2015 false false 2 Desaparición sobrevenida del objeto del recurso de inconstitucionalidad dado que el efecto inmediato de la anulación de la norma impugnada ya supuso su expulsión del ordenamiento jurídico de una vez por todas y para siempre, por lo que la pretensión ejercida resulta ya redundante y vacía de contenido. 2026-02-23T10:48:22.17 de 3 de marzo de 2015 2015-03-03T00:00:00 24397 ES 51 2012 20653 2007 RI 10.20.40.20 1 Recurso de inconstitucionalidad 24475 1 2007-2012 136489 false true Pérez de los Cobos Orihuel 50 Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Francisco don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 136490 false false Asua Batarrita 48 Adela Asua Batarrita, Adela doña Adela Asua Batarrita 136491 false false Ortega Álvarez 49 Luis Ignacio Ortega Álvarez, Luis Ignacio don Luis Ignacio Ortega Álvarez 136492 false false Roca Trías 53 Encarnación Roca Trías, Encarnación doña Encarnación Roca Trías 136493 false false Ollero Tassara 52 Andrés Ollero Tassara, Andrés don Andrés Ollero Tassara 136494 false false Valdés Dal-Ré 54 Fernando Valdés Dal-Ré, Fernando don Fernando Valdés Dal-Ré 136495 false false González Rivas 51 Juan José González Rivas, Juan José don Juan José González Rivas 136496 false false Martínez-Vares García 55 Santiago Martínez-Vares García, Santiago don Santiago Martínez-Vares García 136497 false false Xiol Ríos 56 Juan Antonio Xiol Ríos, Juan Antonio don Juan Antonio Xiol Ríos 136498 false false González-Trevijano Sánchez 57 Pedro José González-Trevijano Sánchez, Pedro José don Pedro José González-Trevijano Sánchez 136499 false false Enríquez Sancho 59 Ricardo Enríquez Sancho, Ricardo don Ricardo Enríquez Sancho 136500 false false Narváez Rodriguez 60 Antonio Narváez Rodríguez, Antonio don Antonio Narváez Rodríguez 133294 1 Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 4 de abril de 2012 la Directora General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en la representación que ostenta, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. El escrito de interposición del recurso señala que el precepto transcrito incide en la competencia autonómica exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda del art. 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias, sin que el impugnado art. 23 pueda encontrar su fundamento competencial en el art. 149.1.1 y 18 CE, tal como afirma la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2011. 133295 2 Por providencia de 8 de mayo de 2012 el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias y, en su representación y defensa, por el Letrado del mismo, en relación con el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”. 133296 3 Por escrito registrado el día 17 de mayo de 2012 el Abogado del Estado se personó en el recurso en nombre del Gobierno solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones, prorroga que le fue concedida por providencia de 21 de mayo de 2012. 133297 4 El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el día 23 de mayo de 2012, comunicó que la Cámara se personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración. Lo mismo hizo el Presidente del Congreso por escrito de 23 de mayo de 2012. 133298 5 El día 15 de junio de 2012 el Abogado del Estado formuló sus alegaciones interesando la desestimación del recurso por entender que la regulación cuestionada se encuadra competencialmente en el art. 149.1.18 CE. 19661 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 86.1 f. único 194898 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 52261 2011-07-01T00:00:00 8857 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. Medidas de apoyo a deudores hipotecarios, control del gasto público y cancelación de deudas de entidades locales, fomento de la actividad empresarial y simplificación administrativa Artículo 23 f. único 194899 22848 3 7 000003.000008 G) Reales Decretos-leyes 898 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 86.1 f. único 194900 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 52261 2011-07-01T00:00:00 8857 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. Medidas de apoyo a deudores hipotecarios, control del gasto público y cancelación de deudas de entidades locales, fomento de la actividad empresarial y simplificación administrativa Artículo 23 268334 22802 1 1 000001.000002 A) Disposiciones con fuerza de ley del Estado 15391 false 1JCHSJCF Pérdida sobrevenida de objeto del proceso constitucional 1 1 Conceptos constitucionales 83569 1276673 f. único Por todo lo expuesto, el Pleno ACUERDA 24386 6 Declarar la extinción del recurso de inconstitucionalidad 2007-2012 por desaparición sobrevenida de su objeto. 68049 1 Único. Este Tribunal ya ha señalado en diversas ocasiones que, aunque la desaparición sobrevenida del objeto del proceso no esté contemplada en el art. 86.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) como una de las causas de terminación extraordinaria de los distintos procesos constitucionales, y en particular de los recursos de inconstitucionalidad, es posible, no obstante, que tal cosa pueda suceder, provocando la conclusión del proceso constitucional sin que sea necesario un pronunciamiento sobre el reproche de inconstitucionalidad que se haya alegado. Entre las causas de pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de inconstitucionalidad está el que este Tribunal ya haya declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la norma impugnada (por todas, STC 265/2007, de 20 de diciembre, FJ 2). El Gobierno de Canarias impugna en el presente recurso de inconstitucionalidad el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, precepto sobre el que ya nos hemos pronunciado en la STC 29/2015, de 19 de febrero, en la que estimamos la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1772-2014 y concluimos que el citado art. 23 era inconstitucional y nulo por vulnerar el art. 86.1 CE. La referida declaración de inconstitucionalidad y nulidad del art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011 determina, conforme a nuestra doctrina, la pérdida sobrevenida del objeto de este proceso constitucional pues “[s]iendo el efecto inmediato de la anulación de cualquier norma su expulsión del ordenamiento jurídico de una vez por todas y para siempre, medida irreversible por su propia naturaleza, la pretensión que se ejercita aquí y ahora resulta ya redundante y vacía de contenido, sin finalidad práctica alguna. En definitiva, una vez que nuestras Sentencias dejan sin efecto uno o varios preceptos legales, cualquier otro proceso paralelo o posterior queda desprovisto automáticamente de su propio objeto. Una disposición sólo puede extinguirse una sola vez, por definición. Tal desaparición sobrevenida del elemento objetivo del proceso impide cualquier consideración sobre lo que en el lenguaje forense ha dado en llamarse el fondo del asunto” (ATC 39/2011, de 12 de abril, FJ único y doctrina allí citada). 24386 Madrid, a tres de marzo de dos mil quince. Acuerda la extinción, por pérdida de objeto, del recurso de inconstitucionalidad 2007-2012, interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y simplificación administrativa. Recurso de inconstitucionalidad 2007-2012 AUTO 1 Pleno 2021-09-09T12:45:20.87 /Resolucion/Api/json/24397