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1. Por escrito que tiene entrada en el Registro General el 17 de mayo de 1985, la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de don Juan Antonio Gil Baeza y otros, interpone recurso de amparo contra la Sentencia de 26 de marzo de 1985 del Tribunal Central de Trabajo, que revocó la dictada por la Magistratura de Trabajo núm. 3 de Sevilla en autos 2.238/1983.

Alegan los recurrentes que la mencionada Sentencia vulnera el art. 14 de la Constitución al considerar no discriminatoria la cláusula del Acuerdo de Revisión del Convenio colectivo del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla de 26 de abril de 1982, que extiende a todo el personal que no percibiese plus tóxico o similar el complemento del 20 por 100 del salario base en 14 pagas, excluyendo, por lo tanto, a los que cobran dicho plus. En consecuencia, solicitan de este Tribunal que se declare la nulidad de dicha Sentencia y confirme en todos sus términos la de 9 de abril de 1984 de la Magistratura núm. 3 de Sevilla.

2. Por providencia de 26 de junio de 1985, la Sección Primera de la Sala Primera de este Tribunal acuerda, de conformidad con lo establecido en el art. 50 de la Ley Orgánica del mismo (LOTC), conceder un plazo común de diez días a los recurrentes y al Ministerio Fiscal, a fin de que aleguen lo que estimen pertinente en relación con la posible causa de inadmisión prevista en el art. 50.2 b) de la LOTC, consistente en carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional.

3. El Ministerio Fiscal, en escrito de 11 de julio de 1985, interesa la inadmisión del recurso por estimar que el Convenio firmado el 26 de abril de 1982, 31 crear un beneficio o mejora para aquellos trabajadores que no estaban percibiendo el plus tóxico o similar, no disminuyó en modo alguno los ingresos de quiénes ya venían percibiendo dicho plus y no es razonable entender que ello produjera discriminación. A su juicio, la revocación de la Sentencia de la Magistratura de Trabajo por el Tribunal Central no supone, en consecuencia, discriminación alguna, siendo una mera cuestión de legalidad cuyo conocimiento escapa a la competencia del Tribunal Constitucional.

4. Los recurrentes, en escrito presentado el 13 de julio de 1985, insisten en el carácter discriminatorio de la cláusula del Convenio colectivo, que fue reconocido por la Sentencia de la Magistratura de Trabajo, y en que el Tribunal Central, al revocar aquélla, avala la práctica discriminatoria del empleador y vulnera así el art. 14 de la Constitución.

5. Por providencia de 5 de febrero de 1986, la Sección acuerda, con carácter previo a decidir sobre la admisión o no a trámite del recurso, requerir a los recurrentes, a fin de que presenten copia del mencionado Acuerdo de Revisión del Convenio colectivo del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

6. Por escrito de 21 de febrero siguiente, los recurrentes aportan la copia interesada, declarando que la cuestión debatida se contrae a los años 1982 y 1983, pues en el nuevo Convenio colectivo aprobado en 1984, cuya copia se adjunta, se recoge por fin en su art. 23 la tesis por ellos mantenida, al establecer que el plus convenio se abonará a todos los trabajadores, y se determina claramente en el art. 28.2 que la descalificación de un puesto de trabajo como tóxico, penoso, insalubre o peligroso necesitará el previo dictamen del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.

7. Por providencia de 23 de abril de 1986, la Sección acuerda dar traslado de los documentos recibidos al Ministerio Fiscal y a los recurrentes, a fin de que, dentro del plazo de diez días, aleguen lo que estimen pertinente en relación con la posible concurrencia de la causa de inadmisión puesta de manifiesto en la providencia de 26 de junio de 1985.

8. Por escrito de 14 de mayo de 1986, los recurrentes reiteran las alegaciones contenidas en su escrito de 11 de julio de 1985.

A su vez, el Ministerio Fiscal, en escrito de la misma fecha, manifiesta que las aplicaciones del llamado plus de convenio a los trabajadores que no venían percibiendo el plus de toxicidad en los Convenios de 1982 y 1983 parecen suponer, en principio, un tratamiento distinto de situaciones iguales, que no encuentra justificación razonable, por lo que, sin perjuicio del informe que pueda emitirse a la vista de todas las actuaciones, no se opone en este trámite a la admisión de la demanda de amparo.

9. Por Auto de 23 de julio de 1986, la Sección acuerda la admisión del recurso de amparo registrado bajo el núm. 450/1985, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí. Asimismo, acuerda que se requiera a la Magistratura de Trabajo núm. 3 de Sevilla y al Tribunal Central de Trabajo, a fin de que remitan las actuaciones, o testimonio de ellas, relativas a los autos 2.238/1983 y al recurso de suplicación núm. 1.707/1984, respectivamente, debiendo emplazar dichas autoridades judiciales a quiénes fueron parte en los mencionados procedimientos, con excepción de los recurrentes en amparo, ya personados, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en este proceso constitucional.

10. Por providencia de 8 de octubre de 1986, la Sección acuerda tener por recibidas las actuaciones judiciales previas, tener por recibido el escrito del Procurador de los Tribunales don Leopoldo Puig Pérez de Inestrosa y al mismo por personado y parte en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, y, en virtud de lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC, dar vista de las presente actuaciones y de las remitidas por los órganos judiciales al Ministerio Fiscal y a las partes del proceso de amparo, para que en el plazo común de veinte días formulen las alegaciones que estimen pertinentes.

11. Con fecha 3 de noviembre de 1986 se recibe escrito de la Procuradora dona Rosina Montes Agustí en nombre de los demandantes, en el que declara que se ratifica en el contenido de sus escritos anteriores a efectos de lo prevenido en la providencia anterior.

12. En escrito de 5 de noviembre de 1986, la representación del Ayuntamiento de Sevilla alega, en primer término, que el Tribunal Constitucional ha resuelto ya, mediante Auto de 15 de enero de 1986 de la Sala Primera (recurso núm. 950/1985), un recurso idéntico al que ahora se plantea, interpuesto por otro grupo de trabajadores del mismo Ayuntamiento, aduciendo que, con independencia de que ello se considere o no «cosa juzgada», la doctrina de esa resolución es plenamente aplicable a este caso.

En segundo lugar, pone de relieve que el asunto reviste una extraordinaria importancia económica y cuantitativa, silenciada por los recurrentes, como lo demuestra el gran número de Sentencias que en instancia y en suplicación se han dictado sobre el mismo, imponiéndose a la postre el criterio sostenido en la resolución que ahora se impugna y en otras muchas del mismo órgano judicial. Tras ello aduce que en la entidad empleadora se había generalizado la aplicación de un denominado «plus tóxico» a la mayoría de los trabajadores, con independencia del tipo de trabajo que realizaban o del puesto de trabajo que desempeñaban, y que con el Convenio ahora controvertido se intentó racionalizar la situación anterior y evitar la discriminación de la minoría de trabajadores que no había accedido a dicho complemento, creando a tal efecto un plus aplicable a todos sin distinción, y reservando el auténtico «plus tóxico» a quiénes efectivamente realizaran un trabajo de esas características. En cuanto a la cuestión planteada en el recurso, que, a su juicio, ha de centrarse en la alegada discriminación y ha de prescindir de todas las alegaciones que se circunscriben a la legalidad ordinaria, como la que se refiere a la naturaleza jurídica del plus, manifiesta que procede traer a colación la doctrina del Auto de 15 de enero de 1986, en el que se hace ver que la aplicación generalizada del «plus convenio» mejora el nivel retributivo de todos los trabajadores y no supone discriminación alguna, puesto que no se suprime el «plus tóxico», sino que se sujeta a la calificación de cada puesto de trabajo. El establecimiento de un nuevo plus del 20 por 100 -señala- y su asignación a quiénes no lo disfrutaban antes no es discriminatorio, pues anuda consecuencias distintas a situaciones distintas, reconociendo al mismo tiempo legitimas diferencias a quiénes realmente realicen trabajos tóxicos. Por el contrario, si se estimara la pretensión de los actores se perpetuaría la situación de discriminación de quiénes hasta ahora no percibían «plus tóxico» respecto de quiénes, sin realizar labores tóxicas, sí lo perciben en función de la generalizada aplicación que dicho complemento había experimentado en los años anteriores. En definitiva, dicha representación insiste en que el nuevo convenio tenía por objeto racionalizar la anómala situación anterior e igualar en la cuantía salarial a todos los trabajadores, reservando un auténtico plus tóxico para los que, tras la correspondiente valoración, realizaran efectivamente labores tóxicas. Por todo ello, solicita que se tengan por presentadas las copias que acompaña y que se deniegue el amparo.

13. Con fecha 6 de noviembre de 1986, el Ministerio Fiscal, tras una detenida exposición de los antecedentes y del proceso negociador que desembocó en el Convenio colectivo que dió origen a la reclamación de los actores, y tras la exposición de las cláusulas más relevantes del mismo, pone de relieve que la cuestión quedó fijada en el proceso judicial previo y se reduce a la reclamación efectuada por determinados trabajadores que se sentían agraviados al no habérseles asignado el «plus convenio» por el mero hecho de venir cobrando el «plus tóxico». A juicio del Ministerio Fiscal, dicho «plus convenio» no encuentra su justificación en características especiales concurrentes en determinados trabajadores o puestos de trabajo, sino que se establece sin una explicación concreta y por ello, en principio, debe entenderse aplicable a todos los trabajadores, quedando reservado el «plus tóxico» para los que realicen labores que resulten susceptibles de contagio o toxicidad. Así pues, entiende que la limitación del «plus convenio» a quiénes no percibían el «plus tóxico» privó a los demandantes de un beneficio sin justificación, discriminándolos frente a los restantes, sin que haya datos para entender que en realidad el «plus convenio» se introdujo para todos los trabajadores y únicamente lo que se quiso fue suprimir el «plus tóxico»; por el contrario, ha de entenderse que este «plus» se iba a mantener en el futuro, ya que los acuerdos firmados en tal sentido aludían expresamente a ese complemento y preveían diversas medidas para su revisión o supresión y para estudiar el problema de la seguridad e higiene. De ahí -concluye- que, si el «plus convenio» se aplica, sin justificación alguna, a unos trabajadores y no a otros, haya de estimarse discriminatorio y lesivo del art. 14 de la Constitución, de acuerdo con la interpretación que del mismo ofrece la STC 162/1985;1O cual significa que el Tribunal Central de Trabajo, al aplicar aquellos Acuerdos que establecían el «plus convenio», también ha vulnerado el citado precepto constitucional. Por todo ello el Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo.

14. Por providencia de 12 de septiembre de 1988, la Sala acuerda señalar el día 26 siguiente para deliberación y votación de la presente Sentencia.

1. El presente recurso de amparo se dirige en primer término contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 26 de marzo de 1985, que revocó la resolución judicial de instancia y confirmó la validez del Acuerdo de 26 de abril de 1982, por el que se revisaba, con efectos de 1 de enero del mismo año, el Convenio colectivo que regulaba las relaciones de trabajo en el Ayuntamiento de Sevilla desde 1980. Pero también va dirigido, siquiera sea materialmente, contra el citado Acuerdo de revisión (y contra el Acuerdo colectivo de 1983, que renovó la vigencia del anterior para ese año), puesto que en él tiene su origen la discriminación que ahora se quiere combatir. Los demandantes de amparo consideran que tanto aquella Sentencia como este Acuerdo son contrarios al art. 14 de la Constitución: el Acuerdo, por causarles discriminación en materia salarial respecto del resto de los trabajadores de la empresa, y la Sentencia, por no reparar dicha discriminación.

2. De la relación de hechos probados incluida en la Sentencia impugnada se deduce que los demandantes, que trabajaban en el Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Sevilla, percibían un plus de toxicidad o peligrosidad del 20 por 100 del salario base en virtud del Convenio colectivo de 1980 («plus tóxico»); que ese plus lo percibían también otros muchos trabajadores de la citada entidad, aun sin realizar un trabajo de esas características, puesto que se les había concedido tiempo atrás como una forma indirecta de aumentar sus retribuciones; que el Acuerdo colectivo de 26 de abril de 1982 (renovado luego por un Acuerdo de 1983) creó un denominado «plus convenio» en favor de aquellos trabajadores (300, de los 2.000 que componían la plantilla de la empresa) que no percibían aun el citado «plus tóxico» u otro similar, para igualar su salario al de los restantes; que en la negociación de dicho Acuerdo la parte social aceptó que el incremento salarial global de un 11 por 100, previamente solicitado, quedara reducido a un 9 por 100, dedicándose la masa sobrante al establecimiento del denominado «plus convenio»; que desde el citado Acuerdo, en la nómina de los actuales demandantes, figuró un concepto salarial denominado «plus tóxico o de convenio», que sustituiría al antiguo «plus tóxico»; y que, aunque los actores en el proceso laboral previo eran sólo 25, la cuestión debatida afectaba en realidad a 1.700 trabajadores de aquella entidad, justamente los que ya venían percibiendo un plus equivalente en su cuantía al «plus convenio» creado en 1982.

Los actuales demandantes de amparo consideran que el establecimiento de ese «plus convenio» les causa discriminación, puesto que, al venir percibiendo anteriormente un «plus tóxico» de la misma cuantía, no se encuentran entre los beneficiarios del mismo y, por lo tanto, sus salarios no han experimentado el incremento del 20 por 100 que se ha concedido a otros trabajadores de la empresa. De ahí que plantearan la consiguiente reclamación salarial ante la jurisdicción laboral, impugnando de esa forma, siquiera sea indirectamente, el referido Acuerdo colectivo. Esta misma tesis es defendida por el Ministerio Fiscal, el cual entiende que el «plus convenio» se aplica selectivamente y sin justificación alguna, provocando una diferencia de trato en materia salarial que es discriminatoria. Distinta es la posición del Ayuntamiento de Sevilla, que figura en este proceso como parte demandada, pues alega que la creación del «plus convenio» no fue más que una medida de racionalización de la estructura salarial en la empresa, a fin de igualar la retribución de todos los trabajadores y de acabar con diferencias salariales que se habían consolidado con el paso del tiempo y que carecían de toda justificación.

3. De lo anteriormente expuesto se desprende que la lesión que alegan los demandantes de amparo tiene su origen en el Acuerdo colectivo de 1982, sin perjuicio de que también pudiera haber incurrido en ella la Sentencia impugnada, al estimar el recurso de suplicación presentado por el Ayuntamiento de Sevilla frente a la resolución de instancia y, en consecuencia, confirmar la validez del pacto alcanzado en la empresa. En este sentido, la impugnación de esa Sentencia no es más que un paso obligado para plantear ante este Tribunal la discriminación que los demandantes dicen haber sufrido a resultas de aquel Acuerdo colectivo. De ahí que sea preciso plantearse, con carácter previo, si el recurso de amparo es un medio adecuado para el control de unas reglas que, como las que aquí se discuten, tienen su origen en el derecho a la negociación colectiva.

En principio, y como ya ha declarado este Tribunal, el recurso de amparo no es un instrumento adecuado para pronunciarse sobre la licitud del Convenio colectivo, no sólo por el reparto de funciones que la Constitución establece entre los órganos judiciales y la justicia constitucional, sino también porque el amparo sólo puede promoverse en relación con actuaciones concretas de los poderes públicos -disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho- que vulneren los derechos fundamentales de los afectados, como se deduce de los arts. 41 y siguientes de la Ley Orgánica de este Tribunal, lo cual excluye necesariamente la posibilidad de que a través de esa vía procesal se inste un control abstracto y directo del Convenio colectivo.

Pero ello no significa que este Convenio quede totalmente al margen del recurso de amparo. No cabe duda de que el Convenio colectivo, como otros actos privados -a los que en principio, y sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se efectúen, ha de asimilarse-, puede lesionar los derechos fundamentales, y de que en ese momento se habrá cumplido la primera condición para impetrar el amparo. Es cierto, que ello no basta para acudir a este especial mecanismo de garantía, por las exigencias procesales que la Ley Orgánica de este Tribunal impone; pero también lo es que el afectado por esa lesión podrá acudir a los Tribunales ordinarios para que la reparen, y que, en el caso de que su demanda le sea denegada, podrá ejercitar la correspondiente acción de amparo, una vez cumplido el trámite previsto en el art. 44 de la citada Ley Orgánica (SSTC 6/1988, de 21 de enero, y 51/1988, de 22 de marzo). El recurso de amparo, en definitiva, no puede excluirse cuando se trata de reaccionar frente a actos de los poderes públicos que, pese a su eventual contradicción con la Constitución, apliquen un Convenio colectivo o le reconozcan validez en puntos que se opongan a ésta (ATC 643/1986, de 23 de julio); no es dicho recurso, indudablemente, un remedio procesal contra el Convenio, pero la legitimidad constitucional de éste incide en la legitimidad del acto de los poderes públicos que formalmente se impugna (STC 95/1985, de 29 de julio).

4. Procede, por consiguiente, entrar en el análisis de la lesión que los demandantes dicen haber sufrido en su derecho a la igualdad y no discriminación. Ello obliga, en primer término, a dilucidar si el derecho reconocido en el art. 14 de la Constitución vincula al Convenio colectivo y, en caso afirmativo, en qué medida o con qué alcance se manifiesta dicha vinculación.

Ciertamente, el art. 53.1 del Texto constitucional tan sólo establece de manera expresa que los derechos fundamentales vinculan a los poderes públicos, pero ello no implica una exclusión absoluta de otros posibles destinatarios, dado que, como señala la STC 18/1984 (fundamento jurídico 6.º) «en un Estado social de Derecho no puede sostenerse con carácter general que el titular de tales derechos no lo sea en la vida social». De aquí que este Tribunal haya reconocido que los actos privados puedan lesionar los derechos fundamentales y que en estos supuestos los interesados pueden acceder a la vía de amparo si no obtienen la debida protección de los Jueces y Tribunales a los que el ordenamiento encomienda la tutela general de los mismos. Las relaciones entre particulares, si bien con ciertas matizaciones, no quedan, pues, excluidas del ámbito de aplicación del principio de igualdad, y la autonomía de las partes ha de respetar tanto el principio constitucional de no discriminación como aquellas reglas, de rango constitucional u ordinario, de las que se derive la necesidad de igualdad de trato. No cabe olvidar que el art. 1.1 C.E. propugna entre los valores superiores del ordenamiento jurídico la igualdad, y que el 9.2 encomienda a todos los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

Todo ello resulta aplicable al Convenio colectivo. Mucho más si se tiene en cuenta que en el ordenamiento español, a diferencia de lo que ocurre en otros paises de nuestro entorno, dicho Convenio, al menos en la más importante de sus manifestaciones, alcanza una relevancia cuasi-pública, no sólo porque se negocia por entes o sujetos dotados de representación institucional y a los que la ley encarga especificamente esa función, sino también porque una vez negociado adquiere eficacia normativa, se incardina en el sistema de fuentes del Derecho y se impone a las relaciones de trabajo incluidas en su ámbito sin precisar el auxilio de técnicas de contractualización ni necesitar el complemento de voluntades individuales (STC 58/1985, fundamento jurídico 3.º). El Convenio colectivo, en cuanto tiene valor normativo y se inscribe en el sistema de fuentes, ha de someterse a las normas de mayor rango jerárquico y ha de respetar el cuadro de derechos fundamentales acogidos en nuestra Constitución (ATC 643/1986, de 23 de julio) y, en concreto, las exigencias indeclinables del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Ahora bien, el principio reconocido en el art. 14 de la Constitución, reflejado luego, aunque con matices propios, en la propia legislación laboral (arts. 4 y 17 del Estatuto de los Trabajadores), no puede tener aquí el mismo alcance que en otros contextos. No es ya que el principio de igualdad no se oponga a toda diferencia de trato, como en general ocurre. Ha de tenerse en cuenta también, como en otras ocasiones ha puesto de manifiesto este Tribunal, que en el ámbito de las relaciones privadas, en el que, sin perjuicio de las consideraciones anteriores, el Convenio colectivo se incardina, los derechos fundamentales y, entre ellos, el principio de igualdad, han de aplicarse matizadamente, pues han de hacerse compatibles con otros valores o parámetros que tienen su último origen en el principio de la autonomía de la voluntad, y que se manifiestan a través de los derechos y deberes que nacen de la relación contractual creada por las partes o de la correspondiente situación jurídica.

El principio de autonomía colectiva implica ya una primera limitación, global y genírica, del principio de igualdad, en la medida en que da paso al establecimiento de regulaciones diferenciadas en razón de la empresa, del sector o de cualquier otro ámbito territorial y funcional apropiado y legitimo para la negociación de condiciones de trabajo. El Convenio colectivo es por definición una norma «sectorial», por lo que la diferenciación por sectores productivos es prácticamente inseparable de la noción de negociación colectiva (ATC 643/1986, de 23 de julio).

Pero, además, el derecho a la negociación colectiva lleva consigo que las partes puedan establecer, dentro del ámbito territorial y funcional correspondiente, y siempre dentro del marco legal y constitucional, las diferencias de regulación o de trato que consideren convenientes o adecuadas en razón de los respectivos intereses, pues sólo así se hará efectiva la capacidad reconocida por la ley a trabajadores y empresarios para regular