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1. El 15 de septiembre de 2022 tuvo entrada en el registro general del Tribunal Constitucional un oficio de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el que se remite, junto con el testimonio de las actuaciones del recurso ordinario núm. 168-2015, el auto de 8 de septiembre de 2022, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

El órgano judicial promotor de la cuestión considera que ambas normas son contrarias al artículo 3, en relación con el art. 27, CE, así como a los arts. 6 y 35.1 EAC y también a los arts. 9.3, 24.1, 117.3 y 118 CE, por entender que se han dictado para impedir la ejecución de una sentencia anterior de ese mismo órgano judicial en relación con el uso del castellano en el sistema educativo catalán. Adicionalmente, el Decreto-ley 6/2022 sería contrario al art. 86.1 CE en relación con el art. 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

2. Mediante escrito de 18 de enero de 2023 la magistrada doña Laura Díez Bueso comunicó su voluntad de abstenerse del conocimiento de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6052-2022 y de todas sus incidencias al concurrir la causa establecida en el apartado 16 del art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), haber ocupado cargo público con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad. En su anterior condición de vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña se pronunció, emitió y firmó los dictámenes 3/2022, de 7 de junio, sobre la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, y 4/2022, de 20 de junio, sobre el Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

Único. Vista la comunicación efectuada por doña Laura Díez Bueso, en virtud de lo previsto en los arts. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 221.4 LOPJ, se estima justificada la abstención formulada.

La mencionada magistrada, en su anterior condición de vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, pronunció, emitió y firmó los dictámenes 3/2022, de 7 de junio, sobre la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, y 4/2022, de 20 de junio, sobre el Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, por lo que se encuentra incursa en la causa de abstención prevista en el apartado 16 del art. 219 LOPJ.