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    "SINTESIS_DESCRIPTIVA": "Deniega la medida cautelar solicitada en el recurso de amparo 773-2026, promovido por doña Ana María Cuartero Lorenzo y por el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid en procedimiento parlamentario.",
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        "NUMERO": 1,
        "TEXTO": "El día 1 de febrero de 2026, doña Ana María Cuartero Lorenzo y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, representados por la procuradora de los tribunales, doña María del Pilar Hidalgo López y bajo la asistencia letrada de doña Marta Asunción Castro Fuertes, interpusieron recurso de amparo núm. 773-2026 contra el acuerdo de la mesa de la Asamblea de 3 octubre de 2025 por el que se inadmitió la solicitud de comparecencia C-1214-2025, con RGEP 20771-2025, y contra el posterior acuerdo de 31 de octubre de 2025 que desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra el anterior."
      },
      {
        "ID": 171908,
        "NUMERO": 2,
        "TEXTO": "Los antecedentes relevantes del caso son los siguientes:\r\n\r\na) El día 29 de septiembre de 2025, la diputada del Grupo Parlamentario Vox, doña Ana María Cuartero Lorenzo, con la firma de la portavoz del Grupo, presentó en el registro de la Asamblea de Madrid la solicitud de comparecencia C-1214-2025, cuyo tenor literal es el siguiente:\r\n\r\n“Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicita la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda sobre informe o memoria de la función fiscalizadora, según los artículos 236 (así como 70 y 210) del Reglamento de la Cámara, al objeto de:\r\n\r\nEn relación con el Programa de fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para el año 2025”.\r\n\r\nb) La mesa de la Asamblea, en reunión celebrada el 3 de octubre de 2025, acordó no admitir a trámite la iniciativa presentada, en los siguientes términos:\r\n\r\n“Acuerdo: La mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1 c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no llamar a comparecer al señor presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid por el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas en los términos del artículo 236 del Reglamento y su devolución al grupo parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente”.\r\n\r\nc) La recurrente en amparo, con el visto bueno del Grupo Parlamentario Vox, presentó el 16 de octubre de 2025 una solicitud de reconsideración del acuerdo de la mesa, en la que reprochaba, en primer término, que la inadmisión desbordaba la función de calificación que reglamentariamente corresponde a la mesa —ceñida a un control de estricta legalidad formal— al haber entrado a valorar el fondo y la oportunidad de la iniciativa, con la consiguiente lesión del derecho de participación política del art. 23.2 CE y del ius in officium inherente al cargo representativo y el principio de interpretación más favorable al ejercicio del derecho.\r\n\r\nAlegaba que el propio acuerdo de la mesa de 8 de junio de 2000 (RGSP 2066) circunscribe el cometido de la mesa a un control formal de conformidad a Derecho, de suerte que cualquier enjuiciamiento del contenido o fondo de la iniciativa excede sus competencias y constituye una extralimitación proscrita por el Tribunal Constitucional.\r\n\r\nSostenía el correcto encaje reglamentario de la comparecencia en el art. 236 del Reglamento de la Asamblea de Madrid (RAM), en relación con los arts. 70 y 210 del mismo texto, sobre la base de que el Programa de fiscalizaciones no es una fiscalización concreta sino un instrumento de planificación anual, de manera que la comparecencia no interfiere en el ejercicio de la función fiscalizadora, sino que garantiza el conocimiento parlamentario y la transparencia de su programación.\r\n\r\nAducía la existencia de precedentes que acreditan una práctica consolidada y pacífica —las comparecencias C-356-2023 (RGEP 13106-2023) y C-495-2024 (RGEP 6335-2024), ambas admitidas y celebradas—, de modo que el rechazo de la C-1214-2025 supondría un cambio de criterio arbitrario y carente de motivación, contrario a la igualdad de trato entre diputados (art. 14 CE) y a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE).\r\n\r\nArgüía el carácter no fiscalizador del programa a la luz del art. 1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, conforme al cual la Cámara de Cuentas es órgano auxiliar de la Asamblea, siendo aquel un mero documento de planificación interna cuya presentación persigue una finalidad exclusivamente informativa y de rendición de cuentas, sin que se trate por tanto de fiscalizar al fiscalizador.\r\n\r\nd) La mesa, por acuerdo de 31 de octubre de 2025, desestimó el recurso de reconsideración, en los siguientes términos:\r\n\r\n“Acuerdo: La mesa, oída la junta de portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, su anterior acuerdo de fecha 3 de octubre de 2025, en relación con la comparecencia C-1214-2025 RGEP 20771, por el que se acordó su no admisión a trámite por no llamar a comparecer al señor presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid por el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas en los términos del artículo 236 del Reglamento.\r\n\r\nSe reiteran los argumentos que se dieron para su no admisión en el momento de la calificación”."
      },
      {
        "ID": 171909,
        "NUMERO": 3,
        "TEXTO": "En la demanda de amparo, tras exponer los antecedentes que considera relevantes, denuncia que los acuerdos impugnados han vulnerado el derecho fundamental de participación política (art. 23 CE), por restringir el ejercicio de funciones representativas y de control parlamentario y, de forma accesoria, los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y seguridad jurídica (art. 9.3 CE) en cuanto el acuerdo utiliza una motivación estereotipada y por remisión que hace imprevisible el criterio de admisión y priva al parlamentario del conocimiento real de las razones de la restricción, impidiendo una defensa efectiva del estatuto representativo.\r\n\r\nIndica que la lesión del art. 23 CE se consuma en un doble momento: por el acto inicial de inadmisión, que cierra el ejercicio del control parlamentario, y, de forma agravada, por la desestimación de la reconsideración mediante una remisión estereotipada que no responde realmente a los motivos alegados, dotando de firmeza al acto y clausurando el procedimiento parlamentario interno. Conforme a jurisprudencia constitucional constante, el ius in officium no se agota en el acceso al cargo, sino que abarca el ejercicio real y efectivo de las facultades que integran el estatuto del diputado, señaladamente las iniciativas de control —entre ellas las solicitudes de comparecencia ante comisión—, de modo que su inadmisión injustificada no es una irregularidad procedimental menor, sino una restricción directa del contenido esencial del precepto que impide el ejercicio de una función nuclear del Parlamento: el control político.\r\n\r\nExpone que la función calificadora de la mesa tiene un alcance constitucionalmente limitado, ceñido a un control estrictamente formal: la corrección externa de la iniciativa, su adecuación al tipo de instrumento reglamentario elegido y la ausencia de defectos técnicos manifiestos. Queda excluido todo control material, de oportunidad política o de fondo. Al inadmitir la comparecencia por entender que su objeto “excede el ámbito de la Comunidad de Madrid” (sic), la mesa formuló un juicio sustantivo sobre el debate político, sustituyó al órgano competente para sustanciarlo —la comisión— y vulneró el art. 23 CE.\r\n\r\nAñade que la transparencia no es un principio accesorio, sino un elemento estructural del Estado democrático conectado con el art. 23 CE. El control parlamentario, para ser efectivo, exige información previa, pública y accesible, sobre todo cuando recae sobre órganos estatutarios de control externo. La iniciativa C-1214-2025 pretende que la Asamblea de Madrid conozca y debata el programa de fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas para 2025, documento que condiciona el alcance, las prioridades y la orientación de la actividad fiscalizadora. Impedirla restringe el acceso a información esencial y lesiona el ius in officium de la recurrente y el derecho de los ciudadanos a conocer la actuación de los poderes públicos.\r\n\r\nSostiene igualmente que las comparecencias de responsables de órganos estatutarios garantizan la transparencia institucional sin menoscabar la autonomía funcional del órgano. La independencia técnica de la Cámara de Cuentas no excluye, sino que reclama, mecanismos de rendición de cuentas ante el Parlamento. La comparecencia no persigue dirigir ni fiscalizar al órgano fiscalizador, sino conocer su planificación para comprender sus prioridades, evaluar su adecuación al interés público y ejercer un control político ex ante. Negarla desnaturaliza la función del Parlamento en el sistema de controles del Estado autonómico.\r\n\r\nArgumenta que el control parlamentario no se agota en el examen posterior de actuaciones ya realizadas, sino que comprende el control ex ante de las líneas de actuación futura. El Programa anual de fiscalizaciones es un instrumento de planificación estratégica cuyo conocimiento previo resulta esencial al control democrático. Al excluir esta clase de comparecencias, la mesa reduce el control a una función reactiva y vacía de contenido el ius in officium.\r\n\r\nInvoca una interpretación sistemática, finalista y conforme al principio pro participación del art. 236 RAM, en conexión con los art. 70, 210 y 211 del mismo texto. Su tenor literal no permite inferir que la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas se limite a fiscalizaciones concluidas, pues el precepto se refiere ampliamente a la información sobre las actuaciones del órgano, incluida la planificación de su actividad. La lectura restrictiva de la mesa no es una interpretación reglamentaria legítima, sino la restricción encubierta de un derecho fundamental carente de base normativa.\r\n\r\nDenuncia la ruptura del deber de coherencia decisoria, con invocación de dos precedentes idénticos, las iniciativas C-356/2023 y C-495/2024, admitidas sin objeción, que generaron una expectativa legítima sobre la estabilidad de los criterios de admisión. Su quiebra sin motivación expresa, individualizada y razonable vulnera los principios de igualdad parlamentaria y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) e incurre en arbitrariedad.\r\n\r\nPor todo ello, la demanda termina suplicando que se declare la vulneración del derecho de participación política (art. 23 CE, en relación con el art. 9.3 CE), se declare la nulidad de los acuerdos impugnados y se ordene la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la inadmisión “para que la mesa dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, tramitando las iniciativas conforme al Reglamento y a la doctrina constitucional, con motivación suficiente y sin controles materiales impeditivos”.\r\n\r\nPor otrosí digo, al amparo del art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se solicitó la adopción de la medida cautelar consistente en instar a la Asamblea de Madrid a no considerar definitivamente archivadas las iniciativas objeto de este recurso y a mantenerlas en situación susceptible de retroacción para que, en caso de estimación del recurso de amparo, puedan ser calificadas y tramitadas con eficacia durante la presente legislatura”."
      },
      {
        "ID": 171910,
        "NUMERO": 4,
        "TEXTO": "Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Tercera de este tribunal, de 3 de febrero de 2026, se tuvo por recibido el escrito de interposición del recurso de amparo y la documentación adjunta al mismo, indicándose que el recurso se había turnado a la Sala Segunda, Sección Tercera, del Tribunal Constitucional, así como que la ponencia había correspondido al magistrado don César Tolosa Tribiño."
      },
      {
        "ID": 171911,
        "NUMERO": 5,
        "TEXTO": "Mediante providencia de la Sección Tercera, de 22 de junio de 2026, se acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende el caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 g)]. En la misma providencia, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó, por una parte, dirigir atenta comunicación a la Asamblea de Madrid a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera copia de las actuaciones correspondientes a los acuerdos de la Asamblea de Madrid de 3 y 31 de octubre de 2025 y, por otra, formar pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión solicitado.",
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        "ID": 171912,
        "NUMERO": 6,
        "TEXTO": "Mediante otra providencia de la Sección Tercera, de la misma fecha, se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente en amparo para que alegasen lo que estimaran pertinente en relación con la medida cautelar interesada."
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        "ID": 171913,
        "NUMERO": 7,
        "TEXTO": "Mediante escrito presentado el 29 de junio de 2026, la representación procesal de doña Ana María Cuartero Lorenzo y del Grupo Parlamentario Vox de la Asamblea de Madrid solicitó como medida cautelar que se dirigiese requerimiento a la mesa de la Asamblea de Madrid para que no considere definitivamente archivada la iniciativa de comparecencia C-1214-2025 (RGEP 20771-2025), manteniéndola en situación susceptible de retroacción de actuaciones, a fin de que, en caso de estimación del amparo, pueda ser calificada y tramitada con eficacia dentro de la presente legislatura.\r\n\r\nEn su escrito, recuerdan que la tutela cautelar no se agota en la suspensión, sino que pueden adoptarse cuantas medidas cautelares resulten necesarias para asegurar la efectividad del recurso de amparo, así como que la autonomía parlamentaria no puede ser un espacio exento de control constitucional. Consideran que las solicitudes de comparecencia son instrumentos de control vinculados a un momento político determinado, por lo que el mero transcurso del tiempo puede hacer que la comparecencia solicitada pierda su relevancia o actualidad, vaciando de contenido una eventual estimación del recurso de amparo. A juicio de los recurrentes, existe un riesgo cierto y efectivo de que, si no se adopta la medida cautelar, el amparo pierda su finalidad. Además, la posibilidad de reiterar las iniciativas no subsana la lesión del derecho fundamental.\r\n\r\nTambién se argumenta que la medida cautelar solicitada no produce una perturbación del normal funcionamiento de la Cámara ni interfiere en la potestad calificadora de la mesa, sino que pretende preservar la posibilidad de retroacción, en caso de estimación del recurso de amparo.\r\n\r\nEl escrito se refiere también a la apariencia de buen derecho, explicando que las funciones de calificación de la mesa no le permiten ejercer un control político o de oportunidad sobre el contenido de las iniciativas, so pena de vulnerar el art. 23 CE."
      },
      {
        "ID": 171914,
        "NUMERO": 8,
        "TEXTO": "Por escrito registrado el 13 de julio de 2026, el fiscal ante el Tribunal Constitucional se opone al otorgamiento de la medida cautelar interesada.\r\n\r\nAduce que la medida cautelar interesada no es necesaria ni idónea para preservar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria del recurso de amparo. En caso de estimación, además de declarar vulnerado el derecho fundamental y la nulidad de los acuerdos recurridos, procedería ordenar la retroacción de las actuaciones al momento del dictado de los acuerdos para que la mesa de la Asamblea de Madrid calificase de nuevo las iniciativas de manera respetuosa con el derecho fundamental.\r\n\r\nAdemás, la medida consistente en instar a la mesa a que no archive definitivamente las iniciativas supondría adelantar la resolución de las cuestiones controvertidas en el recurso de amparo.\r\n\r\nPor otro lado, aunque es cierto que si se dicta sentencia agotada la legislatura, la estimación del recurso de amparo únicamente tendría efectos declarativos, la “pérdida de oportunidad política” a que se refieren los recurrentes es un perjuicio hipotético, futuro e incierto en el momento actual, vigente aún la legislatura que concluiría dos meses antes del mes de mayo de 2027."
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            "TEXTO": "Comunidad de Madrid. Acuerdo de la mesa de la Asamblea de Madrid de 3 de octubre de 2025 que inadmitió una solicitud de comparecencia. Acuerdo de 31 de octubre de 2025 que desestimó la solicitud de reconsideración del anterior",
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        "TEXTO": "Objeto del presente incidente y posiciones de las partes\r\n\r\nEl objeto de la presente resolución es decidir acerca de la procedencia o no de la medida cautelar instada por la parte recurrente.\r\n\r\nEn el presente recurso de amparo se impugna el acuerdo de la mesa de la Asamblea de Madrid que inadmitió la solicitud de comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y el acuerdo que denegó su reconsideración. El recurrente solicita como medida cautelar que se requiera a la mesa de la Cámara para que no considere definitivamente archivada la iniciativa de comparecencia C-1214-2025 (RGEP 20771-2025), manteniéndola en situación susceptible de retroacción de actuaciones a fin de que, en caso de estimación del amparo, pueda ser calificada y tramitada con eficacia dentro de la presente legislatura."
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        "TEXTO": "Doctrina constitucional sobre las medidas cautelares en el recurso de amparo\r\n\r\nEl art. 56.1 LOTC establece como regla general que la interposición de un recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados. No obstante, el apartado 2 del precepto establece una excepción a la previsión general, al admitir la suspensión cuando la ejecución produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, razón por la que se configura como una medida de carácter excepcional y de aplicación restrictiva (por todos, AATC 117/2015, de 6 de julio, FJ 1, y 59/2017, de 24 de abril, FJ 1). A su vez, el apartado 3 del art. 56 LOTC contempla la adopción de cualesquiera medidas cautelares que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.\r\n\r\nComo señalamos en el ATC 122/2022, de 26 de septiembre, FJ 1: “este tribunal ha declarado que quien solicita la adopción de la medida cautelar ha de alegar, probar o justificar, ofreciendo un principio razonable de prueba, que no son reparables o son de difícil reparación los perjuicios si prosiguiera la ejecución del acto impugnado, con objeto de mostrar que la ejecución podría privar a la demanda de amparo de su finalidad, provocar que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío y convertir el amparo en meramente ilusorio y nominal (ATC 128/2017, de 2 de octubre, y los allí citados). En todo caso, la adopción de la medida se condicionará a que la suspensión no produzca una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, a los derechos fundamentales o a las libertades públicas de un tercero (por todos, AATC 1/2016, de 18 de enero, y 26/2019, de 9 de abril, FJ 1). Por último, de modo general también ha insistido este tribunal (AATC 23/2017, de 13 de febrero, FJ l; 263/2001, de 15 de octubre, y 18/2002, de 11 de febrero, que se citan en aquella resolución) en la imposibilidad tanto de adelantar cuestiones controvertidas propias del fondo del recurso de amparo en la pieza incidental de suspensión, como de conceder la suspensión cautelar de la ejecución de una resolución o de un acuerdo si con ello se puede anticipar el amparo que se solicita”.",
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