1987 false false 2026-01-13T11:58:28.46 de 12 de marzo de 1987 1987-03-12T00:00:00 11454 ES 462-1986 320 17 1986 3909 462 CI 10.20.40.30 2 Cuestión de inconstitucionalidad 11457 2 462-1986 64941 false true Tomás Valiente 10 Francisco Tomás y Valiente, Francisco don Francisco Tomás y Valiente 64942 false false Begué Cantón 2 Gloria Begué Cantón, Gloria doña Gloria Begué Cantón 64943 false false Latorre Segura 7 Ángel Latorre Segura, Ángel don Ángel Latorre Segura 64944 false false Rubio Llorente 9 Francisco Rubio Llorente, Francisco don Francisco Rubio Llorente 64945 false false Diez-Picazo Ponce de León 4 Luis Diez-Picazo y Ponce de León, Luis don Luis Díez-Picazo y Ponce de León 64946 false false Truyol Serra 13 Antonio Truyol Serra, Antonio don Antonio Truyol Serra 64947 false false García-Mon González-Regueral 16 Fernando García-Mon y González-Regueral, Fernando don Fernando García-Mon y González-Regueral 64948 false false Vega Benayas 19 Carlos de la Vega Benayas, Carlos de la don Carlos de la Vega Benayas 64949 false false Díaz Eimil 20 Eugenio Díaz Eimil, Eugenio don Eugenio Díaz Eimil 64950 false false Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer 18 Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 64951 false false Leguina Villa 15 Jesús Leguina Villa, Jesús don Jesús Leguina Villa 64952 false false López Guerra 17 Luis López Guerra, Luis don Luis López Guerra 144922 1 Por auto de 29 de marzo de 1986, que tuvo entrada en el Registro General el 29 de abril siguiente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 13.1 de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, previo cumplimiento de los requisitos procesales establecidos en el artículo 35 y siguientes de la L.O.T.C. 144923 2 Por providencia de 7 de mayo de 1986, la Sección 3ª del Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad propuesta y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la L.O.T.C., dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, por los conductos legales, a fin de que, en el improrrogable plazo de 15 días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que tuvieran por conveniente. 144924 3 El Fiscal General del Estado, por escrito de 26 de mayo de 1986 y a la vista de las numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas sobre el mismo punto, solicitó que se le tuviera por personado y que se suspendiera la tramitación de la cuestión hasta que recayera sentencia en alguna de las ya propuestas. 144925 4 Tras haber formulado las correspondientes alegaciones mediante escrito de 30 de mayo de 1986, el Letrado del Estado, con fecha 17 de junio siguiente, se mostró conforme con la suspensión de la tramitación solicitada por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la consideración que, en la sentencia gue resolviera los procedimientos precedentes sobre el mismo objeto, hubiera de darse a las alegaciones aducidas en este procedimiento. 144926 5 Por auto de 3 de julio de 1986 y siguiendo el criterio mantenido en anteriores cuestiones de inconstitucionalidad promovidas en relación al mismo precepto, el Pleno acordó suspender la tramitación de la presente cuestión hasta tanto recayera sentencia en alguna de las ya acumuladas. 144927 6 El día 17 de febrero de 1987 se dictó sentencia en la cuestión de inconstitucionalidad 655/84, cuyo fallo decidira inconstitucional, y por tanto nulo, el artículo 13.1 de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales. Esta sentencia reitera en su fundamento jurídico primero la doctrina sentada en otras anteriores, 152 y 153 de 4 de diciembre de 1986, afirmando que, declarada la inconstitucionalidad de un precepto legal, éste ha de ser tenido por nulo, no siendo posible su aplicación por los Tribunales en el supuesto aquí planteado ni en otro alguno. 22567 6 En razón de todo ello, el Pleno de este Tribunal ha acordado declarar extinguida, por desaparición de su objeto, la cuestión mencionada. 73722 1 Único.- La eficacia "erga omnes" que es propia de las sentencias de este Tribunal en los procedimientos de inconstitucionalidad (artículo 38.1 de la L.O.T.C.) implica, como consecuencia ineludible, la de que, declarada la inconstitucionalidad de una norma legal, ésta queda expulsada del ordenamiento, con lo que no puede ser aplicada por ningún órgano del Estado. Declarada por la sentencia del pasado 12 de febrero, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad 665/84, la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del artículo 13.1 de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, declaración que afecta a tal precepto en su enunciado y no en una interpretación determinada del mismo, es claro que ese precepto ha quedado privado de todo efecto. Esta decisión y su necesaria consecuencia priva así de objeto la cuestión que en su auto de 29 de marzo de 1986 nos planteaba la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife. 18723 Madrid, a doce de marzo de mil novecientos ochenta y siete. Sentencias del Tribunal Constitucional: eficacia «erga omnes». La Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 13.1 de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre, sobre Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, que fija libremente el tipo de gravamen aplicable en la Contribución Territorial Urbana por los Ayuntamientos, al entender que tal precepto vulnera el art. 31.3 de la C.E. Declarando la extinción del proceso, por desaparición de su objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad 462/1986 Cuestión de inconstitucionalidad 462/1986 AUTO 1 Pleno 2017-05-17T09:36:21.003 /Resolucion/Api/json/11454