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1. El Procurador de los Tribunales, Don Luis Parra Ortum, en nombre y representación que acreditaba debidamente de Don JOSÉ JOAQUÍN TIBARRA SARDINA y Don MANUEL OLIVERA QUINTA, presentó escrito ante este Tribunal Constitucional, con fecha 30 de julio de 1.982, promoviendo recurso de amparo, por violación de derechos constitucionales, contra el Excmo. Señor Gobernador Civil de Badajoz y la actuación de la Guardia Civil por orden suya, al precintar sin acta, sin exhibir la orden gubernativa preceptiva y sin aducir o imputar la infracción legal fundamentadora de dicho precinto, unas máquinas recreativas "tipo B", de las que son arrendatarios de pleno derecho, e instaladas legalmente en los bares de los que son titulares los recurrentes. Alegan en su escrito, que el dia 30 de mayo de 1982, funcionarios de la Guardia Civil del pueblo de Olivenza (Badajoz) se personaron en los bares de los que son propietarios los demandantes y tras afirmar que actuaban por orden directamente emanada del Gobernador Civil de la provincia, pero sin exhibir en ningún momento dicha orden gubernativa, procedieron sin más, al precintado de cuatro máquinas recreativas "tipo B", sin levantar acta u otro tipo de escrito; un mes después del precintado, fueron oficiosamente requeridos por el Gobierno Civil para firmar, con efectos retroactivos, las actas gubernativas del precintado de dichas máquinas, negándose a hacerlo. Mantienen, como argumento de fondo, entre otros, y en cuanto al acto concreto del precintado, su nulidad de pleno derecho, debida a: Ser una sanción aplicada en ausencia de la correspondiente infracción; constituir una violación del principio de irretroactividad de las leyes, proclamado, indican, en el articulo 9.3 de la Constitución, al violar, según la demanda, el plazo de "vacatio legis" establecido en la Orden de 20 de abril de 1982; haberse llevado a cabo en ausencia de "intervención de la maquinaria judicial", vulnerándose el art. 24 de la Constitución; y vulnerar el principio de igualdad del articulo 14 de la misma. Terminan suplicando se declare la nulidad del acto de precintado de dichas máquinas obstativo del pleno ejercicio de sus derechos y libertades protegidos, restableciendo así mismo a los recurrentes en la integridad de su derecho de propiedad y uso de la misma. Por medio de otrosi, solicitan se eleve la cuestión al Pleno del Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la Orden de 20 de abril de 1982, en nueva sentencia con los efectos ordinarios previstos en los articulos 38 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

2. Mediante providencia de fecha 13 de octubre pasado, la Sección Tercera de este Tribunal abrió el trámite previsto en el art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal, señalando la posible existencia de las siguientes causas impeditivas de la admisión del recurso: 1ª.- La del articulo 50.1.b), en relación con el art. 43.1, los dos de expresada Ley Orgánica, pues no se ha agotado la via judicial procedente, de acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª, 2º, también de aquella Ley Orgánica.- 2ª.- La del art. 50.1.a) de la misma Ley, en cuanto a la invocación de derecho de propiedad, la libertad de empresa y el derecho al trabajo, porque no son de los comprendidos en el art. 53.2 de la Constitución, precepto constitucional que acota los derechos o libertades susceptibles de protección por la vía del recurso de amparo (art. 41.1 de la L.0.T.C.).Se concedia un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante para alegaciones.

3. Evacuando el trámite asi abierto, el Ministerio Fiscal presentó escrito interesando, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 86.1, se dictase auto acordando la inadmisión de la demanda de amparo, al concurrir los motivos que se recogen en el articulo 50.1.b) en relación con el 41.1, todos ellos de la Ley Orgánica del propio Tribunal, y art. 53.2 de la Constitución; de la lectura del escrito de demanda, se obtiene que los recurrentes tras el presunto acto del Gobernador Civil, no han provocado actuación judicial alguna, sino que, por el contrario, pretenden el acceso a la jurisdicción constitucional directamente, alterando con ello no solo los presupuestos procesales, sino el carácter mismo que al recurso de amparo señala el arte 53.2 de la Constitución desarrollado por el art. 41 de aquella norma orgánica, lo que supone incidir en el motivo de inadmisión recogido en el arte 50.1 .b), en relación con el 43.1 y el 49, todos ellos de la propia norma; y por otra parte, no se deduce de tal demanda, que se actué postulando la protección de derechos fundamentales de los reseñados en el propio art. 53.2 de la Constitución y 41 .1 de la Ley Orgánica, por lo que asimismo ha de entenderse concurre el supuesto de inadmisión que se contempla en el art. 50.2.a) de la misma Ley.

La representación de los recurrentes, en sus alegaciones, insiste en que la actuación gubernativa de precintado sin acta es nula de pleno derecho y además flagrantemente inconstitucional, pues: a) la actuación de los agentes de la autoridad que ejecutaron el acto del precintado sin acta, alegando órdenes del Gobernador Civil de Badajoz, ha significado la absoluta negación de las garantias y salvaguardas constitucionales del "procedimiento debido con arreglo a la Ley" (artículos 24.1 y 2 de la Constitución) y del derecho fundamental a la "igualdad de protección ante la Ley" (artículos 14 y 53 de la Constitución); b) Suprime el derecho fundamental al trabajo; c) viola directamente el derecho fundamental a la libertad de empresa (art. 38 de la Constitución).

Único. - Como dice el articulo 43.1) de la L.O.T.C. podrá acudirse al recurso de amparo en defensa de los derechos y libertades reconocidos en los articulos 14 al 29 de la Constitución que se estimen violados por actos o vía de hecho de la Administración Pública, una vez agotada la via judicial procedente, que es -disposición transitoria segunda de la L.O.T.C.- la contenciosa-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda de la Ley 62/1978. La idea básica de la defensa ju risdiccional de los derechos y libertades en los casos de imputación de la violación a la Administración Pública es -como proclama el artículo 106 de la Constitución- que el control corresponde a los tribunales, según las reglas definidoras de los ámbitos jurisdiccionales (artículo 117.3) también de la Constitución), y solo agotadas estas vías, si se entendiera que persiste la violación, podrá acudirse al recurso de amparo, en los casos y con cumplimiento de lo que previenen los artículos 41, 43, 46 y siguientes de la L.O.T.C. Pues bien, el demandante en este proceso no ha utilizado la vía judicial, incurriendo, en consecuencia, en la causa de inadmisión del artículo 50.1 .b), en relación con el artículo 43.1), de la L.O.T.C, no siendo preciso, en consecuencia, resolver sobre la suspensión solicitada al quedar sin contenido la misma.