1987 false false 2026-02-23T10:48:21.967 de 27 de mayo de 1987 1987-05-27T00:00:00 11768 ES 1220-1986 634 18 1986 5169 1220 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 11771 3 1220-1986 66161 false true Begué Cantón 2 Gloria Begué Cantón, Gloria doña Gloria Begué Cantón 66162 false false García-Mon González-Regueral 16 Fernando García-Mon y González-Regueral, Fernando don Fernando García-Mon y González-Regueral 66163 false false Leguina Villa 15 Jesús Leguina Villa, Jesús don Jesús Leguina Villa 79477 1 Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 15 de noviembre de 1986, el Procurador de los Tribunales don Luis Parra Ortum interpone, en nombre y representación de don Hermenegildo Ortigosa Camacho, recurso de amparo contra la Sentencia de 23 de octubre de 1986 de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife recaída en la apelación núm. L 74/86, dimanante de autos de juicio de cognición del Juzgado de Distrito de Santa Cruz de La Palma. 79478 2 La demanda de amparo se basa en los siguientes hechos: a) Estando el demandante destinado en Santa Cruz de La Palma como Comandante militar de Marina, arrendó una vivienda en dicha ciudad a don Claudio Morera Alvarez, quien, el 25 de enero de 1985, interpuso demanda de juicio de desahucio contra aquél, alegando la causa 3.ª del art. 62 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (L.A.U.). Dicha demanda fue contestada por el hoy recurrente en amparo alegando que por razón de destino militar se encontraba en Barcelona, pero que su esposa seguía habitando a intervalos la vivienda arrendada en Santa Cruz de La Palma, en la que diariamente se realizaban faenas domésticas de limpieza y mantenimiento. b) Con fecha 28 de febrero de 1986, el Juzgado de Distrito de Santa Cruz de La Palma dictó Sentencia estimando la demanda de desahucio, que fue confirmada por la de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerfie ahora impugnada. 79479 3 Considera la representación del recurrente que dicha Sentencia infringe el derecho de éste a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 de la Constitución, por cuanto en ella no se ha aplicado correctamente la legislación vigente, ya que la causa 3.ª del art. 62 de la L.A.U. establece que el inquilino no tendrá derecho a la prórroga legal «cuando la vivienda no esté ocupada durante más de seis meses en el curso de un año ... a menos que la desocupación obedezca a justa causa», y en este o sentido no se ha tenido en cuenta la condición de militar en activo de su representado y el destino que le fue asignado. En consecuencia, solicita de este Tribunal que declare la nulidad de la Sentencia impugnada y, asimismo, suspenda su ejecución, por incidir ésta decisivamente sobre su derecho. 79480 4 Por providencia de 22 de diciembre de 1986, la Sección Tercera (Sala Segunda) de este Tribunal acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a la representación del recurrente a fin de que aleguen lo que estimen pertinente en relación con la posible existencia de los siguientes motivos de inadmisión: a) No haberse invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello [art. 44.1 c) en relación con el 50.1 b), ambos de la LOTC], y b) Carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional [art. 50.2 b) de la LOTC]. 79481 5 En su escrito de 14 de enero de 1987, el Ministerio Fiscal sostiene que en la demanda de amparo concurren ambas causas de inadmisión. En primer lugar -arguye-, la vulneración, si existió, es imputable a la Sentencia del Juzgado de Distrito, por lo que debió ser invocada formalmente en el momento procesal de interponerse el recurso de apelación o durante la tramitación del mismo. En segundo lugar, lo que el recurrente califica de vulneración constitucional no es sino una discrepancia respecto a la subsunción de los hechos en la norma aplicable, función que, de acuerdo con la Constitución, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales. 79482 6 Por su parte, la representación del recurrente, en escrito presentado el 21 de enero de 1987, formula las siguientes alegaciones: a) En relación con la exigencia derivada del art. 44.1 c) de la LOTC, manifiesta que en el proceso se invocó el derecho fundamental vulnerado y se puso de relieve las circunstancias personales de su representado, concretamente la de ser militar, que venia a justificar la desocupación de la vivienda en cuestión por obedecer a «justa causa». b) Por lo que respecta al art. 50.1 b) de la LOTC, señala que, acompañando a la solicitud de amparo, se presentaron copias de la «hoja de servicios» de su representado. c) Finalmente, y en relación con el art. 50.2. b) de la LOTC, pone de manifiesto que se trata de la protección de un derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 de la Constitución y que por consiguiente, de conformidad con el art. 53.2 de la misma, su representado tiene derecho, como cualquier ciudadano, a recabar la tutela de sus intereses a través del recurso de amparo. 318 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 117.3 4382 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 58455 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24.1 27032 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 3157 1964-12-24T00:00:00 757 Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de arrendamientos urbanos Artículo 62.3 52403 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 19428 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 44.1 c) 91725 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19475 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 50.1 b) 96127 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19485 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 50.2 b) 98886 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 10307 En el asunto de referencia la Sección ha acordado dictar el siguiente AUTO false 1JCLCPDCNCH Falta de invocación del derecho vulnerado 1 1 Conceptos constitucionales 83908 1177241 false 3NCCD1 Cuestión de legalidad ordinaria 3 3 Conceptos procesales 89873 1254611 false 1HLJC Derecho a la tutela judicial efectiva 1 1 Conceptos constitucionales 82585 1254612 10305 4 Por todo lo expuesto, la Sección acuerda la inadmisión del recurso de amparo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Luis Parra Ortum, en nombre y representación de don Hermenegildo Ortigosa Camacho, y el archivo de las actuaciones. 43553 1 Aunque lo que se recurre ante esta sede es la Sentencia de la Audiencia Provincial dictada en apelación, la denunciada vulneración del art. 24.1 de la Norma fundamental ha de imputarse a la Sentencia del Juzgado de Distrito, ya que aquélla se limita a confirmar totalmente la de primera instancia. En este sentido, la presente demanda de amparo incurre en la causa de inadmisibilidad a que se refiere el art. 50.1 b) de la LOTC, por haber incumplido el requisito exigido en el art. 44.1 c) de la misma Ley -cuya finalidad, dado el carácter subsidiario del recurso de amparo, es que los Tribunales ordinarios puedan conocer y resolver sobre la violación constitucional denunciada-, pues ni se acredita ni de los documentos aportados se deduce que el derecho constitucional presuntamente vulnerado hubiera sido formalmente invocado en el trámite de la apelación. 43554 2 Más, aun cuando, como pretende la representación del recurrente, se estimase que ha sido cumplida tal finalidad, y con ello el mencionado requisito, ya que ante la Audiencia Provincial se alegó la condición de militar del hoy recurrente en amparo y es el desconocimiento de ésta, a efectos de la resolución del contrato de arrendamiento, lo que ha originado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la demanda de amparo incurriría, en todo caso, en la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 50.2 b) de la LOTC. En efecto, lo que la representación del recurrente plantea ante este Tribunal es una cuestión que atañe meramente a la interpretación y aplicación de un precepto legal, el art. 62.3.° de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Dicha representación discrepa de la decisión adoptada por los órganos judiciales, pues, a su juicio, la condición de militar de su representado ha de considerarse «justa causa» para la desocupación de la vivienda a efectos de aplicación del mencionado precepto. Pero tal discrepancia no puede ser dilucidada por este Tribunal, ya que le está vedado enjuiciar la valoración de los hechos y la interpretación que de las normas aplicables hacen los Jueces y Tribunales ordinarios en el ámbito de las competencias que con carácter exclusivo les reconoce el art. 117.3 de la Constitución. 10305 Madrid, a veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y siete. Inadmisión. Invocación formal del derecho vulnerado: falta. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: cuestión de legalidad. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 1.220/1986 Recurso de amparo 1.220/1986 AUTO 7 Sección Tercera 2017-04-04T13:13:32.427 /Resolucion/Api/json/11768