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Spanish Constitutional Court

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La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Presidente, don Pablo García Manzano, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel y don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En los recursos de amparo núms. 6264-2000 y 4835-2001 (acumulados), promovidos por Marina Océano Atlántico, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Miguel Ángel de Cabo Picazo, asistida por el Letrado don Juan Manuel Pérez Dorao, contra el Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz de 2 de noviembre de 2000 y contra el Auto de la Sección Segunda de la misma Audiencia de 19 de julio de 2001 respectivamente, que inadmiten a trámite incidentes de nulidad derivados de la apelación frente a Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María en autos de juicio de menor cuantía núm. 320/95. Han intervenido doña María Concepción Aporta Estévez y don José Ignacio Pérez-Olivares Aporta, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Mercedes Blanco Fernández y asistidos por la Letrada doña María Concepción Aporta Estévez, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 2000, Marina Océano Atlántico, S.L., bajo la representación procesal del Procurador don Miguel Ángel de Cabo Picazo, interpuso demanda de amparo constitucional núm. 6264-2000 contra el Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz de 2 de noviembre de 2000, que inadmitió a trámite incidente de nulidad derivado de la apelación frente a Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María de 24 de febrero de 1999 recaída en autos de menor cuantía núm. 320/95.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) En su día doña María Concepción Aporta Estévez, quien actuaba en nombre y representación de su hijo don José Ignacio Pérez-Olivares Aporta, presentó demanda de juicio de menor cuantía registrada con el núm. 320/95 contra Marina Océano Atlántico, S.L. En síntesis, los hechos en que se fundaba la demanda consistían en que, con fecha 16 de diciembre de 1991, don José Ignacio Pérez-Olivares suscribió contrato de compraventa de una embarcación con la demandada. El comprador falleció el 23 de mayo de 1993, contactando la actora con la demandada y el importador, y acordando que, a la vista de las circunstancias sobrevenidas, se resolviera el contrato y devolviera la demandada las cantidades entregadas a cuenta, previa deducción de los gastos ocasionados; y suplicaba en su demanda la condena de la demandada al cumplimiento del contrato celebrado en fecha 16 de diciembre de 1991, poniendo a disposición de la actora la embarcación marca Princess o, en otro caso, se declarara resuelto el contrato, con devolución de las cosas y el precio, más intereses legales y gastos. Dicha demanda fue estimada por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María de 24 de febrero de 1999, que condenó a Marina Océano Atlántico, S.L., a abonar a la actora la cantidad de 8 millones de pesetas, más los intereses legales, y desestimó la demanda reconvencional interpuesta por la demandada.

b) Mediante escrito de fecha 23 de marzo de 1999, Marina Océano Atlántico, S.L., formuló recurso de apelación frente a la indicada Sentencia, recurso que fue admitido mediante providencia de 8 de noviembre de 1999.

c) Posteriormente, mediante cédula de 17 de mayo de 2000, se emplazó a las partes para que, en el plazo de diez días, se personaran ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

d) Por escrito registrado el 1 de junio de 2000, Marina Océano Atlántico, S.L., se personó ante la Audiencia Provincial de Cádiz. Como consecuencia de dicho escrito, el asunto fue turnado por reparto a la Sección Segunda de dicha Audiencia el 2 de junio de 2000, dictándose providencia con fecha de 5 de junio de 2000 incoando el rollo de apelación núm. 126-2000.

e)A su vez, en fecha posterior entraron en la oficina gubernativa de la Audiencia para su reparto los autos del juicio de menor cuantía núm. 320/95, procedente del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María, turnándose a la Sección Quinta de la misma Audiencia, que el 3 de julio de 2000 incoa el rollo de apelación núm. 158-2000.

f) Con posterioridad, por Auto de 20 de septiembre de 2000, la citada Sección Quinta declaró desierto el recurso de apelación por entender que "el plazo para comparecer en el presente recurso ha finalizado el 10 de junio de 2000, sin que la parte apelante, la entidad Marina Océano Atlántico, S.L., haya comparecido en tiempo y forma".

g) Mediante providencia de 2 de octubre de 2000 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María, se notificó a la parte apelante el Auto declarándola desistida del recurso de apelación, junto con testimonio de dicha resolución.

h) Por escrito de 16 de octubre de 2000, la parte apelante formuló recurso de reposición contra la anterior providencia, aduciendo que se había producido un error material, pues el apelante se había personado el 1 de junio de 2000 ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

i) El 17 de octubre de 2000 la parte apelante presentó escrito ante la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección Quinta), en el que ponía de manifiesto que se había producido un error material susceptible de subsanación mediante la declaración de nulidad del Auto dictado y la consiguiente retroacción de las actuaciones para que se la tuviera por personada en tiempo y forma.

j) Por Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz de 20 de octubre de 2000, se denegó la anterior solicitud, declarándose que "el error cometido no puede imputarse a la Secretaría de la Audiencia, sino a la insuficiencia identificativa del escrito presentado que, pudiendo hacerlo, no expresó los datos necesarios para que su escrito de personación se uniera al rollo correspondiente, cuando constituye una carga del compareciente la completa identificación del proceso en todas sus circunstancias y el no hacerlo implica falta de diligencia por su parte. Por consiguiente, la parte que no identifica suficientemente la apelación en la que pretende personarse por no expresar en el escrito los datos necesarios y suficientes para que pueda unirse sin duda al rollo correspondiente, habría incurrido en una falta de diligencia causante de la posterior indefensión que pretende invocar".

k) Mediante Auto de 27 de noviembre de 2000, se desestimó el recurso de reposición por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María, en el que se indicaba que "la providencia impugnada ... se limita a acusar recibo de la resolución dictada por la superioridad y poner en conocimiento de las partes la llegada de los autos, incumbiendo únicamente a la Ilma. Audiencia Provincial determinar si ha existido el error que se invoca y resolver lo que proceda".

l) Por escrito de 27 de octubre de 2000, promovió la parte apelante incidente de nulidad de actuaciones ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz frente a su Auto de 20 de octubre de 2000, al entender que éste vulneraba el derecho al juez predeterminado por la ley -con infracción de las normas de competencia- y del derecho a la tutela judicial efectiva, subrayando en relación con el escrito mediante el que la parte apelante se personó en la apelación ante la Audiencia: 1) Que aunque en el primer párrafo de tal escrito se aludía a "los autos de juicio de menor cuantía núm. 320/95 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Puerto Real", tanto en el segundo párrafo, como en el tercero -en el cual se contenía el suplico- se concretaba la personación como recayente en "los autos de juicio de menor cuantía núm. 320/95 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María"; de modo que en el suplico -en el que se concreta la petición de la parte- se identifica correctamente de nuevo el procedimiento, incluyendo los datos del juicio y del Juzgado del que procede la Sentencia apelada; 2) Que, una vez se remitieron los autos del juicio de menor cuantía núm. 320/95 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María, la oficina les dio una identificación nueva (núm. 158-2000) y distinta de aquélla que otorgó al escrito de personación (núm. 126-2000); 3) Que lo anterior vulneraba el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley consagrado en el art. 24.2 CE y era causa de nulidad ex art. 238.1 LOPJ, habida cuenta de que la Sección Quinta había declarado desierto el recurso infringiendo las normas de reparto de asuntos, que atribuyen la competencia a la Sección ante la que se siga el procedimiento de mayor antigüedad; así como que, puesto que la contravención de las normas relativas a la competencia "se produce con infracción del principio de audiencia y defensa consagrado, como el derecho al Juez predeterminado por la Ley, en el art. 24 de nuestra Constitución, dichos actos también por esta causa han de reputarse nulos", habiéndose causado indefensión manifiesta al apelante, porque la resolución se ha dictado sin que haya tenido la oportunidad de hacer valer su derecho ante el órgano judicial; 4) Que se vulnera el derecho "a la tutela judicial efectiva ya que, escudándose en cuestiones formales de importancia nimia, el órgano jurisdiccional decide abstenerse de cumplir con su función constitucional de juzgar".

m) Mediante nuevo Auto de 2 de noviembre de 2000, la Sección Quinta declaró no haber lugar a la admisión a trámite del incidente de nulidad, por estimar que "la resolución cuya nulidad se solicita no es susceptible de recurso alguno a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ... por lo que no nos queda sino remitirnos a la misma".

3. En la demanda de amparo se alega, en primer lugar, vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley consagrado en el art. 24.2 CE y, en segundo lugar, del derecho de audiencia y de defensa, así como del derecho a la tutela judicial efectiva.

En primer lugar, la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, se funda en que la Sección competente para conocer del recurso de apelación con arreglo a las normas de reparto es la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz. Por lo que, conforme al art. 238.1 LOPJ, son nulos todos los actos realizados por la Sección Quinta.

En segundo lugar, la vulneración del derecho de audiencia y de defensa, así como del derecho a la tutela judicial efectiva, se fundamenta en que, si bien la parte apelante sufrió un leve error en cuanto a la población del Juzgado de procedencia en el encabezamiento del escrito de personación, el error inicial se subsanaba tanto en el cuerpo de dicho escrito como en el suplico, identificándose el procedimiento y el Juzgado de procedencia con los datos correctos. También se alega que, junto al escrito de personación, se acompañó la cédula de emplazamiento en la que constaban el procedimiento y el Juzgado de procedencia correctos. Por lo que, a su juicio, el error fue imputable al órgano judicial

4. Por providencia de 24 de julio de 2001 de la Sección Segunda de este Tribunal se acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María (Cádiz) y a la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección Quinta), para que, en un plazo que no excediera de diez días, remitieran respectivamente testimonio de los autos del juicio de menor cuantía núm. 320/95 y rollo de apelación núm. 158-2000, interesándose al propio tiempo que se emplazara a los que fueron parte en ese procedimiento, con excepción de los recurrentes en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.

5. Asimismo, mediante providencia de 24 de julio de 2001 de la Sección Segunda, se acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente sobre suspensión, según lo prevenido en el art. 56 LOTC, concediendo un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión; suspensión que, finalmente, fue denegada mediante Auto de la Sala Primera de este Tribunal de 17 de septiembre de 2001. Dicha solicitud de suspensión fue reiterada en escrito registrado en fecha de 25 de enero de 2003.

6. Por diligencia de ordenación de 3 de octubre de 2001, la Sección Primera de este Tribunal tuvo por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de El Puerto de Santa María (Cádiz) y la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección Quinta), y por personada en el proceso de amparo a la parte recurrida en apelación -doña Concepción Aporta Estévez. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de todas las actuaciones, en la Secretaría de la Sala Primera, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, dentro de dicho plazo, pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.

7. La representación procesal de la demandante de amparo presentó su escrito de alegaciones, registrado el 25 de octubre de 2001, en el que se reproducen y desarrollan los razonamientos vertidos en su demanda de amparo, precisando que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva se produce por privación del acceso al recurso.

8. Por escrito registrado el 30 de octubre de 2001, presentó sus alegaciones la parte recurrida en el recurso de apelación -doña Concepción Aporta Estévez-, en el que sustancialmente se manifiesta: que el error fue imputable al propio apelante que identificó incorrectamente los autos, de modo que inicialmente también la Sección Segunda creyó los autos provenientes del Juzgado de Puerto Real; que en el primer escrito que aquél presenta después de conocer lo ocurrido -16 de octubre de 2000- no invoca derecho constitucional alguno; que podía haber recurrido en apelación el Auto desestimatorio del recurso de reposición de fecha 27 de noviembre de 2000; así como que el apelante promovió dos incidentes de nulidad de actuaciones sucesivos y dilatorios determinantes de la extemporaneidad de la demanda de amparo.

9. Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de octubre de 2001, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones. En primer lugar, a juicio del Fiscal, concurre la causa de inadmisión de la demanda consistente en su extemporaneidad producida como consecuencia de un alargamiento artificial de la vía judicial previa, pues, siendo la resolución recurrida en amparo la que declaró desierto el recurso de apelación, se formuló contra la misma una primera petición de nulidad resuelta mediante "Auto de 20 de octubre de 2000, que, aun cuando fue notificado el 24 de octubre del 2000 sin expresión de los recursos procedentes contra el mismo, suponía, cualquiera que fuese el tratamiento procesal que se le diera, el fin de la vía judicial, lo que no fue entendido así por la parte que pide amparo, la cual, en lugar de haber acudido en el plazo de veinte días, como preceptúa el art. 44.2 LOTC, ante el Tribunal Constitucional, consideró conveniente suscitar un nuevo incidente de nulidad, que fue resuelto el 2 de noviembre de 2000, cuya resolución se notificó el día 7 siguiente, por lo que, aun cuando la demanda de amparo, registrada el 28 de noviembre de 2000, se presentó dentro de los veinte días siguientes contados a partir de dicha última notificación, la misma puede considerarse extemporánea porque el dies a quo para el cómputo de dicho plazo no debe ser el 8 de noviembre de 2000 sino el 25 de octubre de mismo año, que era el siguiente al de la notificación de la primera desestimación de nulidad". Añade que, si la primera solicitud de nulidad se considera como un incidente de nulidad regulado en el art. 240.3 LOPJ, contra su resolución no cabe ulterior recurso; mientras que, si se considera como un recurso de súplica, contra su resolución no cabe promover incidente de nulidad regulado en el art.