2004 false false 2026-02-23T10:48:22.047 19 de noviembre de 2004 2004-11-19T00:00:00 20029 ES 4946-2003 460 70 2003 15637 4946 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 20039 3 4946-2003 107652 false true Jiménez Sánchez 36 Guillermo Jiménez Sánchez, Guillermo don Guillermo Jiménez Sánchez 107653 false false Conde Martín de Hijas 37 Vicente Conde Martín de Hijas, Vicente don Vicente Conde Martín de Hijas 107654 false false Pérez Vera 39 Elisa Pérez Vera, Elisa doña Elisa Pérez Vera 107655 false false Gay Montalvo 41 Eugeni Gay Montalvo, Eugeni don Eugeni Gay Montalvo 107656 false false Sala Sánchez 44 Pascual Sala Sánchez, Pascual don Pascual Sala Sánchez 123098 1 El día 25 de julio de 2003 tuvo entrada en el Registro del Tribunal escrito presentado por don Miguel Ángel Ayza Ballester, que actuaba representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Uroz Moreno por el que interponía recurso de amparo que en síntesis se basaba en los siguientes hechos:   a) El recurrente en amparo fue condenado en Sentencia de 18 de diciembre de 2001 dictada por la Audiencia Provincial de Castellón, dimanante del procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Vinarós, como autor responsable de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que la dañan gravemente, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de tres años y tres meses de prisión con accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 106.925 pesetas con arresto sustitutorio de un día por cuota insatisfecha de 5.000 pesetas. La Audiencia Provincial de Castellón estimaba probado que el recurrente en amparo tenía en su poder 47 comprimidos de MDMA con un peso de 14,61 gramos y que el destino era la transmisión a terceras personas y no autoconsumo, como había alegado el acusado, por la cantidad aprehendida, el valor económico de la misma y las circunstancias de tiempo y lugar. Se tomaba en cuenta que los hechos ocurren en una noche de fin de semana, en el aparcamiento de una discoteca en que conocidamente existía trapicheo de droga. No estando conforme con la Sentencia, interpuso recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, denunciando como primer motivo la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al que se adhirió el Ministerio Fiscal que consideró que, efectivamente, se había vulnerado el derecho constitucionalmente reconocido a la presunción de inocencia. La Sentencia del Tribunal Supremo 793/2003 de 4 de junio de 2003, estimó el recurso parcialmente, concretamente los motivos sexto a séptimo, en que se denunciaba que no existían motivos para imponer una pena superior en tres meses por encima del mínimo legal, pero no apreció la vulneración al derecho a la presunción de inocencia respecto del que no existía acusación - al no tener en cuenta el apoyo al acusado por parte del Ministerio Fiscal-, por lo que, a partir de ese momento, se produjo, a juicio del recurrente en amparo, también una vulneración al derecho constitucional a obtener una tutela judicial efectiva, pues la actuación del Ministerio Fiscal suponía la retirada de la acusación, siendo el principio acusatorio el que ha de regir en nuestro proceso penal, por lo que, seguía diciendo, la condena efectuada por el Tribunal con la oposición de la parte acusadora supone una extralimitación de las funciones de dicho órgano y vulneración del derecho fundamental del justiciable a obtener una tutela judicial efectiva. A continuación el recurrente alegaba que, en caso de no apreciarse la citada vulneración, debiera acogerse la de denunciada a la presunción de inocencia, que se produjo, a su juicio, cuando la versión del acusado de que el destino de las pastillas era su propio consumo se corroboró por las pruebas testificales que acreditaron, a su juicio, no sólo que era consumidor, sino que era adicto a la sustancia. Asimismo en la demanda, analiza las razones por las que, a su juicio, las pruebas tomadas en cuenta por el Tribunal sentenciador para condenarle no podían ser consideradas pruebas de cargo. En primer lugar el valor económico de la droga intervenida no era el que se dice, sino inferior y lo pudo adquirir, como así hizo, destinando la mayoría de sus ingresos, pues acreditaba que pese a tener un buen empleo se encontraba en difícil situación económica llegando a ser desahuciado de su vivienda. En cuanto al tiempo y lugar - fin de semana y en el aparcamiento de una discoteca donde conocidamente existía trapicheo de droga- lo único que a su juicio probaban dichas circunstancias es que, dada su gran adición a la sustancia intervenida, ese era el momento en que más cantidad podía tener para disfrutar todo el fin de semana, siendo un lugar en que no sólo se trapichea con droga, sino, además, es el lugar donde se consume. Fundaba la demanda en los razonamientos jurídicos que estimó aplicables y terminaba suplicando se estimase la misma y se retrotrayesen las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictar Sentencia en que se le vulneraron sus derechos.   Mediante un primer Otrosí digo solicitaba que, de conformidad con lo establecido en el art. 56.1 LOTC, se suspendiera la ejecución de la Sentencia ya que su ejecución, mientras dure el proceso, con su ingreso en prisión, le ocasionaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad 123099 2 Por providencia de 28 de octubre de 2004 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se acordó, formar con la copia de lo actuado pieza separada para la tramitación del incidente sobre suspensión concediendo el plazo común de tres días al recurrente y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la suspensión 123100 3 El día 8 de noviembre tuvo entrada en Registro de este Tribunal el escrito de alegaciones del demandante de amparo, al que acompañaba documentos acreditativos de sus circunstancias personales y familiares. En el mismo se argumentaba que se había rehabilitado desde hace años de la adición que padecía al consumo de drogas y que su compañera sentimental y dos hijos comunes dependían de sus ingresos, por lo que la ejecución de la pena de prisión supondría un perjuicio difícil de reparar, además de insistir en los motivos en los que basaba el recurso de amparo solicitado en que concurría el requisito de apariencia de buen derecho 123101 4 Con la misma fecha, se presentó escrito de alegaciones por el Ministerio Fiscal. En él señalaba la doctrina de este Tribunal en materia de suspensión y terminaba informando que no se opone a la suspensión solicitada de la pena de prisión impuesta y sí a la suspensión de los restantes pronunciamientos condenatorios.   318 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 117.3 4279 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 19528 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 56.1 102896 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional false 1JCGSTVKKC2 Suspensión cautelar de sentencias penales 1 1 Conceptos constitucionales 83462 false ZKS No suspende 92445 1203082 false 2PRGR5 Multa 2 2 Conceptos materiales 87860 1203083 false 1JCGSTL Perjuicios irreparables 1 1 Conceptos constitucionales 83422 1203413 false 1JCGSTVKKC2 Suspensión cautelar de sentencias penales 1 1 Conceptos constitucionales 83462 1213360 false 1JCGSTV4 Contenido patrimonial 1 1 Conceptos constitucionales 83430 1213361 false 1JCGSTVKKC2 Suspensión cautelar de sentencias penales 1 1 Conceptos constitucionales 83462 false ZQS Suspende 92454 1218986 false 2PRHC Penas privativas de libertad 2 2 Conceptos materiales 87864 1218987 false 2PRGC466 Inhabilitación especial para el derecho de sufragio 2 2 Conceptos materiales 87848 1221995 Por lo expuesto, la Sección ACUERDA 14747 18 Suspender el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2003 únicamente del pronunciamiento relativo a la pena privativa de libertad y accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de la misma, denegando la suspensión de las demás de contenido económico. 54977 1 Sin embargo, si, por insolvencia del condenado, tras la excusión de sus bienes, se procediera a requerir el cumplimiento de la pena sustitutoria impuesta de un día de arresto por cada cinco mil pesetas de multa, podría solicitarse ante este Tribunal, acreditada dicha circunstancia la suspensión de dicha pena sustitutoria por las razones expuestas anteriormente al tratarse de una pena privativa de libertad. 14747 Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil cuatro Suspensión cautelar de sentencias penales: contenido patrimonial; inhabilitación especial del derecho de sufragio y penas privativas de libertad, suspende; multa, no suspende; perjuicio irreparable. Acuerda la suspensión parcial del cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo en el recurso de amparo 4946-2003, promovido por don Miguel Angel Ayza Ballester, en causa por un delito contra la salud pública. Recurso de amparo 4946-2003 AUTO 4 Sala Segunda 2017-04-04T13:13:32.44 /Resolucion/Api/json/20029