1988 false false 2026-05-07T11:44:12.71 de 9 de mayo de 1988 1988-05-09T00:00:00 13158 ES 447-1988 583 21 1988 6690 447 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 13161 3 447-1988 71551 false true Latorre Segura 7 Ángel Latorre Segura, Ángel don Ángel Latorre Segura 71552 false false Vega Benayas 19 Carlos de la Vega Benayas, Carlos de la don Carlos de la Vega Benayas 71553 false false López Guerra 17 Luis López Guerra, Luis don Luis López Guerra 81256 1 Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el día 9 de marzo de 1988, el Procurador de los Tribunales don Antonio Angel Araque Almendros interpuso en nombre de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) recurso de amparo contra el Auto dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, el día 6 de febrero de 1988, en fase de apelación frente a anteriores resoluciones judiciales que acordaron el archivo de las diligencias previas 4.459/1986. Estima la entidad recurrente que el Auto impugnado infringe lo dispuesto en los arts. 14, 24.1 y 28 de la C.E., por lo que solicita se declare la nulidad de la mencionada resolución, ordenándose el conocimiento del fondo del asunto. 81257 2 De las alegaciones y documentación aportada se deduce, sin síntesis, que la recurrente formuló contra David León Blanco en su condición de Director General de Tráfico, por un supuesto delito contra la libertad sindical, tipificado y penado en los arts. 165 y 177 bis, en relación con el art. 181 bis, todos del Código Penal. El Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid, tras recibir declaración del demandado, dictó Auto de archivo con fecha 30 de abril de 1987, que fue recurrido en reforma y, subsidiariamente, en apelación. Desestimado el recurso de reforma, se prosiguió la apelación ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que confirmó la resolución de archivo por Auto de 6 de febrero de 1988, en razón a que «los hechos presentados como delictivos en el escrito inicial de estas actuaciones no tienen la trascendencia penal que se pretende y de ahí que se justifique debidamente la resolución por el Juzgado de Instrucción». 81258 3 Alega la entidad demandante la infracción de los siguientes preceptos constitucionales: a) art. 24.1 C.E., en cuanto garantiza la tutela judicial efectiva, ya que el Auto recurrido ha privado a la demandante de la posibilidad de que sea revisada la decisión del Juzgado de Instrucción; b) art. 14 C.E., ya que la Central Sindical recurrente se ha visto discriminada con anterioridad a la celebración de unas elecciones sindicales, que resultarían así viciadas por una serie de conductas prohibitorias llevadas a cabo en el seno de la Dirección General de Tráfico, y c) el art. 28 C.E., en cuanto garantiza el conjunto de libertades en relación con la sindicación, entre otras, la libertad de negociación, como finalidad mínima de todo sindicato, y dentro de ella, la libertad sindical sin discriminación. Finalmente, se aduce que la inclusión en el Código Penal del art. 177 bis supone un reforzamiento de las garantías ya existentes, pero insuficientes, precepto que por su claridad no admite más que una sola lectura, siendo claro que los hechos denunciados encajarían plenamente en la citada norma y que de lo contrario estaríamos ante «papel mojado» y convendría incluso se recomendara su desaparición del Código Penal. 81259 4 Por providencia de 8 de abril de 1988, la Sección Cuarta de la Sala Segunda de este Tribunal Constitucional acordó conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a la solicitante del amparo, para que dentro de dicho término aleguen lo que estimen pertinente en relación con la existencia de los siguientes motivos de inadmisión: A) No haberse aportado con la demanda la resolución judicial que inicialmente acordó el archivo de las actuaciones. B) Carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte de este Tribunal [art. 50.2 b) de la LOTC]. C) No haberse invocado formalmente en el proceso los derechos fundamentales vulnerados, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello [art. 44.1 c) en relación con el art. 50.1 b) de la LOTC]. 81260 5 Don Antonio Miguel Angel Araque Almendros, Procurador de los Tribunales y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en escrito de 21 de abril de 1988, insiste en lo expuesto su demanda y adjunta fotocopias del Auto de archivo y el posterior Auto desestimando el recurso de reforma interpuesto por esta parte. Por lo que se refiere a la invocación del derecho, señala que ya en el recurso de reforma planteado ante el mismo Juzgado de Instrucción se hace mención al articulado de la Constitución donde se recogen los derechos fundamentales vulnerados. Igualmente en el escrito de alegaciones presentado ante la Sala Sexta de la Audiencia Provincial, en la primera alegación jurídica se comienza invocando el art. 28 de la C.E., aparte de citar jurisprudencia constitucional al respecto. 81261 6 El Fiscal, en escrito de 21 de abril de 1988, hace alusión a los defectos observados, estimando que su subsistencia impide admitir la demanda. 318 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 117.3 4352 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 412 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 14 (igualdad en la aplicación de la ley) 11046 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 665 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24 23240 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 58455 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24.1 26984 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 708 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 28.1 37623 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 2353 1973-09-14T00:00:00 674 Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre Artículo 165 50339 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 2374 1973-09-14T00:00:00 674 Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre Artículo 177 bis 50376 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 2377 1973-09-14T00:00:00 674 Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre Artículo 181 bis 50385 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 2844 1973-09-14T00:00:00 674 Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre En general 51771 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 14037 1978-12-26T00:00:00 2228 Ley 62/1978, de 26 de diciembre. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona En general 71538 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 19426 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 44.1 b) 90801 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 27909 1882-09-14T00:00:00 4635 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de enjuiciamiento criminal Artículo 313 122537 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 10723 En el asunto de referencia, la Sección ha acordado dictar el siguiente AUTO false 1PPSYF Principio de exclusividad jurisdiccional 1 1 Conceptos constitucionales 84853 1187721 false 3PQCDHG Inadmisión de querella 3 3 Conceptos procesales 91630 1193101 false 1JCLCPXCH Inadmisión de recurso de amparo 1 1 Conceptos constitucionales 84133 1244395 false 1JCLCPXC6 Carencia de contenido que justifique una decisión sobre el fondo del asunto 1 1 Conceptos constitucionales 84126 1244396 10721 4 En su virtud, la Sección acuerda la inadmisión del recurso y el archivo de las actuaciones. 44382 1 Aun cuando se estimaran subsanados los defectos formales observados, la falta de copias y la previa invocación del derecho constitucional, subsiste, sin embargo, el referido a la falta de contenido constitucional, tal como se razona a continuación. 44383 2 En efecto, en cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, preciso es afirmar que no concurre en el presente caso, ya que como en tantas ocasiones ha manifestado este Tribunal, tal derecho fundamental no otorga un derecho incondicionado al proceso o, como en este caso, a que formulada una denuncia o querella, se prosigan las actuaciones que constituyen el procesamiento penal. La STC 71/1984 afirma que «el archivo anticipado de actuaciones penales en la fase instructora..., e incluso la misma desestimación de la querella según el art. 313 L.E.Cr., no constituye por sí un desconocimiento del derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE si se obtiene decisión judicial fundada en Derecho». La propia Sentencia razona, más adelante, que «corresponde a los Tribunales penales la subsunción de las conductas en los tipos, y que, tratándose de la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria, el criterio sustentado por los órganos judiciales no puede ser sustituido por el TC, ya que ello supondría convertir el amparo en una revisión que no es propia de su especifica naturaleza». Así, pues, las alegaciones de la recurrente en cuanto a la vulneración del art. 24 C.E., lo único que revelan es la disconformidad con los criterios de los órganos judiciales que, en doble instancia, han analizado sus pretensiones para rechazarlas en origen, sin que de ello pueda deducirse una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ni que se haya ocasionado indefensión. La recurrente alega, además, vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad sindical contenidos en los arts. 14 y 28.1 C.E. Tales infracciones de derechos fundamentales, caso de existir, habrían sido provocadas directamente, como queda reflejado en el relato de los hechos que efectúa la demandante, por determinados comportamientos del Director General de Tráfico, esto es, en vía administrativa. Frente a las conductas anticonstitucionales, en cuanto atentatorias a los derechos contenidos en los arts. 14 y 28.1 C.E., la Central Sindical recurrente acudió a la vía penal ordinaria, a través de la denuncia de determinados hechos y estimó debían ser considerados como delictivos, por encajar en los tipos que recogen los arts. 165 y 177 bis, en relación con el art. 181 bis del Código Penal. Estos artículos se refieren a la discriminación frente a individuos o asociaciones y a las conductas que impidan o limiten el ejercicio legítimo de la libertad sindical, conductas éstas llevadas a cabo por funcionarios públicos. Pese a ello, es claro que no puede mantenerse con fundamento que las resoluciones judiciales impugnadas hayan vulnerado los derechos fundamentales contenidos en los arts. 14 y 28.1 C.E., ni directamente, puesto que las hipotéticas conductas contrarias a tales derechos provendrían de determinadas acciones u omisiones de un órgano administrativo, lo que provocó la denuncia ante el órgano judicial competente, ni tampoco indirectamente, ya que pertenece a los órganos jurisdiccionales apreciar la existencia o no de las conductas ilícitas tipificadas en el Código Penal, así como establecer la necesaria relación de causalidad entre los hechos denunciados y los eventuales resultados, valorando en consecuencia la posible inclusión de las conductas denunciadas como ilícitas en el tipo delictivo. Esto es lo que han hecho, en sucesivas instancias, los órganos de la jurisdicción penal, con el resultado que ha dado lugar al archivo de la denuncia. Las resoluciones judiciales posteriores han confirmado, tras analizar lo actuado, la resolución inicial por considerarla ajustada a Derecho «ya que los hechos presentados como delictivos no tienen la trascendencia penal que se pretende». En tales circunstancias, este Tribunal no puede colocarse en el papel que, en exclusiva, corresponde a los órganos judiciales (art. 117.3 C.E.), ni entrar a calificar los hechos para apreciar si hay o no delito, puesto que ello contraría lo dispuesto en el art. 44.1 b) LOTC, convirtiendo a esta jurisdicción en una instancia revisora, incompatible con su naturaleza estrictamente constitucional. En suma, todo parece indicar que la Central Sindical escogió entre los varios instrumentos o vías para reivindicar sus derechos, que estimó lesionados, la vía penal, que es la última ratio en el orden de la protección de aquéllos, y dentro de la vía penal, el procedimiento ordinario (y no el privilegiado de la Ley 62/1978), recibiendo una respuesta que está razonada en Derecho, lo cual cierra toda posibilidad de alegación de vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente. La demanda, por consiguiente, no reviste contenido constitucional. 10721 Madrid, a nueve de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. Inadmisión. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: inadmisión de querella. Potestad jurisdiccional: principio de exclusividad de Jueces y Tribunales. Contenido constitucional de la demanda: carencia. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 447/1988 Recurso de amparo 447/1988 AUTO 8 Sección Cuarta 2017-04-04T13:13:32.427 /Resolucion/Api/json/13158