento de Galicia, lo cual conduce, tras un análisis del contenido de la Ley impugnada y de las situaciones que podrían generarse si se alzara la suspensión, a mantener el efecto suspensivo inherente a la interposición del recurso.