Motor de pesquisa de jurisprudência constitucional

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de abril de 1993, la representación procesal de la Compañía Española de Grandes Superficies de Venta, S.A., formuló demanda de amparo contra el Auto de 25 de febrero de 1993, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recaído en el recurso de casación 1.413/92.

2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:

a) Contra la Sentencia, de 10 de febrero de 1992, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, recaída en el rollo de apelación 757/91, procedente del juicio de menor cuantía 68/91 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Granada, la ahora solicitante del amparo preparó recurso de casación, que fue tenido por preparado mediante providencia de 24 de marzo de 1992 de la citada Audiencia.

b) Mediante escrito fechado el 7 de mayo de 1992 la recurrente formalizó o interpuso el recurso de casación que había oportunamente preparado, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, y ésta por Auto de 25 de febrero de 1993, notificado el 15 de marzo de 1993, acordó la inadmisión del recurso, conforme al art. 1.710 1 1ª L.E.C., al no superar el pleito -cuya cuantía se había fijado en la demanda en 4.409.440 pesetas- el límite de los seis millones de pesetas que establece el art. 1.687.1 c) L.E.C., en su redacción tras la Ley 10/1992, aplicable, conforme a su Disposición transitoria segunda, por haberse interpuesto el recurso después de su entrada en vigor.

3. La demanda funda su queja de amparo en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 C.E., que se habría producido al inadmitirse el recurso de casación, en un pleito que, conforme a la legislación vigente al tiempo de su preparación, era susceptible de casación, al superar la cuantía de los tres millones de pesetas entonces exigible. Con ello, el Tribunal Supremo ha optado por la interpretación menos favorable para la viabilidad del recurso, infringiendo el citado derecho constitucional, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos.

Por ello, termina suplicando la declaración de nulidad del Auto recurrido y que se reconozca el derecho de la recurrente a obtener la tutela judicial efectiva, restableciéndole en la integridad de su derecho, a fin de que la Sala Primera del Tribunal Supremo admita a trámite el recurso de casación, por concurrir los requisitos legalmente exigidos.

4. Por providencia de 19 de julio de 1993, la Sección Cuarta acordó admitir a trámite el presente recurso y tener por parte al Procurador comparecido en nombre de la recurrente y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requirió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada y a la Sala Primera del Tribunal Supremo para que remitiesen testimonio del rollo de apelación 757/91, y del recurso 1.413; interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos fueran parte en el proceso judicial antecedente, con excepción del recurrente, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional en el plazo de diez días.

5. Por providencia de 18 de octubre de 1993, se acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas, y dar vista de las mismas al recurrente y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.

6. El Fiscal, en su escrito de alegaciones registrado el 12 de noviembre de 1993, tras exponer la doctrina constitucional sobre el derecho de acceso a los recursos, entiende que el Auto recurrido supone la eliminación para la recurrente de un derecho fundamental de acceso a un recurso que le venía reconocido por la legislación vigente y que, en principio, queda bajo el arco protector del art. 24.1 C.E.

El Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo inadmite el recurso por entender que es aplicable la legislación procesal impuesta por la Ley 10/1992 al no superar el juicio de menor cuantía el límite de seis millones de pesetas. A este respecto la Sala, si bien se refiere a la Disposición transitoria segunda de la Ley 10/1992 no reproduce de modo fiel el texto de la misma, toda vez que aquélla no utiliza los conceptos jurídicos técnicos de preparación o formalización, sino el más genérico de interposición que admite una interpretación dual. De cualquier forma esta norma seguida para la resolución de inadmisión se refuerza con la Disposición transitoria sexta del Real Decreto de 3 de febrero de 1881.

El razonamiento desplegado por la Sala y la norma que se utiliza como rectora para determinar la legislación aplicable merecen, sin embargo, reproches que nos sitúan en el indicio de la lesión constitucional. Así, por lo que respecta a la aplicación de la Disposición transitoria segunda de la Ley 10/1992, su texto no autoriza a la afirmación de que la ley antigua (Ley 34/1984), no se aplique a aquellos procedimientos que aún no han sido formalizados en la fecha de entrada en vigor de la misma, es decir, el 6 de mayo de 1993. El texto sólo habla de que los límites serán los determinados por la legislación vigente en el momento de la interposición del recurso, sin aparecer de modo claro si este término es utilizado en sentido técnico-jurídico que nos llevaría al escrito de formalización del recurso, o por el contrario hemos de retrotraernos al momento de la preparación, por entender que este concepto y el de formalización es un todo unitario a efectos de la toma en consideración de los presupuestos del recurso. En este sentido, el núm. 1 de la Disposición transitoria segunda, interpretado a contrario sensu nos llevaría a la legislación antigua y no a la nueva, toda vez que la resolución judicial recurrida se dictó cuando aún no estaba vigente esta última, y por tanto, los requisitos para recurrir vendrían fijados por la norma más antigua en el tiempo.

De otro lado, las disposiciones transitorias de la Ley de 1881, pudiendo servir como criterio doctrinal orientativo, entendemos que no son aptas para solucionar un conflicto de normas surgido en 1992, ya que por su propia naturaleza y denominación, fueron dictadas para solucionar un conflicto del momento de tránsito habido en el siglo pasado no extrapolable a la realidad actual, a lo que se podría añadir que su redacción obedece a un derecho procesal meramente instrumental (el precepto habla de "trámites") difícilmente cohonestable con un sistema de normas no genuinamente procesales en el sentido antedicho de afectar a derechos fundamentales y que la vacatio legis fue de tal duración que solucionó todos los posibles problemas que se pudieron plantear, mientras la Ley 10/1992 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La solución del Auto recurrido en amparo pasa, pues, a efectos de legislación aplicable, por la separación tajante de las fases de preparación e interposición del recurso considerándolo como actos aislados desconectados de la idea unitaria de instancia, que por cierto presidía la legislación transitoria de la Ley 36/1984, y que dio pie a numerosa jurisprudencia de aquel momento que entendía no fraccionable aquélla a efectos de aplicación de normativa.

El recurso de casación es uno en todas sus fases y por lo tanto tiene que ser regulado por una misma normativa. Es un único proceso impugnatorio y no es posible sin desnaturalizarlo regular una fase por una norma y otra fase del mismo por otra que pueden corresponder a filosofías y a supuestos distintos. El recurso es unitario tanto en su fundamento como en la finalidad que persigue por lo que la norma que lo regula tiene que ser la misma respecto a los supuestos de admisión. La Disposición transitoria tiene que ser entendida de acuerdo con la naturaleza del recurso para evitar su pérdida como consecuencia de algo tan arbitrario como la diligencia o falta de ella en la notificación de una sentencia o tener por preparado el recurso e incluso la posibilidad de que un mismo recurso de casación sea admitido para un recurrente y no para otro dependiendo de la fecha de notificación de la resolución judicial que lo tiene por preparado. Estas consecuencias crean inseguridad derivada de una falta de lógica en la interpretación por el Tribunal Supremo de la Disposición transitoria. El Tribunal Supremo interpretó, al aplicar las disposiciones transitorias de la Ley 36/1984, el término interposición comprensiva de la preparación y la formalización confirmando el carácter unitario del recurso y ahora realiza una interpretación contraria lo que atenta contra la lógica y la coherencia.

La unidad de tramitación del recurso de casación imposibilita, a riesgo de distorsionar el proceso, que sean distintas las normas aplicables a la preparación y a la interposición del recurso de los que se deduce que la instancia casacional se inicia en el momento de la preparación por lo que pendiente la misma no cabe interponer recurso alguno ni siquiera formalizar el recurso de casación si se tiene en cuenta que con independencia de los antecedentes históricos en nuestro derecho se verifica un primer control o enjuiciamiento del cumplimiento de ciertos requisitos para la admisión del recurso ya en la fase de preparación por lo que no es ilógico dice el Tribunal Constitucional (STC 81/1986) conceptuar el trámite de preparación como verdadera fase de iniciación de la instancia casacional.

De otra parte la norma transitoria no impone a los Tribunales la obligación de aplicarla sino que al emplear el término "poder" permite que éstos la interpreten de la manera más adecuada al favorecimiento del derecho fundamental de acceso al proceso y al recurso, contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La interpretación realizada por el Auto del Tribunal Supremo desconoce este derecho fundamental y por ello la causa legal alegada para la inadmisión del recurso carece de fundamento razonable, constituye una aplicación formalista y enervante de la Disposición transitoria y crea un obstáculo procesal para el acceso al recurso de casación que una interpretación racional y fundada en su naturaleza no crearía.

El resumen final supone constatar la lesión constitucional por la inadmisión del recurso debido a una interpretación de la norma de conflicto no adecuada al caso planteado por ser contraria a la efectividad del derecho fundamental de acceso al recurso. En base a todo ello, el Fiscal interesa que se conceda el amparo solicitado por vulnerar el Auto recurrido el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 C.E.

7. Por escrito registrado el 15 de noviembre de 1993, la recurrente formuló sus alegaciones en la que, en síntesis, entiende que el tiempo al que hay que estar para la determinación de los requisitos exigibles para el acceso a la casación es el de la fecha en que fue emplazado por la Audiencia para interponer el recurso. Otra solución supone condicionar la admisión a un hecho totalmente aleatorio, cual es la entrada en vigor de una ley cuya publicación y urgencia no se podía conocer a priori. Por todo ello, el Tribunal Supremo ha vulnerado el art. 24 C.E., en su vertiente de derecho de acceso a los recursos, al interpretar la legislación procesal del modo menos favorable a la viabilidad del recurso.

8. Por providencia de 5 de mayo de 1994, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 9 del mismo mes y año.

Único. Entiende la recurrente que la aplicación de la Disposición transitoria segunda de la Ley 10/1992 que ha realizado la Sala Primera del Tribunal Supremo en el Auto recurrido, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de

derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, reconocido en el art. 24 C.E. al haber atendido para la admisión del recurso a los nuevos límites de la casación establecida por la Ley 10/1992, en lugar de a los que estaban vigentes en el

momento de la preparación del recurso.

Desde la perspectiva propia del proceso constitucional de amparo, la cuestión que se plantea en el presente recurso es idéntica a la resuelta en la STC 374/1993. En consecuencia, para su resolución bastará con remitirnos in toto a los razonamientos en ella contenidos y concluir, como allí se hacía, con la desestimación del amparo solicitado.