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1. Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 4 de octubre de 1995, el Procurador de los Tribunales don Alejandro González Salinas, en nombre y representación de don Juan Antonio Aldea Bustos y otros, formula demanda de amparo constitucional contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) de 31 de marzo de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo 241/94, en virtud de la cual, con estimación parcial del recurso interpuesto, fueron anuladas las Resoluciones del Director General de Personal de la Consejeria de Educación y Ciencia de 9 de diciembre de 1993 y 7 de febrero de 1994, ordenándose la retroacción de las actuaciones al momento de la baremación de méritos, en el que no se puntuará el Certificado de Aptitud Pedagógica.

2. Los hechos de que trae causa la presente demanda de amparo relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:

a) Los demandantes en amparo accedieron a la condición de catedráticos de diferentes Cuerpos de Enseñanza Secundaria en virtud de nombramiento conferido por la Orden de 7 de febrero de 1994 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 15 de febrero), que culminaba así el procedimiento selectivo convocado por Orden de 27 de diciembre de 1991. b) La Sentencia de la Sección Primera de la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) de 27 de enero de 1995, resolutoria del recurso contencioso-administrativo núm. 274/94, interpuesto por don José María Lobo Manzano, conoció de las Resoluciones de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 9 de diciembre de 1993, que elevó a definitivo el baremo de los apartados 1 y 2 del anexo III de la Orden de 27 de diciembre de 1991, y 13 de diciembre de 1993, por la que se publicaron las listas provisionales de seleccionados en el pertinente procedimiento. El fallo del mencionado pronunciamiento, similar al vertido en la Sentencia que puso fin al recurso núm. 241/94, la de 31 de marzo de 1995, objeto del presente amparo, ordenó la retroacción de las actuaciones al momento de valoración de los correspondientes méritos, con exclusión del atinente al Certificado de Aptitud Pedagógica. c) Mediante escrito registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) el día 25 de mayo de 1995, los hoy recurrentes, que no habían sido emplazados ni, por ende, pudieron comparecer en el proceso núm. 274/94, solicitaron de la Sala su personación como codemandados, interesando, asimismo, testimonio de la Sentencia recaída en dicho proceso. Por providencia de 26 de mayo de 1995, notificada en 6 de junio, se tuvo a aquellos por personados, notificándoseles la Sentencia de 27 de enero de 1995, recurrida en amparo mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid el día 29 de junio de 1995, y registrado ante este Tribunal el siguiente 3 de julio. d) Por escrito de 1 de junio de 1995, los interesados se dirigieron a la Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, poniendo de manifiesto su imposibilidad de comparecer en el proceso núm. 274/94, ante la falta de emplazamiento por parte de la Administración, recabando igualmente información acerca de la eventual existencia de otros recursos afectantes al procedimiento selectivo de referencia, y solicitando se les tuviera por personados en el procedimiento que se instruyera en relación con la ejecución de la Sentencia recaída en el proceso núm. 274/94. Asimismo, por escrito de 1 de agosto de 1995 el Viceconsejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía puso en conocimiento de los hoy recurrentes que en el referido momento se hallaba en trance de elaboración la Orden que había de dar cumplimiento a la meritada Sentencia, en la que se abordarían los diferentes extremos suscitados por aquéllos. e) En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del día 9 de septiembre de 1995, y no obstante los términos en que se pronunciaba el mencionado escrito de 1 de agosto de 1995, se publicó la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 31 de agosto de 1995, que procedió a dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) de 31 de marzo de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 241/94, entablado por doña Carmen Mayoral Molina. Sentencia que, precisamente, constituye la resolución impugnada en el presente proceso de amparo.

3. Por Auto de 26 de febrero de 1996 recaído en el presente incidente se acordó suspender la ejecución de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) de 31 de marzo de 1995, recaída en el recurso núm. 241/94, con base en las consideraciones que recogía su fundamento jurídico 3. , que ofrecía el texto siguiente: «En el caso considerado, la ejecución en sus propios términos de la Sentencia recurrida comportaría la realización de una nueva valoración de los méritos de los participantes en el procedimiento selectivo, con exclusión, a efectos de la pertinente baremación, del concreto extremo a que alcanza el fallo anulatorio. En esta tesitura, y habida cuenta de que la conclusión del citado procedimiento selectivo se ha traducido en la adquisición de la condición funcionarial cuestionada por los promotores del presente amparo, es de apreciar que en favor del otorgamiento de la suspensión solicitada concurren no sólo los intereses de estos últimos, opuestos a la remoción que implica la retroacción del procedimiento selectivo, sino igualmente el propio interés general concretado en el mantenimiento de la situación existente en tanto se resuelve con carácter definitivo la controversia suscitada. Conclusión, por lo demás, en apoyo de la cual puede traerse a colación el ATC 90/1992, emanado con ocasión de un caso similar al que está en el origen del presente recurso de amparo, por lo que, en suma, resulta pertinente, luego del contraste o ponderación entre los diferentes intereses en presencia, acceder a la petición de suspensión.»

4. Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 22 de marzo de 1996, la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que por su cargo ostenta, solicita su personación en el presente proceso de amparo, procediendo, asimismo, a formular alegaciones tanto respecto de la cuestión de fondo suscitada como en relación con la suspensión decretada en el citado auto de suspensión. En concreto, y por lo que a este último extremo atañe, considera que la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 13 de diciembre de 1995 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 19 de diciembre), en cuya virtud se procede a reconocer la condición de catedrático a las personas mencionadas en los oportunos anexos, y que supone la culminación del procedimiento de ejecución de la Sentencia impugnada en amparo, desvirtúa, privándola de contenido, la suspensión decretada en el proceso de amparo. En consecuencia, entiende que el mantenimiento de ésta implicada una remoción de la situación generada, en ejecución de un pronunciamiento judicial firme, por la Orden de 13 de diciembre de 1995, de suerte que, en esta tesitura, y en coherencia con la propia fundamentación del Auto de suspensión, el interés general demanda el levantamiento de la precitada suspensión y, por ende, el mantenimiento del estado de cosas vigente en el momento en que por este Tribunal fue acordada la suspensión instada por la demandante de amparo.

5. Asimismo, y por escrito registrado ante este Tribunal el día 15 de marzo de 1996, la Procuradora doña Pilar Reina Salgado, en nombre y representación de doña María del Carmen Mayoral Molina, doña Mercedes Moreno Berrios y don Antonio Avilés Ramos, solicita su personación en el presente proceso de amparo, aduciendo, a estos efectos, que la comparecencia de la primera de las mencionadas dimana de su condición de parte en el proceso contencioso-administrativo núm. 241/94, de que trae causa este amparo, razón por la que fue emplazada por el órgano a que a fin de que pudiera comparecer ante el Tribunal Constitucional en el recurso núm. 3.326/95, en tanto que la personación de los señalados en segundo y tercer lugar se insta por su condición de interesados, dado que los mismos fueron parte en los procesos núms. 339/94 y 366/94, respectivamente, en que se ventilaba cuestión idéntica a la suscitada en el núm. 241/94, origen de este proceso de amparo. Asimismo, solicita la acumulación de éste al registrado con el núm. 3.381/95, en virtud de la conexión que presentan los objetos de uno y otro.

6. La Sección Cuarta, mediante providencia de 29 de abril de 1996, acuerda no haber lugar a la personación de doña Mercedes Moreno Berrios y don Antonio Avilés Ramos, dado que no fueron parte en el proceso a que, así como tener por personadas y parte a doña María del Carmen Mayoral Molina y a la Junta de Andalucía, e, igualmente, dar vista de las actuaciones remitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que en el expresado término pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.

7. Por providencia de 29 de abril de 1996 la Sección Cuarta acordó, a la vista del escrito de la Junta de Andalucía de que queda hecha constancia, reabrir la pieza separada de suspensión y dar traslado de copia del mismo a las partes personadas y al Ministerio Fiscal a fin de que en el plazo de tres días pudieran alegar lo que estimasen oportuno.

8. Por escrito de 29 de abril de 1996, registrado ante este Tribunal el siguiente 10 de mayo, la Procuradora Sra. Reina Sagrado solicita, en el particular a que se contrae este incidente de suspensión, el levantamiento de la acordada por ATC de 26 de febrero de 1996, en virtud de la ponderación que, con cita de los AATC 272/1982 y 380/1983, de los intereses implicados efectúa, al entender que los de los recurrentes en amparo no sufrirían merma o quebranto alguno de procederse al solicitado levantamiento, dado que en el momento presente la Sentencia recurrida en amparo ha sido ya ejecutada, o se halla en curso de serlo, de modo que, en realidad, el mantenimiento del auto de suspensión redundaría en una efectiva perturbación del interés general, concretado, aquí y ahora, en el de los intervinientes en el procedimiento de baremación iniciado en cumplimiento de la Sentencia que es objeto de esta litis. Consideraciones a que se remite en su ulterior escrito de 9 de mayo de 1996.

9. El Fiscal vierte sus alegaciones en el presente incidente mediante escrito de 10 de mayo de 1996. En síntesis, considera que las circunstancias puestas de manifiesto en su comparecencia por la Junta de Andalucía abonan, de acuerdo con los precedentes que cita (AATC 401/1989 y 414/1990), el levantamiento de la suspensión en su momento acordada, a cuyo efecto la propia doctrina del ATC 50/1996 puede ser traída a colación, en la medida en que aquella suspensión fue decretada sobre la base del interés público inherente al mantenimiento de la situación luego alterada por la Sentencia impugnada, interés público ahora cifrado en la no remoción del estado de cosas a que ha dado lugar la ejecución de aquélla. En consecuencia, solicita la modificación del referido Auto y el dictado de una nueva resolución en cuya virtud se deje sin efecto la suspensión acordada,

10. Por su parte, el recurrente en amparo, por escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid el día 10 de mayo de 1996, y registrado ante este Tribunal el siguiente 13, solicita el mantenimiento en sus propios términos del auto de suspensión, por entender que la suspensión decretada constituye un arbitrio idóneo a fin de no defraudar las exigencias de la tutela cautelar que aquélla incorpora, aquí cifradas en el mantenimiento de la situación funcionarial de aquellas personas que, por mor de la nueva evaluación de méritos llevada a cabo, se verían privadas de su condición de catedráticos de Enseñanza Secundaria de procederse a la ejecución de la Sentencia impugnada en amparo. En atención, por tanto, a la meritada consideración, y sobre la base, que pretende refutar las alegaciones vertidas por la Junta de Andalucía, de que la nueva evaluación de méritos a que se contrae la ejecución de la resolución recurrida no ha concluido en el momento presente, solicita que no sea levantada la suspensión ordenada por el Auto de 26 de febrero de 1996.

1. Dispone el art. 57 LOTC que «la suspensión o su denegación puede ser modificada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión». En este sentido, este Tribunal ha declarado que la modificación de la decisión adoptada con ocasión de la resolución del incidente de suspensión deviene procedente, de concurrir las pertinentes circunstancias legitimadoras, tanto si inicialmente fue denegada la suspensión interesada (AATC 5/1980, 17/1980, 133/1981, 273/1982, 34/1983, 553/1984, entre otros muchos), como si, inversamente, aquélla fue decretada en su momento (AATC 44/1982, 219/1983, 183/1985), resultando, en todo caso, idónea, en orden a la consecución de la indicada finalidad, ya la utilización del recurso de súplica (ATC 303/1982), ya la mera reapertura de la pieza de suspensión (AATC 814/1987, 279/1993).

En todo caso, y como parámetro rector de la eventual modificación, es inexcusable que ésta obedezca a la concurrencia de circunstancias sobrevenidas o que no pudieran ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión, de suerte que el nuevo juicio ha de circunscribirse estrictamente al examen de aquellas (AATC 510/1983, 23/1993), con audiencia de quienes, además del Ministerio Fiscal, hubiesen comparecido (AATC 814/1987, 703/1988, 145/1989, 493/1989), aun cuando ello no sea óbice para que la reconsideración de la decisión inicial se adopte a instancia de quienes con posterioridad se personaren en el juicio constitucional (ATC 87/1992).

2. En el presente caso, es la Junta de Andalucía (amén de la persona que, como coadyuvante, ha comparecido en el presente proceso de amparo) quien insta el alzamiento de la suspensión ordenada por el ATC de 26 de febrero de 1996, sobre la base de que ésta fue ordenada una vez que había sido ejecutada la Sentencia traída a esta litis, suspensión que, por mor de la ulterior personación de la misma, fue dictada sin ocasión de conocer el estado en que se hallaba la ejecución de la resolución impugnada en amparo.

En este sentido, la puesta de manifiesto de la referida circunstancia (propiciada, por lo demás, por la peculiar dinámica del incidente de suspensión constitucional), permite la subsunción del supuesto considerado en el tenor del art. 57 LOTC, de suerte que, en este momento, es factible atender a la solicitud instada por la Administración autonómica. En efecto, si en el auto cuya suspensión se pretende alzar, poníamos de manifiesto que en favor del otorgamiento de la suspensión solicitada concurrían no sólo los intereses de estos últimos (promotores del amparo), opuestos a la remoción que implica la retroacción del procedimiento selectivo, sino igualmente el propio interés general concretado en el mantenimiento de la situación existente en tanto se resuelve con carácter definitivo la controversia suscitada, es claro que el criterio inspirador de la decisión adoptada se fundaba en la ponderación de los intereses concurrentes, y venia dado por la no remoción del estado de cosas existente, que se considera traducción del interés público, en el momento en que se insta la medida cautelar de suspensión. De este modo, si como consecuencia de la ejecución de la Sentencia impugnada, aquel estado de cosas se ha visto sustancialmente alterado, es congruente ahora, proceder al levantamiento de aquella suspensión (y ello abstracción hecha, como ha reiterado este Tribunal, de la improcedencia de decretar la suspensión de un resolución ya ejecutada: AATC 87/1981, 123/1983), lo que se considera idóneo para preservar el interés público subyacente al mantenimiento en su situación funcionarial de quienes, de resultas de la nueva evaluación de méritos efectuada en ejecución de la Sentencia impugnada, han accedido de nuevo a la condición de catedráticos de Enseñanza Secundaria.

Solución, por lo demás, que, sobre cohonestarse con el criterio asumido en ocasiones precedentes por este Tribunal (así, paradigmáticamente, ATC 181/1985 y más específicamente con la solución adoptada en el recurso de amparo 3.326/95, sustancialmente idéntico al que aquí se mantiene), no implica para los hoy recurrentes la causación de unos perjuicios que hagan perder al amparo su finalidad, por lo mismo que, en modo alguno, supone una merma o quebranto en su situación jurídica o patrimonial (en este sentido, por todos, ATC 76/1996), que requiera el mantenimiento de la suspensión adoptada en su momento, que, en consecuencia, procede ahora levantar.