1981 false false 2026-02-23T10:48:22.14 de 30 de septiembre de 1981 1981-09-30T00:00:00 7158 ES 156-1981 97 2 1981 233 156 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 7161 3 156-1981 46770 false true García-Pelayo Alonso 5 Manuel García-Pelayo y Alonso, Manuel don Manuel García-Pelayo y Alonso 46771 false false Latorre Segura 7 Ángel Latorre Segura, Ángel don Ángel Latorre Segura 46772 false false Begué Cantón 2 Gloria Begué Cantón, Gloria doña Gloria Begué Cantón 66421 1 El 5 de junio de 1981, el Procurador de los Tribunales, don Eduardo Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de DYRSA y de don Antonio Izquierdo Ferriguela, presentó ante este Tribunal Constitucional demanda de amparo contra el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 13 de mayo del año en curso, por el cual se denegaba la admisión de la querella interpuesta por los solicitantes del amparo contra el Director General de Seguridad del Estado y las autoridades que fueron también responsables de la retención de la segunda edición del diario «El Alcázar», correspondiente al día 24 de febrero del citado año. Se invocaban los arts. 24 y 20 de la Constitución y se pedía en sustancia que se dictase Sentencia por la que se declarase el derecho de los solicitantes del amparo a la admisión de la querella presentada, así como la violación por el Auto impugnado de los arts. 20 y 24 de la Constitución, ordenando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que procediese a la admisión de la referida querella y a incoar la oportuna causa para depurar la responsabilidad penal de todos o algunos de los inculpados. 66422 2 Por providencia de 1 de julio se concedió un plazo común de diez días a los recurrentes y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimasen procedentes sobre la posible existencia del siguiente motivo de inadmisión de carácter insubsanable: carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional por no violar la resolución judicial impugnada ningún derecho fundamental. 66423 3 En el plazo señalado, el Ministerio Fiscal solicitó en sus alegaciones la inadmisión del recurso por encontrar plenamente justificado el razonamiento del Auto impugnado. Solicitó asimismo la imposición de costas a los recurrentes. Estos, en su correspondiente escrito, insistieron en la argumentación expuesta en la demanda solicitaron la admisión del recurso. 652 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 20.5 20812 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 667 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24.2 31563 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 14037 1978-12-26T00:00:00 2228 Ley 62/1978, de 26 de diciembre. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona En general 71491 22850 3 9 000003.000010 I) Legislación preconstitucional 19415 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 43.1 87902 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19421 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 44.1 88929 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19426 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 44.1 b) 90537 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19725 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Disposición transitoria segunda, apartado 2 107235 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 7130 En el asunto reseñado, la Sección ha acordado dictar el siguiente AUTO false 1HLJC Derecho a la tutela judicial efectiva 1 1 Conceptos constitucionales 82585 1211170 false 1JCLCPDCL3 Imputabilidad de la violación al órgano judicial 1 1 Conceptos constitucionales 83897 1215613 7129 4 En consecuencia de todo lo expuesto, se declara no admitido el recurso, sin que haya lugar a condena en costas. 36467 1 En el presente recurso se alega especialmente que el Auto impugnado infringe el art. 24.2 de la Constitución que reconoce el derecho de todos a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Se alega también que el citado Auto viola además el art. 20.5 de la Constitución, según el cual sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. 36468 2 Respecto a la supuesta violación del derecho a la tutela de los Jueces y Tribunales es de señalar que, como ha declarado reiteradamente este Tribunal Constitucional, ese derecho supone el de obtener una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas ante los Tribunales, siempre que se utilicen las vías procesales adecuadas, pero no el de que tal decisión sea la solicitada por el actor. Tampoco autoriza el precepto constitucional a que este Tribunal sustituya sus propias valoraciones de los hechos que den lugar al proceso a las que formule el Poder Judicial, ya que incluso de acuerdo con el art. 44.1 b) no puede «en ningún caso» entrar a conocer de aquéllos. (Autos de la Sala Primera de 1 de octubre de 1980 en los recursos 35/80, 87/80 y 104/80, y de 26 de noviembre del mismo año en el recurso 173/80, y de la Sala Segunda también de 26 de noviembre en el recurso 107). Por tanto, la valoración que en el presente caso hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que los hechos alegados no constituían delito, no puede ser debatida por este Tribunal que, como dice la última de las resoluciones citadas, no es un Tribunal de revisión. La cuestión planteada carece, por tanto, de contenido que justifique una decisión de este Tribunal. 36469 3 En cuanto a la supuesta violación del art. 20.5 de la Constitución por el Auto impugnado, basta advertir que el recurso de amparo contra actos u omisiones de un órgano judicial requiere, aparte de otros requisitos, que la violación alegada tenga «su origen inmediato y directo» en tales actos u omisiones (art. 44.1 de la LOTC). En el presente caso resulta que los hechos alegados estarían originados por actuaciones del Gobierno, o de sus autoridades o funcionarios. Contra esas disposiciones o actos la vía procedente para restablecer los derechos fundamentales y las libertades públicas que estimen infringidos es la contencioso-administrativa ordinaria o la contencioso-administrativa regulada en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección juridisdiccional y, agotada una de estas vías, el recurso de amparo (art. 43.1 y disposición transitoria segunda, dos, de la LOTC). 36470 4 No apreciándose temeridad ni mala fe, no procede la imposición de costas. 7129 Archívense las actuaciones. Madrid, a treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y uno. Inadmisión. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales. Imputabilidad directa de la violación a acto u omisión del órgano judicial. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 156/1981 Recurso de amparo 156/1981 AUTO 5 Sección Primera 2017-06-01T10:52:30.39 /Resolucion/Api/json/7158