2002 false false 2026-05-05T12:58:02.24 de 15 de octubre de 2002 2002-10-15T00:00:00 19065 ES 1663-2002 204 64 2002 14326 1663 CI 10.20.40.30 2 Cuestión de inconstitucionalidad 19071 2 1663-2002 102378 false true Jiménez de Parga Cabrera 30 Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera 102379 false false Vives Antón 31 Tomás Salvador Vives Antón, Tomás Salvador don Tomás Salvador Vives Antón 102380 false false García Manzano 32 Pablo García Manzano, Pablo don Pablo García Manzano 102381 false false Cachón Villar 34 Pablo Cachón Villar, Pablo don Pablo Cachón Villar 102382 false false Conde Martín de Hijas 37 Vicente Conde Martín de Hijas, Vicente don Vicente Conde Martín de Hijas 102383 false false Jiménez Sánchez 36 Guillermo Jiménez Sánchez, Guillermo don Guillermo Jiménez Sánchez 102384 false false Casas Baamonde 35 María Emilia Casas Baamonde, María Emilia doña María Emilia Casas Baamonde 102385 false false Delgado Barrio 38 Javier Delgado Barrio, Javier don Javier Delgado Barrio 102386 false false Pérez Vera 39 Elisa Pérez Vera, Elisa doña Elisa Pérez Vera 102387 false false García-Calvo Montiel 40 Roberto García-Calvo y Montiel, Roberto don Roberto García-Calvo y Montiel 102388 false false Gay Montalvo 41 Eugeni Gay Montalvo, Eugeni don Eugeni Gay Montalvo 98698 1 El 20 de marzo de 2002 fue registrado en este Tribunal oficio de f2002, remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al que se adjuntaba, entre otros testimonios, el del Auto del mismo órgano judicial, de 5 de febrero de 2002, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 11/1998, de 20 de abril, de modificación de la Ley por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. El citado Auto limita el objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad a la nueva redacción que dicho artículo único de la Ley vasca 11/1998 dio al párrafo primero del apartado 1 del artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 3/1997, de 25 de abril, de forma que el precepto cuestionado es el que establece que "los propietarios de suelo urbano deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico lucrativo del ámbito correspondiente libre de cargas de urbanización". 98699 2 Los hechos de los que deriva el planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, en síntesis, los siguientes: a) Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Hernani, de 13 de septiembre de 2000, se otorgó a doña Maria Luisa Sagastiberri Arcelus licencia de primera utilización del edificio señalado con el núm. 56 de la Calle Nagusia de dicho Municipio. La eficacia de la licencia se condicionaba al pago del valor correspondiente a la cesión del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico atribuido al solar, libre de cargas de urbanización, que se fijaba en la cantidad de 3.082.741 pesetas. Contra el mencionado Acuerdo se interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del citado Ayuntamiento, de 22 de noviembre de 2000. b) La Sra. Sagastiberri interpuso, a continuación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente de San Sebastián. En la demanda solicitaba, en síntesis, que se anulara la imposición de la obligación de pago del valor correspondiente a la cesión del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico, con la fundamentación de que era aplicable al caso el art. 14.1 de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, LRSV), que no establece el deber de cesión para los propietarios del suelo urbano consolidado, y no el artículo único de la Ley vasca 11/1998, que impone ese deber de cesión sin distinción alguna entre los propietarios del suelo urbano consolidado y no consolidado por la urbanización. c) El recurso contencioso administrativo fue desestimado por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de San Sebastián, de 5 de julio de 2001. En ella se argumentaba por el órgano judicial que no existía obstáculo constitucional alguno para la aplicación del artículo único de la Ley vasca 11/1998. Contra la citada Sentencia interpuso la parte actora recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, tras declarar conclusos los autos del recurso de apelación y antes de dictar sentencia, por providencia de 14 de noviembre de 2001, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 LOTC, requerir a las partes y al Ministerio Fiscal para que formularan las alegaciones que tuvieran por convenientes sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 11/1998, por su posible contradicción con el art. 149.1.1 CE, dado que aquel precepto impone la obligación de ceder el diez por ciento del aprovechamiento lucrativo a todos los propietarios del suelo urbano, sin distinguir, como exigiría el art. 14 LRSV, entre los propietarios del suelo urbano consolidado por la urbanización, sobre los que no recae deber alguno de cesión, y los de suelo urbano no consolidado, que son los únicos que deben ceder aprovechamiento conforme al precepto estatal regulador de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad. Tanto el Fiscal como la parte recurrente estimaron procedente el planteamiento de la cuestión. El Ayuntamiento de Hernani no formuló alegaciones en este trámite. 98700 3 En el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que se decide plantear la cuestión de inconstitucionalidad justifica el órgano judicial que el fallo del recurso de apelación depende de la conformidad con el bloque de la constitucionalidad de la regulación de los deberes de cesión de aprovechamiento de los propietarios de suelo urbano que se contiene en el artículo único de la Ley vasca 11/1998. Que la parcela para la que se solicitó licencia está situada en suelo urbano consolidado por la urbanización no habría sido cuestionado por ninguna de las partes en el recurso de apelación. Tras la exposición sintética de la doctrina constitucional relativa a la competencia estatal para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad (art. 149.1.1 CE) y la autonómica sobre urbanismo, contenida en la STC 61/1997, de 20 de marzo, se justifica la incompatibilidad evidente que, a juicio de la Sección, existe entre el art. 14 LRSV, regulador de condiciones básicas establecidas por el Estado conforme al art. 149.1.1 CE, y el artículo único de la Ley vasca 11/1998, ya que el precepto estatal únicamente impone el deber de cesión del 10 por 100 del aprovechamiento lucrativo a los propietarios de suelo urbano no consolidado por la urbanización, mientras que el precepto vasco regula ese deber de cesión sin distinción alguna entre categorías de suelo dentro de la clase del suelo urbano. Según el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, no es posible resolver la contradicción existente entre la norma estatal y la autonómica entendiendo que aquélla ha desplazado a ésta, pues el precepto estatal entró en vigor antes que el aprobado por el Parlamento Vasco. Tampoco sería posible inaplicar, sin más, el precepto legal vasco para aplicar el estatal, sino que es necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad, pues al Tribunal Constitucional compete el control de la constitucionalidad de las normas autonómicas con fuerza de ley [art. 153 a) CE]. 98701 4 Por providencia de 21 de mayo de 2002 la Sección Tercera de este Tribunal acordó oír al Fiscal General del Estado para que, conforme a lo previsto en el art. 37.1 LOTC, expusiera lo que considerara conveniente sobre la inadmisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por la posible carencia de objeto sobrevenida, como consecuencia de la STC 54/2002, de 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de abril de 2002. 98702 5 El Fiscal General del Estado formuló sus alegaciones por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 6 de junio de 2002. Tras hacer referencia al fallo de la STC 54/2002, de 27 de febrero, se expone en el escrito que la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma cuestionada determinaría la carencia sobrevenida de objeto del presente proceso constitucional, puesto que no podría ser objeto del mismo una norma que ya no está vigente, por lo que se solicita que se dicte Auto de inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad. 19370 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 35.2 f. 1 265673 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19382 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 38.1 f. 2 265674 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19387 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 39.1 f. 2 265675 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 5309 1998-04-20T00:00:00 1339 Comunidad Autónoma del País Vasco. Ley 11/1998, de 20 de abril, de modificación de la ley por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística Artículo único 265676 41027 1 16 000001.000003.000017 País Vasco 5309 1998-04-20T00:00:00 1339 Comunidad Autónoma del País Vasco. Ley 11/1998, de 20 de abril, de modificación de la ley por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística Artículo único ff. 1, 2 265677 22905 3 2 000003.000011.000017.000003 b) Leyes y disposiciones con fuerza de Ley 13867 1998-04-13T00:00:00 2223 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones Artículo 14 f. 2 265678 22846 3 5 000003.000006 E) Leyes de las Cortes Generales Por lo expuesto, el Pleno del Tribunal ACUERDA 13785 4 Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1663-2002, por desaparición sobrevenida de su objeto. 52343 1 La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 11/1998, de 20 de abril, de modificación de la Ley por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. El Auto de dicho órgano judicial de 5 de febrero de 2002 limita el objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad a la nueva redacción que el citado artículo único de la Ley vasca 11/1998 dio al párrafo primero del apartado 1 del artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 3/1997, de 25 de abril, de forma que el precepto cuestionado es el que establece que "los propietarios de suelo urbano deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico lucrativo del ámbito correspondiente libre de cargas de urbanización". 52344 2 El precepto cuestionado ya ha sido declarado parcialmente inconstitucional por la STC 54/2002, de 27 de febrero, dictada como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad núm. 3550/98, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación, y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 3 de abril de 2002. Un planteamiento sustancialmente idéntico al de la duda de constitucionalidad que se formulaba en el Auto de planteamiento de la cuestión ha conducido a que el fallo de la mencionada Sentencia haya declarado la inconstitucionalidad y nulidad del precepto aquí cuestionado "en la medida en que establece para los propietarios de suelo urbano consolidado por la urbanización un deber de cesión del 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico lucrativo", dado que "basta con la lectura del artículo único, apartado 1, de la Ley del Parlamento Vasco 11/1998 para concluir que contradice las condiciones básicas contenidas en el art. 14 LRSV" (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones), pues "conforme a dicha norma, los propietarios de suelo urbano consolidado no soportan (a diferencia de los propietarios de suelo urbano no consolidado) deberes de cesión de aprovechamiento urbanístico, ni siquiera en solares o terrenos ya edificados pero sujetos a obras de rehabilitación", mientras que el precepto vasco impone el deber de cesión sin distinguir entre los propietarios de suelo urbano consolidado y no consolidado (STC 54/2002, FJ 5). Hay que concluir, pues, que ha desaparecido sobrevenidamente el objeto de este proceso constitucional. "Una vez que nuestras Sentencias dejan sin efecto uno o varios preceptos legales, cualquier otro proceso paralelo o posterior queda desprovisto automáticamente de su objeto propio" (STC 166/1994, de 26 de mayo, FJ 2). Cuando "la norma discutida ha sido declarada nula por Sentencia que vincula a todos los poderes públicos (arts. 38.1 y 39.1 LOTC) no resulta posible su aplicación en los autos de los que deriva la cuestión, de suerte que este proceso de inconstitucionalidad ha quedado sin finalidad, por desaparición sobrevenida de su objeto" (STC 38/1993, de 23 de diciembre, FJ Único; y AATC 14/1996, de 17 de enero, FJ Único y 108/2001, de 8 de mayo, FJ Único). El art. 37.1 LOTC permite a este Tribunal "rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada". Como ya hemos tenido ocasión de declarar, dicha norma permite inadmitir en este estadio procesal las cuestiones de inconstitucionalidad carentes de objeto (ATC 25/1997, de 28 de enero, FJ Único), pues ya no existe en el ordenamiento, como consecuencia de la declaración parcial de inconstitucionalidad contenida en el fallo de la STC 54/2002, la norma cuestionada aplicable al caso y de cuya validez dependía el fallo del proceso a quo. 52345 3 En cuanto a las situaciones jurídicas que están en el origen del planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad, habrá que estar a lo declarado en el fundamento jurídico 9 de la citada STC 54/2002. 13785 Madrid, a quince de octubre de dos mil dos. Cuestión de inconstitucionalidad: reitera el ATC 132/2002. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1663-2002, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto del artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 11/1998, de 20 de abril. Cuestión de inconstitucionalidad 1663-2002 AUTO 1 Pleno 2017-04-04T13:13:32.44 168971 RESOLUCIONES/SINTESIS_ANALITICA 19065 130544 ID 18993 57 49 3 /Resolucion/Api/json/19065