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1. Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el 31 de octubre de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, promovió, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, y de la providencia de 10 de octubre de 2019, respecto del acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite una propuesta de resolución “de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octubre”, cuyo apartado 11 contiene un inciso en el que literalmente se señala: “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas […] la reprobación de la Monarquía” y el acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios. De acuerdo con la argumentación contenida en el referido escrito, el apartado 11 de la propuesta de resolución admitida a trámite incumple o contraviene los pronunciamientos de la citada sentencia constitucional y de la providencia dictada en el incidente de ejecución anterior, razón por la cual lo hacen también los dos acuerdos impugnados.

2. El Pleno, por providencia de 5 de noviembre de 2019, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 267, de 6 de noviembre, acordó:

“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, en relación con los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por los que se admite una moción cuyo apartado 11 contiene el inciso en el que literalmente se señala ‘por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas […] la reprobación de la Monarquía’ y el de 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios, por contravención de la STC 98/2019.

2. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en cuanto han calificado y admitido a trámite el inciso indicado del apartado 11 de la referida propuesta de resolución.

3. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la presente resolución al Sr. Presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, al Sr. Secretario General don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

4. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.

5. Al amparo del artículo 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para que en el plazo de tres días remita a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa de 22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo de la mesa, y el acta de la mesa de 29 de octubre, informes si existen, y resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario PPC.

6. Una vez recibidos los documentos solicitados, se dará traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su presidente, para que en el plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las alegaciones que estimen procedentes.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el ‘Boletín Oficial del Estado’”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documentación recibida constan las diligencias de notificación y requerimiento realizadas por el servicio de actos de comunicación civil el día 6 de noviembre de 2019 en la sede del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló, que se negó a recibir la comunicación, y los intentos infructuosos realizados por el servicio de actos de comunicación y por agentes de la policía autonómica para notificar la providencia a don Eusebi Campdepadrós i Pucurull en su domicilio y en la sede del Parlamento de Cataluña los días 8, 11 y 12 de noviembre.

4. El día 11 de noviembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de súplica contra la providencia de 5 de noviembre de 2019.

5. El mismo día 11 de noviembre de 2019, el mismo procurador, actuando en representación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia.

1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 5 de noviembre de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación formulando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, y la providencia de 10 de octubre, en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite una propuesta de resolución “de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octubre”, cuyo apartado 11 contiene un inciso en el que literalmente se señala: “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas […] la reprobación de la Monarquía” y el acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios. Uno, en representación de don Josep Costa i Roselló, vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa. Y otro en representación de treinta y dos diputados del Parlamento de Cataluña, en su condición de tales.

El objeto de esta resolución es resolver sobre la intervención de los recurrentes y sobre la admisión de los recursos de súplica interpuestos. Es, por tanto, un objeto análogo al de los cinco autos dictados el pasado día 12 de noviembre en relación con sendos incidentes de ejecución similares, presentados por el abogado del Estado contra las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII, si bien la decisión será diferente, pues diferentes son también las circunstancias concurrentes.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del incidente de ejecución, han sido requeridos personalmente como miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para que cumplan la providencia de 5 de noviembre de 2019, y son además destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para que en la resolución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los acuerdos impugnados, sean nuevamente requeridos para cumplir esa resolución del Tribunal, con apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. En tal medida, se han visto directamente implicados en este incidente y su resultado podrá además afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. Procede, en consecuencia, admitir su intervención, si bien a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular (en similares términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 30 de enero). En esto no hay diferencia con los autos del pasado 12 de noviembre.

Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por ambos legitimados. De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia recurrida a los interesados se practicó a partir del día 6 de noviembre, que es el mismo día de la publicación oficial de la providencia en el “Boletín Oficial del Estado”, el plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 7 de noviembre.

En consecuencia, el recurso de súplica interpuesto el día 11 de noviembre se ha presentado dentro de plazo, por lo que procede su admisión, dando traslado del mismo a las partes y al Ministerio Fiscal para que puedan formular alegaciones dentro del plazo común de tres días (art. 93.2 LOTC).

3. Por lo que respecta a los treinta y dos diputados que han presentado el segundo recurso de súplica, el incidente de ejecución que ahora nos ocupa tiene por objeto, no una resolución definitiva del Parlamento, sino un acuerdo de la mesa que admite a trámite para su sustanciación una propuesta de resolución presentada, entre otros, por esos mismos diputados. Por lo tanto, sus derechos e intereses legítimos pueden entenderse afectados como consecuencia de la suspensión acordada en la providencia recurrida por la aplicación del art. 161.2 CE; pueden verse igualmente afectados por la resolución que en su día se dicte (en sentido similar, ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2).

En consecuencia, procede admitir su intervención, si bien, como en el caso anterior, a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.

El plazo de tres días para recurrir en súplica (art. 93.2 LOTC) comenzó a correr el día siguiente al de la publicación de la providencia de 5 de noviembre de 2019 en el “Boletín Oficial del Estado” (6 de noviembre). Por lo tanto, el recurso de estos diputados, presentado en este Tribunal el día 11 de noviembre está también dentro de plazo y debe ser igualmente admitido a trámite, con traslado del mismo a las partes y al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, para que puedan formular alegaciones dentro del plazo común de tres días.