Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 11 de febrero de 2003 don José Miguel Martínez-Fresneda Gambra, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Guillermo Fernández Bueno, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. La demanda de amparo se basa en los antecedentes fácticos que a continuación sucintamente se extractan:

a) El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Vitoria, por Auto de 9 de enero de 2001, acordó en las diligencias previas núm. 3121-2000 la prisión provisional comunicada y sin fianza del ahora demandante de amparo.

Dicho Auto fue confirmado en reforma por Auto de 22 de enero de 2001 y en queja por Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava de fecha 2 de abril de 2001.

b) La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava en fecha 8 de noviembre de 2002 dictó Sentencia en el rollo penal núm. 11-2001, por la que condenó al ahora demandante de amparo, como autor responsable de un delito de asesinato y otro de agresión sexual, a las penas de prisión de diecisiete años y seis meses por el primer delito y de nueve años por el segundo, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como a abonar a los herederos de doña Ana Rosa Aguirrezábal García de Cortazar la cantidad de ciento treinta y cinco mil euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

La representación procesal del demandante de amparo en fecha 27 de noviembre de 2002 presentó escrito solicitando tener por preparado recurso de casación contra la anterior Sentencia, pendiente aún de resolución en el momento de presentarse la demanda de amparo.

c) La representación procesal del demandante de amparo mediante escrito registrado en fecha 13 de enero de 2003 solicitó la inmediata puesta en libertad de su representado, al haber expirado el plazo máximo de prisión preventiva de dos años que establece el art. 504 LECrim, que había finalizado el día 9 de enero de 2003, sin que el Ministerio Fiscal ni la acusación particular hubieran interesado la prórroga de la medida cautelar. En apoyo de su pretensión citaba, reproduciendo parte de la doctrina en ellas recogidas, las SSTC 40/1987, de 3 de abril, y 98/1998, de 4 de mayo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, por Auto de 14 de enero de 2003, desestimó la solicitud de puesta en libertad deducida por la representación procesal del demandante de amparo y acordó la prolongación de la medida cautelar de la prisión provisional hasta el límite de la mitad de la pena impuesta por la Sección en su Sentencia de 8 de noviembre de 2002.

d) La representación procesal del demandante de amparo interpuso recurso de súplica contra el anterior Auto, que fue desestimado por Auto de 23 de enero de 2003.

3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, bajo la invocación del art. 24 CE, se argumenta en ésta, en síntesis, que al dictarse los Autos impugnados se había agotado ya el plazo máximo de la prisión provisional, sin que ninguna de las partes hubiera pedido expresamente la prolongación de dicha situación, por lo que desde que finalizó aquel plazo el demandante de amparo se encontraba ilegalmente privado de libertad.

En apoyo de su argumentación cita la doctrina recogida en la STC 98/1998, de 4 de mayo, conforme a la cual la prórroga o la ampliación de la prisión provisional requiere que se motive tal excepcional decisión y exige per se y por elementales razones de seguridad jurídica que el plazo máximo inicial no esté ya agotado. Así pues, los plazos previstos en el art. 504, párrafo cuarto, LECrim son perentorios, y si trascurren los mismos y no se prolonga la medida cautelar con el cumplimiento de todas las formalidades legales, la única solución posible es la de acordar la libertad de la persona privada de ella. Si estuviera agotado el plazo máximo inicial de la prisión provisional, la Sentencia antes mencionada dice que "nuestra legislación prevé dos supuestos en los que es posible reinstaurar la prisión provisional ya agotada, es decir, dos supuestos en los que, a pesar de que el imputado había agotado ya el tiempo máximo de estancia preventiva en prisión, es posible volver a dictar para el mismo una prisión provisional en la misma causa. Esta extraordinaria reinstauración de la prisión sólo será posible a partir de la incidencia de dos circunstancias extraordinariamente relevantes para la evaluación de los riesgos que la prisión provisional quiere conjurar: la falta de comparecencia judicial del imputado (art. 504, párrafo 8, LECrim) y el dictado de una primera Sentencia condenatoria que ha sido recurrida (art. 504, párrafo 5, LECrim)".

Los Autos recurridos ponen el acento en la posibilidad de sustraerse a la acción de la Justicia, la gravedad de la pena, la obstrucción a la Justicia. Asimismo se habla en ellos de una resolución motivada para prolongar la situación de prisión, de que una vez recaída Sentencia de condena la prisión provisional puede ser prolongada hasta la mitad de la pena interpuesta, de la importancia de la pena y de su gravedad. Sin embargo el Juzgado no ha puesto el menor interés en el desarrollo de la medida cautelar y los derechos del demandante de amparo, no ha tenido en cuenta aspectos personales o de cumplimiento y ha dejado pasar un plazo esencial para después intentar dar legitimidad a dicho olvido, creando así una situación de inseguridad jurídica y de indefensión, sin que en momento alguno se haya comprobado si los argumentos que se exponen se ajustan o no a la realidad o si existen medios económicos para mantener una fuga o, en fin, si el demandante de amparo ha tenido alguna actitud que hiciera presumir alguno de los riesgos que reiteradamente se exponen en las resoluciones recurridas.

Concluye el escrito de demanda suplicando del Tribunal Constitucional que, tras los trámites oportunos, dicte Sentencia en la que se otorgue el amparo solicitado y se declare la nulidad de los Autos recurridos, reconociendo expresamente el derecho del demandante a que se acuerde su inmediata puesta en libertad por agotamiento del plazo de la prisión preventiva.

4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de marzo de 2004, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la pieza de situación personal del recurrente, dimanante del rollo penal núm. 11-2001, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que si lo deseasen pudieran comparecer en este proceso.

5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 19 de abril de 2004, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, pudieran formular las alegaciones que tuvieran por conveniente.

6. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 13 de mayo de 2004, en el que interesó, con base en la argumentación que a continuación se extracta, la estimación de la demanda de amparo.

Tras referirse a los antecedentes fácticos del recurso, el Ministerio Fiscal señala que la reiterada doctrina de este Tribunal ha afirmado que el respeto y cumplimiento de los plazos legales máximos de prisión provisional constituyen una exigencia constitucional que integran la garantía del art. 17.4 CE, de modo que la superación de dichos plazos supone una limitación desproporcionada del derecho a la libertad y, en consecuencia, su vulneración (STC 231/2000, por todas). Más concretamente, en cuanto a la prórroga o ampliación del plazo máximo inicial de la prisión provisional, ha declarado que ello requiere una decisión judicial específica que motive tan excepcional decisión con base en alguno de los supuestos que legalmente habilitan para ello, y que ha de ser adoptada antes de que el plazo máximo inicial haya expirado, pues "la lesión en que consiste la ignorancia del plazo no se subsana por el intempestivo acuerdo de prórroga adoptado una vez superado éste, sin que sea constitucionalmente razonable la interpretación según la cual la aprobación de una Sentencia condenatoria lleva consigo, implícitamente, la prolongación del plazo máximo de la prisión provisional hasta el límite de la mitad de la condena impuesta" (SSTC 98/1998; 142/1998; 231/2000; 272/2000; 144/2002).

En el presente caso el plazo máximo que regía la prisión acordada el día 9 de enero de 2001 vencía inicialmente a los dos años, esto es, el día 8 de enero de 2003, no habiendo hecho uso la Audiencia Provincial de la posibilidad excepcional de prolongación de dicho plazo que ofrece el ordenamiento después del juicio y de su resolución hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la Sentencia cuando ésta hubiera sido recurrida (art. 504.5 LECrim). La permanencia en prisión del recurrente fue, en consecuencia, vulneradora de su derecho fundamental a la libertad, pues la pretendida convalidación a la que la Sala hace referencia en el fundamento de Derecho tercero de su Auto se halla expresamente desautorizada por la jurisprudencia constitucional antes reseñada, según la cual no cabe la subsanación por el extemporáneo acuerdo de la prórroga.

En consecuencia el Ministerio Fiscal entiende que la resolución inicial de la prórroga - Auto de 13 de enero de 2003- fue dictada intempestivamente, por lo que el demandante permaneció ilegalmente en prisión a partir del día 8 de enero de 2003, vulnerándose de este modo su derecho a la libertad personal (art. 17.4 CE), por lo que interesa que se dicte Sentencia en la que se otorgue el amparo solicitado, se reconozca al recurrente su derecho a la libertad personal (art. 17.4 CE) y se declare la nulidad de los Autos recurridos.

7. Por providencia de 8 de julio de 2004, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 12 de julio siguiente.

1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, de 14 de enero de 2003, confirmado en súplica por Auto de 23 de enero de 2003, que desestimó la solicitud de puesta en libertad deducida por la representación procesal del recurrente en amparo y acordó la prolongación de la medida cautelar de la prisión provisional, inicialmente adoptada por Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Vitoria de fecha 9 de enero de 2001, hasta el límite de la mitad de la pena que le fue impuesta por la mencionada Sección en su Sentencia de 8 de noviembre de 2002, dictada en el rollo penal núm. 11/01 por delitos de asesinato y agresión sexual.

El demandante de amparo, bajo la invocación del art. 24 CE y con cita de la STC 98/1998, de 4 de mayo, alega, en síntesis, que cuando solicitó su puesta en libertad se había sobrepasado ya el plazo máximo de dos años legalmente establecido para el mantenimiento de la situación de prisión provisional (art. 504, párrafo 4, LECrim), sin que dicha medida cautelar hubiera sido prorrogada dentro del referido plazo, pues la prórroga se acordó en las resoluciones judiciales impugnadas una vez transcurrido el mismo, por lo que desde que aquel plazo finalizó se ha encontrado privado ilegalmente de libertad.

El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo al considerar que el Auto de 14 de enero de 2003 por el que se acordó inicialmente la prórroga de la prisión provisional fue dictado intempestivamente, esto es, una vez vencido el plazo máximo de la prisión provisional, por lo que el demandante de amparo permaneció ilegalmente en prisión a partir del día 8 de enero de 2003, vulnerándose de este modo su derecho a la libertad (art. 17.4).

2. Con carácter previo ha de advertirse, al objeto de delimitar correctamente la queja del demandante de amparo, que el hecho de que haya identificado erróneamente el derecho fundamental en juego, invocando en el escrito de demanda unas veces de modo genérico el art. 24 CE y otras el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en vez del derecho a la libertad (art. 17 CE), en modo alguno constituye obstáculo para el adecuado enjuiciamiento de su pretensión, de acuerdo con una reiterada y conocida doctrina constitucional (STC 200/2002, de 28 de octubre, FJ 2, por todas), al resultar clara y perfectamente delimitada en la demanda la infracción aducida y las razones que en las que la misma se sustenta, que ponen de manifiesto con absoluta nitidez el correcto encuadramiento de su queja, como el propio recurrente en amparo hizo en la vía judicial previa, en el ámbito del derecho a la libertad que proclama el art. 17 CE.

3. Delimitada en los términos indicados la queja del demandante de amparo, es preciso traer a colación nuestra consolidada doctrina sobre el sometimiento a plazo máximo de la prisión provisional, exigencia constitucional prevista en el art. 17.4 CE, y la prórroga o ampliación del mismo, que puede sistematizarse en los siguientes puntos:

a) El respeto a los plazos legales máximos de prisión provisional constituye una exigencia constitucional, de forma que la superación de dichos plazos supone una limitación desproporcionada del derecho a la libertad, pues el plazo máximo de duración de la prisión provisional que el legislador debe establecer por imperativo constitucional y como garantía de la mediación legislativa es asumido por la propia Constitución como tal plazo máximo, de forma que su ignorancia se traduce por fuerza en una vulneración del derecho fundamental a la libertad, al punto que, aunque esos plazos puedan variarse por el legislador, mientras la Ley fije unos es evidente que han de cumplirse y que ese cumplimiento, como se ha dicho, integra la garantía constitucional de la libertad proclamada en el art. 17 de la Constitución.

b) La prórroga o ampliación del plazo máximo inicial de prisión provisional decretada requiere una decisión judicial específica que motive tan excepcional decisión y ha de fundarse en alguno de los supuestos que legalmente habilitan para ello (imposibilidad del enjuiciamiento en el plazo inicial acordado -art. 504, párrafo 4, LECrim- o que el acusado haya sido condenado por Sentencia que haya sido recurrida -art. 504, párrafo 5, LECrim). Además ha de ser adoptada antes de que el plazo máximo inicial haya expirado, pues constituye una exigencia lógica para la efectividad del derecho a la libertad personal por más que no venga expresamente exigida por el precepto. Finalmente, la lesión producida por la ignorancia del plazo no se subsana por la adopción de un intempestivo acuerdo de prórroga tras la superación de aquél.

c) No es constitucionalmente razonable la interpretación según la cual el dictado de una Sentencia condenatoria lleva consigo, implícitamente, la prolongación automática del plazo máximo de la prisión provisional hasta el límite de la mitad de la condena impuesta, pues el tenor literal del art. 504, párrafo 5, LECrim. y las generales exigencias de motivación de tan drástica medida cautelar exigen rechazar esta tesis (SSTC 98/1998, de 4 de mayo, FFJJ 2 y 4; 142/1998, de 29 de junio, FJ 3; 231/2000, de 2 de octubre, FJ 5; 272/2000, de 13 de noviembre, FJ 2; 98/2002, de 29 de abril, FJ 4; 144/2002, de 15 de julio, FJ 3; 121/2003, de 16 de julio, FJ 3; 22/2004, de 23 de febrero, FFJJ 2 y 4, por todas).

4. A la luz de la doctrina constitucional expuesta resulta incontrovertible que en el caso que nos ocupa se ha vulnerado el derecho a la libertad del demandante de amparo. En efecto, como acertadamente mantiene el Ministerio Fiscal, el plazo máximo que regía la prisión provisional inicialmente acordada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Vitoria por Auto de 9 de enero de 2001 vencía a los dos años, el día 8 de enero de 2003, sin que la Audiencia Provincial dentro del referido plazo hubiera hecho uso de la única posibilidad excepcional de prolongación de dicho plazo que ofrece el ordenamiento, después del juicio y de su resolución, "hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la Sentencia cuando ésta hubiera sido recurrida" (art. 504, párrafo 5, LECrim). De modo que la permanencia en prisión del recurrente en amparo más allá de aquella fecha fue, por tanto, ilegal y vulneradora de su derecho fundamental a la libertad, sin que la vulneración constatada pueda en modo alguno entenderse reparada o subsanada, de conformidad con la doctrina constitucional expuesta, y frente a lo que se sostiene en los mismos, por los Autos impugnados, pues la prolongación de la medida cautelar de la prisión provisional fue adoptada intempestivamente, carente, por consiguiente, de toda validez (STC 98/1998, de 4 de mayo, FJ 4, por todas).

5. La estimación de la pretensión de amparo ha de conllevar la anulación de las resoluciones judiciales que desestimaron la solicitud de puesta en libertad del demandante de amparo y que acordaron la prolongación de la prisión provisional, lo que, conforme a nuestra doctrina, no ha de producir necesariamente el efecto de su puesta en libertad. En efecto la estimación del amparo, cuando éste se funde en lo tardío de la prórroga del plazo de prisión provisional, no ha de implicar la puesta en libertad del recurrente, que no procederá en caso de que concurra cualquiera de las causas que justifican la prisión (SSTC 98/1998, de 4 de mayo, FJ 4; 142/1998, de 29 de junio, FJ 4; 272/2000, de 13 de noviembre, FJ 4; 22/2004, de 23 de enero, FJ 6).