Chercheur de jurisprudence constitutionnelle

1. En 25 de enero pasado el Abogado del Estado en representación del Gobierno de la Nación presentó ante este Tribunal escrito planteando conflicto constitucional positivo de competencia haciendo invocación expresa del art. 161.2 de la Constitución por imperativo del 8.2 del Real Decreto de ll de julio de 1980, contra el Decreto 306/1982, de la Generalidad de Cataluña, por el que se autoriza la contratación por asientos con pago individual de determinados servicios de transporte de viajeros por carretera con vehículos de menos de diez plazas. Invocaba el art. 9.15 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 143 y 149.1.21 de la Constitución, y suplicaba se dicte Sentencia declarando que la competencia para la regulación indicada corresponde exclusivamente al Estado, anulando el referido Decreto 306/1982, de 23 de julio, de la Generalidad de Cataluña.

2. La Sección, por providencia de 2 de febrero pasado, admitió a trámite y tuvo por formalizado el conflicto positivo de competencia planteado, señalando el plazo de veinte días para personación y alegaciones del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña; e invocándose el art. 161.2 de la Constitución, acordó comunicar al Presidente de la Generalidad la suspensión de la vigencia y aplicación del referido Decreto, y comunicarlo igualmente a la Audiencia Territorial de Barcelona por si en sus Salas de lo Contencioso-Administrativo se impugnare o hubiere impugnado aquel Decreto.

3. Tras personarse en autos el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el Abogado del Estado presentó el 15 de marzo en curso escrito desistiendo del conflicto promovido; acordándose por providencia del siguiente día 16 dar traslado por plazo de cinco días a la representación de la Generalidad del escrito de desistimiento para que sobre el mismo alegase lo que estimase procedente; habiendo dejado transcurrir el plazo sin efectuarlo.

Único. El reconocimiento del desistimiento como modo de terminación del proceso aparece en el art. 86 de la Ley Orgánica de este Tribunal; por otra parte, el art. 80 de la propia Ley remite a la de Enjuiciamiento Civil con carácter supletorio en la regulación de este acto procesal y, aunque el mismo esté regulado de modo sistemático, sí parece evidente la exigencia de una manifestación de voluntad dirigida a un concreto proceso; exigencia que se da en el presente caso ya que el Abogado del Estado pide se tenga por desistido al Gobierno de la Nación, de este concreto conflicto positivo de competencia, acreditando esa voluntad de desistir con certificación del acuerdo adoptado al efecto por el Consejo de Ministros. No habiendo manifestado nada en contra la representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.