1982 false false 2026-02-23T10:48:22.06 de 23 de julio de 1982 1982-07-23T00:00:00 7462 ES 261 4 1982 572 237 C+ 10.20.50.10 14 Conflicto positivo de competencia 7465 14 237-1982 47999 false true García-Pelayo Alonso 5 Manuel García-Pelayo y Alonso, Manuel don Manuel García-Pelayo y Alonso 48000 false false Arozamena Sierra 1 Jerónimo Arozamena Sierra, Jerónimo don Jerónimo Arozamena Sierra 48001 false false Latorre Segura 7 Ángel Latorre Segura, Ángel don Ángel Latorre Segura 48002 false false Díez de Velasco Vallejo 3 Manuel Díez de Velasco Vallejo, Manuel don Manuel Díez de Velasco Vallejo 48003 false false Rubio Llorente 9 Francisco Rubio Llorente, Francisco don Francisco Rubio Llorente 48004 false false Begué Cantón 2 Gloria Begué Cantón, Gloria doña Gloria Begué Cantón 48005 false false Diez-Picazo Ponce de León 4 Luis Diez-Picazo y Ponce de León, Luis don Luis Díez-Picazo y Ponce de León 48006 false false Tomás Valiente 10 Francisco Tomás y Valiente, Francisco don Francisco Tomás y Valiente 48007 false false Gómez-Ferrer Morant 6 Rafael Gómez-Ferrer Morant, Rafael don Rafael Gómez-Ferrer Morant 48008 false false Escudero del Corral 11 Ángel Escudero del Corral, Ángel don Ángel Escudero del Corral 48009 false false Fernández Viagas 12 Plácido Fernández Viagas, Plácido don Plácido Fernández Viagas 48010 false false Truyol Serra 13 Antonio Truyol Serra, Antonio don Antonio Truyol Serra 67206 1 El Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña planteó ante este Tribunal, en escrito presentado el 28 de junio último, conflicto positivo de competencia frente al Gobierno de la Nación por entender que la Resolución de 27 de febrero de 1982 de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda sobre competencias de la Administración del Estado para autorizar las operaciones de crédito a las Corporaciones Locales, vulnera la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Al amparo de lo previsto en el art. 64.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional solicita que el Tribunal acuerde la suspensión de la vigencia de la Resolución impugnada, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación. 67207 2 Admitido a trámite el conflicto por providencia de la Sección Tercera del Pleno de 8 de julio siguiente, se acordó oír al Abogado del Estado, en representación del Gobierno, acerca de la suspensión interesada por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. Evacuada la audiencia concedida, el Abogado del Estado se opone a la suspensión por entender, además de otras razones, que no aparecen demostrados los supuestos perjuicios que ocasionaría la no suspensión y que por el contrario, produciría mayores perjuicios la suspensión de la Resolución impugnada, tanto desde el punto de vista de la obtención de créditos por los Ayuntamientos como desde la consideración de los efectos de una sentencia final favorable para la posición del Gobierno de la nación. 19569 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 64.3 103783 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19574 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 66 103918 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 7340 El pleno en el asunto de referencia ha acordado dictar el siguiente AUTO false 1JCGSTX8B Denegación de la suspensión de disposiciones del Gobierno 1 1 Conceptos constitucionales 83491 1204162 7339 18 Por lo expuesto, el Tribunal acuerda denegar la suspensión solicitada por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. 36922 1 Unico. La suspensión de la disposición o acto objeto del conflicto, regulada en el art. 64.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es una medida cautelar que tiende a prevenir, las repercusiones, que siendo perjudiciales, pudieran derivarse de la ejecución de la disposición o acto, en tanto se decide el conflicto, por cuanto el efecto inherente a la ejecutividad, podría dar lugar a situaciones no remediables, o difícilmente remediables, mediante la extensión del fallo en los términos que dice el art. 66 in fine, también de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El motivo que puede legitimar la suspensión es la irreparabilidad o la difícil reparación de los perjuicios que la ejecutividad pudiera causar, motivo que aquí no se infiere, por cuanto el mantenimiento del control estatal sobre las operaciones de crédito, en los términos que dice la resolución impugnada, no es previsible que cree situaciones perjudiciales que alcancen el grado de irreparabilidad o de difícil reparabilidad, todo dentro de una apreciación de los intereses públicos comprometidos. 7339 Madrid, a veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y dos. Suspensión de disposiciones del Gobierno impugnadas por las Comunidades Autónomas: Denegación de la suspensión. Denegando la suspensión de la resolución impugnada por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en el conflicto positivo de competencia 237/1982 Conflicto positivo de competencia 237/1982 AUTO 1 Pleno 2025-06-03T16:43:47.44 /Resolucion/Api/json/7462