2015 false false La solicitud de aclaración no constituye un medio de impugnación encaminado a la sustitución o revisión de la decisión adoptada. 2026-02-23T10:48:22.17 de 5 de marzo de 2015 2015-03-05T00:00:00 24401 ES 55 2013 20614 6368 RI 10.20.40.20 1 Recurso de inconstitucionalidad 24479 1 6368-2013 136537 false true Pérez de los Cobos Orihuel 50 Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Francisco don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 136538 false false Asua Batarrita 48 Adela Asua Batarrita, Adela doña Adela Asua Batarrita 136539 false false Ortega Álvarez 49 Luis Ignacio Ortega Álvarez, Luis Ignacio don Luis Ignacio Ortega Álvarez 136540 false false Roca Trías 53 Encarnación Roca Trías, Encarnación doña Encarnación Roca Trías 136541 false false Ollero Tassara 52 Andrés Ollero Tassara, Andrés don Andrés Ollero Tassara 136542 false false Valdés Dal-Ré 54 Fernando Valdés Dal-Ré, Fernando don Fernando Valdés Dal-Ré 136543 false false González Rivas 51 Juan José González Rivas, Juan José don Juan José González Rivas 136544 false false Martínez-Vares García 55 Santiago Martínez-Vares García, Santiago don Santiago Martínez-Vares García 136545 false false Xiol Ríos 56 Juan Antonio Xiol Ríos, Juan Antonio don Juan Antonio Xiol Ríos 136546 false false González-Trevijano Sánchez 57 Pedro José González-Trevijano Sánchez, Pedro José don Pedro José González-Trevijano Sánchez 136547 false false Enríquez Sancho 59 Ricardo Enríquez Sancho, Ricardo don Ricardo Enríquez Sancho 136548 false false Narváez Rodriguez 60 Antonio Narváez Rodríguez, Antonio don Antonio Narváez Rodríguez 133317 1 En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6368-2013 interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 7 y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social se ha dictado la STC 27/2015, de 19 de febrero, notificada a las partes el 25 de febrero. 133318 2 Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 27 de febrero de 2015, la Abogada de la Generalitat de Cataluña solicita la aclaración de la citada Sentencia señalando que en la misma se omite un pronunciamiento específico sobre la titularidad de la competencia. Así, tras aludir al art. 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y al art. 267.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que entiende de aplicación supletoria ex art. 80 LOTC, formula las consideraciones siguientes. Alude en primer lugar al objeto del recurso de inconstitucionalidad y a las dos pretensiones formuladas en el mismo, la declaración de nulidad de los preceptos impugnados tanto por vulneración del art. 86.1 CE como por infracción del orden constitucional de distribución de competencias. Señala, igualmente, que presentó un escrito ante este Tribunal poniendo de manifiesto la convalidación del Real Decreto-ley y su consiguiente tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, culminado con la aprobación de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, escrito en el que se ponía de manifiesto la subsistencia de la controversia competencial planteada. Pese a ese doble fundamento del recurso, la Abogada de la Generalitat indica que la Sentencia, tras reconocer la pervivencia de la controversia competencial, omite el pronunciamiento sobre el orden de distribución competencial y la titularidad de la competencia controvertida, limitándose a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 7 y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013 por vulneración del art. 86.1 CE. Para la Abogada de la Generalitat de Cataluña es notorio que el análisis de la infracción competencial alegada resultaba necesaria, lo que significa que la Sentencia ha incurrido en una incongruencia omisiva determinante de la indefensión de la Generalitat de Cataluña, puesto que la lesión competencial denunciada pervive en la Ley 1/2014, sin que pueda proceder a su impugnación por haber transcurrido el plazo para llevarla a cabo. Por ello, estima necesario aclarar la Sentencia, complementándola con un pronunciamiento sobre la titularidad de la competencia controvertida. 19685 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 93.1 f. 1 194917 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 898 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 86.1 f. 2 194918 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 15395 false 3NCNRGF6 Aclaración de sentencia 3 3 Conceptos procesales 90995 1276680 f. 1, 2 Por todo lo expuesto, el Pleno ACUERDA 24390 9 Declarar que no ha lugar a la aclaración pretendida. 68056 1 El art. 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que en el plazo de dos días, a contar desde la notificación, las partes podrán solicitar de este Tribunal la aclaración de sus Sentencias. La solicitud de aclaración ha sido presentada en el plazo legalmente establecido y por una de las partes procesales. Ahora bien, como hemos expresado en reiteradas ocasiones, la solicitud de aclaración no constituye un medio de impugnación encaminado a la sustitución o revisión de la decisión adoptada, pues contra las Sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno. Su objeto ha de limitarse, en consecuencia, a la corrección de errores materiales manifiestos o errores aritméticos, a la aclaración de algún concepto oscuro, a suplir cualquier omisión o a la rectificación de alguna contradicción manifiesta que se evidencie del propio texto de la Sentencia, sin necesidad de nuevas deducciones o interpretaciones (por todos, ATC 94/2013, de 7 de mayo, FJ 1). 68057 2 La aclaración solicitada excede claramente del objeto de este trámite procesal pues, atendiendo a los términos en los que la solicitud se formula, se aprecia que, en realidad, bajo la denominación de solicitud de aclaración, se nos pide ahora un nuevo pronunciamiento acerca de los preceptos impugnados, lo que obviamente es improcedente en este momento procesal. En efecto, no procede hacer manifestación alguna que pueda conllevar alteración de la fundamentación o de la decisión de la Sentencia, dado que no existe omisión alguna sino, tal como se advierte en su fundamento jurídico 2, aplicación de la consolidada doctrina constitucional que otorga preferencia a la denunciada vulneración del art. 86.1 CE, pues según dicha doctrina (SSTC 11/2002, de 17 de febrero, FJ 2; 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 4; 31/2011, de 17 de marzo, FJ 2; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 2; y 170/2012, de 4 de octubre FJ 4), su examen ha de ser prioritario en el orden de nuestro enjuiciamiento toda vez que esa tacha incide directamente sobre la validez del precepto impugnado, en función de su propia forma de aprobación, de modo que, en el caso de ser estimada, resulta innecesario el análisis de las restantes alegaciones. Además, tal planteamiento se reproduce en el fundamento jurídico 8 de nuestra Sentencia, en el que se dice de modo textual que “la estimación del recurso por el primero de los motivos expuestos por la Generalitat de Cataluña hace innecesario el examen de las restantes alegaciones de la demanda”, por lo que tampoco desde la perspectiva de la alegada incongruencia omisiva que se denuncia, cabe acoger la pretensión de la Letrada de la Generalitat de Cataluña. 24390 Madrid, a cinco de marzo de dos mil quince. Deniega la aclaración de la Sentencia 27/2015, de 19 de febrero, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 6368-2013, interpuesto por la Generalitat de Cataluña. Recurso de inconstitucionalidad 6368-2013 AUTO 1 Pleno 2025-05-26T11:43:03.55 /Resolucion/Api/json/24401