1997 false false 2026-04-21T10:43:32.62 de 17 de julio de 1997 1997-07-17T00:00:00 17481 ES 1.712-1988, 1.716-1988, 1.724-1988, 1.527-1989 y 1.924-1989 (acumulados) 279 48 1988 22375 1712 RI 10.20.40.20 1 Recurso de inconstitucionalidad 17486 1 1.712-1988, 1.716-1988, 1.724-1988, 1.527-1989 y 1.924-1989 (acumulados) 1988 22376 1716 RI 10.20.40.20 1 Recurso de inconstitucionalidad 30664 1988 22377 1724 RI 10.20.40.20 1 Recurso de inconstitucionalidad 30665 1989 22537 1924 RI 10.20.40.20 1 Recurso de inconstitucionalidad 30666 1989 20668 1527 C+ 10.20.50.10 14 Conflicto positivo de competencia 30969 93653 false false Rodríguez Bereijo 23 Álvaro Rodríguez Bereijo, Álvaro don Álvaro Rodríguez Bereijo 93654 false false Gabaldón López 24 José Gabaldón López, José don José Gabaldón López 93655 false false García-Mon González-Regueral 16 Fernando García-Mon y González-Regueral, Fernando don Fernando García-Mon y González-Regueral 93656 false false Gimeno Sendra 22 José Vicente Gimeno Sendra, José Vicente don José Vicente Gimeno Sendra 93657 false false Mendizábal Allende 27 Rafael Mendizábal Allende, Rafael de don Rafael de Mendizábal Allende 93658 false false González Campos 26 Julio Diego González Campos, Julio Diego don Julio D. González Campos 93659 false false Cruz Villalón 25 Pedro Cruz Villalón, Pedro don Pedro Cruz Villalón 93660 false false Viver Pi-Sunyer 28 Carles Viver Pi-Sunyer, Carles don Carles Viver Pi-Sunyer 93661 false false Ruiz Vadillo 29 Enrique Ruiz Vadillo, Enrique don Enrique Ruiz Vadillo 93662 false false Jiménez de Parga Cabrera 30 Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera 93663 false false Vives Antón 31 Tomás Salvador Vives Antón, Tomás Salvador don Tomás Salvador Vives Antón 93664 false false García Manzano 32 Pablo García Manzano, Pablo don Pablo García Manzano 91594 1 El Gobierno Vasco, el Parlamento de Cataluña y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. El primero de ellos, además, formuló conflictos positivos de competencias frente a los Reales Decretos 276/1989, de 22 de marzo, de Sociedades y Agencias de Valores, y 717/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y miembros de las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza Colectiva. Los cinco procesos constitucionales citados han sido resueltos, una vez acumulados, en Sentencia dictada el pasado día 16. 91595 2 En el conflicto positivo de competencia que planteó frente al Real Decreto 276/1989, el Gobierno Vasco cuestionó los primeros apartados de los arts. 5 y 6 y el art. 7 del mismo, así como los apartados 2 y 3 del citado art. 5. En el fundamento jurídico 17, apartado A), c), se dice: «A los primeros apartados de los arts. 5 y 6 y al art. 7 no puede hacérseles reproche alguno siempre que se interprete que la autorización para la modificación de los Estatutos sociales, la transformación y la fusión de las Sociedades y Agencias de Valores es de competencia autonómica, pues, si como ya hemos concluido, es de dicha titularidad la competencia para otorgar la autorización para la creación de dichas entidades, también debe serlo la atinente para autorizar las alteraciones y modificaciones que, a lo largo de su existencia, se produzcan en ellas.» «Ciertas modificaciones de los Estatutos sociales no necesitan autorización, pero deben ser comunicadas, según el art. 5, apartados 2 y 3, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que puede exigir a la Sociedad o Agencia que proceda a revisar las que no se ajusten a la normativa vigente. Al igual que con la autorización, mediante la recepción de esta comunicación se trata de comprobar si con la modificación se cumplen los requisitos que de forma homogénea ha establecido el legislador estatal, en aras de la unidad del mercado de valores y de la igualdad en el acceso al mismo, para que una entidad pueda actuar como mediadora en dicho mercado. Nos encontramos, pues, ante un acto que, como el de autorización, es de ejecución y reglado y que, por lo tanto, como hemos dicho en el fundamento jurídico 8.1 a) de esta Sentencia, pertenece al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del País vasco, respecto de aquellas Sociedades y Agencias de Valores que operan en su territorio.» Y ello ha llevado a decir en el pronunciamiento 2.º del Fallo: «a) Declarar que son de la titularidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco las competencias de autorización contenidas en los arts. 5.1, 6.1 y 7 y las atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los apartados 2 y 3 del citado art. 5 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de Valores.» Sin embargo, queda claro que este pronunciamiento y su fundamentación no se acomodan a los razonamientos que les preceden en el propio fundamento 17 ni tampoco a lo dicho en el fundamento jurídico 10 a) (página 144) respecto del art. 62, párrafo 1.º de la Ley, del cual trae causa tal precepto reglamentario, sobre el cual se había concluido en la misma Sentencia que no incide en la invasión competencial denunciada, afirmándose literalmente: «Así pues, hemos de concluir que el art. 62, párrafo 1.º -en cuanto atribuye la autorización de la creación de las Sociedades y Agencias de Valores al Ministro de Economía y Hacienda-, así como el 63, no vulneran el orden constitucional de competencías», y esto a su vez se refleja en la parte dispositiva, pronunciamiento l.º, c), desestimatorio de las pretensiones de inconstitucionalidad. Lo dicho pone de manifiesto que se produjo una transcripción errónea de los textos correspondientes del pronunciamiento y de su ratio decidendi. 19641 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 80 104619 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19685 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 93.1 106784 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 26429 1989-03-22T00:00:00 4217 Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo. Sociedades y agencias de valores Artículo 5 119794 22849 3 8 000003.000009 H) Reales Decretos y otras disposiciones generales del Estado 26430 1989-03-22T00:00:00 4217 Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo. Sociedades y agencias de valores Artículo 5.2 119796 22849 3 8 000003.000009 H) Reales Decretos y otras disposiciones generales del Estado 26431 1989-03-22T00:00:00 4217 Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo. Sociedades y agencias de valores Artículo 5.3 119798 22849 3 8 000003.000009 H) Reales Decretos y otras disposiciones generales del Estado 26432 1989-03-22T00:00:00 4217 Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo. Sociedades y agencias de valores Artículo 6 119800 22849 3 8 000003.000009 H) Reales Decretos y otras disposiciones generales del Estado 26435 1989-03-22T00:00:00 4217 Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo. Sociedades y agencias de valores Artículo 7 119804 22849 3 8 000003.000009 H) Reales Decretos y otras disposiciones generales del Estado 36414 1985-07-01T00:00:00 6167 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial Artículo 267 145874 22845 3 4 000003.000005 D) Leyes Orgánicas 12577 AUTO false 3NCPRA3 Auto de aclaración 3 3 Conceptos procesales 91174 1251090 false 3NCFVRH2 Rectificación de error material 3 3 Conceptos procesales 90088 1251091 12573 9 Por lo expuesto, el Pleno acuerda: 1.º Aclarar la sentencia dictada el 16 de julio de 1997 en resolución de los recursos de inconstitucionalidad núms. 1.712/88, 1.716/88 y 1.724/88 y de los conflictos positivos de competencia núms. 1.527189 y 1.924/89, en los siguientes términos: a) Los párrafos 2.º y 3.º del fundamento jurídico 17, A), c) (página 173), son como sigue: «A los primeros apartados de los arts. 5 y 6 y al art. 7 no puede hacérseles reproche alguno, pues, si como ya hemos concluido, es de titularidad estatal la competencia para otorgar la autorización para la creación de dichas entidades, también debe serlo la atinente para autorizar las alteraciones y modificaciones que, a lo largo de su existencia, se produzcan en ellas.» «Ciertas modificaciones de los Estatutos sociales no necesitan autorización, pero deben ser comunicadas, según el art. 5, apartados 2 y 3, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que puede exigir a la Sociedad o Agencia que proceda a revisar las que no se ajusten a la normativa vigente. Nos encontramos ante un acto que, como el de autorización, aun cuando sea de ejecución debe calificarse como básico, pues sólo así quedarán garantizadas la unidad de mercado y la igualdad en el acceso al "sino, objetivos éstos cuya culminación no sólo exige una regulación unitaria por Ley de los requisitos precisos para constituir una Sociedad o Agencia de Valores, sino también la atribución a un único titular de la decisión de autorizar la creación de aquélla.» b) Queda suprimido el apartado a) del pronunciamiento 2.º del Fallo y, en consecuencia, los apartados b), c) y d) pasan a ser a), b) y e). 2.º Los párrafos antedichos así corregidos se integrarán en el texto de la Sentencia para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 3.º Unir este Auto a las actuaciones. Notifíquese a las partes. 48992 1 La lectura del antecedente 2 de esta resolución pone de manifiesto el error material que se produce en el fundamento jurídico 17, apartado A), e), de la Sentencia, debido a un error de transcripción. Ello obliga a este Tribunal a aclarar los términos de tal resolución, en cuanto manifiesto error material que es (arts. 80 y 93.1 LOTC en relación con el 267 L.O.P.J.), mediante el presente Auto. 48993 2 a) Los párrafos 2.º y 3.º del fundamento jurídico 17, A), c), (página 173), quedan redactados del siguiente modo: «A los primeros apartados de los arts. 5 y 6 y al art. 7 no puede hacérseles reproche alguno, pues, si como ya hemos concluido, es de titularidad estatal la competencia para otorgar la autorización para la creación de dichas entidades, también debe serlo la atinente para autorizar las alteraciones y modificaciones que, a lo largo de su existencia, se produzcan en ellas.» «Ciertas modificaciones de los Estatutos sociales no necesitan autorización, pero deben ser comunicadas, según el art. 5, apartados 2 y 3, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que puede exigir a la Sociedad o Agencia que proceda a revisar las que no se ajusten a la normativa vigente. Nos encontramos ante un acto que, como el de autorización, aun cuando sea de ejecución debe calificarse como básico, pues sólo así quedarán garantizadas la unidad de mercado y la igualdad en el acceso al mismo, objetivos éstos cuya culminación no sólo exige una regulación unitaria por Ley de los requisitos precisos para constituir una Sociedad o Agencia de Valores, sino también la atribución a un único titular de la decisión de autorizar la creación de aquélla.» b) La letra a) del pronunciamiento 2.º del Fallo ha de suprimirse y, en consecuencia, los apartados b), c) y d) pasarán a ser a), b) y c). 12573 Madrid, a diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete. Auto de aclaración de la STC 133/1997. Acordando la aclaración de la STC 133/1997. Recursos de inconstitucionalidad 1712-1988, 1716-1988, 1724-1988, Conflicto positivo de competencia 1924-1989, 1527-1989 (acumulados) AUTO 1 Pleno 2024-10-04T14:06:53.587 98712 RESOLUCIONES/RESUMEN 17481 60285 ID 3398 37 29 Vinculo sentencia 2 <stc> 2 98711 RESOLUCIONES/SINTESIS_DESCRIPTIVA 17481 60284 ID 3398 42 34 2 /Resolucion/Api/json/17481