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1. En fecha 22 de enero de 2026 tuvo entrada en el registro de este tribunal un formulario de presentación de recurso de amparo de don José Luis Mazón Costa, por el que se pretendía interponer el correspondiente recurso contra las resoluciones ya reseñadas.

2. En fecha 27 de enero de 2026 se presentó en el registro de este tribunal una documentación que, en el correspondiente impreso de registro, se denominó por el recurrente como “recusación del ponente señor Macías por haberle denunciado”, consistente en una copia de lo que, al parecer, había sido una denuncia o queja presentada el 9 de enero de 2025 contra el citado magistrado ante el organismo correspondiente de defensa de la competencia. Dicho documento, sin embargo, no se acompañaba de ningún escrito que formalizase en debida forma la recusación a la que parecía aludirse.

3. Tras los requerimientos de subsanación correspondientes, la demanda de amparo fue formalmente presentada el 23 de febrero de 2026, sin hacer referencia alguna a la pretensión de recusación del magistrado señor Macías Castaño.

4. En fecha 27 de abril de 2026, esta Sección Segunda acordó, mediante providencia, la inadmisión del recurso de amparo presentado, al no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional exigida por el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en relación con la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2. Esta providencia fue notificada al recurrente, con efecto el 30 de abril de 2026.

Único. Apreciado que no se dio respuesta alguna a la documentación presentada por el recurrente de la que parecía deducirse su pretensión de recusar al magistrado señor Macías Castaño, designado ponente de este asunto, se habrá de dejar sin efecto la providencia de inadmisión del presente recurso, mediante su declaración de nulidad para evitar cualquier indefensión (art. 24.1 CE), y a fin de darle un plazo al recurrente para que manifieste si persiste en su intención de recusar al citado magistrado mediante la presentación debidamente formalizada de la recusación correspondiente, en los términos establecidos en los arts. 223 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el art. 80 LOTC.