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1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 24 de octubre de 2007, la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Jimenez de la Plata García Blas, designada por el turno de oficio para actuar en nombre y representación de don Serghei Buhnaru, presentó demanda de amparo, firmada por la Letrada doña Jeanette Alfau Ortiz, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recaída en recurso de casación núm. 2242-2006, por la que se condena al recurrente y dos más como autores de un delito de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas de crédito a la pena de seis años de prisión e inhabilitación.

2. Los hechos declarados probados en los que se apoya la condena describen que el recurrente, en unión de otros dos coacusados, participaron en la instalación y sustitución de un lector óptico en el acceso a un cajero automático de una entidad bancaria para, de esta forma, conseguir los datos identificativos de las tarjetas de crédito con los que se activa dicho mecanismo de apertura, siendo sorprendidos por agentes policiales cuando se encontraban a la espera para descargar a un ordenador personal los datos ya acumulados en el lector óptico.

3. En la demanda de amparo se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), señalando que el relato fáctico que ha dado lugar a la condena no se apoya en pruebas de cargo, por lo que la Sentencia no se haya debidamente motivada.

4. Mediante providencia de fecha 17 de febrero de 2009, la Sección acordó por unanimidad inadmitir el presente recurso de amparo al apreciar que el recurrente no ha satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC).

5. Notificada dicha resolución al recurrente y al Ministerio Fiscal, éste último, mediante escrito registrado en este Tribunal el pasado 17 de marzo, la ha impugnado en súplica por entender que no concurre la causa de inadmisión apreciada pues en los folios 2 y 3 de la demanda existe un apartado específico dirigido a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Por ello, solicita que se deje sin efecto dicha providencia, dictándose en su lugar la resolución que el Tribunal estime pertinente.

6. Mediante diligencia de ordenación de fecha 24 de marzo de 2009, se acordó dar traslado del mismo a la representación del recurrente para que, en el plazo de tres días, formulare las alegaciones que tuviera por convenientes. Ha transcurrido dicho plazo sin que se presentaran alegaciones adicionales.

Único. El examen de la demanda, a la vista de las alegaciones del Ministerio Fiscal expuestas en el recurso de súplica, pone efectivamente de relieve que en la misma (fundamento de derecho segundo) se dedica un apartado específico a tratar de justificar

la especial trascendencia constitucional de la pretensión de amparo. Por consiguiente, debemos estimar el recurso interpuesto y, en su virtud, anular la providencia recurrida, reponiendo las actuaciones al momento anterior a su dictado para resolver

sobre la admisión del presente recurso de amparo.