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1. La demanda de amparo expone como hechos los siguientes:

a) Que el 11 de noviembre de 1983, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenó al procesado Helmut Horx, como autor de dos delitos, a las penas correspondientes.

b) Que contra dicha Sentencia, la representación del procesado interpuso dentro de plazo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo recurso de casación por infracción de ley, alegando violación y aplicación indebida de diversos artículos del Código Penal, recurso que lleva el núm. 764/1984.

c) Por Auto de 18 de febrero de 1985, notificado el día 22 siguiente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó no haber lugar a la admisión del recurso, conforme a lo dispuesto en la causa 4.ª del art. 884 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.Cr.), porque las infracciones alegadas «debieron plantearse, como lo exige la ley, y no agrupados, como se ha hecho».

En los fundamentos de Derecho, se expone lo procedente sobre el cumplimiento de los requisitos relativos a la competencia, legitimación, requisitos previos del recurso de amparo, plazo y documentos preceptivos.

Y sobre el fondo se alega la vulneración del art. 24.1 de la C.E., que reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, por entender que el citado Auto denegó por puro formalismo la admisión del recurso de casación, privándole del derecho a obtener dicha tutela con una resolución sobre el fondo del asunto, citando la doctrina de la Sentencia de este Tribunal 69/1984, de 11 de junio, sobre dicho derecho fundamental. Y aunque la resolución impugnada invoca la causa 4.ª del art. 884 de la L.E.Cr., en relación con el 784, la normativa de que se trata no ha sido interpretada ni razonablemente, ni en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, porque el art. 874 lo mismo puede interpretarse en el sentido de que los párrafos numerados pueden ser tres, que cada uno de los apartados ha de estar a su vez dividido en párrafos numerados; además, el escrito de interposición del recurso al determinar las diversas infracciones alegadas las expone en párrafos separados precedidos de una letra que los identifica y distingue; y la interpretación se ha hecho no en sentido más favorable a la efectividad del derecho, sino en el más perjudicial, haciendo recaer sobre el titular del derecho las consecuencias de un dudoso y trivial defecto, si lo hubo, en la redacción del escrito. La casación civil en el nuevo art. 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.) ha prescindido del antiguo requisito de enumerar los motivos, y con mayor razón debe seguirse igual pauta en materia penal.

Se suplica conceder el amparo solicitado, declarando la nulidad del mencionado Auto y ordenando la reposición de las actuaciones procesales, en el recurso de casación, al momento en que se cometió la violación constitucional indicada.

2. La Sección por providencia acordó tener por recibida la demanda y por personado y parte al Procurador con los debidos efectos, y reclamar de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el envío certificado del escrito de casación formulado por el actor, y que fue inadmitido por Auto de 18 de febrero de 1985, lo que realizó. Dictándose nueva resolución por la Sección, admitiendo a trámite la demanda, solicitando el envió de las actuaciones judiciales de dicha Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Palma de Mallorca, y el emplazamiento de las partes en dichos procedimientos, excepción hecha del recurrente en amparo, para personarse ante este Tribunal, todo lo que se cumplimentó debidamente.

3. De nuevo la Sección acordó dar vista de las actuaciones remitidas al recurrente y al Ministerio Fiscal, a fin de que en plazo común de diez días formularan las alegaciones que estimaran pertinentes.

4. El Ministerio Fiscal, evacuando dicho trámite, en síntesis expuso, en pro de la aceptación del recurso de amparo, lo siguiente, una vez que resumió los antecedentes de hecho: Que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que la obligación que impone el párrafo último del art. 874 de exponer los fundamentos del recurso de casación en «párrafos separados» se halla inequívocamente al servicio de alcanzar «la mayor concisión y claridad» en el planteamiento de la pretensión, debiendo de interpretarse la exigencia en atención a su ratio que es la indicada, y que cuando esa precisión en la exposición se alcanza, no puede sancionarse con rigorismo formal y drástica medida de inadmisión una carencia que no menosprecia la claridad (Sentencia 60/1985, de 6 de mayo, que cita la núm. 17/1985, de 9 de febrero). Y que en el caso presente, que es análogo al de la citada primera Sentencia, se inadmite el recurso a causa de que en el único motivo del recurso se estudian y denuncian la infracción de los arts. 529 y 329.8.ª en relación con el 69 bis del Código Penal, la del art. 310.1.° y la del 71 del propio cuerpo legal, y el Auto que se impugna en amparo no interpreta la exigencia procesal en atención a su razón de ser, esto es, la concisión y claridad del recurso, y esta finalidad en el planteado se cumple. Por ello no puede convertirse la exigencia legal en un obstáculo insalvable innecesario para impedir conocer el fondo del asunto, por lo que se conculcó el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la C.E.

5. El actor del amparo, en su escrito de alegaciones, dio por reproducidas las realizadas en la demanda de amparo, a las que se remite, solicitando continuara el procedimiento en la forma establecida.

6. El escrito formulado el indicado recurso de casación, en lo esencial, tiene el contenido siguiente:

Formula un «motivo único de casación» por «infracción de ley, por aplicación indebida de los arts. 528 y 529.8.ª, en relación con el 69 bis del Código Penal, ya que no concurre en este caso la mencionada circunstancia 8.ª, y, aunque concurriera, la pena aplicable no sería de la prisión menor. E infracción de los arts. 310.1 y 71 del mismo Código, porque ni está probado que el procesado hiciera uso del documento falso, ni aunque lo hiciera no pasaría de ser un hecho necesario para cometer la estafa que se le imputa».

A continuación determina: «Seguidamente pasamos a razonar cada una de las infracciones»:

«A) Infracción de los arts. 528 y 529.8.ª, en relación con el art. 69 bis del Código Penal.»

Seguidamente desarrolla esta infracción, afirmando en síntesis, que la pena debía ser de prisión menor, por no concurrir dos o más circunstancias del art. 529, ni la 8.ª como «cualificada», y porque esta requeriría afectare a «múltiples perjudicados» lo que no está probado, y de existir determinaría la presencia del delito continuado castigado.

«B) Infracción del art. 310, párrafo 1.° del Código Penal.» En este apartado se compara el precepto con el resultado de hechos probados, para precisar que no constituye la conducta tal delito.

«C) Infracción del art. 71 del Código Penal.»

En este apartado se alega en esencia que en ningún caso el uso del documento falso pueda constituir delito independiente, por ser medio para cometer el delito de estafa.

A continuación cita el art. 849.1.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza el único motivo de casación aducido.

7. El Auto de 18 de febrero de 1985 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recurrido, que declaró no haber lugar a la admisión del recurso de casación, contiene un único Considerando, que literalmente dice así:

«Que la doctrina de esta Sala ha venido declarando ininterrumpidamente que no son admisibles al trámite de fondo aquellos recursos o motivos de los mismos que engloben cuestiones distintas que precisen tratamiento independiente, pues, si se hace así, se infringen las normas del art. 874 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, de manera clara, de esa forma lo repudia, y siendo así que, en este caso, en el único motivo del recurso se estudian y denuncia la infracción de los arts. 528 y 529.8.ª en relación con el art. 59 bis del Código Penal, la del art, 310, párrafo primero, de dicho texto legal y la del art. 71 del indicado ordenamiento sustantivo, infracciones que debieron plantearse en motivos diversos y separados, como exige la Ley, y no agrupados, como se ha hecho, es claro que, por ello, el recurso no puede pasar del trámite actual, ya que lo prohíbe la causa de inadmisión 4.ª del art. 884 de la Ley de procedimientos penales.»

8. Por providencia de 25 de septiembre de 1985, se acordó señalar, para deliberación y fallo de este recurso el día 2 de octubre del propio año.

1. El tema planteado en este recurso de amparo se concreta en determinar si se vulneró el art. 24.1 de la C.E., en cuanto otorga a los ciudadanos el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el proceso debido, al haberse rechazado por motivos formales y aplicando e interpretando los arts. 884.4 y 874 de la L.E.Cr., la admisión de un recurso de casación penal al condenado recurrente, que es el actor del amparo.

A efectos de la adecuada decisión, debe partirse de la precisión de los hechos indiscutidos que constan en las actuaciones judiciales incorporadas al recurso, y que están determinados: Por haberse formulado por el condenado contra la Sentencia de la Audiencia, recurso de casación por infracción de ley por el cauce del art. 849.1.° de la citada reglamentación procesal, bajo un «único motivo de casación», agrupando en su encabezamiento tres eventuales lesiones de normas distintas que, seguidamente, bajo los apartados A), B) y C) fueron objeto de individualización separada en su inicio, y de seguida formulación también separada de las respectivas razones jurídicas que apoyaban cada uno de los diferentes motivos del recurso. Tal proceder fue estimado por el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1985 inaceptable, inadmitiendo el recurso al infringir los arts. 884.4 y 874 de la L.E.Cr., por no dar aquél un tratamiento independiente y separado a las distintas cuestiones que se englobaban en un solo motivo, al denunciar la vulneración de los arts. 528 y 529.8.ª en relación con el art. 69 bis del Código Penal; la del art. 310.1.° del mismo, y la del art. 71 del repetido ordenamiento sustantivo.

2. El amplio contenido del art. 24.1 de la C.E. en relación a la tutela judicial que protege al justiciable, alcanza, como con reiteración ha expuesto este Tribunal, a la formulación de los recursos ordinarios y extraordinarios procesales concedidos por las Leyes, y entre ellos al recurso de casación penal, por constituir -entre otras- la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el «tribunal superior» en la vía criminal que ha de revisar las Sentencias de instancia, a que se refiere el art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, que, según el art. 10.2 de la C.E., forma parte de nuestro ordenamiento a efectos de la regulación e interpretación de los derechos fundamentales. Correspondiendo al recurso de casación la depuración y control del Derecho en su aplicación por los Tribunales de instancia, asegurando el indispensable sometimiento de las decisiones de éstos a la Ley y unificando la interpretación jurisprudencial, a la vez que erigiéndose en un valioso medio para aplicar, defender y velar por el derecho a la tutela judicial efectiva en su más amplio contenido, establecida en el art. 24.1 de la C.E., como ya indicaron las Sentencias de este Tribunal Constitucional 17/1985, de 9 de febrero, y 60/1985, de 6 de mayo.

3. El derecho al recurso procesal legalmente establecido supone, dentro de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la C.E., el derecho a la formulación y admisión ante nuevas instancias jurisdiccionales de las pretensiones desestimadas por el Tribunal a quo, con mayor o menor amplitud de conocimiento, pues tal norma contiene un mandato positivo a su reconocimiento; pero excepcionalmente esta facultad de recurrir no impide la presencia, en el orden procesal, de alguna causa impeditiva prevista en la Ley, que evite la aceptación del recurso por no concurrir los requisitos esenciales establecidos normativamente, siempre que no vayan contra el contenido esencial del derecho, que deben hacer acatar todos los poderes públicos por su indudable primacía.

Dentro de estos límites, los requisitos de condición formal son los más frecuentes y delicados, y se manifiestan, como expresó la Sentencia 17/1985, cuando el legislador, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, y en aras de la certeza y seguridad jurídica, exija que los supuestos de hecho de los que se derivan consecuencias jurídicas se manifiesten o se hagan constar respetando ciertos formalismos, y determinando que tales consecuencias no se tendrán por producidas cuando no se hagan observando aquélla.

Ahora bien, tales exigencias formales, que cumplen por lo general una misión transcendente en la ordenación del proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de inadmisión del recurso, obstaculizando la tutela judicial efectiva, luego de haberse tenido por el juzgador presente que este derecho fundamental contiene un mandato positivo que obliga a interpretarlas en su regulación legal en el sentido más favorable para su efectividad, y, además, que no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, debiendo procurar los Jueces y Tribunales, en su aplicación concreta, hacerles valer, sin menoscabar innecesariamente la realización de dicho derecho fundamental, cuyo objetivo final prioritario es la obtención de una resolución de fondo sobre la pretensión, por lo que la interpretación que realicen de ellas debe ser esencialmente restrictiva por tratarse de causas de inadmisión -en este sentido las Sentencias 65/1983, de 14 de marzo; 57/1984, de 10 de mayo; 69/1984, de 11 de junio, y las ya indicadas 17 y 60/1985.

Por otro lado, dichos requisitos formales no pueden regularse arbitrariamente, sino que han de responder a la naturaleza del proceso y a las finalidades que justifiquen su existencia, lo que debe tenerse en cuenta al tratar de aplicarlos eludiendo cualquier exceso formalista que los convierta en meros obstáculos procesales y en fuente de incertidumbre e imprevisibilidad para la suerte de las pretensiones en debate; pues el derecho a la tutela judicial no puede ser comprometido y obstaculizado mediante la imposición de formalismos enervantes o acudiendo a interpretaciones o aplicaciones de reglas disciplinarias de los requisitos y formas de las secuencias procesales en sentido que, aunque puede aparecer acomodado al tenor literal del texto en que se encierra la norma, son contrarios al espíritu y finalidad de ésta, y, desde luego, no ajustados a una consideración de tales reglas interpretadas a la luz del art. 24.1 de la C.E. - Sentencias 69/1984, y 17 y 65/1985.

En el recurso de casación el cumplimiento de las exigencias formales tiene una más acusada importancia, porque el formalismo es imprescindible y hasta consustancial con su peculiar contenido, dada la peculiar reglamentación de su estricto ámbito material por los límites de actuación que lo enmarcan, así como la necesaria precisión procesal del alcance del recurso en correlación con las causas admitidas en número limitado para su posible ejercicio, y dentro de las cuales la Sala que conozca del recurso debe actuar ordenando y facilitando su labor en pos de alcanzar el examen del fondo de las cuestiones propuestas en el recurso.

Siendo preciso diferenciar en orden al alcance y consecuencias de tales óbices formales operantes en el procedimiento, de un lado, el rigor formal justificado por la propia naturaleza y contenido de la casación, y de otro, el exceso de formalismo, que por su manifestación exacerbada y extensión rigorista indebida, dificulte y obstaculice el posible buen fin del proceso que siempre es prevalente por su finalidad resolutoria de intereses en conflicto. Por ello, sólo debe operarse en los supuestos de incumplimiento grave de los ritos procesales esenciales con la declaración de nulidad o de inexistencia del acto lesivo, por atacar radicalmente y sin posibilidad de enmienda las normas imperativas que ordenan el procedimiento, mientras que si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor y alcance limitado, no pueden generar la inadmisión de la casación, por ser actos imperfectos que no afectan al núcleo esencial del recurso, y que únicamente en casos determinados requerirán, según criterio judicial ponderado, la mera subsanación convalidante de la indicada irregularidad, con mayor razón, en la casación penal formulada por el condenado, en que ha de seguirse criterios de superior protección para el abocado a sufrir sanciones criminales que limiten derechos esenciales.

4. Expuesta la anterior doctrina, debe pasarse a examinar el alcance, contenido y finalidad de las normas procesales en que se funda el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para inadmitir el recurso de casación, a fin de resolver adecuadamente este recurso de amparo.

Debiendo precisarse que el art. 884.4 de la L.E.Cr. se refiere en abstracto e indeferenciadamente al incumplimiento de los presupuestos exigidos por la propia Ley para preparar e interponer los recursos de casación, y que operan como causas que determinan su no aceptación; presupuestos entre los que se encuentra el escrito de interposición del recurso ante el Tribunal Supremo, cuyos requisitos determina pormenorizadamente el art. 874, exigiendo -entre otros- que «se consignará en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad, los fundamentos doctrinales y legales aducidos como motivos de casación... encabezados por un breve extracto de su contenido».

El citado art. 884.4 como indicó la Sentencia 60/1985 no puede aplicarse literalmente, ni aceptarse que la remisión genérica que contiene a cualquier defecto de forma del escrito de interposición del recurso, exima al Tribunal del deber de interpretarlo del modo que resulte más ajustado al sentido institucional, y con arreglo al debido desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 de la C.E., tal y como antes quedó interpretado en su manifestación de acceso al recurso. Por ello, ha de entenderse con interpretación finalista que la exigencia indicada del art. 874 de la propia ordenanza procesal, de exponer los fundamentos del recurso en «párrafos numerados» se halla inequívocamente al servicio de alcanzar «la mayor concisión y claridad» en la formulación de la pretensión, que es precisamente la razón ratio de la misma, para facilitar la valoración y decisión de los motivos de impugnación de la Sentencia; y esta finalidad de claridad que da sentido y al que se dirige la norma, al precisar el contenido del escrito de interposición, es la que debe nutrir el criterio para determinar la gravedad y efectos de la falta de cumplimiento, o del cumplimiento menos pleno o irregular de la exigencia formal. De todo lo que se deriva que la inobservancia del cumplimiento de dicha exigencia -que en principio debe acatar y guardar el recurrente-, por sí sola, no puede conducir a la inadmisión del recurso si concurren los demás requisitos de procedibilidad necesarios que exige la formulación debida del recurso de casación, pudiendo operar en su caso, la subsanación, salvo el supuesto limite en que se omita toda fundamentación particularizada y el escrito carezca de la esencial y necesaria claridad en su exposición, pues si la precisión existe en su formulación y se individualiza comprensiblemente al contenido de los diversos motivos expuestos, el interés general y el orden público procesal se habrán cumplido, no pudiéndose en tal supuesto utilizar interpretaciones basadas en un rigorismo formal excesivo y enervante, que violen el principio pro actione, y que imponga la desorbitada y dura consecuencia de la inadmisión del recurso en el ámbito penal con agravio cierto para el condenado, que quebranta, sin razón atendible, el derecho al recurso para conseguir una decisión revisora del fondo debatido, que puede beneficiarle hipotéticamente.

5. En el caso de examen, como se expuso en el primer fundamento, el Auto recurrido aprecia como único defecto para declarar la inadmisión del recurso penal, la de formularse un único motivo de casación por el recurrente, agrupando en su encabezamiento tres eventuales lesiones de normas penales distintas, que seguidamente, bajo los apartados A), B) y C) fueron objeto de individualización separada y subrayada en su inicial exposición, con precisión de cada una de las distintas normas penales vulnerables, y seguida de un desarrollo razonado de las diversas causas o fundamentos estimados existentes por el recurrente. Tal resolución, como también antes se precisó, utilizó como único argumento para la inadmisión del recurso el de no darse un tratamiento independiente y separado a las distintas cuestiones englobadas en un único motivo.

Que el art. 874 de la L.E.Cr. establezca que se consignen en párrafos numerados los fundamentos doctrinales y legales aducidos como motivos de casación, no significa que prohíba utilizar técnicamente la formulación en el encabezamiento del recurso de un único motivo de casación por infracción de ley, con una expresión en la que se indiquen tres clases de infracciones diferentes de normas también distintas, cuando a continuación en distintos apartados independientes y bajo letras diversas se individualiza la causa de cada motivo, con expresión de los preceptos presuntamente vulnerados para cada uno, y se razona jurídicamente sobre la presencia de la posible vulneración, porque el requisito de enumeración exigido expresamente y el implícito de separación se entienden cumplidos cuando se utilizan letras diferenciadoras de los diversos motivos -en el supuesto de examen A), B) y C)-, ya que lo esencial resulta no la agrupación genérica inicial, ni como precisó la repetida Sentencia 17/1985, el signo que los ordena, sino que haya claridad y concisión, por ser el fin a que tiende la exigencia formal, exponiendo separadamente el orden cronológico de cada una de las infracciones que se denuncian como fundamento del recurso.

Existe en el caso contemplado una mera irregularidad procesal en relación al mandato legal, de mínimo contenido y sin transcendencia alguna, que ni siquiera exigía el trámite de subsanación convalidatoria, por hallarse ausente toda confusión o equivocidad en la articulación del recurso que empañare su claridad, lo que en absoluto denuncia la resolución recurrida, por lo que el acuerdo de inadmisión del recurso, en definitiva debidamente expuesto y motivado sin lesionar la formalidad que lo regula en su finalidad, es una sanción grave y carente de fundamento jurídico y argumental justificado, que por negar el derecho fundamental protegido en el art. 24.1 de la C.E. al acceso a la tutela judicial efectiva, imponiendo un enervante formalismo como obstáculo innecesario, incurre en inconstitucionalidad, produciendo necesariamente el efecto de tener que estimar el amparo demandado por la parte actora.