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1. La procuradora de los tribunales doña María del Carmen Olmos Gilsanz, en nombre y representación de don Félix Tuñón Fente, y bajo la dirección del letrado don Enrique Arce Mainzhausen, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales y administrativa que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de febrero de 2019.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) El 3 de julio de 2015, el demandante de amparo presentó un escrito en el Ministerio de Justicia solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos como consecuencia de su estancia en prisión provisional desde el 23 de septiembre de 2013 hasta el 4 de julio de 2014 en el seno de las diligencias previas núm. 550-2013 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ponferrada, convertidas luego en el procedimiento abreviado núm. 106-2014, en las que fue absuelto por sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Ponferrada de 7 de julio de 2014. La reclamación dio lugar al expediente de responsabilidad patrimonial núm. 406-2015.

b) La reclamación fue desestimada por resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 3 de octubre de 2016 argumentando que “estamos, pues, ante una sentencia absolutoria en la que no se declara la inexistencia del hecho imputado, por lo que […] no concurre el supuesto de indemnización previsto en el artículo 294.1 de la LOPJ”.

c) El demandante interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue tramitado con el núm. 974-2016 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, siendo desestimado por sentencia de 5 de junio de 2018, argumentando que no se trata de un supuesto de inexistencia objetiva reconducible al art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

d) El demandante interpuso recurso de casación, tramitado con el núm. 5917-2018, que fue inadmitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2018 por falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de los supuestos del art. 88.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) que permiten apreciar el interés casacional objetivo. Esta providencia fue notificada el mismo día 20 de diciembre de 2018.

3. El demandante solicita que se otorgue el amparo por vulneración de los derechos a la igualdad (art. 14), la libertad personal (art. 17.1 CE) y la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), declarándose la nulidad de las resoluciones impugnadas, con fundamento en el desigual trato a que se somete la indemnizabilidad de la prisión preventiva dependiendo de la causa de la absolución y en que la denegación deja sin indemnizar un daño efectivo en el derecho a la libertad. Igualmente, alega que la providencia de inadmisión ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que es una decisión arbitraria al fundamentarse en una causa legalmente inexistente.

El demandante justifica la especial transcendencia constitucional del recurso en que da la oportunidad al Tribunal Constitucional de aclarar o cambiar su jurisprudencia sobre el derecho a ser indemnizado por la situación de prisión preventiva sufrida en un procedimiento en que posteriormente se es absuelto.

4. La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 25 de noviembre de 2019, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]; dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para que remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que puedan comparecen en el recurso de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento.

5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 8 de enero de 2020, acordó tener por personado al abogado del Estado y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.

6. El abogado del Estado, mediante escrito registrado el 7 de febrero de 2020, solicita, en primer lugar, la inadmisión del amparo por extemporáneo y, subsidiariamente, la estimación del recurso “con retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin de que, de acuerdo con lo que dispone el art. 294 LOPJ, y siguiendo siempre el cauce procedimental adecuado, se acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran podido llegar a producir”. Destaca el abogado del Estado que, aunque resulta de aplicación la STC 85/2019, de 19 de junio, y, por ello, ha de declararse la vulneración del derecho a la presunción de inocencia al haberse aplicado un inciso del art. 294.1 LOPJ declarado inconstitucional por su contradicción con el art. 24.2 CE, el fallo de la citada resolución “deja incólume la expresión ‘siempre que se hayan arrogado perjuicios’”, lo que implica que el resarcimiento no es automático y que la administración debe ahora pronunciarse sobre la procedencia del resarcimiento determinando la realidad de los daños, sin atender ya, una vez depurado el art. 294.1 LOPJ de sus incisos inconstitucionales, a la concurrencia de un supuesto de absolución por “inexistencia del hecho”.

7. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este Tribunal el 23 de enero de 2020, interesa que se inadmita por falta de agotamiento de la vía judicial previa la invocación del art. 24.1 CE en relación con la providencia de inadmisión del recurso de casación y se estime parcialmente en relación con las invocaciones de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia por aplicación de la doctrina dimanante de la STC 85/2019, de 20 de junio, en la que los incisos “por inexistencia objetiva del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 LOPJ son declarados inconstitucionales y nulos por vulneración de los arts. 14 y 24.2 CE. Al haberse denegado la indemnización por no tratarse de un supuesto de inexistencia objetiva del hecho se incurre, a juicio del fiscal, en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que es inherente a la fijación normativa, por parte del legislador, de ese supuesto indemnizatorio, que exige diferenciar entre distintos tipos de absueltos. El Ministerio Fiscal solicita, subsidiariamente, que se inadmita el recurso por extemporaneidad.

8. El demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 11 de febrero de 2020 ratificándose en las formuladas en su demanda de amparo.

9. Por providencia de 5 de marzo de 2020 se señaló para la deliberación y votación de la presente sentencia el día 9 del mismo mes y año.

Único. Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.

El objeto del presente recurso de amparo es determinar si (i) la decisión de denegar la indemnización solicitada por el recurrente del tiempo que estuvo sometido a prisión preventiva en un procedimiento en que finalmente fue absuelto ha vulnerado sus derechos a la igualdad (art. 14 CE), a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); y (ii) la decisión de inadmitir el recurso de casación vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Hay que descartar, en primer lugar, que la demanda haya incurrido en extemporaneidad. Hasta la STC 125/2019, de 31 de octubre, resolviendo las dudas existentes, no se dejó establecida una doctrina constitucional según la cual en casos similares al aquí enjuiciado la vulneración denunciada trae causa exclusiva de la resolución administrativa. Dado que esta doctrina no podía ser conocida por el recurrente en el momento de interponer su recurso de amparo, las dudas a la sazón subsistentes no podían ser resueltas en contra de la admisibilidad del recurso. Por tanto, debe considerarse como plazo aplicable a la interposición del presente procedimiento de amparo el más amplio de treinta días que fija el artículo 44.2 LOTC, en lugar del fijado en el artículo 43.2. En atención a la fecha de la notificación de la última resolución dictada —20 de diciembre de 2018—, el plazo finalizaba a las 15:00 horas del día 8 de febrero de 2019, y el recurso había sido registrado telemáticamente con antelación el 8 de febrero de 2019 a las 14:51 horas.

No obstante, sí debe declararse la inadmisión del recurso exclusivamente en lo que se refiere a la invocación del art. 24.1 CE respecto de la providencia del recurso de casación por concurrir la causa de la falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], ya que, conforme a lo exigido en la jurisprudencia constitucional (así, STC 171/2019, de 16 de diciembre, FJ 1), hubiera sido necesaria para esa concreta invocación la previa interposición de un incidente de nulidad de actuaciones.

El objeto de este recurso y los motivos invocados son sustancialmente coincidentes con los que ya han sido abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre, que determinaron los efectos que, sobre el recurso de amparo, debía producir la STC 85/2019, de 19 de junio, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los incisos “inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 LOPJ, y se concretó el alcance que la estimación del amparo debía producir. Por ello, a tales fundamentos jurídicos debemos remitirnos. En dicha sentencia se concluía que procede otorgar el amparo en tanto “las resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa —a la que atendieron los órganos administrativos y judiciales por estar entonces vigente— materializan la misma vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente”.

En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, deben retrotraerse el procedimiento al momento anterior a dictarse la resolución del secretario de estado de justicia de 3 de octubre de 2016, que denegó de manera definitiva la indemnización y que originó la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.