2005 false false 2026-04-21T10:43:32.59 de 10 de octubre de 2005 2005-10-10T00:00:00 20457 ES 2010-2000 353 73 2000 13788 2010 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 20467 3 2010-2000 110212 false true Casas Baamonde 35 María Emilia Casas Baamonde, María Emilia doña María Emilia Casas Baamonde 110213 false false Delgado Barrio 38 Javier Delgado Barrio, Javier don Javier Delgado Barrio 110214 false false García-Calvo Montiel 40 Roberto García-Calvo y Montiel, Roberto don Roberto García-Calvo y Montiel 110215 false false Rodríguez-Zapata Pérez 42 Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 110216 false false Aragón Reyes 45 Manuel Aragón Reyes, Manuel don Manuel Aragón Reyes 110217 false false Pérez Tremps 46 Pablo Pérez Tremps, Pablo don Pablo Pérez Tremps 106105 1 La Sentencia 192/2005, de 18 de julio, resolvió el presente recurso de amparo con el siguiente fallo: “1º Otorgar el amparo solicitado por don Juan Luis Ferrero Alvarez y, en su virtud: a) Reconocer el derecho de don Juan Luis Ferrero Alvarez a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.2 CE). b) Declarar la nulidad de la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con fecha 21 de febrero de 2000, exclusivamente en lo que afecta a este recurrente. c) Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse dicha resolución, a fin de que la Sala se pronuncie sobre el resto de los motivos de casación interpuestos por la acusación particular en lo que afecte a don Juan Luis Ferrero. 2º Denegar el amparo solicitado por don José Ferrero Alvarez.” 106106 2 Mediante escrito de 29 de julio, la representación procesal de don Juan Luis Ferrero Alvarez pide aclaración de Sentencia. Señala que en su demanda de amparo había instado que la Sala del Tribunal Supremo que fuera a dictar nueva Sentencia, como consecuencia del otorgamiento del amparo constitucional, no estuviera constituida por los mismos Magistrados que la compusieron y vulneraron los derechos del actor. La razón era “evitar cualquier contaminación por mínima que fuera”. Pero la Sentencia de esta Sala ordena retrotraer las actuaciones sin referencia a esa cuestión. Por ello, suplica que se aclare ese extremo por entender que se produce una omisión de lo solicitado en su día. 676 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías) 34695 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 19513 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 55 100604 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 33314 1971-07-16T00:00:00 5271 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 1971 (Ringeisen c. Austria) § 97 137814 22805 5 1 000005.000002 A) Tribunal Europeo de Derechos Humanos 36170 1985-07-01T00:00:00 6167 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial Artículo 198 144004 22845 3 4 000003.000005 D) Leyes Orgánicas 41866 2005-02-03T00:00:00 7499 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de febrero de 2005 (Fehr c. Austria) § 30 156259 22805 5 1 000005.000002 A) Tribunal Europeo de Derechos Humanos false 2NTDCV2 Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2 2 Conceptos materiales 87388 1165785 false 3NCAR Abstención y recusación de jueces y magistrados 1 1 Conceptos constitucionales 89389 1196988 false 1HLKLQ Derecho a un juez imparcial 1 1 Conceptos constitucionales 82851 1196989 false 1JCLCPXC44 Agotamiento de la vía judicial 1 1 Conceptos constitucionales 84095 Incluye todos los medios de impugnación y no solo los recursos que deben agotarse en vía jurisdiccional, previamente abierta, antes de acudir a la jurisdicción constitucional. 1267412 false 3NCNRGFR2 Recurso de aclaración manifiestamente improcedente 3 3 Conceptos procesales 91009 1267413 Por todo lo expuesto, la Sala ACUERDA 15175 9 Denegar la aclaración solicitada por don Juan Luis Ferrero Alvarez. 55934 1 Único. Aunque la solicitud que acaba de mencionarse se autodenomina de aclaración de Sentencia, es lo cierto que su contenido parece dirigirse a obtener la subsanación de una alegada omisión. Pues bien, en este caso concreto es evidente que no hay aclaración o complemento de pronunciamiento alguno que realizar. La Sentencia 192/2005, de 18 de julio (FJ 4), consideró que la anulación de la absolución de don Juan Luis Ferrero Alvarez en grado de casación había vulnerado su derecho fundamental a una tutela judicial sin indefensión. Una vez apreciada la vulneración del derecho fundamental invocado por el ciudadano en su demanda de amparo, la adopción de una o varias de las medidas previstas por el art. 55 LOTC corresponden a la apreciación de este Tribunal, que debe adoptar las que estima más adecuadas para reparar o prevenir eficazmente las vulneraciones de la Constitución detectadas (SSTC 83/1982, de 22 de diciembre, FJ 2; 136/1989, de 19 de julio, FJ 4; y 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 9). Y la STC 192/2005 adoptó los pronunciamientos que la Sala juzgó pertinentes en el caso: anular la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en lo que se refería al citado recurrente y retrotraer las actuaciones “a fin de que la Sala se pronuncie sobre el resto de los motivos de casación interpuestos por la acusación particular en lo que afecte a don Juan Luis Ferrero”. Y la Sala del Tribunal Supremo que ha de dictar la nueva Sentencia habrá de componerse aplicando las reglas establecidas en al art. 198 LOPJ. Además, obviamente, deberá formarse por Magistrados imparciales, por aplicación de las reglas generales sobre abstención y recusación que establecen nuestras leyes en cumplimiento del derecho fundamental al juez imparcial que se encuentra ínsito en el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), lo que, sin duda, no resulta necesario recordar a los Magistrados del Tribunal Supremo. Sin embargo, puede añadirse que el mero hecho de haber dictado una Sentencia que luego es anulada no impide, por sí solo, la participación de los mismos Magistrados que formaron Sala. Tal y como ha señalado este Tribunal, en la Sentencia de Pleno 157/1993, de 6 de mayo, “no puede mantenerse como regla general, resultante de la obligación de imparcialidad, que un Tribunal superior que anule una decisión administrativa o judicial, tenga la obligación de reenviar el caso a una autoridad jurisdiccional distinta, o a un órgano de esa autoridad compuesto en forma distinta”. Así lo ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 16 de julio de 1971, caso Ringeisen c. Austria, § 97), quien recientemente recordaba que “el solo hecho de que el mismo Juez ya haya decidido las peticiones del recurrente en otros procedimientos no justifica objetivamente temor alguno de falta de imparcialidad de aquél” (STEDH de 3 de febrero de 2005, caso Fehr c. Austria, § 30). En el caso presente, la anulación de la Sentencia de casación en lo relativo al recurrente de amparo, “a fin de que la Sala se pronuncie sobre el resto de los motivos de casación interpuestos por la acusación particular en lo que afecte a don Juan Luis Ferrero”, es la forma que la Sala ha estimado más adecuada para reparar la indefensión sufrida por él en los términos apreciados por la Sentencia 192/2005. Por consiguiente, no procede llevar a cabo ninguna aclaración o subsanación de su fallo. 15175 Madrid, a diez de octubre de dos mil cinco. Abstención y recusación de jueces y magistrados: derecho a un juez imparcial. Aclaración de Sentencias: improcedencia de la solicitud. Tribunal Europeo de Derechos Humanos: doctrina sobre la imparcialidad del Juez. Deniega aclaración en el recurso de amparo 2010-2000, promovido por don Juan Luis Ferrero Alvarez. Recurso de amparo 2010-2000 AUTO 3 Sala Primera 2017-04-04T13:13:32.44 /Resolucion/Api/json/20457