1985 false false 2026-02-23T10:48:22.123 de 20 de marzo de 1985 1985-03-20T00:00:00 9270 ES 922-1984 207 11 1984 2594 922 RA 10.20.30.10 3 Recurso de amparo 9273 3 922-1984 54979 false true Diez-Picazo Ponce de León 4 Luis Diez-Picazo y Ponce de León, Luis don Luis Díez-Picazo y Ponce de León 54980 false false Tomás Valiente 10 Francisco Tomás y Valiente, Francisco don Francisco Tomás y Valiente 54981 false false Pera Verdaguer 14 Francisco Pera Verdaguer, Francisco don Francisco Pera Verdaguer 73891 1 La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, en Sentencia de 7 de julio de 1983, condenó a don José Prada García, como autor de un delito de intrusismo previsto y penado en el art. 321 del Código Penal, a las penas de seis meses y un día de prisión menor, multa de 20.000 pesetas y accesorias. La citada Sentencia declaraba probado que el procesado «carecía del título de Licenciado en Derecho y de los requisitos correspondientes para el ejercicio de la Abogacía, figuró en la guía telefónica de Sevilla del año 1977 con la profesión de abogado, y así venía además anunciado en la sección de páginas amarillas, dedicándose durante ese año a confeccionar escritos de demanda y otros técnico-juridicos que entregaba a algunos abogados, habiendo llegado a firmar con la anteposición de las siglas «Ldo.» un escrito dirigido al Juzgado de Guardia de Sevilla. Contra la anterior Sentencia, por la representación del señor Prada García, se preparó y formalizó recurso de casación por infracción de Ley y doctrina legal, pues estando conforme con el resultando de hechos probados, estimaba que se había infringido diversos preceptos, en concreto: el art. 1 del Código Penal, tras ser reformado por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio; la exposición de motivos de dicha Ley; el art. 321 del Código Penal, y el art. 24 de la Constitución. El Tribunal Supremo, por Auto de 27 de noviembre de 1984, decretó la no admisión del recurso, considerando, en primer término, que de conformidad con el artículo 884.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procedía la inadmisión del único motivo de casación formulado al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por entremezclar en uno solo varios motivos de infracción y carecer del preceptivo extracto del núm. 1 del art. 874 de la misma Ley; en segundo lugar, que asimismo procedía la inadmisión del recurso, por el cauce formal del art. 884.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues la exposición de motivos carece del carácter de norma sustantiva penal; por último, se dice en el Auto que, en virtud del art. 884.4, procede la inadmisión de la violación del principio de presunción de inocencia, utilizando la vía del art. 849.1 y no del núm. 2, igualmente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Don José Prada García, representado por Procurador y asistido de Letrado, interpuso recurso de amparo que tuvo entrada en este Tribunal el 28 de diciembre de 1984, citando como preceptos constitucionales vulnerados los recogidos en los núms. 1 y 2 del art. 24 de la Constitución, por entender que el Auto recurrido le dejó completamente indefenso, al no haber querido entrar el Tribunal Supremo en el fondo del asunto: Considera, en definitiva, el recurrente que la inadmisión del recurso de casación es contraria al Derecho Constitucional, y por ello solicita se declare que con el referido Auto se ha conculcado el art. 24.1 y 2 de la Constitución y, por consiguiente, se deje sin efecto la inadmisión del recurso de casación, con las consecuencias inherentes a tal declaración. 73892 2 Por providencia de 6 de febrero, la Sección Cuarta acordó poner de manifiesto al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente la posible concurrencia del motivo de inadmisibilidad del art. 50.2 b) de la Ley Orgánica de este Tribunal para alegaciones. En las suyas, el recurrente, en su brevísimo escrito, se pregunta cómo es posible que estén tutelados en este caso sus derechos «si el Tribunal Supremo declara la inadmisión del recurso de casación por una supuesta aplicación formulista (sic) y obsoleta», para líneas después añadir que se le ha violado su derecho del art. 24.1 de la Constitución «porque con esa resolución le impide llegar al fondo del asunto», por lo que se que.ja de la indefensión que se le ha producido. En su escrito de alegaciones, el Ministerio Fiscal aprecia la concurrencia del art. 50.2 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y pide la inadmisión del recurso. 58455 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24.1 26027 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 667 1978-12-27T00:00:00 235 Constitución española, de 27 de diciembre de 1978 Artículo 24.2 31702 22804 3 1 000003.000002 A) Constitución 19466 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 50 94127 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19485 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 50.2 b) 98111 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 19690 1979-10-03T00:00:00 2732 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Artículo 95.2 106929 22843 3 2 000003.000003 B) Tribunal Constitucional 9022 La Sección ha examinado el recurso de amparo promovido por don José Prada García. false 3NCBSB Condena en costas procesales 3 3 Conceptos procesales 89850 1158508 false 1JCHS Procedimiento constitucional 1 1 Conceptos constitucionales 83497 1216941 false 3NCDVNS Temeridad procesal 3 3 Conceptos procesales 89965 1216942 false 1HLJCFJ Derecho de acceso al recurso legal 1 1 Conceptos constitucionales 82615 Se aplica cuando se analiza la posibilidad de revisión de una resolución judicial a través de un recurso en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo posible la eventualidad de que no existan, salvo en materia penal. 1246022 false 3NCNRDL Inadmisión de recurso 3 3 Conceptos procesales 90952 1246023 9020 4 En atención a todo lo expuesto, la Sección acuerda la inadmisión del recurso y la imposición al recurrente de las costas y de una sanción de 10.000 pesetas. 40663 1 En su demanda el hoy recurrente invocaba dos supuestas violaciones producidas contra su derecho a la tutela judicial efectiva y contra su derecho a la presunción de inocencia. Este segundo derecho era simplemente mencionado en dos lineas y media y no sólo no se fundaba la pretendida violación, sino que ahora, en el trámite del art. 50, ni siquiera se le dedica una mínima atención, limitándose a repetir que el objeto de su recurso es el Auto del Tribunal Supremo que infringe «los números 1 y 2 del art. 24 de la Constitución». Como en el párrafo segundo de tal artículo se reconocen, como es notorio, varios derechos, tal remisión global, unida a la simple mención del derecho a la presunción de inocencia en la demanda, hace que por lo que a ella se refiere, el recurso carezca manifiestamente del fundamento explícito y de la más débil apoyatura en razones incluso implícitas, pues, entre otras, podemos observar, como hace el Ministerio Fiscal, que mal puede lesionar el derecho a la presunción de inocencia un Auto de inadmisión de un recurso fundado en otras varias razones y en el que precisamente se aduce en uno de sus considerandos que el allí recurrente había omitido «toda referencia al vacío probatorio» y (añadimos nosotros) había hecho aceptación del resultando de hechos probados como ahora en su demanda declara. 40664 2 Respecto a la lesión de su derecho a la tutela judicial poco podemos decir, porque también es manifiesta la falta de contenido de su invocación. En su escasísima fundamentación el recurrente identifica tal lesión con el hecho de que el Tribunal Supremo no haya entrado «en el fondo del asunto», lo que a su entender le produce indefensión. El argumento no se sostiene, pues de ser cierto toda inadmisión de un recurso equivaldría a la producción de la indefensión que el art. 24.1 in fine prohíbe. El punto a debatir estriba en si la inadmisión ha sido declarada por medio de una resolución razonada, razonable y basada en preceptos legales. Ahí es donde podría tener algún apoyo la pretensión del recurrente cuando se queja de haber recibido una «supuesta aplicación formulista (sic) y obsoleta» de la Ley, siempre y cuando el Auto del Tribunal Supremo que impugna hubiera fundado la declaración de inadmisión sólo en «entremezclar en uno solo varios motivos de infracción»; pero es lo cierto que, además de ese fundamento, acaso en exceso formalista, el Auto contiene otras tres razones justificativas de la denegación, por lo cual, aunque conciso, está razonado en forma congruente y proporcionada al escrito del recurrente y contiene una resolución fundada en argumentos y en normas jurídicas, todo lo cual basta para satisfacer el derecho del recurrente a una tutela judicial efectiva en este caso. 40665 3 Las demandas de amparo deben estar fundadas y razonadas. La simple invocación de preceptos y de derechos no basta. En consecuencia, la presente demanda por su carencia de fundamentación, no suplida por un escrito de alegaciones todavía más escueto no sólo incurre en el motivo del art. 50.2 b), sino también en la sanción prevista por el art. 95.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que la Sección la considera merecedora de la imposición de las costas y de una sanción de 10.000 pesetas. 9020 Madrid, a veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco. Inadmisión. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: inadmisión de recurso. Temeridad del recurrente: se aprecia. Costas: se imponen. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 922/1984 Recurso de amparo 922/1984 AUTO 8 Sección Cuarta 2017-06-01T10:52:30.39 /Resolucion/Api/json/9270