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1. Por escrito presentado ante el Juzgado de guardia el 11 de noviembre de 1998 y registrado en este Tribunal el 13 de noviembre siguiente, don Juan José Buján Antelo formuló demanda de amparo contra la Sentencia de la que se hace mérito en el encabezamiento.

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, en síntesis, los siguientes:

a) El 17 de agosto de 1997, a las 7:30 horas, una patrulla de policía observó la conducción claramente inadecuada del recurrente, por lo que le paró y pidió que realizara la prueba de alcoholemia con apercibimiento de que, de no hacerlo, incurriría en el delito del art. 380 CP. El recurrente aceptó someterse a la prueba y por ello fue conducido a dependencias municipales. Ya en ellas, sin embargo, se negó a verificar la prueba.

b) Por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Vigo de fecha 17 de marzo de 1998, el recurrente fue condenado en primera instancia por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (art. 379 CP), siendo absuelto del delito de desobediencia por no aceptar someterse a la prueba de alcoholemia, ya que no consta que los agentes de policía le reiteraran que dicha negativa podría ser castigada como delito de desobediencia.

c) El Juzgado sostuvo que no existían pruebas del elemento subjetivo del delito del art. 380 CP, por cuanto éste exige conocimiento y voluntad de desobedecer la orden de la autoridad, y para ello es preciso que se reitere la orden, con apercibimiento de que la negativa puede dar lugar a delito. Entiende el Juzgado que de las pruebas resulta que en las dependencias municipales no se le apercibió nuevamente de que la negativa podía dar lugar al delito, de forma que ello, unido al estado de embriaguez del sujeto, y al hecho de que no consta, de las declaraciones de los agentes, más que una sola lectura de derechos, y puesto que el acusado y su acompañante rechazan que hubiese una nueva lectura, es suficiente a los efectos de considerar que no existía una voluntad clara e inequívoca de desobediencia.

d) Recurrida la Sentencia por el Ministerio Fiscal, la Audiencia Provincial de Pontevedra, previa modificación de los hechos probados, condena al recurrente también por el delito de desobediencia del art. 380 CP, con la concurrencia de la atenuante del núm. 2 del art. 21 CP, en relación con el art. 20 núm. 2 del mismo Código, a la pena de seis meses de privación de libertad y al pago de las costas procesales de la primera instancia. Argumenta la Audiencia que las declaraciones de los policías en el juicio oral son inequívocas en el sentido de que también en las dependencias municipales fue advertido el recurrente de que la negativa daba lugar al delito de desobediencia, realizándose, además, una segunda lectura de la hoja de derechos en la que se contenía expresamente la redacción literal del art. 380 CP.

3. El recurrente de amparo considera, en primer lugar, que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, en la medida en que no existió prueba de cargo sólida sobre el elemento subjetivo del delito que avale el cambio en los hechos probados y la condena por el delito de desobediencia del art. 380 CP. Afirma, por una parte, que no consta documentalmente que se le volviera a apercibir de los efectos jurídicos de su negativa a realizar la prueba en la comisaría y, por otra, que no puede darse un valor probatorio distinto en apelación a las declaraciones de los policías realizadas en el juicio oral, que el Juzgado de instancia, gozando de la inmediación, valoró en sentido contrario. Por último, entiende que se trata de un único indicio -la declaración policial- que no es suficiente a los efectos de las garantías exigidas por la jurisprudencia constitucional.

En segundo lugar, el recurrente alega una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por inexistencia de razonamiento lógico al inferir de las pruebas los hechos probados.

En tercer lugar, se invoca el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), por subsunción arbitraria de los hechos en el delito de desobediencia del art. 380 CP, y por arbitrariedad en la no aplicación del concurso de leyes, en relación de consunción entre el art. 380 y el art. 379 CP, pues, dado que el primero protege el principio de autoridad y la seguridad en el tráfico y el segundo sólo la seguridad del tráfico, debería entenderse que el primero subsume el desvalor del segundo.

4. Mediante otrosí interesa el recurrente la apertura de pieza separada de suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada, al amparo del art. 56 LOTC.

5. Por providencia, de 5 de octubre de 1999, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigió comunicación a los órganos judiciales que actuaron en la vía previa para que remitieran certificación adverada de las actuaciones y emplazaran a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto al recurrente en amparo, a fin de que en el término de diez días pudieran comparecer en este proceso y formular las alegaciones que estimaren oportunas.

En la misma fecha en la que se acordó la admisión de la demanda, la Sección Segunda ordenó la formación de pieza separada para tramitar la suspensión de la ejecución de la Sentencia recurrida en amparo; suspensión que fue solicitada por los demandantes de amparo y a la que no se opuso el Ministerio Fiscal, accediendo la Sala Segunda del Tribunal a tal suspensión por Auto de 28 de febrero de 2000.

6. Mediante diligencia de 30 de marzo de 2000, la Sala Segunda acordó dar vista de las actuaciones recibidas, por un plazo común de veinte días, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con el art. 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones pertinentes.

7. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 28 de abril de 2000, la representación del recurrente dio por reproducidas las alegaciones formuladas en la demanda.

8. Las alegaciones del Ministerio Fiscal tuvieron entrada en el Registro de este Tribunal el día 3 de mayo de 2000. En ellas, tras resumir los antecedentes y fundamentos de la demanda de amparo, considera, en primer lugar que, tal y como entendió la Sentencia dictada en apelación, el acusado fue advertido en más de una ocasión de que su negativa a someterse a la prueba de alcoholemia podía constituir delito de desobediencia. La Sala alude -dice el Fiscal-, a la declaración en el plenario de los dos agentes de policía, según la cual, tal y como consta en acta, un agente declaró haberle leído íntegramente, en dependencias policiales, la hoja informativa de sus derechos, donde se incluye la redacción literal del art. 380 CP, preguntándole si lo entendía, así como reiterando la advertencia de poder incurrir en delito de desobediencia, a lo que el recurrente había contestado afirmativamente; el otro agente declaró en idéntico sentido. El Ministerio Fiscal concluye que hubo, por tanto, prueba directa de cargo practicada en el plenario -y no indiciaria como mantiene el recurrente-, a saber, el testimonio de los agentes policiales, que fue valorado por la Sala de forma diferente al Juzgador de primera instancia, entendiendo ésta última acreditada la reiteración de la advertencia de poder incurrir en delito de desobediencia.

En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, el Ministerio Fiscal entiende que la subsunción de los hechos en el precepto penal no puede tildarse de errónea pues el delito por el que ha sido condenado el recurrente se basa en el requerimiento por los agentes de la autoridad y en la negativa al sometimiento de la prueba, hechos acreditados y no negados.

Por lo que se refiere a las alegaciones del recurrente relativas a la legalidad penal, el representante del Ministerio Fiscal insiste sobre la falta de invocación en el proceso subyacente de este motivo de amparo, por lo que el principio de subsidiariedad no se habría respetado, además de que el recurrente plantea una mera discrepancia con la apreciación de la existencia del concurso de delitos, planteando ahora ex novo que se trata de un concurso de leyes, cuestión ajena, a su juicio, al derecho fundamental invocado, por cuanto ni se han considerado delictivos supuestos de hecho no previstos en el Código penal como delitos, ni se han aplicado penas inexistentes.

Por ello solicita el Ministerio Fiscal que se deniegue el amparo solicitado.

9. Por providencia de 24 de octubre de 2002, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.

1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 28 de septiembre de 1998, que revocó parcialmente la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Vigo, que había condenado al solicitante de amparo por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, absolviéndole del delito de desobediencia por el que venía siendo acusado. La Sentencia de apelación ahora recurrida, sin embargo, le condenó también por el segundo delito.

Sobre la base de los hechos descritos en los antecedentes, el recurrente denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por inexistencia de prueba de cargo sólida al existir un único indicio -la declaración policial- insuficiente para condenarle por el delito de desobediencia del art. 380 CP, así como por el valor probatorio distinto dado en apelación a las declaraciones de los policías realizadas en el juicio oral, que el Juzgado de instancia, gozando de la inmediación, valoró en sentido contrario. El recurrente alega además la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por inexistencia de razonamiento lógico al inferir de las pruebas los hechos probados, así como del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), por subsunción arbitraria de los hechos en el delito de desobediencia del art. 380 CP, y por arbitrariedad en la no aplicación del concurso de leyes, en relación de consunción entre el art. 380 y el art. 379 CP.

Por su parte, el Ministerio Fiscal pide que se deniegue el amparo solicitado por considerar que el acusado fue advertido en más de una ocasión de que su negativa a someterse a la prueba de alcoholemia podía constituir delito de desobediencia, concluyendo por tanto en la existencia de prueba directa de cargo practicada en el plenario. En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, entiende que la subsunción de los hechos en el precepto penal no puede tildarse de errónea y, por lo que se refiere a las alegaciones del recurrente relativas a la legalidad penal, insiste sobre la falta de invocación en el proceso subyacente de este motivo de amparo y su carencia de contenido.

2. Bajo la invocación del derecho a la presunción de inocencia denuncia el demandante de amparo que la Sentencia impugnada fundamenta su condena en una nueva valoración de la prueba, al haber procedido la Audiencia Provincial a revisar y corregir la valoración motivada y razonada que de las declaraciones de los policías en el juicio oral había efectuado el Juzgado de lo Penal, sin respetar los principios de inmediación y contradicción. En este sentido conviene precisar que la referida alegación constituiría, en su caso, una vulneración de las garantías de inmediación, contradicción y oralidad que afectaría, en primer término, al derecho a un proceso con todas las garantías, y sólo de forma derivada al derecho a la presunción de inocencia, en la medida en que las pruebas en que se sustenta la condena no se hayan practicado con la suficiente garantía. El recurrente en amparo concluye afirmando que la Audiencia Provincial se ha excedido del ejercicio de sus funciones, ya que en modo alguno al Tribunal de apelación le está permitido sustituir la actividad soberana del órgano judicial de instancia en cuanto a la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio.

La cuestión central planteada en la demanda de amparo consiste, pues, en determinar si en este caso el órgano de apelación podía proceder a revisar y corregir la valoración y ponderación que el órgano judicial de instancia había efectuado de las declaraciones de los policías, sin verse limitado por los principios de inmediación y contradicción. Se trata, como en la STC 167/2002, de 18 de septiembre de 2002, FFJJ 9 a 11, de determinar si en el contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), entre las que se integra la exigencia de inmediación y contradicción, puede encontrarse un límite para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación, y si tal posible límite se ha respetado en este caso, adaptando estrictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto a la que ahora nos ocupa, a las exigencias del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas, de 4 de noviembre de 1950, y más en concreto a las del art. 6.1 del mismo, según ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ateniéndonos así al criterio interpretativo establecido en el art. 10.2 CE.

3. Desde su Sentencia de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia- , cuya doctrina se consolida en otros pronunciamientos más recientes (SSTEDH 8 de febrero de 2000 -caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino-; 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu contra Rumania-, y 25 de julio de 2000 - caso Tierce y otros contra San Marino), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene declarado, en relación con demandas promovidas por infracción del art. 6.1 del Convenio como consecuencia de haberse fallado la apelación de una causa penal sin que se hubiese celebrado en esa fase audiencia o vista pública, como en el presente caso en el que se dictó además una Sentencia absolutoria en la primera instancia, que fue revocada en la apelación y sustituida por una Sentencia condenatoria, que el proceso penal constituye un todo, y que el Estado que organiza Tribunales de apelación tiene el deber de asegurar a los justiciables, a este respecto, las garantías fundamentales del art. 6.1 CEDH.

Es necesario, para ello, examinar el papel que ha de desempeñar la jurisdicción de apelación y la manera en la que los intereses del demandante han sido realmente expuestos y protegidos ante el Tribunal a la vista de las cuestiones que éste tiene que juzgar. Ahora bien, incluso cuando el Tribunal de apelación esté investido de plenitud de jurisdicción, tal circunstancia no implica siempre, en aplicación del art. 6 del Convenio, el derecho a una audiencia pública en segunda instancia, independientemente de la naturaleza de las cuestiones a juzgar. La ausencia de vista o debates públicos en segunda o tercera instancia puede justificarse por las características del procedimiento de que se trate, con tal que se hayan celebrado en la primera instancia.

Sin embargo, cuando el Tribunal de apelación haya de conocer tanto de cuestiones de hecho como de Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal, precisando en ese supuesto que, tras el pronunciamiento absolutorio en primera instancia, el acusado debía ser oído por el Tribunal de apelación, especialmente habida cuenta de que fue el primero en condenarle en el marco de un procedimiento dirigido a resolver sobre una acusación en materia penal (STEDH de 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu contra Rumania, §§ 54 y 55, 58 y 59). Esta doctrina se reitera en la STEDH de 25 de julio de 2000 - caso Tierce y otros contra San Marino, §§ 94, 95 y 96- en la que excluye que la ausencia de hechos nuevos sea suficiente para justificar la excepción a la necesidad de debates públicos en apelación en presencia del acusado, debiendo tenerse en cuenta ante todo la naturaleza de las cuestiones sometidas al Juez de apelación.

4. Ateniéndonos a las circunstancias del caso actual, y en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se debe considerar que ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, al haber procedido la Audiencia Provincial a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los testigos, sin respetar los principios de inmediación y contradicción.

El recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro ordenamiento, otorga plenitud de jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (por todas, SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 120/1999, de 28 de junio, FFJJ 3 y 5; ATC 220/1999, de 20 de septiembre). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE.

De acuerdo con la descrita configuración del recurso de apelación, la Audiencia Provincial debía examinar, en el caso ahora considerado, tanto las cuestiones de hecho como las de Derecho planteadas en la apelación y pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del demandante de amparo, absuelto en primera instancia del delito que se le imputaba, habiendo negado en el acto del juicio que hubiera cometido los hechos de los que se le acusaba.

La Audiencia Provincial debía, pues, valorar y ponderar las declaraciones prestadas por los policías y ratificadas ante el Juez de Instrucción, y las declaraciones exculpatorias que realizó el recurrente en el acto del juicio, dependiendo de la valoración y ponderación de tales declaraciones la condena o absolución del demandante de amparo. En tales circunstancias es evidente que, de acuerdo con los criterios antes reseñados, el respeto a los principios de inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, exigía que el Tribunal de apelación hubiera oído personalmente al demandante de amparo, en orden a llevar a cabo aquella valoración y ponderación.

5. Por lo que se refiere al resto de las quejas planteadas por el recurrente, entendemos que no es preciso, a la vista de la conclusión alcanzada, dar una respuesta detallada a cada una de ellas. En efecto, el recurrente invoca la inexistencia de prueba de cargo sólida sobre el elemento subjetivo del delito que avale el cambio en los hechos probados y la condena por el delito de desobediencia del art. 380 CP; alega la vulneración del principio de legalidad, sosteniendo la arbitrariedad tanto de la subsunción de los hechos en el delito de desobediencia del art. 380 CP, como de la no aplicación del concurso de leyes, en relación de consunción entre el art. 380 y el art. 379 CP, al entender que el primero subsume el desvalor del segundo; alega, por último, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por carencia de razonamiento lógico al inferir de las pruebas los hechos probados.

Con distintas alegaciones y por diferentes vías pretende el recurrente demostrar su inocencia invocando para ello múltiples derechos que se reducen, en definitiva, a insistir sobre su desacuerdo con la condena impuesta en segunda instancia por haberse producido, por parte de la Audiencia Provincial, una nueva valoración de las pruebas sin inmediación ni contradicción. Nos limitaremos por tanto a recordar que, según el precedente razonamiento y, teniendo en cuenta que la única prueba con la que enervar la presunción de inocencia era la tan repetida testifical, y si la Audiencia Provincial, por impedírselo los principios de inmediación y contradicción, no podía por sí misma valorar dicha prueba, al no haberse producido ante ella, es visto que su Sentencia condenatoria carece del soporte probatorio preciso para enervar la presunción de inocencia del apelado absuelto, por lo que la Sentencia recurrida en amparo vulnera el derecho fundamental de los demandantes.

Tras la constatación de las referidas vulneraciones del principio de la presunción de inocencia y del derecho a un proceso con todas las garantías, resulta innecesario un pronunciamiento expreso sobre la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la Sentencia condenatoria. Lo mismo cabe decir de la alegada vulneración del principio de legalidad.