{ "ID": 26885, "TIPO_RESOLUCION": "AUTO", "NUMERO_RESOLUCION": 7, "ANNO_RESOLUCION": 2022, "BIS_RESOLUCION": false, "FECHA_REGISTRO": "2022-01-24T00:00:00", "TIPO_NUMERADO": "Recurso de amparo 805-2018", "IDIOMA": "ES", "SINTESIS_DESCRIPTIVA": "Desestima el incidente de ejecución de la STC 147/2019, de 25 de noviembre, dictada en el recurso de amparo 805-2018, promovido por don Ionut Marin, en proceso contencioso-administrativo.", "FECHA_FIRMA": "de 24 de enero de 2022", "ULTIMA_ACTUALIZACION": "2025-05-07T12:42:38.677", "CONTENIDO_IRRELEVANTE_PARA_INTERNET": false, "FECHA_CACHE": "2026-02-23T10:48:22.28", "RESOLUCIONES_MAGISTRADOS": [ { "ID": 156576, "PONENTE": false, "PRESIDENTE": true, "MAGISTRADOS": { "ID": 56, "NOMBRE": "Juan Antonio", "NOMBRE_TRATAMIENTO": "don Juan Antonio Xiol Ríos", "APELLIDO1": "Xiol", "APELLIDO2": "Ríos", "NOMBRE_PRESENTACION": "Xiol Ríos, Juan Antonio" } }, { "ID": 156577, "PONENTE": false, "PRESIDENTE": false, "MAGISTRADOS": { "ID": 60, "NOMBRE": "Antonio", "NOMBRE_TRATAMIENTO": "don Antonio Narváez Rodríguez", "APELLIDO1": "Narváez", "APELLIDO2": "Rodriguez", "NOMBRE_PRESENTACION": "Narváez Rodríguez, Antonio" } }, { "ID": 156578, "PONENTE": false, "PRESIDENTE": false, "MAGISTRADOS": { "ID": 62, "NOMBRE": "Cándido", "NOMBRE_TRATAMIENTO": "don Cándido Conde-Pumpido Tourón", "APELLIDO1": "Conde-Pumpido", "APELLIDO2": "Tourón", "NOMBRE_PRESENTACION": "Conde-Pumpido Tourón, Cándido" } }, { "ID": 156579, "PONENTE": false, "PRESIDENTE": false, "MAGISTRADOS": { "ID": 64, "NOMBRE": "Ramón", "NOMBRE_TRATAMIENTO": "don Ramón Sáez Valcárcel", "APELLIDO1": "Sáez", "APELLIDO2": "Valcárcel", "NOMBRE_PRESENTACION": "Sáez Valcárcel, Ramón" } }, { "ID": 156580, "PONENTE": false, "PRESIDENTE": false, "MAGISTRADOS": { "ID": 65, "NOMBRE": "Enrique", "NOMBRE_TRATAMIENTO": "don Enrique Arnaldo Alcubilla", "APELLIDO1": "Arnaldo", "APELLIDO2": "Alcubilla", "NOMBRE_PRESENTACION": "Arnaldo Alcubilla, Enrique" } }, { "ID": 156581, "PONENTE": false, "PRESIDENTE": false, "MAGISTRADOS": { "ID": 66, "NOMBRE": "Concepción", "NOMBRE_TRATAMIENTO": "doña Concepción Espejel Jorquera", "APELLIDO1": "Espejel", "APELLIDO2": "Jorquera", "NOMBRE_PRESENTACION": "Espejel Jorquera, Concepción" } } ], "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES": [ { "ID": 158557, "NUMERO": 1, "TEXTO": "Por medio de la STC 147/2019, de 25 de noviembre, esta Sala estimó el recurso de amparo interpuesto por don Ionut Marin “contra el auto de 19 de octubre de 2017 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, confirmado en trámite de recurso de queja por otro posterior de 15 de diciembre del mismo año del Tribunal Supremo, que tuvo por no preparado el recurso de casación presentado por aquel contra la precedente sentencia de 11 de julio de 2017 de la misma Sección y Sala de la Audiencia Nacional, que había acordado estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ahora demandante de amparo contra anterior resolución de 8 de octubre de 2014, dictada, por delegación del ministro de Justicia, por el secretario de Estado de aquel ministerio, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del tiempo que permaneció en prisión provisional con cargo a una causa penal de la que resultó absuelto”.\r\n\r\nEn esa STC 147/2019, y por aplicación de la doctrina expuesta en las SSTC 85/2019 y 125/2019, se declaró “vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)” del recurrente y, en consecuencia, se decidió “restablecerle en sus derechos” mediante la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas, con retroacción de las actuaciones “al momento anterior al dictado de la última resolución citada, para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por prisión provisional de forma respetuosa” con los derechos fundamentales vulnerados, con desestimación del resto de pretensiones.\r\n\r\nLa STC 147/2019 fue notificada a las partes, y publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 5, de 6 de enero de 2020.", "listaMarcas": [ { "ID": 479850, "PosInicio": 20, "PosFin": 28, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158557, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405913, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479851, "PosInicio": 1011, "PosFin": 1019, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158557, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405914, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479852, "PosInicio": 1074, "PosFin": 1081, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158557, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405915, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "25972" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479853, "PosInicio": 1084, "PosFin": 1092, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158557, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405916, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26068" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479854, "PosInicio": 1666, "PosFin": 1674, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158557, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405917, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 } ] }, { "ID": 158558, "NUMERO": 2, "TEXTO": "El 18 de junio de 2021, la representación de don Ionut Marin, asumida por el procurador de los tribunales, don Luis Fernando Pozas Osset, bajo la dirección letrada de don César Pinto Cañón, presentó un escrito por el que se interesaba de esta Sala la adopción de “las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo” de la sentencia dictada.\r\n\r\nEn ese escrito se alegaba el transcurso de “más de un año y medio” desde el dictado de la STC 147/2019, sin que la Secretaría de Estado de Justicia haya resuelto la reclamación de responsabilidad patrimonial o le haya notificado su resolución. A la vista de esta situación, con cita y reseña parcial de los arts. 80 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), así como del art. 104.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), el escrito solicita de esta Sala lo siguiente:\r\n\r\n“1.º Requiera al secretario de Estado de Justicia para que informe en el plazo de veinte días a esta Sala Segunda del Tribunal Constitucional de las actuaciones llevadas a cabo tendentes al cumplimiento del fallo de la sentencia.\r\n\r\n2.º Requiera al secretario de Estado de Justicia para que resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don Ionut Marin de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia y establezca que corresponde llevar a cabo su cumplimiento en el plazo de un mes desde que se le comunique este requerimiento.\r\n\r\n3.º Se advierta al secretario de Estado de Justicia de que recibido el informe o transcurrido los plazos que fije, si el tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas estipuladas en el apartado 4 del artículo 92 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en concreto, imponer multa coercitiva de tres mil euros si incumpliere las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado; acordar la suspensión en sus funciones como autoridad de la administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal o, en su caso, deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.", "listaMarcas": [ { "ID": 479855, "PosInicio": 451, "PosFin": 459, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158558, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405918, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 } ] }, { "ID": 158559, "NUMERO": 3, "TEXTO": "Por medio de providencia de 12 de julio de 2021, la Sala acordó tener por formulado un incidente de ejecución de sentencia y, con carácter previo a su resolución, conforme a lo previsto en el art. 92 LOTC, dar audiencia al Ministerio Fiscal y al Ministerio de Justicia, por plazo de diez días." }, { "ID": 158560, "NUMERO": 4, "TEXTO": "En fecha 27 de julio de 2021 se recibió en esta Sala el escrito de alegaciones del abogado del Estado, que se acompaña del informe elaborado por el secretario de Estado de Justicia.\r\n\r\nEn ese informe se hace constar que la STC 147/2019 fue notificada formalmente, a través de la Audiencia Nacional, el 12 de diciembre de 2019, iniciándose entonces la tramitación del expediente a efectos de dictar una nueva resolución de la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial. De la documentación que se adjunta se deduce que se dio traslado de las actuaciones al interesado en fechas 10 de febrero y 3 de junio de 2020; que, con fecha 29 de septiembre y 15 de octubre de 2020, respectivamente, se solicitó testimonio de las actuaciones seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 27 de Madrid y ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid; que, tras la instrucción del expediente, se dictó una propuesta de resolución de estimación parcial de la reclamación, emitida el 20 de julio de 2021; y que, en fecha 22 de julio de 2021 se remitió el expediente al Consejo de Estado, para la emisión del preceptivo informe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el art. 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.\r\n\r\nEl informe del secretario de Estado de Justicia finaliza señalando que, tan pronto como se remita el dictamen preceptivo, se elaborará la correspondiente resolución.", "listaMarcas": [ { "ID": 479856, "PosInicio": 227, "PosFin": 235, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158560, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405919, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 } ] }, { "ID": 158561, "NUMERO": 5, "TEXTO": "El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones por medio de informe que tuvo entrada en fecha 2 de septiembre de 2021. Tras hacer referencia a los antecedentes que consideró de interés, y recordar la doctrina de este tribunal sobre la materia, con cita y reseña parcial de los AATC —de Pleno— 141/2016, de 15 de agosto, y 123/2017, de 19 de diciembre, el Ministerio Público entiende que no procede acceder a lo solicitado.\r\n\r\nSe basa para ello en el informe emitido por el secretario de Estado de Justicia, y aportado por la Abogacía del Estado, del que se desprende que “las medidas de ejecución interesadas no resultan […] necesarias para asegurar el debido cumplimiento de la sentencia […], puesto que el órgano de la administración que viene obligado a ello acredita haber llevado a cabo, si bien con un innegable retraso, las actuaciones dirigidas a resolver sobre la pretensión indemnizatoria, hallándose pendiente su resolución definitiva […] de la actuación del Consejo de Estado”. Por otra parte, el Ministerio Fiscal considera que no procede “extender el ámbito de cognición” del incidente “al concreto contenido de dicha propuesta indemnizatoria, ni a ningún otro aspecto de las actuaciones” seguidas ante el Ministerio de Justicia, “sin perjuicio […] de que la sucesión de actuaciones futuras pudiera ser objeto de cualquier nuevo incidente dirigido a la efectiva y satisfactoria ejecución de la sentencia de amparo”.", "listaMarcas": [ { "ID": 479857, "PosInicio": 292, "PosFin": 300, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158561, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405920, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "25056" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 3, "Descripcion": "Vínculo auto", "Tag": "" }, "TipoId": 3 }, { "ID": 479858, "PosInicio": 321, "PosFin": 329, "Item": "RESOLUCIONES_ANTECEDENTES", "ItemId": 158561, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405921, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "25451" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 3, "Descripcion": "Vínculo auto", "Tag": "" }, "TipoId": 3 } ] } ], "RESOLUCIONES_ARTICULOS": [ { "ID": 271427, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 912, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 9.1", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 235, "TEXTO": "Constitución española, de 27 de diciembre de 1978", "FECHA_EMISION": "1978-12-27T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22804, "TEXTO": "A) Constitución", "ORDEN_VISTA": "000003.000002", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 1 } }, { "ID": 271428, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 19278, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 1.1", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271429, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 19669, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 87.1", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271430, "FFJJ": "ff. 2, 3", "ARTICULOS": { "ID": 19682, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271431, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 81912, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 87.1 párrafo 1", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271432, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 19683, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271433, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 59381, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92.1 (redactado por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre)", "TEXTO_ANOTACION": "", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271434, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 43994, "TEXTO_ARTICULO": "En general", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 7869, "TEXTO": "Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "2007-05-24T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271435, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 59382, "TEXTO_ARTICULO": "En general", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 10578, "TEXTO": "Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho", "FECHA_EMISION": "2015-10-17T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22845, "TEXTO": "D) Leyes Orgánicas", "ORDEN_VISTA": "000003.000005", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 4 } }, { "ID": 271436, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 61486, "TEXTO_ARTICULO": "Preámbulo", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 10578, "TEXTO": "Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho", "FECHA_EMISION": "2015-10-17T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22845, "TEXTO": "D) Leyes Orgánicas", "ORDEN_VISTA": "000003.000005", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 4 } }, { "ID": 271438, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 82341, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92.4 párrafo 2", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271440, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 82342, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92.1 párrafo 2", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271442, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 80579, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92.1", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271444, "FFJJ": "f. 2", "ARTICULOS": { "ID": 82305, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92.3", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271446, "FFJJ": "f. 3", "ARTICULOS": { "ID": 57468, "TEXTO_ARTICULO": "En general", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 10375, "TEXTO": "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas", "FECHA_EMISION": "2015-10-01T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22846, "TEXTO": "E) Leyes de las Cortes Generales", "ORDEN_VISTA": "000003.000006", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 5 } }, { "ID": 271447, "FFJJ": "f. 3", "ARTICULOS": { "ID": 20311, "TEXTO_ARTICULO": "En general", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2767, "TEXTO": "Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Consejo de Estado", "FECHA_EMISION": "1980-04-22T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22845, "TEXTO": "D) Leyes Orgánicas", "ORDEN_VISTA": "000003.000005", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 4 } }, { "ID": 271448, "FFJJ": "f. 3", "ARTICULOS": { "ID": 82343, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 92.4 párrafo 1", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 2732, "TEXTO": "Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", "FECHA_EMISION": "1979-10-03T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22843, "TEXTO": "B) Tribunal Constitucional", "ORDEN_VISTA": "000003.000003", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 2 } }, { "ID": 271449, "FFJJ": "f. 3", "ARTICULOS": { "ID": 82344, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 81.2", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 10375, "TEXTO": "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas", "FECHA_EMISION": "2015-10-01T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22846, "TEXTO": "E) Leyes de las Cortes Generales", "ORDEN_VISTA": "000003.000006", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 5 } }, { "ID": 271450, "FFJJ": "f. 3", "ARTICULOS": { "ID": 82345, "TEXTO_ARTICULO": "Artículo 128.1", "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 17364, "TEXTO": "Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico del Consejo de Estado", "FECHA_EMISION": "1980-07-18T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 22849, "TEXTO": "H) Reales Decretos y otras disposiciones generales del Estado", "ORDEN_VISTA": "000003.000009", "NUMERO_INDICE": 3, "ORDEN": 8 } }, { "ID": 276069, "ARTICULOS": { "ID": 74868, "NORMATIVAS_CITADAS": { "ID": 15134, "TEXTO": "Sentencia de 11 de julio de 2017 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el procedimiento ordinario 10-2015. Auto del mismo órgano judicial de 19 de octubre de 2017. Auto de 15 de diciembre de 2017, dictado por el Tribunal Supremo, en materia de responsabilidad patrimonial por prisión provisional seguida de absolución", "FECHA_EMISION": "2017-10-19T00:00:00" } }, "EPIGRAFES": { "ID": 41030, "TEXTO": "4. Índice de resoluciones de órganos judiciales impugnadas", "ORDEN_VISTA": "000004", "NUMERO_INDICE": 4, "ORDEN": 4 } } ], "RESOLUCIONES_CABECERA": [ { "ID": 18310, "TEXTO": "La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, en el incidente de ejecución de sentencia planteado en el recurso de amparo núm. 805-2018, promovido por don Ionut Marin, ha dictado el siguiente" } ], "RESOLUCIONES_DICTAMEN": [ { "ID": 26874, "CABECERA": "Por lo expuesto, la Sala", "ENTRADA": "ACUERDA", "TEXTO": "Desestimar la solicitud formulada por el recurrente, don Ionut Marin, para la adopción de medidas de ejecución tendentes a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia 147/2019, de 25 de noviembre, dictada en el recurso de amparo núm. 805-2018.", "ID_FALLO": 14 } ], "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS": [ { "ID": 80518, "NUMERO": 1, "TEXTO": "Objeto de esta resolución y pretensiones de las partes\r\n\r\nEl recurrente en amparo ha solicitado la adopción de las medidas de ejecución que se estimen necesarias para dar cumplimiento efectivo a la STC 147/2019, de 25 de noviembre, dictada en este procedimiento. Denuncia que ha transcurrido más de un año y medio sin que se haya resuelto o se le haya notificado la resolución de su expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del tiempo que permaneció en prisión provisional con cargo a una causa penal de la que resultó absuelto. La Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal se oponen a esta pretensión, considerando que no se ha producido un incumplimiento de la citada sentencia, ya que el expediente está siendo tramitado y solo se encuentra pendiente del informe del Consejo de Estado, tras lo cual se dictará la resolución que proceda.", "listaMarcas": [ { "ID": 479838, "PosInicio": 0, "PosFin": 54, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80518, "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 1, "Descripcion": "Cursiva", "Tag": "" }, "TipoId": 1 }, { "ID": 479839, "PosInicio": 202, "PosFin": 210, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80518, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405904, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 } ] }, { "ID": 80519, "NUMERO": 2, "TEXTO": "La ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional: regulación y doctrina jurisprudencial\r\n\r\nComo recuerda la STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 9, la “Constitución no contiene previsión alguna en materia de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es obvio que esta falta de previsión no puede interpretarse, en el modelo de jurisdicción constitucional diseñado por el constituyente […], como un desapoderamiento al Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones. El Tribunal Constitucional ha sido configurado en el texto constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional que tiene conferido en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción constitucional, de modo que, en cuanto cualidad inherente a la función de administrar Justicia, también de la Justicia constitucional, ha de postularse del Tribunal la titularidad de una de las potestades en que el ejercicio de la jurisdicción consiste, cual es la de la ejecución de sus resoluciones, pues quien juzga ha de tener la potestad de obligar al cumplimiento de sus decisiones. Si ello no fuera así, el Tribunal, único en su orden, carecería de una de las notas esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional y con ello de la potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), en tanto que supremo intérprete y garante último de la misma (art. 1.1 LOTC)”.\r\n\r\nSe consolidaba así la doctrina de este tribunal, ya expuesta en los AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2, y 177/2012, de 2 de octubre, FJ 2, entre otros, y que aparece reiterada en el ATC 24/2017, de 14 de febrero, FJ 3, dictado por el Pleno, al señalar que “los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla”. Añadiendo que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1, primer párrafo, LOTC)”.\r\n\r\nLa regulación originaria de la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido objeto de una progresiva ampliación y concreción de las medidas de ejecución puestas a disposición del Tribunal, a través de sendas reformas de su art. 92, llevadas a cabo por las Leyes Orgánicas 6/2007, de 24 de mayo, y 15/2015, de 16 de octubre. En el preámbulo de esta última se destaca la necesidad de introducir “en sede constitucional, instrumentos de ejecución que dot[e]n al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones”.\r\n\r\nEn su redacción vigente, el art. 92 LOTC establece lo siguiente:\r\n\r\n“1. El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.\r\n\r\nPodrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó.\r\n\r\n2. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualesquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarán con carácter preferente y urgente.\r\n\r\n3. Las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el apartado 1, para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.\r\n\r\n4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.\r\n\r\nRecibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:\r\n\r\na) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.\r\n\r\nb) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.\r\n\r\nc) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.\r\n\r\nd) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.\r\n\r\n5. Si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes. En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas”.\r\n\r\nUna mera lectura de este precepto permite observar el conjunto de instrumentos puestos a disposición del Tribunal para garantizar la ejecución de sus resoluciones. Instrumentos que van desde la clásica declaración de nulidad de las disposiciones o actos que contravengan sus decisiones, hasta la deducción de testimonio de particulares por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal, pasando por medidas de coerción pecuniaria, de suspensión de funciones o de ejecución subsidiaria. No obstante, la adopción de cualesquiera de estas medidas requiere, como presupuesto indispensable, la “contravención” (art. 92.1, párrafo segundo, LOTC) o el “incumplimiento total o parcial” (art. 92.4, párrafo segundo, LOTC) de lo dispuesto en las resoluciones de este tribunal. Además, la puesta en marcha de cualesquiera de los mecanismos previstos en el art. 92 LOTC habrá de estar orientada, exclusivamente, al “cumplimiento efectivo” de las decisiones de esta jurisdicción constitucional (art. 92.1 LOTC), y solo en la medida en que resulten “necesarias” (art. 92.3 LOTC) e “idónea[s] para la finalidad para la que ha sido prevista por el legislador” (STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 14).", "listaMarcas": [ { "ID": 479840, "PosInicio": 0, "PosFin": 99, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80519, "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 1, "Descripcion": "Cursiva", "Tag": "" }, "TipoId": 1 }, { "ID": 479841, "PosInicio": 124, "PosFin": 132, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80519, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405905, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "25151" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479842, "PosInicio": 6970, "PosFin": 6978, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80519, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405906, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "25151" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479843, "PosInicio": 1520, "PosFin": 1528, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80519, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405907, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "22088" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 3, "Descripcion": "Vínculo auto", "Tag": "" }, "TipoId": 3 }, { "ID": 479844, "PosInicio": 1554, "PosFin": 1562, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80519, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405908, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "23109" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 3, "Descripcion": "Vínculo auto", "Tag": "" }, "TipoId": 3 }, { "ID": 479845, "PosInicio": 1634, "PosFin": 1641, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80519, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405909, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "25268" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 3, "Descripcion": "Vínculo auto", "Tag": "" }, "TipoId": 3 } ] }, { "ID": 80520, "NUMERO": 3, "TEXTO": "Resolución de la pretensión\r\n\r\nLa resolución de este incidente de ejecución requiere analizar, en sus propios términos, el fallo dictado en este recurso de amparo. En su parte dispositiva, la STC 147/2019, de 25 de noviembre, acordó —en lo que ahora interesa— la retroacción de las actuaciones “para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial […] de forma respetuosa con los derechos fundamentales” infringidos. En consecuencia, el cumplimiento efectivo de esa resolución se producirá cuando se resuelva el expediente de responsabilidad patrimonial, tomando en consideración el periodo de prisión provisional sufrido por el recurrente.\r\n\r\nDe la información recibida por la administración competente se deduce que, hasta el momento, no se ha dictado la resolución requerida. Sin embargo, eso no significa —necesariamente— que la STC 147/2019 esté siendo incumplida. La propia documentación aportada por el secretario de Estado de Justicia pone de manifiesto que el expediente se ha estado tramitando y que, en el momento de emitir el informe, se encontraba en una fase muy avanzada, solo pendiente del dictamen del Consejo de Estado y la ulterior resolución final. Procede remitirse en este punto a los antecedentes expuestos en esta resolución.\r\n\r\nAnte esta situación se coincide con el Ministerio Fiscal en que falta uno de los presupuestos necesarios para adoptar alguna de las medidas de ejecución previstas en el art. 92 LOTC. A tal efecto, se considera que no se está produciendo un incumplimiento de la STC 147/2019, ya que la administración competente está tramitando el expediente de reclamación patrimonial para dictar la resolución que proceda. Ni siquiera el retraso observado en esta tramitación, mayor del que sería deseable, puede considerarse como un incumplimiento, porque en nuestra sentencia no se estableció un plazo concreto para la finalización de ese expediente. Tampoco se fijó la concreta forma para su tramitación, porque se trata de una competencia propia de la administración correspondiente, que está prevista en la normativa general aplicable, es decir, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, entre otras.\r\n\r\nPor otro lado, no se advierte qué medida concreta de ejecución pudiera resultar idónea para alcanzar el objetivo pretendido por el recurrente. En su escrito propone requerir al secretario de Estado de Justicia para que informe, lo que ya se ha llevado a efecto al tratarse de un trámite imprescindible para la resolución de este incidente (art. 92.4, primer párrafo, LOTC), con el resultado que obra en las actuaciones. También propone requerir a ese mismo cargo público para que resuelva el expediente en el plazo de un mes. Sin embargo, esta medida no resulta adecuada para el fin pretendido, porque el cumplimiento de ese plazo no depende de la Secretaría de Estado, sino del plazo previsto para la emisión del informe preceptivo del Consejo de Estado, que es de dos meses, según se dispone en el art. 81.2 de la Ley 39/2015, así como en el art. 128.1 del Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado. El resto de medidas propuestas por el recurrente (multas coercitivas, suspensión de funciones y, en su caso, deducción de testimonio a la vía penal), exigen como presupuesto necesario la constatación del incumplimiento de lo dispuesto por este tribunal, según se deduce de los propios términos del art. 92 LOTC. Un incumplimiento que, como se ha expuesto, puede ser descartado en este caso.\r\n\r\nEn definitiva, esta Sala considera que no procede acceder a lo solicitado, por no concurrir los presupuestos ni advertirse la idoneidad de medida alguna para la ejecución de la sentencia dictada en este recurso de amparo.", "listaMarcas": [ { "ID": 479846, "PosInicio": 0, "PosFin": 27, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80520, "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 1, "Descripcion": "Cursiva", "Tag": "" }, "TipoId": 1 }, { "ID": 479847, "PosInicio": 196, "PosFin": 204, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80520, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405910, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479848, "PosInicio": 851, "PosFin": 859, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80520, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405911, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 }, { "ID": 479849, "PosInicio": 1532, "PosFin": 1540, "Item": "RESOLUCIONES_FUNDAMENTOS", "ItemId": 80520, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405912, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 } ] } ], "RESOLUCIONES_PIE": [ { "ID": 26874, "TEXTO": "Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós." } ], "COMPETENCIAS": { "ID": 4, "NOMBRE": "Sala Segunda" }, "RESOLUCIONES_DESCRIPTORES": [ { "ID": 1299498, "NUM_FJ": "f. 3", "DESCRIPTORES": { "ID": 84182, "DESCRIPTOR": "Desestimación de incidente de ejecución de sentencias de amparo", "CODIGO": "1JCRGF42", "CANDIDATO": false, "DESCRIPTORES_TIPOS_CONCEPTUALES": { "ID": 1, "NOMBRE": "Conceptos constitucionales", "CODIGO": "1" } } } ], "RESOLUCIONES_ASUNTOS": [ { "ID": 33503, "ASUNTOS": { "ID": 24883, "NUMERO": 805, "ANNO": 2018, "TIPOS_RECURSO": { "ID": 3, "NOMBRE": "Recurso de amparo", "CODIFICACION": "10.20.30.10", "ACRONIMO": "RA" } } } ], "url": "/Resolucion/Api/json/26885", "listaMarcadoresSintesisDescriptiva": [ { "ID": 479859, "PosInicio": 46, "PosFin": 54, "Item": "RESOLUCIONES/SINTESIS_DESCRIPTIVA", "ItemId": 26885, "MARCADORES_PARAMETROS": [ { "ID": 405922, "nombreParametro": "ID", "valorParametro": "26118" } ], "TIPOS_MARCADORES": { "ID": 2, "Descripcion": "Vinculo sentencia", "Tag": "" }, "TipoId": 2 } ] }