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        "TEXTO": "Con fecha 7 de abril de 2003, la Sección Tercera de este Tribunal dictó Auto en el recurso de amparo núm. 4572/2001, promovido por doña Ana María Clé González, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 18 de julio de 2001 y contra la del Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, de fecha 27 de febrero de 2001. En el mismo se declaró la inadmisión a trámite del recurso de amparo, al concurrir la causa prevista en el apartado c) del art. 50.1 LOTC, en relación con el art. 43.1 in fine de la misma. "
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        "TEXTO": "La procuradora de los Tribunales, doña Teresa Alas Pumariño, en nombre y representación de doña Ana María Clé González, por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 10 de mayo de 2003, solicita aclaración del Auto de 7 de abril de 2003, en el sentido de que se subsane la omisión producida, dado que, en su fundamento jurídico 1º, se dice: \"Tras el examen de las alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y la recurrente en amparo, ya que la recurrente no ha presentado alegaciones [...]\"!, cuando lo cierto es que sí las presentó con fecha 24 de mayo de 2002, y que, de acuerdo con el principio de congruencia, se dé expresa contestación a diversas alegaciones referentes a: la valoración de la prueba realizada, al incumplimiento por el empresario del art. 4.2 e) ET en relación a los artículos 15 y 16 CE y, en fin, se efectúe expresa contestación al escrito de alegaciones presentado en fecha 24 de mayo de 2002."
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        "TEXTO": "El excepcional cauce arbitrado con carácter general en el art. 267 LOPJ, aplicable supletoriamente a esta jurisdicción constitucional (ex art. 80 LOTC), permite a los órganos judiciales aclarar algún concepto oscuro, suplir omisiones o rectificar errores materiales manifiestos y los aritméticos, sin que, por tanto, pueda servir ni para poner remedio a una falta de fundamentación jurídica (por todas, STC 59/2001, de 26 de febrero, FJ 2), ni para reinterpretar la Sentencia pretendidamente aclarada o corregida, ni para rectificar errores de Derecho, por más que el órgano judicial sea consciente de los mismos (entre otras muchas, STC 286/2000, de 27 de noviembre, FJ 2). La intangibilidad de las sentencias, que integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, veda a los Jueces y Tribunales modificar sus resoluciones al margen de los supuestos taxativamente previstos en la ley y, por tanto, la vía de la aclaración o de la rectificación es, sin duda, inadecuada para corregir errores de derecho o sustantivos, por muy importantes que sean, y más aún para anular y sustituir una sentencia firme por otra de signo diverso. Por ello, el llamado recurso de aclaración debe atenerse siempre a los supuestos taxativamente previstos en la LOPJ, limitándose a la función específica reparadora para la que se ha establecido (por todas, STC 218/1999, de 29 de noviembre).\r\nAplicando las anteriores consideraciones al supuesto ahora enjuiciado, se evidencia de manera nítida que la aclaración pretendida excede de los límites a que ésta debe contraerse, además de haber sido objeto de tácita desestimación en el Auto que sirve de base a la presente aclaración. Procede únicamente rectificar el error apreciado (art. 267.2 LOPJ) en el fundamento jurídico 1 de nuestro Auto, en el sentido de que la recurrente efectivamente presentó alegaciones con fecha 24 de mayo de 2002, como, por otra parte, consta expresamente acreditado en el antecedente 7 del mismo. Por todo ello, el texto del fundamento jurídico 1 debe decir: \"Tras el examen de las alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y la recurrente en amparo\" eliminando la expresión \"ya que la recurrente no ha presentado alegaciones\".",
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