1986 false false 2026-02-23T10:48:21.967 de 17 de septiembre de 1986 1986-09-17T00:00:00 10739 ES 647-1986 719 16 1986 4036 647 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 10742 3 647-1986 61770 false true Latorre Segura 7 Ángel Latorre Segura, Ángel don Ángel Latorre Segura 61771 false false Vega Benayas 19 Carlos de la Vega Benayas, Carlos de la don Carlos de la Vega Benayas 61772 false false López Guerra 17 Luis López Guerra, Luis don Luis López Guerra 78160 1 Por escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el día 14 de junio de 1986, don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Luis Martínez Larios, interpone recurso de amparo contra Auto de fecha 16 de abril de 1986, dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, que declaró desierto el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de fecha 3 de febrero de 1986, dictada por el Consejo de Guerra ordinario que condenó al recurrente a penas de prisión menor por delitos de robo y de insultos a Fuerzas Armadas. La demanda se fundamenta en los siguientes hechos: a) El día 3 de febrero de 1986 se celebró el Consejo ordinario contra el recurrente don Luis Martínez Larios y el mismo día se dictó Sentencia en la que se condenó al procesado a dos penas de tres y cinco años de prisión menor y accesorias por delitos de insultos a Fuerzas Armadas y robo, respectivamente. En esta misma fecha, conforme a los arts. 797.2 y 799 del Código de Justicia Militar, se presentó a la autoridad judicial militar escrito de alegaciones, siendo desestimado por Decreto de 5 de mayo de 1986 del excelentísimo señor Capitán General de la Región Militar de Levante. b) En escrito de fecha 7 de febrero de 1986 se anunció en tiempo y forma recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley contra la citada Sentencia ante el Juzgado Togado Militar Permanente núm. 1 de Valencia. En contestación a este escrito, en fecha 27 de febrero de 1986, se notifica al Abogado de la parte recurrente, don Jesús Sánchez-Tello Mercadal, que se tiene por preparado recurso de casación y se le hace entrega de testimonio de la Sentencia dictada. Igualmente se le emplaza para que, en el término improrrogable de quince días, comparezca ante el Consejo Supremo de Justicia Militar para formalizar el recurso de casación, conforme a lo prevenido en el art. 13.3 de la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, en relación con el art. 859 de la L.E.Cr. En fecha 6 de marzo de 1986, la parte recurrente comparece ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, pero sin formalizar el recurso de casación. c) Por Auto de fecha 16 de abril de 1986, el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró desierto el recurso de casación por no haberse formalizado en tiempo y forma. El demandante solicita de este Tribunal anulación de la resolución recurrida y que se le permita tener acceso al recurso de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. A su juicio se ha producido violación de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24) y del derecho de igualdad (art. 14); entiende el demandante que una vez que compareció ante el Consejo Supremo de Justicia Militar (sin formalizar el recurso), éste debió haberle otorgado un nuevo plazo de quince días para que formalizase el recurso de casación, y que, al no hacerlo así y por lo tanto no formalizar el recurso, se le causó indefensión y no obtuvo tutela efectiva judicial en vía de casación, y que se le dio por el Consejo Supremo de Justicia Militar un trato desigual y discriminatorio respecto de los demás justiciables, al impedírsele el acceso a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. 78161 2 Por providencia de 9 de julio de 1986, la Sección acuerda tener por personado y parte, en nombre y representación del recurrente, al Procurador señor Vázquez Guillén; así como conceder un plazo común de diez días al citado Procurador y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo procedente sobre el motivo de inadmisión de carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional, conforme a lo establecido en el art. 50.2 b) de la LOTC. 78162 3 El Fiscal, en escrito de 18 de julio de 1986, se opone al recurso y al efecto alega que concurre la causa de inadmisión propuesta y prevista en el art. 50.2 b) de la LOTC, por carecer la demanda manifiestamente de contenido constitucional, pues no se ha quebrantado el principio de igualdad en la aplicación de la Ley, que se alega, por no ofrecerse el adecuado término de comparación del mismo órgano judicial, ni tampoco se justifica la denegación de tutela judicial efectiva, pues el Auto impugnado es razonado y fundado jurídicamente, aunque sea de inadmisión, sin que pueda considerarse que la interpretación que hace el CSJM se basa en formalismos enervantes que cierran el acceso al recurso sino en una causa legal y previamente establecida, como es la falta de interposición del recurso de casación dentro del término del emplazamiento (art. 13.3 de la Ley Orgánica 9/1980 y arts. 873 y 859 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). No puede desconocerse, como se subraya en el Auto impugnado, que la comparecencia no tenía otro objeto que la formalización del recurso y no se hizo, siendo así por otra parte que en la notificación de la resolución de la Autoridad judicial teniendo por preparado el recurso se hace constar expresamente que se emplazaba para formalizar el recurso de casación. 78163 4 Don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales y de don Luis Martínez Larios, alega que el art. 14 de la C.E. establece que los españoles son iguales ante la Ley, y que ha existido trato desigual respecto de otros ciudadanos, puesto que todos los Tribunales tienen las mismas obligaciones y se debe juzgar por igual a los ciudadanos sean cuales sean los Tribunales que lo hagan, civiles, militares, administrativos, constitucionales, etc. Añade que una de las garantías jurídicas elementales, sobre todo en el proceso penal, es el de la posibilidad de recurrir resoluciones que en esa primera instancia se han delimitado y que al parecer la persona que la sufre las estima injustas o no ajustadas a derecho. La obligación de los propios Tribunales es tutelar esta garantía entre otros, y no se ha hecho así en el Auto del Consejo Supremo de Justicia Militar que vulnera la obligación constitucional de tutela efectiva y de garantía jurídica de los derechos ejercidos por las personas teniendo como consecuencia la indefensión de la que habla el propio art. 24 de la Constitución. 408 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 14 8860 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 665 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24 23326 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 19485 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 50.2 b) 98993 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 9979 En el asunto de referencia, la Sección ha acordado dictar el siguiente AUTO false 3NCDV Diligencia procesal de la parte 3 3 Conceptos procesales 89953 Se aplicará exclusivamente a las actuaciones de las partes procesales (demandantes, demandados, terceros, recurrentes, etc) debiendo utilizarse "Diligencia de los órganos judiciales" para la correspondiente a jueces, magistrados y personal al servicio de la Administración de Justicia 1170487 false 3PCQC Recurso de casación civil 3 3 Conceptos procesales 91387 1195356 false 3NCKDL Plazo de formalización 3 3 Conceptos procesales 90886 1195357 false 1HLDMT4 Término de comparación inexistente 1 1 Conceptos constitucionales 82407 1262652 9977 4 Por lo expuesto, la Sección acuerda la inadmisión del recurso y el archivo de las actuaciones. 42900 1 La demanda carece de contenido constitucional [art. 50.2 b) de la LOTC]. En efecto, no se ha producido violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías (art. 24), puesto que el recurrente ha obtenido dicha tutela con la celebración de un proceso penal conforme al ordenamiento y con la posibilidad de interposición de los recursos utilizables. Y si el recurso de casación se declaró desierto por falta de formalización dentro del plazo, fue debido a la propia conducta del recurrente (o su representante legal), derivada de una errónea interpretación del recurso de casación. 42901 2 No existe, como quiere hacer ver el recurrente, una fase de comparecencia ante la Sala en el término del emplazamiento y posteriormente una nueva fase con nuevos plazos concedida por el Tribunal para la formalización. La formalización o interposición del recurso de casación ha de hacerse necesariamente en el término único e improrrogable del emplazamiento. El recurrente fue notificado en fecha 27 de febrero de 1986 y se le hizo entrega de la resolución de la Autoridad judicial por la que se tuvo por preparado el recurso de casación y se le hizo entrega del testimonio de la Sentencia a la vez que se le emplazó «para que en el término improrrogable de quince días comparezca en legal forma ante el Consejo Supremo de Justicia Militar para formalizar el recurso de casación». 42902 3 De lo expuesto resulta que el motivo de declarar desierto el recurso de casación fue la concepción errónea de su trámite por la representación legal del recurrente, y, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, no existe falta de tutela judicial efectiva cuando los medios que ofrece el ordenamiento jurídico no fueron usados con la pericia técnica suficiente (SSTC de 7 de julio y de 11 de junio de 1985) o cuando la parte que invoca indefensión colabore con su conducta a su producción (STC de 11 de junio de 1984), puesto que la posible indefensión resulta absolutamente irrelevante a efectos constitucionales cuando se genera por la actuación desacertada o errónea de la parte recurrente (STC 109/1985, de 8 de octubre). 42903 4 No se ha producido tampoco violación del derecho a la igualdad del art. 14. Si la actuación del Consejo Supremo de Justicia Militar fue correcta procesalmente al declarar desierto el recurso, no cabe hablar de trato desigual respecto del recurrente, puesto que legalmente no podía recibir otro. Por otra parte, el recurrente se limita a invocar como vulnerado el art. 14, pero sin indicar un término de comparación que permita comprobar si realmente se ha dado un trato discriminatorio con respecto de otros recurrentes. 9977 Madrid, a diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. Inadmisión. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: falta de diligencia del recurrente. Recurso de casación civil: plazo de formalización. Principio de igualdad: falta término de comparación. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 647/1986 Recurso de amparo 647/1986 AUTO 8 Sección Cuarta 2017-06-01T10:52:30.39 /Resolucion/Api/json/10739