1996 false false 2026-01-13T11:58:28.477 de 30 de enero de 1996 1996-01-30T00:00:00 16843 ES 2.877-1995 28 44 1995 21844 2877 CI 10.20.40.30 2 Cuestión de inconstitucionalidad 16847 2 2.877-1995 90109 false true Rodríguez Bereijo 23 Álvaro Rodríguez Bereijo, Álvaro don Álvaro Rodríguez Bereijo 90110 false false Gabaldón López 24 José Gabaldón López, José don José Gabaldón López 90111 false false García-Mon González-Regueral 16 Fernando García-Mon y González-Regueral, Fernando don Fernando García-Mon y González-Regueral 90112 false false Gimeno Sendra 22 José Vicente Gimeno Sendra, José Vicente don José Vicente Gimeno Sendra 90113 false false Mendizábal Allende 27 Rafael Mendizábal Allende, Rafael de don Rafael de Mendizábal Allende 90114 false false González Campos 26 Julio Diego González Campos, Julio Diego don Julio D. González Campos 90115 false false Cruz Villalón 25 Pedro Cruz Villalón, Pedro don Pedro Cruz Villalón 90116 false false Viver Pi-Sunyer 28 Carles Viver Pi-Sunyer, Carles don Carles Viver Pi-Sunyer 90117 false false Ruiz Vadillo 29 Enrique Ruiz Vadillo, Enrique don Enrique Ruiz Vadillo 90118 false false Jiménez de Parga Cabrera 30 Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera 90119 false false Delgado Barrio 38 Javier Delgado Barrio, Javier don Javier Delgado Barrio 90120 false false Vives Antón 31 Tomás Salvador Vives Antón, Tomás Salvador don Tomás Salvador Vives Antón 89046 1 El 28 de julio de 1995 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sección de 22 de junio de 1995, en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 64.1 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, en cuanto a la preferencia legal que establece en favor de los funcionarios públicos en activo, por su posible contradicción con el art. 14 de la Constitución. 89047 2 La cuestión trae causa del recurso de apelación interpuesto por don José María Pons Piñol contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, de 22 de abril de 1994, desestimatoria de la demanda por aquél promovida contra don Alberto Sánchez Tuset sobre resolución de contrato de arrendamiento por causa de necesidad. Habiendo quedado el rollo de apelación visto para Sentencia, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, por providencia de 17 de marzo de 1995, acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 64.1 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos por su posible contradicción con el art. 14 de la Constitución. Evacuaron el trámite conferido la representación procesal de la parte apelante y apelada, quienes, respectivamente, estimaron improcedente y pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. 89048 3 En la fundamentación del Auto de planteamiento, el órgano judicial proponente realiza, en síntesis, las siguientes consideraciones: A) Tras relatar los antecedentes de la cuestión de inconstitucionalidad, la Sala manifiesta que, partiendo de la premisa de que existe la causa de necesidad alegada por el actor y apelante en orden a denegar la prórroga forzosa y de que debería tomarse en consideración la condición de funcionaria de la esposa del arrendatario, la decisión del recurso de apelación se centra en la aplicación del art. 64.1 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4.104/1964, de 24 de diciembre, en cuanto a la preferencia legal que otorga en favor de los funcionarios públicos en activo. B) El órgano judicial proponente considera que dicha preferencia puede vulnerar el art. 14 de la Constitución, al introducir una discriminación de trato entre ciudadanos, que carece de justificación desde la óptica de la realidad sociológica actual, parámetro interpretativo que hay que tener presente por aplicación del art. 3 del Código Civil. Tras reproducir la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad, recogida, entre otras, en las SSTC 110/1993 y 176/1993, la Sala entiende que el juicio de proporcionalidad del precepto cuestionado, en cuanto a la preferencia legal que establece en favor de los funcionarios públicos, arroja un resultado contrario al necesario respeto al principio de igualdad, toda vez que no se aprecian circunstancias objetivas que justifiquen la diferencia entre funcionarios en activo y no funcionarios, pues las condiciones económicas en las que se desenvuelve la actividad de aquellos tiene unas garantías en orden a la percepción de ingresos y estabilidad laboral que en nada implican una discriminación en su contra que pudiera justificar la discriminación legal que en el orden de prelación del art. 64.1 de la L.A.U. se establece en su favor. 89049 4 La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 7 de noviembre de 1995, acordó oir al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días y a los efectos del último inciso del art. 37.1 de la LOTC, alegase lo que estimare procedente acerca de la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, por si. a la luz de la doctrina de la STC 90/1995, de 9 de junio, la misma careciera manifiestamente de objeto constitucional. 89050 5 El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado con fecha 24 de noviembre de 1995, en el que manifiesta que la STC 90/1995, de 9 de junio, al ser la norma cuestionada preconstitucional, permite, conociendo la conclusión sobre la contradicción entre el art. 64.1 de la L.A.U. y el art. 14 de la Constitución a la que en aquélla llega el Tribunal Constitucional, entender que el órgano judicial puede y debe considerar derogada dicha norma y, en consecuencia, entrar a conocer del fondo del proceso. Concluye su escrito solicitando se dicte Auto inadmtiendo la presente cuestión de inconstitucionalidad por carecer de objeto constitucional. 408 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 14 8032 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 985 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Disposición derogatoria, apartado 3 45888 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 3165 1964-12-24T00:00:00 757 Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de arrendamientos urbanos Artículo 64.1 52423 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 12152 AUTO false 1JCLCLF Cuestión de inconstitucionalidad 1 1 Conceptos constitucionales 83706 1159294 false 2NTVCD Derogación de normas jurídicas 2 2 Conceptos materiales 87615 1159295 12148 4 Por lo expuesto, el Pleno acuerda la inadmisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2.877/95, planteada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el art. 64.1 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, en cuanto a la preferencia legal que establece a favor de los funcionarios públicos en activo. 47884 1 Único. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona plantea la presente cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 64. 1 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, en cuanto a la preferencia legal que establece a favor de los funcionarios públicos en activo, por su posible contradicción con el art. 14 de la Constitución. El del Tribunal Constitucional en la STC 90/1995, de 9 de junio, se pronunció sobre la compatibilidad del precepto legal cuestionado con el derecho a la igualdad que consagra el art. 14 de la Constitución, en la que estimó que dicho precepto, por discriminatorio, no era conforme al art. 14 de la Constitución en cuanto a la preferencia legal que otorga a los funcionarios públicos en activo, por lo que, al tratarse de una norma preconstitucional, declaró su derogación en aplicación de la Disposición derogatoria 3 de la Constitución (fundamento jurídico 5. ). Como pone de manifiesto en su escrito de alegaciones el Fiscal General del Estado, dado el carácter preconstitucional del precepto legal cuestionado, y una vez conocido el juicio del Pleno de este Tribunal sobre la contradicción entre el art. 64.1 de la L.A.U. y el art. 14 de la Constitución en cuanto a la preferencia legal que establece a favor de los funcionarios públicos en activo, la Sala proponente puede y debe considerar derogado el precepto legal cuestionado, por lo que el pronunciamiento que se solicita de este Tribunal no seria necesario para la resolución de este proceso. 12148 Madrid, a treinta de enero de mil novecientos noventa y seis. Inadmisión. Cuestión de inconstitucionalidad: normas derogadas. Acordando la inadmisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad 2.877/1995 Cuestión de inconstitucionalidad 2.877/1995 AUTO 1 Pleno 2017-06-01T10:52:30.39 /Resolucion/Api/json/16843