2023 false false 2026-04-21T10:43:32.7 de 23 de mayo de 2023 2023-05-23T00:00:00 29508 ES 263 2022 27684 3214 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 36147 162160 false true Conde-Pumpido Tourón 62 Cándido Conde-Pumpido Tourón, Cándido don Cándido Conde-Pumpido Tourón 162161 false false Montalbán Huertas 67 Inmaculada Montalbán Huertas, Inmaculada doña Inmaculada Montalbán Huertas 162162 false false Enríquez Sancho 59 Ricardo Enríquez Sancho, Ricardo don Ricardo Enríquez Sancho 162163 false false Balaguer Callejón 63 María Luisa Balaguer Callejón, María Luisa doña María Luisa Balaguer Callejón 162164 false false Sáez Valcárcel 64 Ramón Sáez Valcárcel, Ramón don Ramón Sáez Valcárcel 162165 false false Arnaldo Alcubilla 65 Enrique Arnaldo Alcubilla, Enrique don Enrique Arnaldo Alcubilla 162166 false false Espejel Jorquera 66 Concepción Espejel Jorquera, Concepción doña Concepción Espejel Jorquera 162167 false false Segoviano Astaburuaga 68 María Luisa Segoviano Astaburuaga, María Luisa doña María Luisa Segoviano Astaburuaga 162168 false false Tolosa Tribiño 69 César Tolosa Tribiño, César don César Tolosa Tribiño 162169 false false Campo Moreno 70 Juan Carlos Campo Moreno, Juan Carlos don Juan Carlos Campo Moreno 162170 false false Díez Bueso 71 Laura Díez Bueso, Laura doña Laura Díez Bueso 162302 1 El 11 de mayo de 2023, el procurador de los tribunales don Carmelo Ortiz Pérez, actuando en nombre y representación de don A.N.R., presentó en el registro general de este tribunal un escrito promoviendo un “incidente excepcional de nulidad de actuaciones” contra la sentencia dictada por el Pleno de este tribunal en el recurso de amparo núm. 3214-2022, y solicitando en particular la anulación de la referida sentencia (STC 38/2023, de 20 de abril). 162303 2 La petición anulatoria se promueve por quien fuera recurrente de amparo en el recurso de amparo núm. 3214-2022 y se sustenta en dos motivos: (i) la vulneración del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE) vinculada a la participación en el Pleno que aprobó la referida sentencia de tres magistrados que, a juicio del recurrente, habrían debido abstenerse. En concreto doña Laura Díez Bueso, por haber sido “directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes durante la primera legislatura del actual Gobierno y directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia durante la segunda legislatura”; don Cándido Conde-Pumpido Tourón, por haber sido “Fiscal General del Estado de 2004 a 2011, es decir, estrechamente vinculado al partido del PSOE” y don Juan Carlos Campo Moreno, por su condición de “ex ministro de Justicia durante el período de 2020-2021”; y (ii) la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art, 24.2 CE) por no haber procedido el Tribunal, antes de dictar sentencia, a comunicar al recurrente de amparo la concreta composición del Pleno del Tribunal Constitucional que había de resolver el recurso. 19685 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 93.1 f. único 283770 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 611 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 164.1 f. único 283771 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 19641 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 80 f. único 283772 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 85234 1985-07-01T00:00:00 6167 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial Artículo 240 y siguientes f. único 283773 22845 3 4 000003.000005 D) Leyes Orgánicas 19684 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 93 f. único 283774 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 36361 1985-07-01T00:00:00 6167 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial Artículo 241.1 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo) f. único 283776 22845 3 4 000003.000005 D) Leyes Orgánicas 83909 2022-04-01T00:00:00 17789 Auto de 1 de Abril de 2022, dictado por la Audiencia Provincial de Las Palmas en recurso de apelación 329-2022. Auto de 26 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde, en pieza incidental de juicio verbal especial sobre capacidad 1026-2016, en materia de vacunación 283777 41030 4 4 000004 4. Índice de resoluciones de órganos judiciales impugnadas 20978 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso, en el recurso de amparo núm. 3214-2022, ha dictado el siguiente false 3NCGKK4 Inadmisión de incidente de nulidad de actuaciones 3 3 Conceptos procesales 90556 1304854 f. único Por lo expuesto, el Pleno ACUERDA 29497 15 Inadmitir la petición de nulidad de actuaciones. 82265 1 En AATC 3/1996, de 15 de enero, FJ 2; 194/2013, de 23 de septiembre, FJ 1; 220/2013, de 9 de octubre, FJ 1, y 234/2013, de 21 de octubre, FJ 1, este tribunal ha señalado categóricamente que en los procesos constitucionales ya concluidos, como aquí acontece, resulta inviable, con carácter general, cualquier petición de revisión o nulidad, puesto que una vez que ha devenido firme la resolución que puso fin al correspondiente proceso ni siquiera este tribunal puede dejarla sin efecto sino, a lo más, proceder a su aclaración [art. 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] o a corregir errores materiales. Como señala, en particular, el ATC 234/2013, FJ 1: “Así resulta, en primer lugar, de lo dispuesto en el art. 164.1 CE, con arreglo al cual las sentencias del Tribunal Constitucional ‘tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas’. De acuerdo con este mandato constitucional, el art. 93.1 LOTC repite que ‘contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno’. Y ello resulta así porque es propio del Tribunal Constitucional resolver con autoridad de cosa juzgada. De ahí que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no prevea ninguna actuación procesal ni trámite alguno tendente a sustanciar posibles impugnaciones contra sus resoluciones firmes, ni cabe que el Tribunal establezca una tramitación que su Ley Orgánica no contempla, incluso aunque con posterioridad se advierta que fue cometido cualquier defecto en la actividad procesal, como se puso de relieve en el ATC 3/1996, de 15 de enero (en el mismo sentido, ATC 46/1998, de 24 de febrero). Efectivamente, nuestra Ley Orgánica no contempla el incidente de nulidad de actuaciones entre los medios impugnatorios que pueden promoverse contra las resoluciones de este tribunal. Y ‘existiendo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional previsiones explícitas y específicas sobre los recursos o medios impugnatorios frente a las resoluciones dictadas por este tribunal, no es posible entrar a debatir siquiera la aplicación de reglas extrañas a las misma ni, más en concreto, es posible amparar en la regla de supletoriedad del art. 80 LOTC la aplicación frente a las resoluciones de este Tribunal del incidente de nulidad de actuaciones regulado en los arts. 240 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que dicha aplicación vendría a contradecir el tenor explícito e indubitado de las previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en particular, en lo que aquí interesa, de lo dispuesto en el art. 93 LOTC’ (ATC 46/2010, de 14 de abril, FJ 2; y previamente los AATC 46/1998, de 24 de febrero, FJ 1; 275/2007, de 7 de junio, FJ 1; 276/2007, de 7 de junio, FJ 1, y 277/2007, de 7 de junio, FJ 1). Estas consideraciones se han visto reforzadas tras la reforma del art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que ha configurado el incidente de nulidad de actuaciones como un instrumento procesal destinado a reparar lesiones de cualquier derecho fundamental causadas por órganos judiciales que no puedan ser remediadas a través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos por la ley. Importa recalcar que se trata de un cauce de reparación de eventuales vulneraciones de derechos fundamentales ocasionadas exclusivamente por los jueces o tribunales ordinarios, y cuya solución se encomienda a la propia jurisdicción ordinaria, con el fin de preservar la subsidiariedad del recurso de amparo. Es por ello que de lege data este cauce impugnatorio no tiene acomodo frente a resoluciones de fondo emanadas de un tribunal configurado como supremo intérprete de la Constitución y órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales”. El incidente de nulidad de actuaciones promovido ha de ser, por ello, inadmitido a trámite. 29497 Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Inadmite la petición de nulidad de actuaciones en relación con la STC 38/2023, de 20 de abril, dictada en el recurso de amparo 3214-2022, promovido por don A.N.R., en pleito civil. Recurso de amparo 3214-2022 AUTO 1 Pleno 2024-02-05T11:00:21.533 507426 RESOLUCIONES/SINTESIS_DESCRIPTIVA 29508 425939 ID 29396 77 70 2 /Resolucion/Api/json/29508