1993 false false 2026-02-23T10:48:22.093 de 26 de enero de 1993 1993-01-26T00:00:00 15774 ES 0 34 35 1987 5528 506 RI 10.20.40.20 1 Recurso de inconstitucionalidad 15778 1 506-1987 84332 false true Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer 18 Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 84333 false false López Guerra 17 Luis López Guerra, Luis don Luis López Guerra 84334 false false García-Mon González-Regueral 16 Fernando García-Mon y González-Regueral, Fernando don Fernando García-Mon y González-Regueral 84335 false false Vega Benayas 19 Carlos de la Vega Benayas, Carlos de la don Carlos de la Vega Benayas 84336 false false Rodríguez Bereijo 23 Álvaro Rodríguez Bereijo, Álvaro don Álvaro Rodríguez Bereijo 84337 false false Gabaldón López 24 José Gabaldón López, José don José Gabaldón López 84338 false false Mendizábal Allende 27 Rafael Mendizábal Allende, Rafael de don Rafael de Mendizábal Allende 84339 false false González Campos 26 Julio Diego González Campos, Julio Diego don Julio D. González Campos 84340 false false Cruz Villalón 25 Pedro Cruz Villalón, Pedro don Pedro Cruz Villalón 84341 false false Viver Pi-Sunyer 28 Carles Viver Pi-Sunyer, Carles don Carles Viver Pi-Sunyer 86270 1 El 15 de abril de 1987 tuvo entrada en este Tribunal escrito del Abogado del Estado por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad, en nombre del Presidente del Gobierno, contra el apartado 3 del art. 3 y el apartado 6 del art. 10 de la Ley del Parlamento de Canarias 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, según la redacción que, respectivamente, les dan los arts. 2 y 5 de la Ley del Parlamento de Canarias 13/1986, de 30 de diciembre. El Abogado del Estado solicitó, asimismo, de conformidad con lo prevenido en el art. 161.2 de la C.E., se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. 86271 2 Por providencia de la Sección Tercera del Pleno, de 22 de abril de 1987, se acordó admitir a trámite el referido recurso de inconstitucionalidad y, conforme dispone el art. 34.1 LOTC, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Canarias, al objeto de que pudieran personarse y formular las alegaciones que estimasen oportunas. Habiéndose invocado por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, el art. 161.2 C.E., se acordó, asimismo, la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados y publicar la formalización del recurso y la suspensión acordadas en los «Boletines Oficiales» del Estado y de Canarias. 86272 3 Dentro de los plazos conferidos en la providencia de admisión a trámite, comparecieron en el proceso, con formulación de los respectivos escritos de alegaciones, el Gobierno y el Parlamento de Canarias, en solicitud de que en su día el Tribunal dicte Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto. 86273 4 El Pleno del Tribunal, mediante Auto dictado el 22 de septiembre de 1987, acordó mantener la suspensión de los arts. 3.3 y 10.6 de la Ley del Parlamento de Canarias, del Consejo Consultivo de Canarias, en la redacción que, respectivamente, les dan los arts. 2 y 5 de la Ley del mismo Parlamento 13/1986, de 30 de diciembre. 86274 5 El 22 de diciembre de 1992 tiene entrada en este Tribunal un escrito del Abogado del Estado, por el que manifiesta que debidamente autorizado, según resulta de las certificaciones que aporta -correspondientes a un Acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de diciembre de dicho año y una comunicación de la Presidencia del Gobierno-, desiste del presente recurso de inconstitucionalidad, en cuya virtud solicita que, previa audiencia de las demás partes, se declare terminado el recurso con archivo de lo actuado. 86275 6 La Sección Primera del Pleno, en providencia dictada el 7 de enero último, acordó incorporar a las actuaciones el referido escrito del Abogado del Estado y dar traslado del mismo a las representaciones procesales del Parlamento y del Gobierno de Canarias, para que pudieran exponer lo que considerasen oportuno acerca del desistimiento del recurso que se efectúa en dicho escrito. El Parlamento de Canarias, en escrito recibido el 15 de enero siguiente, manifiesta que con base en la STC 204/1992, y atendiendo a razones de economía procesal y considerando el desistimiento estatal como reconocimiento de la constitucionalidad de la Ley de Canarias recurrida, no se opone a la estimación de la pretensión del representante del Estado. El Gobierno de Canarias, en escrito que se recibe el 18 de enero, en cumplimiento del Acuerdo aprobado por el Gobierno de Canarias el 19 de enero de 1993, dice que la doctrina mantenida por la STC 204/1992 determina claramente la constitucionalidad de los preceptos impugnados en el recurso 506/87, del que ahora se desiste por el Abogado del Estado. El desistimiento del Presidente del Gobierno ha de considerarse como reconocimiento de la plena constitucionalidad de los preceptos recurridos por el mismo. En consecuencia, por razones de economía procesal no se opone a tal solicitud. 11840 1984-07-06T00:00:00 1930 Ley del Parlamento de Canarias 4/1984, de 6 de julio. Creación del Consejo Consultivo En general 67503 22894 3 2 000003.000011.000006.000003 b) Leyes y disposiciones con fuerza de Ley 19641 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 80 104270 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19660 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 86 105785 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 30397 1881-02-03T00:00:00 4665 Real Decreto de 3 de febrero de 1881. Ley de enjuiciamiento civil En general 131395 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 11669 El Pleno, en su reunión del día de hoy y en el asunto de referencia, ha acordado dictar el siguiente AUTO false 1JCHSPD4D Desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad 1 1 Conceptos constitucionales 83618 false ZLS Procedencia 92447 1227165 11667 5 Por lo expuesto, el Pleno acuerda: 1.° Tener por desistido al Presidente del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el apartado 3 del art. 3 y el apartado 6 del art. 10 de la Ley del Parlamento de Canarias 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, según la redacción que, respectivamente, les dan los arts. 2 y 5 de la Ley del Parlamento de Canarias 13/1986, de 30 de diciembre. 2.° Dejar sin efecto la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos que fueron impugnados. 3.° Declarar terminado el procedimiento y el archivo de las actuaciones. 46625 1 El desistimiento, que aparece nombrado en los arts. 80 y 86 LOTC, es un modo de terminación del procedimiento cuya forma habitual habrá de ser el Auto, si es total, pero que puede declararse en la Sentencia si fuera parcial y afectare tan sólo a una o algunas de la pluralidad de pretensiones ejercitadas. Es el caso del ATC 1138/1987 y de las SSTC 96/1990 y 237/1992. En el que ahora nos ocupa el Gobierno de la Nación que había impugnado por inconstitucionalidad una Ley del Parlamento de Canarias, ha adoptado Acuerdo en Consejo de Ministros celebrado el 18 de diciembre del año pasado donde se desiste de la pretensión. La regulación de esta categoría procesal se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la cual remite directa y explícitamente la nuestra. Allí la respuesta judicial ha de ser automática y favorable a la petición en tal sentido. A pesar de ser también rogada la jurisdicción constitucional y de que el desistimiento funciona en favor de la presunción de legitimidad de toda Ley, sea autonómica o estatal, como obra de una cámara democráticamente elegida, este Tribunal ha negado la posibilidad de que opere sin más el principio dispositivo y quede, pues, vinculado por la voluntad unilateral de quien lo formula. 46626 2 Ahora bien, tampoco es dudoso que éste, como titular del interés cuya actuación sirve de soporte a su legitimación activa en el proceso, ha de ser atendido, salvo que otras razones prevalentes lo impidan. En este caso concreto, el que aquí se considera, ha sido formulado por el órgano competente y traído a juicio por el Abogado del Estado, con la justificación documental adecuada (certificación del Acuerdo del Consejo de Ministros y oficio de la Presidencia del Gobierno). El Parlamento y el Gobierno de Canarias han mostrado su conformidad expresa, por considerar que significa el reconocimiento de la plena constitucionalidad de la Ley 4/1984 como consecuencia de la STC 204/1992, de 26 de noviembre, sin que -por otra parte- existan razones de interés publico que aconsejen la prosecución de las actuaciones. En definitiva, tales son las circunstancias a ponderar en la admisibilidad del desistimiento, según refleja nuestro ATC 419/1986. 11667 Publíquese en los «Boletines Oficiales» del Estado y de Canarias. Madrid, a veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres. Desistimiento: procedencia. Acordando haber lugar al desistimiento del actor en el recurso de inconstitucionalidad 506/1987 Recurso de inconstitucionalidad 506/1987 AUTO 1 Pleno 2017-06-01T10:52:30.39 /Resolucion/Api/json/15774