1998 false false 2026-02-23T10:48:22.013 de 26 de octubre de 1998 1998-10-26T00:00:00 17847 ES 3.178-1997 225 52 1997 14226 3178 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 17853 3 3.178-1997 95645 false true Gabaldón López 24 José Gabaldón López, José don José Gabaldón López 95646 false false García-Mon González-Regueral 16 Fernando García-Mon y González-Regueral, Fernando don Fernando García-Mon y González-Regueral 95647 false false Mendizábal Allende 27 Rafael Mendizábal Allende, Rafael de don Rafael de Mendizábal Allende 95648 false false González Campos 26 Julio Diego González Campos, Julio Diego don Julio D. González Campos 95649 false false Viver Pi-Sunyer 28 Carles Viver Pi-Sunyer, Carles don Carles Viver Pi-Sunyer 95650 false false Vives Antón 31 Tomás Salvador Vives Antón, Tomás Salvador don Tomás Salvador Vives Antón 92918 1 La Comunidad de Vecinos en Mano Común de las Parroquias de Dodro (A Coruña), mediante escrito presentado el 17 de julio de 1997, a través del Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, manifestó su intención de recurrir en amparo contra la Sentencia de 19 de junio de 1997 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que estimó el recurso de casación contra la dictada en apelación por la Audiencia Provincial de A Coruña, de 28 de junio de 1996, contra Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Padrón, de 12 de enero de 1994, sobre reclamación de propiedad de montes en régimen de comunidad vecinal. 92919 2 En la demanda de amparo se denuncia que se ha resuelto un recurso de casación (autonómico) que, en opinión del demandante, nunca debió admitirse a trámite por ser manifiestamente improcedente, que ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 C.E.). Para fundar esta pretensión, el demandante de amparo sostiene que se opuso a la admisión del recurso de casación, alegando su inadmisibilidad. Ello no obstante, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia no hace ninguna consideración sobre este particular, limitándose a señalar que las partes defendieron sus respectivas posiciones. Por lo que el silencio del Tribunal sobre cuestión tan fundamental como la planteada, supone para el recurrente una manifiesta incongruencia. En el mismo escrito de la demanda, el recurrente solicita la suspensión de la ejecución de la Sentencia puesto que en otro caso se causarían daños y perjuicios a la parte. 92920 3 La Sección Cuarta, en providencia de 16 de julio de 1998, acordó formar la correspondiente pieza separada y conceder en ella un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al demandante para que dentro del mismo pudieran alegar cuanto estimaran pertinente en relación con la medida cautelar solicitada. 92921 4 El demandante de amparo ha evacuado el anterior traslado en escrito presentado el 23 de julio de 1998, reiterando que la ejecución de la Sentencia causarla importantes daños y perjuicios a la Comunidad recurrente. Por su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito de 29 de julio, se opone a la suspensión al no haberse acreditado la existencia del perjuicio que sobrevendría, ni que el mismo haría perder al hipotético amparo su finalidad. 665 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24 22807 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 19524 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 56 101568 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 12816 La Sala, en la pieza separada de suspensión abierta en el recurso de amparo de referencia, ha acordado dictar el siguiente AUTO false 1JCGSTVKHL2 Suspensión cautelar de sentencias civiles 1 1 Conceptos constitucionales 83458 1271266 12812 18 En virtud de todo lo expuesto, la Sala acuerda denegar la solicitud de suspensión de la ejecución de la Sentencia dictada, el 19 de junio de 1998, por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de casación núm. 4/97. 49644 1 Aunque la Ley Orgánica de este Tribunal no lo diga así explícitamente, no parece discutible que la interposición del recurso de amparo, por su propia naturaleza intrínseca, no obsta a la vigencia, efectividad o ejecutoriedad de las disposiciones generales, actos de la Administración o de cualquier otra institución del Estado y Sentencias, que son su objeto. Es una consecuencia de la presunción de legitimidad que alcanza a todas las actuaciones de los poderes públicos, presunción inherente a la entera actividad pública (legislativa, ejecutiva y judicial) que está presente y operante, aunque implícita, en la Constitución y a las veces explícita en el resto del ordenamiento jurídico. Ahora bien, como contrapeso de tal presunción nuestro sistema de justicia constitucional configura la posibilidad de que este Tribunal suspenda la ejecución del acto de los poderes públicos por razón del cual se reclama el amparo. Desde una perspectiva procesal aparece como una medida cautelar que se conecta directa e inmediatamente a la garantía de la efectividad de la tutela judicial que consagra el art. 24 de nuestra Constitución. En efecto, el soporte de tal medida consiste en el riesgo o la certeza de que la ejecución ocasionaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad, según dice el art. 56 de nuestra Ley Orgánica, convirtiendo así una eventual Sentencia favorable en una mera declaración de buenos propósitos, desprovista de eficacia práctica. La suspensión privativa del acto o disposición objeto del proceso de amparo exige una delicada ponderación de los intereses generales o los derechos fundamentales de terceros, cuya perturbación grave o lesión actúa como límite de la medida cautelar, y el interés particular del demandante de amparo. En tal aspecto es el potencial perjudicado quien ha de justificarlo. 49645 2 En esta ponderación de intereses, hemos dicho hasta la saciedad que los daños o perjuicios exclusivamente patrimoniales que puedan producir la ejecución de una Sentencia o un acto administrativo son siempre reparables en la misma especie, el dinero, mediante su indemnización, consiguiéndose así la restitutio in integrum y, por ello no justifican por sí mismos la suspensión de la ejecutoriedad de aquellos o la efectividad de éstos (AATC 275/1990, 66/1991, 190/1995, 143/1997 y 151/1998). Pero, además, en el caso que nos ocupa la Comunidad demandante no ha precisado en qué consisten los perjuicios irreparables que se le irrogarían por la ejecución cuya paralización pretende, no ha acreditado perjuicio alguno real y cierto y tampoco ha presentado ningún principio de prueba en apoyo de un pronunciamiento favorable a la suspensión solicitada sin que en consecuencia haya lugar a tal medida cautelar. 12812 Madrid, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia civil: improcedencia. Denegando la suspensión de la ejecución del acto que origina el recurso de amparo 3.178/1995. Recurso de amparo 3.178/1995 AUTO 4 Sala Segunda 2017-06-01T10:52:30.39 /Resolucion/Api/json/17847