1984 false false 2026-02-23T10:48:21.967 de 7 de noviembre de 1984 1984-11-07T00:00:00 8920 ES 506-1984 652 10 1984 2124 506 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 8923 3 506-1984 53486 false true Diez-Picazo Ponce de León 4 Luis Diez-Picazo y Ponce de León, Luis don Luis Díez-Picazo y Ponce de León 53487 false false Tomás Valiente 10 Francisco Tomás y Valiente, Francisco don Francisco Tomás y Valiente 53488 false false Pera Verdaguer 14 Francisco Pera Verdaguer, Francisco don Francisco Pera Verdaguer 72482 1 Don Santiago Otal Belenguer es propietario de un local en Huesca, que estaba arrendado desde muy antiguo al Servicio de Plagas del Ministerio de Agricultura. Transferido dicho servicio a la Diputación General de Aragón, resultó también transferido a la misma el local citado. Ante ello, el hoy recurrente formuló demanda ante el Juzgado de Primera Instancia solicitando se declare la resolución del contrato de arrendamiento, por haberse producido una cesión de local sin consentimiento del dueño. El Juzgado dictó Sentencia desestimando la demanda, fundándose esencialmente en que la disposición final cuarta de la Ley 32/1981, de 10 de julio, dispone que «los entes preautonómicos se entenderán subrogados en los contratos de arrendamiento de los locales que se transfieran por el Estado» y en que conforme a las disposiciones transitorias segunda y séptima del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Comunidad Autónoma se subrogó en todos los derechos y obligaciones del Ente Autonómico. El señor Otal Belenguer interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Territorial de Zaragoza, que, por Auto de 8 de junio declaró mal admitida la apelación por falta de firma de Procurador, procediendo a declarar firme la Sentencia recurrida. 72483 2 Contra dichos Auto y Sentencia interpuso el señor Otal recurso de amparo mediante demanda presentada el día 2 de julio pasado, que, sustancialmente, funda en que la resolución del Juzgado de Primera Instancia vulnera los derechos reconocidos en los arts. 14 y 33 de la Constitución: a) El derecho a la igualdad se ve vulnerado porque se discrimina a los propietarios de locales arrendados al Estado frente a los propietarios de locales arrendados a otros sujetos, ya que los primeros han de soportar cesiones de arrendamiento a que no están sometidos el resto de los propietarios. b) El derecho a la propiedad resulta vulnerado, ya que se ceden y traspasan bienes del dueño del inmueble en cuestión a un ente que difícilmente va a perecer, de forma que el derecho de propiedad desaparece. Por todo ello suplica al Tribunal se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas. 72484 3 Por providencia de 26 de septiembre se acordó oír al demandante y al Ministerio Fiscal acerca de la posible inadmisión del recurso por las siguientes causas: 1.ª, la que regula el art. 50.2 a) por lo que respecta a la invocación del art. 33 de la Constitución; 2.ª, la regulada por el art. 50.2 b) de la misma Ley por cuanto la demanda pudiera carecer de contenido que justifique una decisión de este Tribunal. La parte demandante ha alegado que la fundamentación de su demanda en el art. 33 de la Constitución está vinculada al 14 de la misma, ya que el mantenimiento de la situación impugnada implicaría la existencia de dos propiedades distintas: la del que arrienda a un particular y la del que arrienda al Estado; y que es claro el contenido constitucional de su pretensión de amparo. El Ministerio Fiscal expone que, efectivamente, el derecho de propiedad no es susceptible de protección en esta vía jurisdiccional de amparo constitucional, y que no existe desigualdad en la estimación correcta de la subrogación determinada por el cambio constitucional, que ha implicado el aumento de las causas de subrogación establecidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 408 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 14 8825 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 729 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 33 38774 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 10664 1981-07-10T00:00:00 1838 Ley 32/1981, de 10 de julio. Entes Preautonómicos: Régimen presupuestario y patrimonial Disposición final cuarta 65475 22846 3 5 000003.000006 E) Leyes de las Cortes Generales 19484 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 50.2 a) 97694 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19485 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 50.2 b) 98909 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 22147 1982-08-10T00:00:00 2906 Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto. Estatuto de Autonomía de Aragón Disposición transitoria segunda 113720 22877 3 1 000003.000011.000003.000002 a) Estatuto de Autonomía 22148 1982-08-10T00:00:00 2906 Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto. Estatuto de Autonomía de Aragón Disposición transitoria séptima 113721 22877 3 1 000003.000011.000003.000002 a) Estatuto de Autonomía 8688 La Sección ha examinado el recurso de amparo promovido por don Santiago Otal Belenguer. false 2FCF6 Arrendamientos urbanos 2 2 Conceptos materiales 85912 1150160 false 1HLDMK Igualdad ante la ley 1 1 Conceptos constitucionales 82397 Se aplica en caso de apreciarse establecimiento de desigualdades en el contenido de las leyes. 1150161 false 3NCBSB Condena en costas procesales 3 3 Conceptos procesales 89850 1158513 false 2GH Derecho de propiedad 2 2 Conceptos materiales 86164 1168473 false 1JCLCPEC Derechos y libertades no susceptibles de amparo 1 1 Conceptos constitucionales 83956 1168474 false 1DFKTMK Traspaso de servicios 1 1 Conceptos constitucionales 81552 1205047 false 2SGT Subrogación de derechos 2 2 Conceptos materiales 88323 1205048 false 1JCHS Procedimiento constitucional 1 1 Conceptos constitucionales 83497 1216955 false 3NCDVNS Temeridad procesal 3 3 Conceptos procesales 89965 1216956 8686 4 Por todo ello, la Sección acuerda inadmitir el presente recurso de amparo, con imposición de las costas al recurrentes. 39835 1 Es inadmisible este recurso de amparo en cuanto se invoca como vulnerado el art. 33 de la Constitución Española, en el particular atinente al reconocimiento del derecho a la propiedad privada, desde el punto en que tal derecho no es susceptible de amparo constitucional, lo que determina la aplicación del precepto contenido en el art. 50.2 a) de la LOTC. 39836 2 Por lo que respecta a la denunciada violación del art. 14 de la C. E. cometida en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimatoria de demanda de resolución de contrato de arrendamiento de local concertado entre el actual demandante en amparo y el Servicio de Defensa de Plagas de la Delegación Provincial correspondiente, del Ministerio de Agricultura, pretensión resolutoria basada en cesión inconsentida, se observa que en aquella decisión judicial se razona con la amplitud precisa acerca de la aplicación al supuesto controvertido de la disposición final cuarta de la Ley 32/1981, de 10 de julio, de acuerdo con la cual los entes preautonómicos se entenderán subrogados en los contratos de arrendamiento de los locales que se transfieran por el Estado, sin alteración de las condiciones de los mismos, discurriendo, asimismo, sobre las disposiciones transitorias segunda y séptima del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, en cuya virtud la Comunidad Autónoma de Aragón se subrogó en todos los derechos y obligaciones del ente preautonómico, expresando que «la transferencia o delegación de Servicios del Estado implicará la subrogación de la Comunidad Autónoma en la titularidad de las correspondientes relaciones jurídicas», de todo lo cual infiere el juzgado del orden civil la improcedencia de acordar la resolución contractual ante el mismo postulada. El recurrente en amparo -actor en el proceso civil antecedente- no cuestiona desviación alguna por parte del juzgador de instancia cometida en el fallo cuya nulidad ahora pretende, esto es, admite que el Derecho, o por mejor decir la Ley, ha sido certeramente interpretada y aplicada, mediante lo cual la desigualdad que denuncia, necesariamente hay que situarla en el hecho de que el legislador, al instituir para supuestos como el aquí contemplado, una subrogación que opera por ministerio de la Ley, y que necesariamente conduce a eliminar del repertorio de causas resolutorias de los contratos de arrendamiento urbano una situación que en otro supuesto podría conducir a esa extinción contractual, ha venido a erigir un particular grupo de contratos respecto de los cuales se producirá aquella subrogación, con alcance obstativo a la resolución contractual, frente a todos los demás en los que -en principio- la cesión inconsentida determina la finalización del contrato, más todo ello en manera alguna viola el mandato del art. 14 de la C. E., ya que en suma lo que el legislador verifica no es otra cosa que -como en tantas ocasiones sucede, incluso dentro del ámbito de la regulación arrendaticia urbana- dar un tratamiento legal diferenciado para atender a situaciones fácticas igualmente diversas, pero siendo claro que la positiva invocación del repetido art. 14 sólo se podrá en su caso producir cuando a supuestos iguales, esto es, previstos por el legislador ordinario como integrantes de una de esas especies o grupos, se les pretenda dar un tratamiento diferenciado o discriminatorio. Procede, pues, aplicar la norma prevista en el art. 50.2 b) de la LOTC. 39837 3 El comportamiento procesal seguido por el recurrente lo es para considerarle temerario, lo que le hace acreedor a la imposición de las costas. 8686 Madrid, a siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Inadmisión. Derecho de propiedad: no susceptible de amparo. Principio de igualdad: arrendamientos urbanos. Traspasos de servicios: subrogación de derechos. Temeridad del recurrente: se aprecia. Costas: se imponen. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 506/1984 Recurso de amparo 506/1984 AUTO 8 Sección Cuarta 2017-06-01T10:52:30.39 /Resolucion/Api/json/8920