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1. El 23 de diciembre de 1985 tuvo entrada en este Tribunal Constitucional la demanda de amparo interpuesta por Dª. María Echaide Alzuri, representada por el Procurador D. Adolfo Morales Vilanova contra el Auto de la Audiencia Provincial de San Sebastián de 2 de julio de 1985, confirmado por el de 26 de noviembre de 1985, que desestimó la súplica interpuesta contra el anterior. En el escrito de demanda se solicitaba la suspensión de la ejecución del acto recurrido.

2. Admitido a trámite el recurso, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó formar pieza separada de suspensión, y, por providencia de once de junio de 1986, y conforme a lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) otorgó un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a la solicitante de amparo para alegar lo que estimaran pertinente en relación con la suspensión pedida.

Dentro del plazo acordado, manifiesta el Ministerio Fiscal que, de estimarse la suspensión solicitada, ello equivaldría a la práctica concesión anticipada del petitum de la propia demanda, ésto es, la reapertura del local clausurado por la decisión judicial que se recurre, lo que supondría la anticipación en el tiempo de lo que la correspondiente sentencia ha de resolver. Por lo que interesa se deniegue la suspensión que se pide por la recurrente.

Transcurrido el plazo concedido, la demandante en amparo no formula alegaciones.

Único. Este Tribunal ha declarado repetidamente que la ejecución de las sentencias judiciales comporta un interés público, que impone una estricta atención a los límites señalados en el artículo 56 de la LOTC a la hora de proceder a la suspensión allí posibilitada de resoluciones de órganos jurisdiccionales. En el presente caso, es obvio que, dado el objeto del amparo la declaración de cierre definitivo de un establecimiento de hostelería la ejecución de la resolución impugnada no ocasiona un perjuicio que haga perder al amparo su finalidad. De ello resulta la conveniencia de reconocer el carácter preeminente del interés en que se cumplan las resoluciones judiciales, y, en consecuencia, de mantener la eficacia de la aquí impugnada.