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1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 13 de julio de 2010, el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García, en nombre y representación de don José Tomás Solaz Martínez, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva que se cita en el encabezamiento.

2. Son hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo los siguientes:

a) El Juzgado de lo Penal núm. 4 de Huelva, por Sentencia de 20 de febrero de 2009, recaída en el procedimiento abreviado núm. 221-2008, absolvió, entre otros, a don José Tomás Solaz Martínez de los delitos contra los derechos de los trabajadores y lesiones cometidas por imprudencia grave de los que había sido acusado en razón del accidente laboral sufrido por don José González del Carmen en una obra en la que aquél desempeñaba las funciones de encargado de seguridad de la empresa Construcciones Juan Margallo, S.L.

Dicha Sentencia contiene el siguiente relato de hechos probados:

“Primero.- Sobre las 16:45 horas del día 8 de junio de 2005 el operario pintor con categoría profesional de peón José González del Carmen, de 21 años de edad, que se hallaba trabajando como asalariado para la empresa Hermanos Muñiz de Ayamonte, S.L., contratada por la empresa Construcciones Juan Margallo, S.L., para efectuar labores de pintura en la obra de la Urbanización Huerta Beas II, de Ayamonte, de la que era promotora la empresa Vitomarsa & Conalmar, UTE, pintaba el techo y la cornisa de un local comercial sito en la mencionada obra a una altura de unos 6,30 metros, actuando por indicación del encargado de cuadrilla … utilizando a tal fin un rodillo con alargador de unos 5 metros de longitud cuando, por causas no precisadas, perdió el equilibrio y cayó al vacío, estrellándose contra el suelo y sufriendo de este modo menoscabo físico … tardando en sanar 240 días, todos los cuales estuvo impedido para sus ocupaciones habituales y hospitalizado, y restándole como secuelas…

Segundo.- La empresa Construcciones Juan Margallo, S.L., contaba como representante legal en aquellas fechas a Juan Martín Correa, desempeñando la tarea de encargados de seguridad José Tomás Solaz Martínez y Manuela Martín Rodríguez, y Paloma Ogayar Lechuga, la de Jefa de la obra descrita; Rafael Muñiz García y Antonio Muñiz García eran los representantes legales de Hermanos Muñiz, S.L., y los arquitectos técnicos Joaquín José Gutiérrez García y José Manuel Correa Reyes desempeñaban la tarea de coordinadores de seguridad; todos ellos eran mayores de edad y carecían de antecedentes penales. Tanto Hermanos Muñiz de Ayamonte, S.L., como Construcciones Juan Margallo, S.L., tenían concertadas pólizas de accidente con la Estrella, S.A., de Seguros, en virtud de una de las cuales dicha entidad abonó al lesionado José González del Carmen la suma de 39.000 euros.

Tercero.- No se ha acreditado que la obra mencionada careciera de las medidas de protección frente a riesgos de caída de altura consistentes en la implantación de barandillas protectoras en plataformas, andamios y pasarelas, así como en los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros; tampoco, que la caída del trabajador José González del Carmen trajera por causa la no implantación por los responsables de las empresas constructoras de medidas de seguridad en la obra de referencia, ni que éstos dejaran de informar a los trabajadores a su cargo de los riesgos aparejados a las tareas que desempeñaban; tampoco, que dichos responsables incumplieran sus deberes relacionados con la supervisión de las medidas de seguridad, colectivas e individuales, que eran precisas para que los trabajadores desempeñaran su labor con las debidas garantías; consta por el contrario acreditado que los trabajadores de la obra tenían a su disposición medidas individuales de seguridad consistentes, entre otras, en cascos y cinturones de seguridad suministrados por las empresas indicadas, las cuales impartieron además en diversas ocasiones a los operarios cursos en materia de seguridad en el trabajo adecuados a las tareas a realizar.”

b) Interpuestos contra la anterior Sentencia recursos de apelación por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, sin celebrar vista pública, dictó Sentencia de 29 de enero de 2010 en el rollo de apelación núm. 246-2009, por la que, estimando parcialmente los recursos, condenó, entre otros, a don José Tomás Solaz Martínez, como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia, a las penas, por el delito, de nueve meses de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros o apremio personal subsidiario de un día por cada dos cuotas en caso de impago, accesoria de inhabilitación especial por nueve meses para el ejercicio del cargo de coordinadores de seguridad y salud; y, por la falta, a la pena de veinte días de multa con una cuota diaria de diez euros o apremio personal subsidiario de un día por cada dos cuotas en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil se le condenaba, junto al resto de los condenados, al abono conjunto y solidario de 227.371,50 euros a don José González del Carmen.

Para sustentar este pronunciamiento condenatorio, la Sala no aceptó el hecho probado tercero de la Sentencia de instancia, que fue sustituido por el siguiente:

“Los trabajos de pintura de cornisa e interior de techo llevados a cabo por José González del Carmen se localizaban en la parte superior de una estructura en forma de torreón de tres alturas que alojaba una escalera circular interior, no contando con barandillas, vallas, sargentos u otro sistema de protección alguno en sus dos niveles superiores y sí únicamente con una barandillas en el arranque de la escalera en el piso inferior. Tampoco existían redes u otro elemento de protección frente a caídas.

Había en la obra arneses que los trabajadores tenían que solicitar si entendían que les hacía falta.

No ha quedado acreditado que José González del Carmen recibiera adecuada formación sobre riesgos laborales en general o inherentes a los trabajos que habría de desempeñar en la obra.”

La Sala consideró acreditado este nuevo hecho probado, en el fundamento jurídico tercero de su Sentencia, conforme a los siguientes razonamientos:

“Como se consigna en los hechos probados de esta Sentencia, la Sala no comparte la evaluación de la prueba practicada por parte del Juez a quo y extrae consecuencias diferentes del material probatorio que podemos sintetizar como sigue: …

3.2 De las medidas de seguridad colectivas e individuales

En relación con las primeras, la prueba documental obrante en autos es de enorme contundencia y sirve para desvirtuar las conclusiones obtenidas en la sentencia que se apela.

El primer documento que existe en la causa relativo al accidente es precisamente el que abre las diligencias previas, atestado instruido por la policía local de Ayamonte el mismo día de los hechos. Documento que, por la imparcialidad que se presume de sus redactores y por el valor que hemos de otorgar a los primeros datos recopilados en situación de absoluta inmediatez, debe ser especialmente tenido en cuenta. En el mismo ya se consigna, en referencia al accidentado, que ‘... según manifestaciones de los testigos esta persona no se encontraba con ningún sistema de protección ni de sujeción, ni se encuentra sujeto con ningún sistema de seguridad así como no existía ninguna protección en el hueco de la escalera...’. No se reseña la identidad de los testigos pero el propio atestado, ratificado además en el acto del juicio por los agentes que intervinieron en su confección, tiene como recopilación de tales testimonios una virtualidad probatoria intrínseca. Pero además de ello, el relato se completa con cuatro fotografías (folios 4 y 5 de lo actuado), tomadas con tal inmediatez que aparecen en las mismas todavía la ambulancia del servicio de emergencia 061, en las que se puede apreciar que los comentarios acerca de la ausencia de toda medida de seguridad en la torre era palmaria…

En segundo lugar, en la propuesta de sanción elaborada en el expediente sancionador abierto por los mismos hechos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (folios 49 y ss.) contiene una serie de apreciaciones de suma contundencia como las que aparecen en su apartado primero donde se especifica que el trabajador ‘… cae al suelo desde lo alto por carecer el perímetro de barandillas o de otra medida de protección equivalente...’ o el tercero que, por su interés, merece la pena ser transcrito en su integridad: ‘tanto el accidentado como el encargado manifiestan que no había ninguna barrera en el acceso al edificio, siendo colocadas posteriormente. Parece razonable que así fuera, por cuanto de haber existido habrían sido saltadas al menos cuatro veces: al inspeccionar in situ la tarea, al empezar a trabajar y subir el material (rodillo y bote de 30 kgs. de pintura), al dejar de trabajar a las 2, y al volver a trabajar a las 3, con lo que recordarían su existencia. Por otra parte, si la hubiera habría que haberla quitado al realizar el trabajo ya que ese trabajo había que hacerlo, y evidentemente el pintor no es alguien ‘ajeno a la obra’ (apareció una señal que decía ‘prohibido el paso a toda persona ajena a la obra’)…

Por lo que hace a las medidas de seguridad individuales, no podemos descartar que las hubiese en la obra, ya que algunos testigos así lo afirman y no hay otro medio de prueba que podamos tener en cuenta para contradecir dicha versión, pero acogiendo las propias apreciaciones del Sr. Juez de primer grado que tiene por acreditado (fundamento jurídico tercero de la sentencia) que ‘... los trabajadores de la obra tenían a su disposición medidas de seguridad consistentes, entre otras, en cascos y cinturones...’, considera la Sala que los cinturones o arneses, como manifiesta en juicio algún testigo los tenían que solicitar los trabajadores.

Ello no nos sitúa tanto ante una duda acerca de si el día del accidente había en la obra cinturones o arneses a disposición de los trabajadores, sino de la obligatoriedad para los obreros de usarlos, de la supervisión que en este aspecto se hacía y, enlazando con el apartado siguiente, del propio conocimiento que José González del Carmen había adquirido, a través de la formación que se le brindó, de la importancia de usarlos en situaciones como aquella en la que el accidente se produjo.

3.3 De la formación recibida por José González del Carmen

Nuevamente en relación con este extremo existen versiones de testigos y acusados cuya apreciación por el Sr. Juez de lo Penal, dando en la conclusión de que la víctima había recibido la formación oportuna, no pueden ser revisadas por este Tribunal. Pero también aquí discrepamos de la sentencia criticada en tanto que existen fuentes de prueba que siembran toda una serie de dudas acerca del contenido de la formación que recibiera…

Por último, nota la Sala una falta de coherencia interna en cuanto a la apreciación de pruebas en la sentencia de primer grado, lo que origina a su vez un déficit de precisión en las conclusiones extraídas que nos lleva a no compartir las mismas, cuando sostiene por una parte que José González del Carmen gozaba de un nivel de formación apropiado y por otra asienta en su fundamento de derecho segundo —transcrito más arriba— que tanto José como su primo Ramón ignoraban que la empresa contaba con una grúa para realizar labores de pintura de exterior a altura o en otras situaciones de riesgo. La formación e información son dos capítulos difícilmente separables y mal se podría reputar a un operario como correctamente informado cuando desconoce los recursos idóneos para llevar a efecto una determinada tarea, desconoce su carácter de inexcusables en situaciones de riesgo y no sabe siquiera si la empresa para la que trabaja cuenta con los mismos.

En conclusión la Sala tiene por dudoso el hecho de que José González del Carmen recibiera una adecuada formación en materia de riesgos laborales.”

Constatado lo anterior, la Sala, en el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia, fundamenta la responsabilidad del ahora recurrente en amparo en las siguientes consideraciones:

“4.2 Tomás Solaz Martínez y Manuela Martín Rodríguez.

Como encargados de seguridad de ‘Construcciones Juan Margallo, S.L.’, actuando en este sentido por delegación expresa de la empresa, incumbía a los mismos generar y velar por el mantenimiento de unas condiciones de seguridad idóneas en la obra. Sin perjuicio de repartimiento del contrato entre ‘Hermanos Muñiz de Ayamonte, S.L.’ y ‘Construcciones Juan Margallo, S.L.’, lo cierto es que ambas fallaron, en la forma que se ha descrito más arriba.

Por otro lado, no puede la Sala compartir en este punto la tesis del Juez a quo de que bastaría con que uno de los citados grupos de medidas se encontrase operativo o a disposición del trabajador. Los deberes de los empresarios frente a los trabajadores en el ámbito de la seguridad laboral, pueden en cierto modo conceptuarse como una obligación, más que de mera actividad, de resultado en cuanto a la evitación y no existe base legal para afirmar que cuando concurren varios tipos de medidas que se puedan arbitrar para conjugar un riesgo y evitar un resultado dañoso, bastaría la posibilidad de acudir a una de ellas para estimar cubierta la obligación del empleador. Consideramos, por el contrario, que todas las medidas posibles y disponibles deben ser utilizadas.

En el caso que nos ocupa ni hubo una correcta información sobre la utilización de las medidas individuales, ni control ni supervisión sobre su utilización (el accidente se produjo tras varias horas de desarrollarse la actividad de riesgo), ni se había utilizado la maquinaria óptima para la realización del trabajo sin riesgo, como es la grúa con la que al parecer contaba la empresa, ni se habían adoptado las medidas de seguridad colectivas primeras, más naturales y lógicas para proteger el torreón (redes, barandillas fundamentalmente),cuando la obra no había en modo alguno concluido.”

c) La representación procesal del recurrente en amparo promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de la Audiencia Provincial, alegando la lesión de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al haber sido condenado por la Sala sin haber celebrado vista pública durante la apelación y tras haber procedido en su Sentencia a modificar los hechos declarados probados por la Sentencia de instancia; también invocaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del principio acusatorio y del derecho a un Juez imparcial (art. 24.2 CE), así como del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).

d) El incidente de nulidad promovido por el recurrente en amparo fue desestimado, (junto con los incidentes de nulidad promovidos por los restantes condenados), por Auto de 3 de mayo de 2010.

3. El recurrente afirma en primer lugar en su demanda que la Sentencia impugnada en amparo ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haber corregido la Audiencia Provincial de Huelva la valoración realizada por el Juzgado de lo Penal, modificando los hechos probados de la Sentencia absolutoria de instancia, para concluir en un pronunciamiento condenatorio sin respetar los principios de inmediación y contradicción. En suma —se afirma— la Audiencia Provincial ha condenado al recurrente valorando pruebas personales sin celebrar vista pública, en franca contradicción con la doctrina constitucional sentada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y pronunciamientos posteriores. Como corolario de lo anterior, se debe igualmente estimar lesionado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), según el recurrente.

Aduce asimismo el demandante de amparo que la Sentencia impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por ausencia de motivación e individualización de cualquier presupuesto fáctico sobre el nexo causal entre los hechos declarados probados en la segunda instancia y una acción u omisión de los demandantes de amparo, que pueda justificar la calificación de autor de los ilícitos penales por los que ha sido condenado en apelación tras ser absuelto en instancia.

Por todo ello solicita el demandante que se le otorgue amparo, declarando la vulneración de los derechos fundamentales referidos y, en consecuencia, la nulidad de la Sentencia dictada en apelación por Audiencia Provincial de Huelva. Por otrosí interesa la suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada en amparo.

4. La Sala Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo mediante providencia de 28 de enero de 2013 y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), ordenó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 4 de Huelva a fin de que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento abreviado núm. 221-2008, excepto al demandante en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, no siendo necesario recabar las actuaciones correspondientes por hallarse ya a disposición de este Tribunal. Igualmente se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, que fue tramitada conforme a lo previsto en el art. 56 LOTC, ratificándose el demandante en su solicitud de suspensión e interesando el Ministerio Fiscal que se accediese a la suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada en amparo únicamente en lo que se refiere a la condena a la pena privativa de libertad.

5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 12 de marzo de 2013 se tuvieron por personados y partes en este proceso constitucional al Procurador don Antonio Gómez de la Serna Adrada en nombre y representación de don Joaquín Gutiérrez García y don José Correa Reyes, y a la Procuradora doña María Rodríguez Puyol en nombre y representación de don José González del Carmen, que en su escrito interesó la inadmisión del recurso de amparo por extemporaneidad, por entender que, “al amparo de lo dispuesto en el art. 43.2 LOTC, el plazo para interponer el recurso es de 20 días siguientes a la notificación de la resolución, por lo que si le fue notificada el 2 de junio, el mismo finalizaba el 3 de julio, y el recurso tuvo entrada el 6 de julio de 2010”.

En la misma diligencia se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.

6. La representación procesal de don Joaquín Gutiérrez García y don José Correa Reyes presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de abril de 2013, adhiriéndose íntegramente a la demanda de amparo e interesando la concesión del amparo, con apoyo en las SSTC 144/2012 y 43/2013, que estiman los recursos de amparo interpuestos por otros demandantes que fueron condenados por la misma Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva ahora recurrida, tras ser previamente absueltos en la instancia.

7. La representación del demandante de amparo presentó escrito de alegaciones el 16 de abril de 2013, en el que ratifica el contenido de la demanda y, con apoyo en las citadas SSTC 144/2012 y 43/2013, interesa la concesión del amparo por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.1 y 2 CE), declarando la nulidad de la Sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, así como del Auto desestimatorio del incidente de nulidad promovido contra la misma.

8. El Ministerio Fiscal presentó alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de abril de 2013, interesando la estimación del recurso, por vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.

Respecto de la primera infracción, el Fiscal entiende que se habría producido la vulneración de los principios de inmediación y contradicción, porque la Audiencia Provincial había basado la condena del demandante de amparo en la valoración de pruebas personales no presenciadas por el Tribunal de apelación, lo que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 167/2002). En efecto, la referencia que hace a los datos derivados de los elementos documentales e informes utilizados para sustentar la condena está absolutamente relacionada en la motivación de la Sentencia con la valoración de los testimonios de los acusados, víctima, testigos y peritos que comparecieron al juicio, por lo que aquellos elementos carecen de eficacia probatoria por sí mismos, desvinculados de dichos testimonios. De lo que se desprende que se ha producido en este caso la denunciada infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, vista la ponderación realizada por la Sala de pruebas de naturaleza personal.

La siguiente cuestión que analiza el Fiscal es si la vulneración apreciada del derecho a un proceso con todas las garantías conlleva, como se sostiene en la demanda, la lesión del derecho a la presunción de inocencia. En este sentido, entiende que, no siendo posible disociar los elementos de prueba que fueron llevados al plenario a través de declaraciones testificales y periciales, las supuestas pruebas documentales independientes en las que se apoya el Tribunal ad quem no revisten tal naturaleza posibilitadora de la revisión y, en consecuencia, no cabría entender existente en este caso prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, quedando así sin sustento el relato de hechos probados que soporta la declaración de culpabilidad del recurrente. Por lo que también este motivo debe ser estimado, según el Fiscal, con declaración de nulidad de la Sentencia condenatoria y del Auto desestimatorio del incidente de nulidad.

9. La representación procesal de don José González del Carmen no presentó alegaciones.

10. Por providencia de 16 de mayo de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año, no siendo por ello necesario resolver sobre la suspensión interesada.

1. Es objeto de impugnación en este recurso de amparo la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva el 29 de enero de 2010 (rollo de apelación núm. 246-2009) que, revocando el pronunciamiento absolutorio dictado por el Juzgado de lo Penal núm. 4 en su Sentencia de 20 de febrero de 2009 (procedimiento abreviado núm. 221-2008), condenó al demandante de amparo, tras los correspondientes recursos de apelación interpuestos por el Fiscal y la acusación particular, como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores (art. 316 del Código penal: CP) en concurso con una falta de lesiones por imprudencia (art. 621.3 CP). Se sobrentiende que esta impugnación se extiende al Auto de 3 de mayo de 2010, que desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la Sentencia indicada.

El demandante, con invocación expresa de las SSTC 144/2012, de 2 de julio, y 43/2013, de 25 de febrero, que estiman los recursos de amparo interpuestos por otros demandantes que fueron condenados por la misma Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva ahora recurrida, tras ser previamente absueltos en la instancia, considera vulnerados sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al haber sido condenado en apelación por la Audiencia Provincial de Huelva sin respetar los principios de inmediación y contradicción, conforme a la doctrina sentada a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre. Asimismo considera infringido el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues entiende que no existe fundamento razonable en la Sentencia impugnada para subsumir su actuación profesional en los ilícitos penales por los que ha sido condenado.

La representación procesal de don Joaquín Gutiérrez García y don José Correa Reyes, también condenados en la causa de la que dimana el presente proceso, interesa, con apoyo en las citadas SSTC 144/2012 y 43/2013, la estimación de la demanda de amparo conforme se expuso en los antecedentes de esta resolución.

El Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo solicitado respecto de las lesiones invocadas del derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, al haberse apoyado la Sala para la condena del demandante en una ponderación de pruebas personales en contradicción con la doctrina constitucional sentada a partir de la STC 167/2002, quedando sin soporte su declaración de culpabilidad una vez eliminadas estas pruebas.

2. Aunque la representación procesal de don José González del Carmen no formuló alegaciones en el trámite del art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en su escrito de personación invocó, como queda expuesto en el relato de antecedentes, el óbice de extemporaneidad del recurso de amparo. Pues bien, para despejar cualquier duda al respecto debemos rechazar este óbice, toda vez que de las actuaciones resulta que el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva de 3 de mayo de 2010, resolutorio del incidente de nulidad, fue notificado a la representación procesal de los recurrentes el 2 de junio del mismo año, constando como fecha de entrada de su recurso de amparo en este Tribunal el 13 de julio de 2010, dentro, por tanto, del plazo de treinta días prescrito en el art. 44.2 LOTC para la interposición del recurso de amparo.

3. Entrando ya en el fondo del asunto, hay que señalar que el presente recurso de amparo presenta una coincidencia sustancial, como bien advierten el demandante de amparo y los comparecientes don Joaquín Gutiérrez García y don José Correa Reyes, con los ya resueltos por las SSTC 144/2012, de 2 de julio, y 43/2013, de 25 de febrero. En ambas ocasiones hemos anulado, sin retroacción de actuaciones, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 29 de enero de 2010 (a la que se refiere también la presente demanda de amparo), aunque sólo en relación con los condenados que interpusieron los recursos de amparo núm. 5673-2010 (don Antonio Muñiz García, don Rafael Muñiz García y Hermanos Ayamonte, S.L.) y núm. 5716-2010 (doña Paloma Ogayar Lechuga), estimados, respectivamente, por las citadas SSTC 144/2012 y 43/2013. Apreciamos entonces que la Audiencia Provincial de Huelva, al condenar a los recurrentes como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia, del que habían sido previamente absueltos, operó “una alteración del relato de los hechos probados de la Sentencia de instancia con base en una valoración de las pruebas personales sin respetar las garantías de inmediación y contradicción” (SSTC 144/2012, FJ 5, y 43/2013, FJ 6) lo que constituye una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). La condena penal quedó en consecuencia desprovista de fundamentos probatorios, por lo que declaramos también en ambos casos la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

Es claro, por tanto, que para resolver el presente recurso de amparo habremos de atenernos a lo ya decidido en las citadas SSTC 144/2012 y 43/2013, toda vez que se formula contra la misma Sentencia y con una fundamentación coincidente en lo que se refiere a las principales quejas que sustentan la demanda de amparo, esto es, la vulneración de los derechos del recurrente a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al haber sido condenado en apelación por la Audiencia Provincial de Huelva sin respetar las garantías de inmediación y contradicción, conforme a la doctrina sentada a partir de la STC 167/2002 de 18 de septiembre y reiterada en numerosas Sentencias posteriores. Según razonaremos a continuación, los fundamentos de esa doctrina constitucional respecto de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, por infracción de los principios de inmediación y contradicción, así como del derecho presunción de inocencia, son perfectamente trasladables al presente recurso de amparo.

4. Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), resulta que en este caso el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Huelva absolvió (como al resto de acusados) al recurrente, encargado de seguridad de la empresa principal en la obra en que sucedió el accidente laboral sufrido por el operario don José González del Carmen, del delito contra los derechos de los trabajadores por el que se les acusaba. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Huelva, sin celebrar vista pública, revocó en apelación este pronunciamiento, condenando al ahora recurrente (junto a otros responsables de la obra) como autor del expresado tipo penal en concurso con una falta de lesiones por imprudencia, por entender que omitió las medidas de seguridad necesarias para evitar el riesgo laboral inherente a los trabajos que habría de desempeñar en la obra el trabajador accidentado, el cual, por otra parte, tampoco habría recibido la formación exigible sobre riesgos laborales. Para ello la Audiencia modificó, en los términos que antes quedaron indicados, el hecho probado tercero de la Sentencia de instancia.

Así las cosas, debemos constatar, como hicimos en la STC 144/2012, FJ 4 y la STC 43/2013, FJ 6, que “no nos encontramos ante un caso en que la Sala de apelación haya deducido una conclusión distinta ante unos hechos base acreditados por el Juzgado ni ante un supuesto en que ambos órganos judiciales discrepan de la calificación jurídica dada al referido factum. Por el contrario, observamos que la Audiencia Provincial procede a una modificación sustancial de los hechos probados en dos aspectos que son relevantes para apreciar el ilícito penal objeto de la causa: sobre la existencia en la obra de medidas de seguridad, tanto individuales como colectivas, y sobre la información dada por parte de los responsables de las empresas constructoras a los trabajadores de los riesgos de su labor, impartiéndoles los debidos cursos de formación en materia de seguridad en el trabajo”. Para ello la Audiencia Provincial no se ha limitado a realizar una mera revisión o análisis de la estructura racional del discurso valorativo de la Sentencia de instancia, sino que, como se desprende del fundamento jurídico de la Sentencia de apelación, ha procedido a una nueva valoración de las pruebas personales (declaraciones de los acusados, perjudicado, testigos y peritos), sin celebrar vista pública.

Esta forma de actuar de la Sala de apelación no es respetuosa con el contenido de la doctrina emanada de la STC 167/2002, por referencia a los principios de inmediación y contradicción, que imponen que la prueba personal se practique ante el órgano judicial al que corresponde su valoración, siendo notorio que “la insuficiencia del acta del juicio como medio de documentación de las pruebas de carácter personal –incluso cuando el empleo de estenotipia permita consignar literalmente las palabras pronunciadas en el curso del acto– viene dada por la imposibilidad de reflejar los aspectos no verbales de toda declaración”, y, en el caso de la garantía de contradicción, “esta conlleva el que ese examen ‘directo y personal’ de las personas cuya declaración va a ser objeto de nueva valoración en la segunda instancia se realice en el seno de una nueva audiencia en presencia de los demás interesados y parte adversas” (SSTC 144/2012, FJ 4 y 43/2013, FJ 6).

Por otra parte, aunque la Audiencia Provincial también afirma que ha utilizado diversas pruebas documentales y periciales para sustentar su juicio de revisión (atestado policial, expediente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pericial caligráfica de la Guardia Civil), elementos probatorios que sí pueden en principio ser valorados en apelación sin necesidad de celebrar vista pública, sucede que en este caso, como también dijimos en las SSTC 144/2012, FJ 5 y 43/2013, FJ 6, los resultados de esos elementos probatorios en los que la Audiencia basa la modificación de los hechos probados de la Sentencia de instancia “están absolutamente imbricados … con la credibilidad de los testimonios de las pruebas personales que luego se desarrollaron en el plenario (declaraciones de acusados, perjudicado, testigos y peritos), no pudiéndose disociar en la forma en que se ha hecho por la Sala unos elementos de otros, pues ello supone una desnaturalización del contenido de la doctrina emanada de la STC 167/2002, al ponderarse así con esta fórmula de manera indirecta por el órgano de apelación pruebas de carácter personal sin las debidas garantías constitucionales y otorgarse por el mismo una preeminencia al contenido de las declaraciones documentadas sobre los propios testimonios personales, practicados en el momento cumbre del proceso penal respetando los principios de inmediación y contradicción”.

De lo expuesto cabe concluir que la Sentencia impugnada de la Audiencia Provincial de Huelva ha vulnerado el derecho del recurrente a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), ya que le condenó como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia, del que había sido absuelto, partiendo de una alteración del relato de hechos probados de la Sentencia de instancia con base en una valoración de pruebas personales sin celebrar vista pública y, por consiguiente, sin respetar las garantías de inmediación y contradicción.

5. La constatación de la anterior vulneración determina, como en los casos resueltos por las citadas SSTC 144/2012 y 43/2013, también la del derecho a la presunción de inocencia, en la medida en que la eliminación de las pruebas irregularmente valoradas deja sin sustento el relato de hechos probados que soporta la declaración de culpabilidad del acusado. En efecto, aunque en el presente caso se hayan tenido en cuenta por el Tribunal de apelación, además de una serie de pruebas personales (cuya ponderación hemos invalidado de acuerdo con la doctrina derivada de la STC 167/2002), otros elementos probatorios, como cierta documental y pericial, cuya valoración en principio sí puede válidamente realizarse en segunda instancia, en la forma expuesta, sin necesidad de reproducción en el debate procesal, dada su naturaleza, como ya dijimos, sucede que “los datos derivados de estas pruebas están absolutamente imbricados con las declaraciones desarrolladas en el juicio por los acusados, testigos y peritos, pruebas de carácter personal necesitadas de inmediación, por lo que estos elementos probatorios carecen de eficacia probatoria autónoma desvinculados de estos testimonios, no siendo por sí solos suficientes para conformar prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia” (SSTC 144/2012, FJ 6, y 43/2013, FJ 7).

En consecuencia, hemos de declarar también la vulneración del derecho del recurrente a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), anulando la Sentencia condenatoria recaída respecto al mismo sin retroacción de las actuaciones (nulidad que hacemos extensiva al Auto de 3 de mayo de 2010, que desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la Sentencia indicada), lo que hace innecesario que nos pronunciemos sobre la queja restante que se formula en la demanda de amparo.

6. Resta añadir que el alcance del amparo que se otorga se ciñe exclusivamente, como también advertíamos en las citadas STC 144/2012, FJ 7, y 43/2013, FJ 8, y por las mismas razones allí señaladas, al demandante de amparo.