Konstituzio-jurisprudentziaren bilatzailea

1. El Procurador de los Tribunales don Luis Pozas Granero, en nombre y representación del Ente Público RTVE, interpone recurso de amparo, con asistencia de Letrado, mediante escrito presentado el día 9 de febrero de 1987 en el Registro General de este Tribunal, contra el Auto de 16 de diciembre de 1986, de la Sala Primera del Tribunal Central de Trabajo, dictado en el recurso de suplicación núm. 2.180/1983, por infracción del art. 24.1 de la Constitución en relación con el art. 9.3 de la misma.

2. La demanda se sustenta en los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

a) El empleado de RTVE don Ricardo Martín Fuentes formuló el día 5 de noviembre de 1983 demanda en reclamación sobre clasificación profesional contra dicha Entidad, correspondiendo su conocimiento a la Magistratura de Trabajo núm. 18 de Madrid, que por Sentencia de 30 de mayo de 1983 estimó parcialmente la pretensión del demandante, declarando el derecho de éste a ostentar la categoría profesional de programador y condenando a RTVE a estar y pasar por dicha declaración. Junto al fallo de esa Sentencia se hizo saber a las partes que contra la misma podía interponerse recurso de suplicación en el plazo de cinco días, sin hacer mención alguna acerca de las consignaciones que eventualmente hubiera de hacer la Empresa en caso de recurrir.

b) La Abogacía del Estado anunció y posteriormente formalizó recurso de suplicación en representación de RTVE contra la anterior Sentencia, alegando en su escrito de 13 de julio de 1983 que no procedía la constitución de depósitos ni consignaciones «de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del art. 181 del texto procesal laboral y art. 57 del Reglamento del Cuerpo de Abogados del Estado».

c) La Sala Primera del TCT dictó el día 16 de diciembre de 1986 Auto por el que declaró inadmisible el recurso de suplicación formulado por el Abogado del Estado en representación de RTVE, por no haber consignado en su momento el depósito exigido en el art. 181 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), razonando a este respecto que en la actual versión de esa Ley (de 13 de junio de 1980), solamente el Estado está excusado de constituirlo, no así los Organismos dependientes de él que tengan régimen económico autónomo. Al ser éste el caso de RTVE y al no gozar esta Entidad del beneficio legal de pobreza, no resulta admisible el recurso promovido en su nombre en el que no se efectúe la consignación dispuesta por el art. 181 de la LPL, aunque el recurso se hubiera formulado por la Abogacía del Estado.

3. La parte demandante entiende que el Auto impugnado vulnera el art. 24. 1 de la Constitución en relación con el art. 9.3 de la misma, y estima en ese sentido que dicha resolución le crea una situación de inseguridad jurídica, pues el Tribunal Supremo (TS), tanto en su Auto de 22 de enero de 1983, como en su Sentencia de 19 de septiembre de 1985 (cuyo fundamento jurídico primero se transcribe íntegramente), ha sostenido el criterio opuesto al del Auto ahora impugnado. La contradicción entre el TS y el TCT coloca al Ente Público RTVE en situación de indefensión, pues le priva de una resolución judicial sobre el fondo en una materia tan importante como la de clasificación profesional, en la que, frente al criterio de la Sentencia de instancia, los Tribunales superiores del orden jurisdiccional laboral venían sosteniendo la necesidad de superar determinadas pruebas recogidas en la Ordenanza Laboral aplicable a esa Empresa. Por ello, el TCT no debió detener el recurso con base, únicamente, en el incumplimiento de trámites formales (la consignación de 2.500 pesetas), que no son exigibles a RTVE y que no están fundamentados en ningún precepto, como se desprende de una serie de disposiciones legales, según entendió el TS en su Sentencia de 19 de septiembre de 1985, ya citada. La Entidad demandante de amparo, por fin, cita en apoyo de sus tesis la doctrina creada por este Tribunal a propósito de la relevancia de los requisitos de forma en los recursos y de las consecuencias que, a la luz del art. 24.1 de la Constitución, puede acarrear su incumplimiento, aludiendo concretamente a la necesidad de interpretar la legalidad ordinaria en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (Sentencia de 12 de marzo de 1986, entre otras).

4. Mediante providencia de 11 de marzo de 1987, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo formulada en nombre de RTVE y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir al TCT y a Magistratura de Trabajo núm. 18 de las de Madrid para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de las actuaciones judiciales anteriores, interesándose al mismo tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en los mencionados procedimientos, con excepción de la recurrente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.

5. Por providencia de 22 de abril de 1987 se hizo constar la recepción de las actuaciones judiciales interesadas y la personación en el proceso de la Procuradora señora Fernández-Criado en representación de don Ricardo Martín Fuentes, parte demandante en el proceso laboral anterior y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, se mandó dar vista de las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores Pozas Granero y Fernández-Criado Bedoya, para que dentro del mismo presentaran las alegaciones pertinentes.

6. Con fecha 6 de mayo de 1987 formula sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Después de una detallada síntesis de los hechos, aduce ese Ministerio que el problema planteado no guarda relación con una supuesta desigualdad en la aplicación de la Ley, sino con la interpretación que, de acuerdo con las resoluciones del Tribunal Constitucional, debe darse a los requisitos legalmente establecidos para acceder a los recursos previstos en la Ley. A estos efectos, recuerda la doctrina de este Tribunal sobre la necesidad de dar la mayor efectividad posible al derecho a la tutela judicial y de interpretar restrictivamente las causas de inadmisión, guardando siempre la debida proporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción, y procurando en todo caso la subsanación de los defectos. Por todo ello considera que en este caso, en el que únicamente se ha incumplido la exigencia de consignar las 2.500 pesetas establecida en el art. 181 de la LPL, y en el que Magistratura de Trabajo dio curso al escrito de interposición del recurso de suplicación, el TCT ha actuado contrariamente al art. 24.1 de la Constitución, pues, aparte de la escasa fundamentación de su decisión, no ha guardado la debida proporcionalidad en la sanción de inadmisión, ni ha colaborado para hacer efectiva la tutela judicial. Solicita, por ello, el otorgamiento del amparo.

7. Con fecha 25 de mayo de 1987 presenta su escrito de alegaciones la Entidad recurrente, ratificando íntegramente la postura mantenida en la demanda de amparo.

8. Con fecha 28 de mayo de 1987 presenta sus alegaciones la Procuradora señora Fernández-Criado, en nombre de don Ricardo Martín Fuentes. En ellas hace ver que la Entidad demandante perseguía una finalidad meramente dilatoria con la interposición de los recursos de suplicación y de amparo, para retrasar, incluso, el pago de los salarios que correspondía a la labor efectivamente realizada por el trabajador, obligándole a interponer sucesivas demandas ante la jurisdicción para interrumpir el plazo de prescripción; y que la exigencia del art. 181 de la LPL pretende precisamente evitar esas maniobras dilatorias, exigencia que sería aplicable al Ente RTVE, por su sometimiento al Derecho privado y porque no se prevé en ningún caso que se le haya concedido el beneficio de pobreza o justicia gratuita para litigar. Recuerda también que el depósito previo para el recurso es perfectamente constitucional, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, en la que también se ha reiterado la presunción de desistimiento y abandono de quien incumple ese requisito; no siendo materia propia de esta jurisdicción lo relativo a la exención o no de dicho depósito, que, según ha declarado el Tribunal Supremo repetidamente, es exigible a los Organismos dependientes del Estado que no gocen del beneficio de justicia gratuita. Y alega finalmente que la Entidad demandante no ha cumplido lo dispuesto en los arts. 44.1 a) y 44.1 c) de la LOTC, puesto que ni ha interpuesto recurso de súplica contra la resolución ahora impugnada, ni ha invocado el derecho presuntamente lesionado tan pronto como hubo lugar para ello. Don Ricardo Martín Fuentes, solicita, por todo ello, la desestimación del amparo, así como el recibimiento a prueba del recurso para que pueda comprobarse que la Entidad demandante mantiene al trabajador sin reconocerle la categoría que realmente desempeña, y que éste ha tenido que interponer sucesivas demandas para percibir las correspondientes diferencias salariales.

9. Por providencia de 24 de marzo de 1988 la Sección acuerda denegar el recibimiento a prueba del presente recurso, solicitado por la presentación de don Ricardo Martín Fuentes, por ser innecesario para resolver sobre las pretensiones deducidas en el mismo, y fijar la fecha de 8 de abril siguiente para deliberación y votación de la presente Sentencia.

1. Ante de resolver sobre el fondo de la cuestión planteada, es preciso examinar las causas de inadmisión, que serían de desestimación en esta fase del proceso, aducidas por quien fue demandante en el procedimiento laboral que dio origen a este recurso de amparo y que comparece ahora como demandado. Alega esa parte, en primer término, que la Entidad recurrente en amparo no agotó previamente la vía judicial laboral, puesto que no interpuso recurso de súplica contra la resolución que ahora impugna, incumpliendo de esa forma lo dispuesto en el art. 44.1 a). Y aduce, en segundo lugar, que dicha Entidad no invocó antes de acudir ante este Tribunal el derecho fundamental presuntamente lesionado, dejando de cumplir, por tanto, lo dispuesto en el art. 44.1 c) de la LOTC. Ninguna de estas alegaciones puede prosperar.

Como ya ha declarado en reiteradas ocasiones este Tribunal, el requisito previsto en el art. 44.1 c), de la LOTC sólo es exigible en aquellos casos en que el recurrente ha tenido oportunidad de realizar tal alegación, lo que no ocurre cuando, como en el presente caso, la lesión se imputa a una decisión judicial que pone fin al proceso. En tal caso no hay oportunidad procesal para formular la citada invocación y, por lo mismo, el requisito es inexigible, como se colige de la expresión final «hubiera lugar para ello» recogida en aquel precepto (SSTC 50/1982, de 15 de julio, y 73/1982, de 2 de diciembre, entre otras). La representación de la parte demandada entiende, sin embargo, que habría podido interponerse un ulterior recurso contra el Auto ahora impugnado, y que allí podría haberse invocado el derecho constitucional supuestamente lesionado. Pero esa alegación traslada el debate desde el párrafo c) del art. 44.1 de la LOTC al párrafo a) de ese mismo precepto legal, que es precisamente el que recoge el segundo de los motivos de inadmisión que aquella parte opone a la presente demanda de amparo.

Es cierto que el Tribunal Central de Trabajo ha admitido la interposición del recurso de súplica contra Autos de inadmisión del recurso de suplicación, y por ello la interposición de ese recurso no puede considerarse como medida dilatoria del recurrente en amparo, que sería causante de extemporaneidad, ni como prolongación artificial del plazo previsto para recurrir ante este Tribunal. Sin embargo, como se declara en la STC 124/1987, de 15 de julio, esta posibilidad «no quiere decir que sea en todo caso exigible, precisamente por tratarse de un recurso no previsto en Derecho laboral», cuya procedencia deviene «de una interpretación doctrinal y judicial, expuesta por ende a otra de signo contrario». Por tal razón, ha de jugar al respecto un papel especial la indicación sobre recursos, obligada en toda resolución judicial, pues, aun cuando tal indicación no vincule al interesado, ilustra sobre si éste actuó o no con la diligencia debida. Así, cuando la resolución judicial guarda silencio sobre la posibilidad de interponer recurso de súplica o cuando, como ocurre en el presente caso, se declara expresamente que la resolución es firme (lo que sólo puede significar que no es susceptible de recurso alguno), no es exigible, a los efectos del art. 44.1 a) de la LOTC, la interposición del recurso de súplica pues no podría hacerse recaer sobre el justiciable las consecuencias de una conducta basada en la propia resolución judicial, como ya sostuvimos en la STC 47/1984, de 4 de abril. Por el contrario, cuando la resolución judicial impugnada declare expresamente que contra ella cabe recurso de súplica, será exigible al recurrente en amparo, para entender cumplida la exigencia del art. 44.1 a) de la LOTC, la interposición de dicho recurso.

Sobre estas premisas es preciso concluir que la no interposición del recurso de súplica por la Entidad que ahora recurre en amparo, frente a un Auto que declaró de forma expresa su carácter firme y que mandó devolver las actuaciones a la Magistratura de instancia, no supone incumplimiento del requisito establecido en el art. 44.1 a) de la LOTC. No son aceptables, por consiguiente, los motivos de inadmisión alegados por la parte demandada.

2. Pretensiones idénticas a la que aquí se deduce, suscitadas en los recursos de amparo núms. 847/86 y 1.176/86, han sido ya resueltas en sentido estimatorio por este Tribunal en sus SSTC 180/1987, de 12 de noviembre (Sala Segunda), y 18/1988, de 16 de febrero (Pleno), respectivamente. En aquellos casos los recursos se interpusieron por la misma Entidad demandante y estaban fundados en argumentos que coinciden íntegramente con los que aquí se esgrimen. La concurrencia de todos estos elementos de identidad, así como la publicidad de que gozan las Sentencias de este Tribunal (art. 164 de la Constitución), permiten y al mismo tiempo justifican que la fundamentación de nuestro fallo se apoye ahora en los argumentos utilizados en aquellas otras ocasiones y revista, en consecuencia, mayor brevedad y concisión.

Se dijo entonces que, aun cuando la exigencia del art. 181 de la Ley de Procedimiento Laboral no es contraria a la Constitución, las circunstancias concurrentes en el supuesto de autos, coincidentes con las que ahora han quedado probadas, impedían al Tribunal Central de Trabajo decretar sin más trámites la inadmisión del recurso de suplicación con base en la falta del depósito exigido por el citado precepto legal. Pues, en efecto, al no haberse indicado en la Sentencia de Magistratura de Trabajo la necesidad de consignar aquél, ni tampoco al anunciar la Entidad demandante de amparo su propósito de interponer recurso de suplicación, unido a la ausencia de reacción alguna por parte del Juez a quo a quien compete inicialmente el control de los presupuestos formales del recurso de suplicación, pese a la afirmación contenida en el escrito de interposición del recurso de que no procedía consignar el depósito de 2.500 pesetas por estar exenta de ello la recurrente, y a la coexistencia de decisiones judiciales contradictorias en orden a su exigencia, hacían obligado entender que la inobservancia de ese requisito procesal no era imputable a la negligencia de la recurrente, sino a una interpretación del párrafo 3.° del art. 181 de la LPL, avalada por decisiones del Tribunal Supremo, favorable a la exención del depósito por parte de la Entidad recurrente. Si el Tribunal Central de Trabajo consideraba errónea dicha interpretación, debió permitir que fuera rectificada, concediendo a la recurrente, de acuerdo con una aplicación de la norma en el sentido más favorable a los derechos reconocidos en el art. 24.1 de la Constitución, un plazo para subsanar la falta cometida. Al no hacerlo así omitió la diligencia exigible a todo órgano judicial para asegurar el efectivo disfrute de aquellos derechos constitucionales, ocasionando con ello una lesión del que asistía a la recurrente, a la cual no podía exigírsele razonablemente que hiciera caso omiso de las indicaciones de la instancia, coincidentes con el criterio del Tribunal Supremo, y que actuara cautelarmente en forma diferente a como lo hizo.

3. Las observaciones que anteceden conducen al otorgamiento del amparo en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada y de reconocer el derecho de la parte recurrente a que por el Tribunal Central de Trabajo se determine el plazo procedente para facilitar la subsanación del defecto relativo al depósito de 2.500 pesetas y la posterior tramitación conforme a Derecho del recurso de suplicación. Pero, como ya se dijo en la STC 180/1987, de 12 de noviembre, nuestro fallo no puede incluir la declaración de inexigibilidad del depósito a la parte recurrente, ya que, aun siendo ésta la doctrina del Tribunal Supremo, no corresponde a este Tribunal Constitucional su armonización con la que mantiene en este punto el Tribunal Central de Trabajo.