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1. El actor, que se encontraba al servicio de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), recibió comunicación de la Empresa en la que se hacia saber que, en cumplimiento de lo dispuesto en el III Convenio Colectivo para el año 1982, debía causar baja para pasar a la situación de jubilación forzosa por haber cumplido sesenta y cuatro años de edad. Habiendo interpuesto demanda judicial por despido nulo o improcedente, la Magistratura de Trabajo núm. 10 de Madrid dictó Sentencia desestimatoria en 4 de noviembre de 1982. En recurso de casación la Sala Sexta del Tribunal Supremo confirmó la Sentencia de instancia por la suya de 20 de septiembre de 1983, basando su fallo en que la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores en su apartado 2, no está comprendida en la inconstitucionalidad expresamente declarada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1981, por lo que subsiste su vigencia. Lo pactado en un Convenio Colectivo debidamente inscrito en el Registro del Ministerio de Trabajo y no impugnado tiene plena validez jurídica y resulta obligatorio para todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del mismo. Así pues, al emanar la norma impugnada de un Convenio Colectivo, que como tal tiene fuerza vinculante es legítima su aplicación.

2. Por escrito presentado el 18 de octubre de 1983, el Procurador de los Tribunales don Luis Pulgar Arroyo, en nomb re y representación de don Rafael Soldevilla Torre, formula demanda de amparo contra la mencionada sentencia del Tribunal Supremo y solicita de este Tribunal Constitucional la declaración de su nulidad.

La demanda de amparo denuncia la presunta vulneración del art. 14 de la Constitución Española en relación con el art. 35 de la misma, alegando que al admitir la sentencia impugnada la validez de la cláusula de jubilación forzosa se origina una discriminación por razón de edad, así como una negación del derecho al trabajo. A este respecto el demandante cita la Sentencia de 2 de julio de 1981 del Tribunal Constitucional, según la cual sólo cabe la extinción por edad cuando el Gobierno utilice la jubilación forzosa como instrumento de política de empleo y siempre que resulte habilitado para ello por una Ley promulgada con las garantías del art. 53 de la Constitución, siendo dentro del marco de esta habilitación donde podrán pactarse libremente edades de jubilación en la negociación colectiva. Habrá de entenderse, pues, que cuando no exista tal habilitación toda jubilación forzosa es inconstitucional.

3. Admitida a trámite la demanda de amparo por la Sección Primera de la Sala Primera de este Tribunal Constitucional y practicados los requerimientos prescritos el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut se persona en el proceso en nombre de RENFE. A él, lo mismo que a la representación demandante y al Ministerio Fiscal, se da vista de las actuaciones para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC.

4. Con fecha 7 de mayo de 1984 el Ministerio Fiscal reproduce en sus alegaciones el escrito presentado en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 170/1983, promovida por la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid, relativa al párrafo 2 de la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores. En sustancia, estima legal y válido que los Convenios Colectivos limiten el derecho al trabajo por razón de la edad, valorando adecuadamente intereses más generales, entiende que ello no se ve afectado por la reserva de ley exigida por el art. 53.1 de la Constitución, considera razonable, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1981, limitar aquel derecho con la finalidad de servir a una política de empleo, es decir, de redistribución del trabajo, lo que se consigue en el Convenio de RENFE de 1982, que recoge y adapta el Acuerdo Nacional sobre Empleo de 9 de junio de 1981, y concluye afirmando que la resolución judicial impugnada, si bien implica dar al demandante un trato distinto al que recibiría si no hubiese cumplido los sesenta y cuatro años de edad, razona en atención a la aplicación de una política de empleo surgida en relación con una situación de paro, por lo que no existe violación del art. 14 de la Constitución en relación al art. 35 de la misma.

5. La represenación del recurrente, en escrito presentado el 3 de mayo de 1984, reiterando lo expuesto en la demanda de amparo, amplía y profundiza su argumentación. Por una parte -señala-, la Sentencia impugnada vulnera el art. 14 de la Constitución, pues la desigualdad que supone jubilar forzosamente a su representado a la edad de sesenta y cuatro años aparece desprovista de una justificación objetiva y razonable y, además, tal jubilación se establece sin garantizar la plenitud de derechos pasivos. Por otra parte, la cláusula del Convenio Colectivo que decreta la jubilación forzosa no satisface los requisitos exigidos por la Sentencia de 2 de julio de 1981 del Tribunal Constitucional para declararla lícita, pues no garantiza que los trabajadores afectados tengan cubierto el período de carencia y pretende servir a una política de empleo que no ha sido fijada por el Gobierno con la obligada habilitación legal conforme al art. 53.1 de la Constitución. Finalmente, a su juicio, ha de entenderse que el apartado segundo de la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores, al permitir pactar en la negociación colectiva edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a tales efectos, está haciendo referencia a la jubilación voluntaria y no a la forzosa.

6. Por su parte, la representación de RENFE con fecha 24 de abril de 1984, niega la existencia de la pretendida violación constitucional, poniendo de relieve que en el caso controvertido la extinción por razón edad no es incondicionada, sino que está sujeta a la atribución al jubilado del 100 por 100 de sus derechos pasivos y a la simultánea contratación de jóvenes y desempleados en igual número que las jubilaciones anticipadas. Todo lo cual se ajusta a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional y no vulnera el art. 14 de la C.E., pues la desigualdad aparece justificada, ni el 53.1 de la misma por cuanto es la propia Ley -disposición adicional quinta y art. 49.6 del Estatuto de los Trabajadores- la que ha previsto la extinción del contrato de trabajo por jubilación y la posibilidad de que en la negociación colectiva se establezcan pactos de esta naturaleza. Tampoco existe la presunta violación del art. 35 de la norma fundamental, pues el Convenio opera sólo una sustitución del trabajador y ello en el momento en que es acreedor del derecho de percibir íntegramente el máximo de la pensión de jubilación.

7. Por providencia de 2 de octubre de 1985 se fija la fecha de 9 de octubre siguiente para la deliberación y votación del presente recurso.

1. En fecha 29 de julio del presente año, esta Sala ha dictado la Sentencia núm. 95/1985, "Boletín Oficial del Estado" de 14 de agosto, denegando el amparo en relación a diversos recursos acumulados, todos los cuales eran idénticos al que ahora es objeto de nuestra consideración, pues versaban también sobre supuestos de jubilación forzosa al cumplir los sesenta y cuatro años de edad como consecuencia de lo dispuesto en el III Convenio Colectivo de RENFE para 1982. Si ello nos exime de reproducir en este caso las consideraciones efectuadas en la mencionada Sentencia, a las que debemos remitirnos, no ocurre lo mismo con la obligación de fundamentar, aunque sea someramente, nuestro pronunciamiento, tanto por un elemental principio de cortesía procesal con quien acudió al Tribunal en demanda de amparo, como por la necesidad de cumplir el mandato del art. 120.3 de la Constitución, que ordena que las Sentencias sean motivadas.

2. La validez constitucional de la jubilación forzosa ha sido ya objeto de dos Sentencias de este Tribunal que, a impulsos de sendas cuestiones de inconstitucionalidad, analizaron los dos párrafos de la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores, que facultaban, respectivamente, al Gobierno y a la negociación colectiva el establecimiento de tal jubilación. Ambas Sentencias -22/1981, de 2 de julio de 1981 «Boletín Oficial del Estado» del 20, y 58/1985, de 30 de abril, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio- constituyen el obligado punto de referencia para este caso. Singularmente en la segunda, aunque con remisión constante a la primera, el Tribunal consideró que si la jubilación forzosa, dentro de determinadas condiciones resultaba válida por no vulnerar ningún precepto constitucional, podía ser establecida tanto por la Ley como por la negociación colectiva. En la Sentencia citada en el fundamento jurídico 1 se añade, en relación al mismo supuesto actual, que ni puede oponerse a ello la consideración de que la política de empleo es facultad del Gobierno ni la afirmación de que la disposición adicional quinta alude simplemente a la jubilación, que debería, por tanto, considerarse voluntaria.

Limitando el enjuiciamiento, por exigencias de la propia ordenación constitucional y legal del recurso de amparo, a la resolución presuntamente vulneradora de los derechos fundamentales, la Sala ha declarado que no le compete analizar el Convenio Colectivo que posibilita la jubilación ni resolver sobre hipotéticas interpretaciones o futuras aplicaciones del Convenio desviadas de la constitucionalidad. En el presente caso no se ha producido esta desviación y no se ha alegado que el trabajador no perciba la pensión cuya obligatoriedad reconoció también este Tribunal. Siendo constitucional la norma que autoriza a la negociación colectiva la fijación de edades de jubilación dentro de determinados requisitos, y habiéndose aplicado el Convenio que así lo dispuso de forma también adaptada a la Constitución, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es conforme con ésta y no vulnera los derechos fundamentales del demandante.

3. El caso actual no difiere en su planteamiento y desarrollo, tanto judicial como constitucional, de los resueltos hasta ahora por la Sentencia citada. Las demandas de amparo presentadas por igual Procurador y con el asesoramiento del mismo Letrado constituyen una práctica reproducción mutua, como ocurre también con las alegaciones efectuadas por las partes y el Ministerio Fiscal en todos los recursos similares. Sin necesidad, pues, de otras consideraciones, es preciso reproducir ahora el mismo pronunciamiento.