1987 false false 2026-05-07T11:44:12.757 de 10 de junio de 1987 1987-06-10T00:00:00 11865 ES 594-1987 731 18 1987 5264 594 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 11868 3 594-1987 66541 false true Begué Cantón 2 Gloria Begué Cantón, Gloria doña Gloria Begué Cantón 66542 false false Latorre Segura 7 Ángel Latorre Segura, Ángel don Ángel Latorre Segura 66543 false false García-Mon González-Regueral 16 Fernando García-Mon y González-Regueral, Fernando don Fernando García-Mon y González-Regueral 66544 false false Vega Benayas 19 Carlos de la Vega Benayas, Carlos de la don Carlos de la Vega Benayas 66545 false false Leguina Villa 15 Jesús Leguina Villa, Jesús don Jesús Leguina Villa 66546 false false López Guerra 17 Luis López Guerra, Luis don Luis López Guerra 79605 1 Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el día 6 de mayo de de 1987, don Eduardo Molina Bas solicita nombramiento de Abogado y Procurador de oficio para interponer recurso de amparo contra la Sentencia de 28 de marzo de 1987 de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo condenó como autor de un delito de desacato, y contra la providencia de 23 de marzo de 1987 de la misma Audiencia, que denegó la práctica de algunas pruebas propuestas para el juicio oral, 2, El solicitante afirma que la Sentencia recurrida aún no le ha sido notificada personalmente, pero que ha tenido conocimiento de la misma a través de la prensa local y de su Procurador, que le entregó una copia, y manifiesta su intención de interponer recurso de casación contra dicha Sentencia ante el Tribunal Supremo, pero que el Abogado de oficio que le asistió en el juicio oral se ha negado a preparar dicho recurso por lo que ha puesto en conocimiento los hechos ante el Colegio de Abogados de Alicante. Asimismo manifiesta que ha solicitado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que se tuviera por preparado directamente el recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el art. 860 de la L.E.Cr., pero ante el temor de que no se le admita, o que el plazo para la preparación del recurso se cuente a partir de la notificación al Procurador, y quede así indefenso, solicita de este Tribunal Constitucional que «ordene a la Sección Segunda de la Excma. Audiencia Provincial de Alicante sea de aplicación el art. 860 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se me expida testimonio de la Sentencia y se tenga por manifestado mi deseo de recurrir en casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley»». En segundo lugar, el solicitante alega que la inadmisión de algunas pruebas propuestas previamente al juicio oral, por providencia de 23 de marzo de 1987, ha vulnerado el derecho constitucional a un juicio justo y a valerse de los medios de prueba pertinentes, reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En consecuencia, solicita de este Tribunal que proceda al nombramiento de Abogado y Procurador de oficio. Asimismo, de conformidad con el art. 56 de la LOTC, pide que se acuerden «aquellas medidas adecuadas al caso», para evitar que la Sentencia adquiera firmeza y no se produzcan perjuicios o daños de difícil reparación. 720 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 30.3 38300 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 50878 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículos 14 a 29 y 30.2 45661 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 19394 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 4.2 86128 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19403 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 41.1 86693 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 28543 1882-09-14T00:00:00 4635 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de enjuiciamiento criminal Artículo 860 125456 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 10339 La Sala, en el asunto de referencia, ha acordado dictar el siguiente AUTO false 1JCLCPKCF Recurso ad cautelam 1 1 Conceptos constitucionales 83974 1193403 false 1JCGS6 Carencia de jurisdicción constitucional 1 1 Conceptos constitucionales 83362 1218146 10337 17 En consecuencia, la Sala acuerda declarar de oficio la falta de jurisdicción de este Tribunal para entender de la petición que formula don Eduardo Molina Bas, y el archivo de las actuaciones. 43616 1 Unico. De acuerdo con el art. 4.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) este Tribunal podrá apreciar, de oficio o a instancia de parte, su falta de jurisdicción. En el presente caso procede llevar a cabo esta apreciación, ya que, de los términos del escrito y de lo solicitado, resulta evidente que versa sobre materia ajena a la jurisdicción constitucional. Como el art. 41.1 de la LOTC precisa, esta jurisdicción se extiende en la vía de amparo a los derechos y libertades contenidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, así como a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30 de la misma, sin que, como el apartado 3. ° del citado precepto señala, puedan hacerse valer en el amparo constitucional otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso. Pues bien, en el caso que nos ocupa, de la solicitud y de la relación circunstanciada de hechos contenidas en el escrito remitido por el solicitante, se deduce que el actor lo que solicita es, de un lado, que se le nombre Abogado y Procurador del turno de oficio para interponer recurso de amparo ad cautelam, para el caso de que no pudiera preparar e interponer recurso de casación, por falta de postulación, contra la Sentencia dictada el 28 de marzo de 1987 por la Audiencia Provincial de Alicante; y, de otro, que este Tribunal ordene a la Sección Segunda de la citada Audiencia Provincial que, conforme con lo dispuesto en el art. 860 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tenga por preparado el recurso de casación y expida al solicitante el pertinente testimonio de la Sentencia, así como que requiera al Letrado del turno de oficio que le asistió en el proceso penal pata que recurra el Auto de 27 de marzo de 1987 de la mencionada Audiencia, que denegó la práctica de algunas pruebas en el juicio oral o, en su caso, se proceda ajustado a Derecho. Al no solicitarse, pues, la reparación de derecho susceptible de amparo, ni poder ser objeto de examen en vía de amparo las pretensiones deducidas por el solicitante, no es necesario proceder a designarle Abogado y Procurador de oficio para que formalice el recurso de amparo que pretende interponer, por ser de aplicación lo establecido en el art. 4.2 de la LOTC. Asimismo, tampoco cabe pronunciamiento alguno sobre la petición accesoria de suspensión de la resolución impugnada. 10337 Madrid, a diez de junio de mil novecientos ochenta y siete. Jurisdicción del Tribunal Constitucional: inexistencia. Recurso de amparo: «ad cautelam». Declarando la falta de jurisdicción del Tribunal Constitucional y acordando el archivo de las actuaciones en el procedimiento 594/1987 Recurso de amparo 594/1987 AUTO 4 Sala Segunda 2017-04-04T13:13:32.427 /Resolucion/Api/json/11865