2025 false false 2026-02-23T10:48:22.343 de 7 de julio de 2025 2025-07-07T00:00:00 31663 ES 70 2023 28850 7107 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 38631 169590 false true Montalbán Huertas 67 Inmaculada Montalbán Huertas, Inmaculada doña Inmaculada Montalbán Huertas 169591 false false Balaguer Callejón 63 María Luisa Balaguer Callejón, María Luisa doña María Luisa Balaguer Callejón 169592 false false Sáez Valcárcel 64 Ramón Sáez Valcárcel, Ramón don Ramón Sáez Valcárcel 169593 true false Arnaldo Alcubilla 65 Enrique Arnaldo Alcubilla, Enrique don Enrique Arnaldo Alcubilla 169594 false false Tolosa Tribiño 69 César Tolosa Tribiño, César don César Tolosa Tribiño 169595 false false Díez Bueso 71 Laura Díez Bueso, Laura doña Laura Díez Bueso 169990 1 Mediante escrito registrado en este tribunal el 14 de noviembre de 2023, la procuradora de los tribunales doña María Isabel Torres Ruiz, en nombre y representación de doña Silvia Cubero Rodríguez, asistida de la abogada doña Susana Fuentes Gómez, interpuso recurso de amparo contra la desestimación presunta por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la petición de revisión y ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de hijo menor, como madre biológica de familia monoparental; así como contra la sentencia de 25 de mayo de 2022 del Juzgado de lo Social núm. 35 de Madrid (autos núm. 1174-2021), la sentencia de 15 de febrero de 2023 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso de suplicación núm. 1145-2022); y el auto de 4 de octubre de 2023 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1495-2023). 169991 2 El recurso de amparo fue resuelto por la STC 5/2025, de 13 de enero, en la que, tras declarar vulnerado el derecho fundamental de la demandante a la igualdad ante la ley sin que proceda discriminación alguna (art. 14 CE), se acordó para su restauración la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a resolver la reclamación administrativa de revisión de la prestación reconocida a la demandante, a fin de que, por el INSS, en los términos expuestos en el último párrafo del fundamento jurídico único de la sentencia, se dictara una resolución expresa respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. A esos efectos, en el último párrafo del fundamento jurídico único de la STC 5/2025, en consonancia con lo declarado en la STC 140/2024, de 6 de noviembre, FJ 7, se establecía que, en tanto el legislador no llevara a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) y, en relación con este, el art. 177 de la Ley general de la Seguridad Social, ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica (dieciséis semanas) el previsto en el segundo para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto). 169992 3 El letrado de la Administración de la Seguridad Social, por escrito registrado el 28 de febrero de 2025, formuló incidente de ejecución de la STC 5/2025, de 13 de enero, al amparo del art. 92.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en el que se insta al Tribunal Constitucional que determine las medidas necesarias para que el INSS pueda dictar una resolución administrativa respetuosa con el derecho vulnerado, de entre las propuestas en su escrito u otras que se consideren convenientes. El letrado de la Administración de la Seguridad Social fundamenta su petición, tras exponer los antecedentes fácticos que considera relevantes, en que la normativa reguladora de la prestación controvertida condiciona su reconocimiento a que el hijo no haya cumplido los doce meses, plazo que ya se habría superado en este caso. Ante esta dificultad jurídica para dar cumplimiento a la ejecución de lo acordado por el Tribunal, expone diferentes alternativas, considerando como la adecuada denegar la prestación adicional y en la misma resolución efectuar petición razonada a la autoridad competente (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) para que, conforme a lo establecido en el art. 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se inicie de oficio el procedimiento administrativo para el reconocimiento de una indemnización derivada del daño producido por el Estado legislador. 19682 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 92 f. único 304640 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 59385 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 92.1 párrafo 2 (redactado por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre) f. único 304641 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 82341 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 92.4 párrafo 2 f. único 304642 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 80579 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 92.1 f. único 304643 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 82305 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 92.3 f. único 304644 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 92003 2015-10-30T00:00:00 10422 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social Artículo 177 f. único 304645 22847 3 6 000003.000007 F) Reales Decretos Legislativos 70819 2015-10-23T00:00:00 10543 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores Artículo 48.4 f. único 304646 22847 3 6 000003.000007 F) Reales Decretos Legislativos 23347 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, en el recurso de amparo núm. 7107-2023, promovido por doña Silvia Cubero Rodríguez, ha dictado, con ponencia del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, el siguiente false 1JCRGF46 Inadmisión de incidente de ejecución de sentencias de amparo 1 1 Conceptos constitucionales 84184 1310961 f. único Por lo expuesto, la Sala ACUERDA 31575 14 Denegar la admisión de la apertura del incidente de ejecución. 85937 1 Tal como el Pleno de este tribunal ha expuesto en el reciente ATC 34/2025, de 13 de mayo, en el recurso de amparo núm. 5220-2024, al que nos remitimos, “la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el art. 92 LOTC requiere, como presupuesto indispensable, la contravención (art. 92.1, párrafo segundo LOTC) o el ‘incumplimiento total o parcial’ (art. 92.4, párrafo segundo LOTC) de lo dispuesto en las resoluciones de este tribunal. Además, la puesta en marcha de cualquiera de los mecanismos previstos en el art. 92 LOTC habrá de estar orientada, exclusivamente, al ‘cumplimiento efectivo’ de las decisiones de esta jurisdicción constitucional (art. 92.1 LOTC), y solo en la medida en que resulten ‘necesarias’ (art. 92.3 LOTC) a tal efecto” (así, AATC 7/2022, de 24 de enero, FJ 2, y 125/2024, de 19 de noviembre, FJ 2). Esta jurisprudencia constitucional pone de manifiesto que es un presupuesto formal necesario para la apertura del incidente de ejecución en un procedimiento constitucional la existencia de una actividad por la administración o el órgano judicial llamado a ejecutar la sentencia constitucional. Solo en este contexto el art. 92.3 LOTC habilita a las partes para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. En ese sentido, el incidente de ejecución está configurado en la ley orgánica del Tribunal en términos conflictuales entre quienes fueron parte en el procedimiento, tomando como presupuesto una concreta actuación del poder público concernido en aras a la ejecución de una sentencia constitucional, rechazándose la utilización de dicho incidente a modo de una función consultiva. En el presente caso, al igual que sucedía en el examinado en el citado ATC 34/2025, se constata que este tribunal ya estableció en la sentencia cuya ejecución se pretende (STC 5/2025, de 13 de enero) la obligación del Instituto Nacional de la Seguridad Social de dictar una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido, en los concretos términos de que mientras el legislador no lleve a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET, y la prestación regulada en el art. 177 LGSS, ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo del art. 48.4 LET, establecido para la madre biológica, el previsto para progenitor distinto conforme a la legislación aplicable, excluyendo las semanas que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto. El letrado de la Administración de la Seguridad Social promueve un incidente de ejecución sin que concurra el presupuesto formal de que exista una actuación previa del INSS tendente a la ejecución de la sentencia constitucional correspondiente, respecto de la que se pueda plantear dentro de un incidente de ejecución una controversia entre quienes fueron parte en el procedimiento de amparo sobre si implica una contravención o el incumplimiento total o parcial de lo dispuesto en las resoluciones del Tribunal. Por tanto, como concluimos en el ATC 34/2025, es notorio, ya en esta inicial fase procedimental de solicitud de incoación de una pieza separada para sustanciar un incidente de ejecución, que no existe un objeto apto —resolución del INSS en ejecución de la sentencia de este tribunal concernida— sobre el que deba pronunciarse el Tribunal Constitucional en el contexto de un incidente de ejecución. Ello determina que liminarmente el Tribunal deba denegar la admisión a trámite del incidente de ejecución. 31575 Madrid, a siete de julio de dos mil veinticinco. Inadmite la solicitud de ejecución de la STC 5/2025, de 13 de enero, dictada en el recurso de amparo 7107-2023, promovido por doña Silvia Cubero Rodríguez. Recurso de amparo 7107-2023 AUTO 4 Sala Segunda 2025-07-28T13:31:12.127 561571 RESOLUCIONES/SINTESIS_DESCRIPTIVA 31663 467047 ID 31380 51 45 2 /Resolucion/Api/json/31663