1987 false false 2026-01-13T11:58:28.46 de 3 de junio de 1987 1987-06-03T00:00:00 11810 ES 1188-1986 676 18 1986 5209 1188 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 11813 3 1188-1986 66343 false true Rubio Llorente 9 Francisco Rubio Llorente, Francisco don Francisco Rubio Llorente 66344 false false Truyol Serra 13 Antonio Truyol Serra, Antonio don Antonio Truyol Serra 66345 false false Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer 18 Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 145996 1 Por escrito gue tuvo entrada en el Registro de este Tribunal, el día 10 de noviembre de 1986, D. Domingo Companys Pérez, interpuso en nombre propio, recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1986, y solicitó que se le designase Procurador de oficio. Por providencia de 10 de diciembre de 1986 la Sección Primera de este Tribunal, acordó despachar oficio al Decano del Colegio de Procuradores y requerir al Abogado D. Luis del Castillo Aragón para que manifieste si acepta la defensa del solicitante de amparo. Por nueva providencia de 21 de enero de 1987, la Sección tuvo por designada como Procuradora por el turno de oficio a Dª Carmen Arnaiz Sanz, y como Abogado al profesional anteriormente citado, y otorgó un plazo de veinte días al objeto de formular la demanda de amparo. 145997 2 Por escrito registrado con fecha 20 de febrero la mencionada Procuradora formuló, en nombre del recurrente, su escrito de demanda fundamentado en los hechos siguientes: a) El actor fue condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de mayo de 1985, como autor responsable, junto con otras dos personas más, de dos delitos de robo con intimidación, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, suspensión de derecho de sufragio, gastos e indemnización a los perjudicados, y como autor responsable de un delito de robo de uso, a la pena de dos meses de arresto mayor, suspensión de derecho de sufragio, privación del permiso de conducir o derecho a obtenerlo por un año, y costas. b) Interpuesto recurso de casación por infracción de Ley, con base en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error de hecho en la apreciación de las pruebas, fue desestimado por sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de octubre de 1986. 145998 3 El actor solicita de este Tribunal que acuerde concederle amparo frente a las sentencias impugnadas. Aduce como violado el artículo 24.2 CE. Funda su queja en que la actividad probatoria realizada para demostrar la participación en el atraco del recurrente es nula porque se apoya en simples reconocimientos fotográficos, en declaraciones que desmienten quienes las hicieron en base a que la identificación se produjo en fotografías de archivo policial y el reconocimiento en una rueda de presos llevada a cabo sin ajustarse a Derecho y sin adoptar las medidas y garantías que protegen al justiciable. Todo ello determina una vulneración del derecho a la presunción de inocencia por inexistencia de pruebas de las que se deduzca la participación del recurrente en la comisión del hecho punible. Por otrosí, solicita la suspensión de la ejecución de las sentencias impugnadas. 145999 4 Mediante providencia del pasado 8 de abril, la Sección Segunda puso de manifiesto la posible existencia de la causa de inadmisión a que se refiere al artículo 50.2.b) LOTC por falta manifiesta de contenido constitucional de la demanda. Dentro del plazo concedido al efecto, reitera la representación del recurrente que la falta de actividad probatoria que se invoca no afirma que hubiese una carencia absoluta de pruebas sino que la que sirvió de base a la sentencia resulta inválida, bien por haberse aplicado sin garantías procesales, bien por el hecho de haber utilizado como prueba elementos que no constituyen en sí mismos sino un medio para alguna prueba posterior. El Ministerio Fiscal, por su parte, solicita la inadmisión de la demanda que -dice- lo que hace es contrastar la prueba de cargo con la de descargo para descalificar la primera. El Fundamento primero de la sentencia de casación, añade, pormenoriza las pruebas que existen en las actuaciones que son muy abundantes y en lo que se refiere a la diligencia de reconocimiento en rueda, que no fue sino una de las utilizadas, hay que añadir que ni fue impugnada en su momento, ni la objeción que ahora se le hace permite considerarla irregular y muchos menos aún lesiva de los derechos fundamentales. 18693 4 Por todo lo expuesto, la Sección acuerda la inadmisión del presente recurso. 74082 1 Único.- Tras lo alegado en este trámite es forzoso concluir que la presente demanda es inadmisible por concurrencia de la causa que en nuestra providencia se señalaba. En efecto, la queja del actor consiste en afirmar vulnerado el artículo 24.2 por la inexistencia de pruebas de cargo que desvirtúen la presunción de inocencia del mismo. Sin embargo dicha queja no puede prosperar, ya que de acuerdo con una extensísima doctrina constitucional al respecto, el cometido de este Tribunal en la valoración de una posible infracción del derecho de presunción de inocencia consiste en principio en la comprobación de la existencia de material probatorio suficiente, constitucionalmente legítimo. En el presente caso, la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo acredita la suficiencia de dicho material probatorio al relacionarse en la citada sentencia las numerosas pruebas sumariales, así como las declaraciones de inculpados y testigos en el juicio oral, al objeto de que la Sala sentenciadora "pudiera hacer sobre ellos la valoración en conciencia a que le obliga la ley", siendo de destacar que las afirmaciones del recurrente en orden a considerar nulo parte del material probatorio no expresa más que una discrepancia con la valoración judicial en la que no corresponde entrar a este Tribunal. En particular esta argumentación del recurrente sobre los efectos que pudieron producirse en la diligencia del reconocimiento en rueda, carecen en absoluto de la transcendencia que se les atribuye, tanto, cuanto que dichas diligencias sólo fueron una parte de los elementos de que el Tribunal sentenciador dispuso para formar su convicción. 18969 Madrid, a tres de junio de mil novecientos ochenta y siete. Inadmisión. Derecho a la presunción de inocencia: actividad probatoria. Contenido constitucional de la demanda: carencia. Don Domingo Companys Pérez solicita Procurador de oficio para interponer recurso de amparo contra Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que condena al recurrente como autor de un delito de robo con intimidación a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, y un delito de robo de uso a la pena de dos meses de arresto mayor, confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Invoca la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el art. 24.2 de la C.E. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 1.188/1986 Recurso de amparo 1.188/1986 AUTO 6 Sección Segunda 2017-05-17T09:55:16.963 /Resolucion/Api/json/11810