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1. Por escrito presentado en el Registro del Tribunal el 25 de marzo de 1997, el Procurador de los Tribunales don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en nombre y representación de don José Espinosa Pastor, interpone recurso de amparo contra Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al resolver en casación (163/97), y estimar, el recurso interpuesto por la acusación particular contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que absolvió al aquí recurrente y a las demás personas procesadas por el delito de quiebra fraudulenta de que habían sido acusados.

Se aduce en la demanda que la Sentencia dictada en sede de casación por la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha vulnerado los derechos del actor a la legalidad penal, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia y se pide que se otorgue el amparo solicitado, declarando la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a que este recurso se refiere, y todo lo demás que resulte procedente, para por último, de conformidad con el art. 56 de la LOTC, interesar la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada.

2. Admitido el recurso a trámite, la Sección, por providencia de 12 de enero de 1998, acordó formar la presente pieza separada de suspensión y, por providencia de la misma fecha dictada en la pieza, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que, dentro de dicho término formulasen las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la suspensión mencionada.

3. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional en su escrito de alegaciones que tuvo entrada en el Registro General el día 20 de enero, estima que, con relación a la pena privativa de libertad, debe accederse a la solicitud formulada por el demandante de amparo en el sentido de acordar la suspensión de su ejecución. Dicha. suspensión se extenderá, también, al arresto sustitutorio que pueda imponerse por impago de la multa, conforme al art. 53 del nuevo C.P. (AATC 35/1996 y 101/1996), pero no así al abono de la multa conforme a reiterada doctrina de este Tribunal respecto a los pronunciamientos de contenido económico.

Procede suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, por cuanto de no hacerse así, si el amparo se estimara, quedaría desprovisto de virtualidad, así como al arresto sustitutorio susceptible de imposición por impago de la multa. No procede, en cambio, la suspensión respecto del abono de la multa impuesta, pues salvo el supuesto antes mencionado del arresto sustitutorio, no causa, en principio un perjuicio irreparable que haga perder al amparo su finalidad, si se ejecuta, dado su natural carácter reintegrable.

4. La representación del recurrente, en su escrito de alegaciones, pone de relieve que su defendido además de este recurso de amparo, tiene en tramitación solicitud de indulto, su edad es avanzada y sufre un proceso canceroso agravado con diabetes, por lo que el perjuicio de su ingreso en prisión sería irreparable y haría perder al amparo su finalidad, si éste fuese estimado. Además, el penado tiene a su cargo esposa y un hijo en paro, teniendo que atender todos los gastos de levantamiento de las cargas familiares.

1. . El objeto del presente Auto es resolver sobre la solicitada suspensión de la ejecución de la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1997, en el recurso de casación núm. 1.375/95; interpuesto por la acusación particular contra la Sentencia absolutoria dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, con fecha 16 de marzo de 1995, en procedimiento seguido por delito de quiebra. Dicha condena fue la de dos años de prisión menor y ocho meses de multa (a razón de 25.000 pesetas por día/multa), para don José Espinosa Pastor y otros, como responsables de un delito de quiebra fraudulenta.

2. Para resolver tal cuestión es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el art. 56.1 de la LOTC que establece, como regla general, que «la Sala que conozca de un recurso de amparo suspenderá, de oficio o a instancia del recurrente, la ejecución del acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el amparo constitucional, cuando la ejecución hubiera de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad».

No obstante, y con base en el inciso segundo del citado art. 56.1 LOTC, que faculta a la Sala para denegar la suspensión «cuando de ésta pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero», este Tribunal viene entendiendo con reiteración que, cuando se trata de resoluciones judiciales, lo más acorde con el interés general es su cumplimiento, que dota de efectividad a la tutela judicial consagrada por el art. 24 de la Constitución.

De ahí que, en esta materia, el criterio del Tribunal venga distinguiendo entre resoluciones judiciales con efectos reparables y aquellas otras que, por privar de libertad, no lo son. En el primer caso, el criterio general viene siendo el de la no suspensión, no sólo por el interés general en el cumplimiento de las resoluciones judiciales sino, además, porque en tal supuesto los perjuicios no serían de imposible reparación, mientras que en el segundo –privación de libertad–, por ser irreparable el perjuicio, la regla general es la suspensión de la condena hasta que se resuelva el recurso de amparo, salvo en los supuestos en los que la duración de la pena aconseje lo contrario.

3. Aplicada la doctrina expuesta al presente caso, ha de accederse a la suspensión solicitada por el recurrente dado que no puede reputarse que sea de excesiva duración la pena privativa de libertad interpuesta. Precisamente el que ésta no sea de excesiva duración implica que, de no concederse la suspensión de su ejecución, sería ineficaz el amparo en el caso de que se otorgara. Debe, pues, respecto de la misma (AATC 202/1992, 96/1993 y 6/1996, entre otros), acordarse su suspensión.

En relación con la pena de multa no ha lugar a la suspensión atendido su contenido económico (AATC 88/1995 y 103/1995), salvo que, de acuerdo con el art. 53 del Código Penal hubiera de transformarse aquélla en una responsabilidad personal subsidiaria, en cuyo supuesto, también procedería la suspensión solicitada (AATC 35/1996 y 101/1996).